Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2019

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 28 de junio de 2019

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 28-19

VISTOS

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, las acciones de amparo de garantías constitucionales, promovidas por la firma forense MEJÍA & ASOCIADOS apoderado judicial de CABLE AND WIRELESS PANAMÁ S., y la F. F. de Investigación de la Sección de Delitos Comunes y Seguimiento de Causas de la Unidad de Delitos Comunes de la F.ía Metropolitana contra el J. de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Previo al examen de la presente causa, resulta conveniente advertir que, habiendo ingresado la acción propuesta para decidir el recurso de alzada ante este sustanciador, ingresa la entrada No 104-19, que contiene otro amparo promovido por la F. de Investigación de la Sección de Delitos Comunes y Seguimiento de Causas de la Unidad de Delitos Comunes de la F.ía Metropolitana contra el J. de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, por razón del mismo acto, es decir, la decisión adoptada en el acto de audiencia de imputación celebrado el día 24 de octubre de 2018, de no admitir la formulación de imputación contra D.M., representante legal de INTERFAST PANAMÁ, S., por delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa, usurpación y otros.

En virtud de lo que dispone el artículo 721 del Código Judicial, mediante Resolución de 21 de marzo de 2019, visible de fojas 987-988, se procedió a la acumulación de la acción constitucional identificada por el número de entrada 28-19 con la entrada No. 104-19 ambas bajo la ponencia de este sustanciador.

I.A..

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 2018, no admitió la acción de amparo de derechos fundamentales promovida por la firma forense MEJÍA & ASOCIADOS, contra el J. de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la resolución apelada:

"...En ese orden de ideas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones ha sentado que "El amparo, como acción independiente, tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del J. al ponderar pruebas y elementos que se allegaron al proceso y que fueron evaluados conforme a la sana razón y al conocimiento experimental que rodeaban el negocio...(cfr. Sentencia de 14 de febrero de 2001).

...Atendiendo a lo expuesto, la demanda no puede ser admitida, de lo contrario el Tribunal de Amparo se convertiría en una instancia ordinaria adicional, para la ponderación de los criterios interpretativos y legales que emplea la autoridad de la jurisdicción ordinaria al dictar su decisión; y al no cumplirse con la exigencia constitucional de la existencia de una acto con aspectos de lesividad del cual se alegue vulneración a la garantía constitucional del debido proceso...(fojas 844-850).

De la misma manera el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución de fecha 27 de diciembre de 2018, no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la F. de Investigación de la Sección de Delitos Comunes y Seguimiento de Causas de la Unidad de Delitos Comunes de la F.ía Metropolitana, contra el J. de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, expresando lo siguiente:

"...Resulta indudable entonces, que el recurso presentado pretende que este Tribunal de Amparo examine el juicio de apreciación realizado por el funcionario demandado para tener por no presentada la formulación de imputación, examen que no es conforme con el objeto de un Tribunal de amparo...

...En efecto, no corresponde al Tribunal de Amparo el análisis de actuaciones adelantadas por los jueces de garantías, en reconocimiento del principio de mínima intervención de la ley penal, consagrado en el artículo 3 del Código Procesal Penal, que busca que solo sean procesadas las causas que surgen de hechos constitutivos de delitos (tal como puede verificarse es lo ocurrido en el presente caso en el soporte digital aportado con la demanda de amparo)...

...Concluye este Tribunal de Amparo, que las circunstancias descritas determinan la inadmisibilidad de la acción constitucional propuesta por improcedente, y en ese sentido procede a pronunciarse... (fojas 937-943).

II De los Recursos de Apelación.

ARGUMENTOS DE LA FIRMA FORENSE MEJÍA & ASOCIADOS (Entrada No. 28-19):

En su escrito de apelación (fs. 852-859), el apoderado judicial de CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. señaló que al no admitirse la demanda de amparo de garantías constitucionales se está desconociendo que el mismo (acción de amparo) es un instrumento jurídico para que cualquier persona pueda acudir en sede judicial y reclamar la nulidad de cualquier acto, que siendo patrocinado por un servidor público, contravenga los postulados esenciales, principios y valores en los que se sostienen el conjunto de derechos fundamentales reconocidos en el sistema constitucional panameño a fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

Acotó que el funcionario demandado con su decisión lesionó, afectó y alteró, los derechos fundamentales de CABLE & WIRELES PANAMÁ, S., en su condición de víctima del delito en este proceso, en el cual se tiene por no presentada la formulación de imputación, a pesar de que según las conclusiones del apelante, la misma cumplió con lo que exige el artículo 280 del Código Procesal Penal, y el J. demandado desconoció los trámites legales que rigen la audiencia de formulación de imputación, exigiendo requisitos no previstos en la ley y arrogándose competencia de la cual no está investido.

Al igual señala que dicho funcionario desconoció que los actos de investigación los ejerce de manera exclusiva el Ministerio Público, y solo se puede tener por no presentada la misma cuando no se reúnan los requisitos previstos en el artículo 280 del Código Procesal Penal, que no es el caso que nos ocupa.

Manifestó el recurrente que el funcionario demandado violentó normas constitucionales (artículo 54 de la Constitución) al exigir una teoría depurada de los delitos investigados; requerir una relación precisa y acabada de los elementos de convicción que prueban el delito y arrogarse competencia de la cual no está envestido, pues, desarrolló una actividad procesal que a su pensar, le corresponde a los jueces de juicio.

Señaló que el Tribunal Superior al no admitir la demanda de amparo, presentada, no tomó en cuenta, al igual que el J. de Garantías, que una vez se da por sentada la formulación de la imputación y cumplirse con las exigencias del artículo 280 del Código Procesal Penal, habilita al Ministerio Público para acopiar los elementos de convicción que sustenten una acusación por el delito imputado, teniendo el imputado la plena garantía de defensa, la oportunidad de solicitar la práctica y llevar a cabo actos de investigación tendientes a desvirtuar los hechos de la imputación para evitar la posible acusación. Por lo que a su juicio, el J. demandado incurrió en una violación al debido proceso, y es viable que se solicite la revocatoria de dicha orden o acto de tener por no presentada la imputación.

Indicó que el Tribunal de Amparo al no admitir la acción desconoce los principios de la tutela judicial efectiva, puesto que en reiteradas jurisprudencia se han admitido y concedido acciones de este tipo que han presentado contra Jueces de Garantías que en audiencias de imputación contraríen el debido proceso.

Acotó que el J. de Garantías al ir más allá de los parámetros exigidos en el artículo 280 del Código Procesal Penal respecto a la audiencia de imputación y no admitir la imputación hecha por el Ministerio Público, viola el principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución Política.

ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA DE CIRCUITO DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS (Entrada No. 104-19):

Visible a fojas 946-948, la F.ía sostuvo en su escrito de apelación que no comparte el criterio externado por el Primer Tribunal Superior puesto que según sus consideraciones no analiza si la orden dada por el J. de no admitir la imputación violentó garantías fundamentales.

Señaló que el J. demandado se extralimitó en sus actuaciones al ir a decidir el fondo de la investigación convirtiéndose en un Tribunal de Juicio, sin haber formulado el debate probatorio, entrando a hacer juicios de valoración que no corresponden a dicha etapa, por tales consideraciones a juicio de la F.ía, la decisión del J. de Garantías vulnera las garantías fundamentales de las partes (imputado-víctima) dentro de las investigaciones.

Indicó que el Tribunal Superior yerra en su postura y deja de aplicar los principios y reglas que rigen un sistema de corte acusatorio, como es la igualdad de las partes. A su parecer si tomamos en cuenta lo que establece el artículo 44 del Código Procesal Penal que trata sobre la competencia de los jueces de garantía, de pronunciarse sobre el control de actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre las medidas de protección a estas, es decir que no solo debe tener presente las garantías fundamentales del imputado, sino que también de la víctima, por la que la decisión deja en indefensión a la víctima.

Por tales consideraciones solicita se revoque la resolución fechada 27 de diciembre de 2018 (fojas 946-948).

3. Tercero Interesado.

   El D.E.C.A. en nombre y representación de INTERFAST PANAMÁ, S. (fojas 860-889) (fojas 949-974), presentó escritos en ambas acciones (Entrada No. 28-19 y 104-19) expresando su oposición al escrito de apelación presentado tanto por la firma forense MEJÍA & ASOCIADOS apoderado judicial de CABLE AND WIRELESS PANAMÁ S., como por la F.ía de Circuito de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas.

   Señaló que lo que desea la apelante es convertir el instituto del amparo en una instancia adicional ordinaria para la valoración de su argumentación que no contempla el Código Judicial patrio. A su juicio es un absurdo pretender ligar penalmente a su representada a un hecho que no constituye delito.

   Explicó que su representada mantiene una diferencia con la empresa CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S., quien interpuso tanto una querella penal; como una denuncia administrativa ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), por los hechos que CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S., considera que I.P.S., en clandestinidad y con supuesto engaño ha accedido a la tenencia parcial de cámaras subterráneas que se encuentran marcadas con la palabra INTEL que son de su propiedad y que incluyen los ductos para la instalación del cableado que ha estado realizando INTERFAST S.

   Indicó que a raíz de la denuncia administrativa, la ASEP emitió la resolución AN No. 12261-CS del 11 de abril de 20418 y confirmada mediante Resolución AN No. 12384-CS de 18 de mayo de 2018 la cual ordena a su representada (INTERFAST PANAMÁ, S.) el retiro de cables de fibra óptica y demás equipos que mantienen en el interior de las cámaras subterráneas, en la ciudad de Panamá y le impone sanciones. Indica que luego de ello, esta decisión fue objeto de un recurso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que suspendió provisionalmente los efectos de la misma, por lo que a juicio del letrado representante del Tercero Interesado, a su representada (INTERFAST PANAMÁ, S.) se le está permitiendo continuar en los ductos que la querellante (CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.) alega que son de su propiedad.

   Según sus consideraciones el proceso penal por esta diferencia que mantienen CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S. e INTERFAST PANAMÁ, S. sería un absurdo, debido a que su representada cuenta con el aval de la Corte Suprema de Justicia, conforme a las consideraciones antes expuestas.

   Refirió que CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S., tiene participación activa en el Proceso Administrativo antes señalado, y en tal sentido, a su juico se debe permitir que la discrepancia con relación a los ductos se siga llevando en la esfera contencioso administrativa, cumpliendo lo establecido el artículo 3 del Código Procesal Penal que señala que la legislación penal solo debe intervenir cuando no es posible utilizar otros mecanismos de control social.

   Continuó señalando que la ASEP le otorgó a INTERFAST PANAMÁ, S. una concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones por lo que ésta decidió establecer una relación comercial con la empresa UFINET PANAMÁ, S., la cual se formalizó con la suscripción de un contrato de cesión de uso de los derechos de paso de infraestructura. Explicó que por el uso de tal infraestructura (ductos) la empresa UFINET le está cobrando a su representada (INTERFAST) lo acordado en el contrato, y se trata de los mismos que alega en la esfera administrativa la empresa CABLE & WIRELESS PANAMÁ que son de ellos y a raíz de tal situación es que le pretendía imputar cargos a su representada (INTERFAST).

   Conforme a tales consideraciones solicita se confirme la resolución atacada.

4. Consideraciones y Decisión del Pleno

   Expuestas las inconformidades de ambos amparistas con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, así como el fundamento de las decisiones recurridas, procede esta Corporación de Justicia a resolver el presente recurso de apelación.

   La disconformidad con la decisión del Primer Tribunal Superior se centra en no admitir las acciones de amparo de garantías constitucionales, puesto que, a juicio de los amparistas, se les está desconociendo que el mismo es un instrumento jurídico ante cualquier acto que contravenga las garantías constitucionales, pues se cumplió con lo exigido en el artículo 280 del Código Procesal Penal, sin embargo, el J. demandado desconoció los trámites legales que rigen la audiencia de formulación de imputación,al exigir requisitos no previstos en la ley y arrogándose competencia de la cual no está investido, lesionando, afectando y alterando, los derechos fundamentales de CABLE & WIRELES PANAMÁ, S., en su condición de víctima del delito en este proceso.

   Al respecto estima esta M.C. de Justicia que las resoluciones apeladas deben ser confirmadas conforme a las siguientes consideraciones legales.

   Es dable indicar que detrás de los argumentos sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales se puede determinar que el aspecto que cuestiona el actor en la presente acción son los fundamentos o; el sustento aplicado por el J. demandado para arribar a la decisión de no admitir la imputación contra D.M., representante legal de INTERFAST PANAMÁ, S.E. se observa específicamente en el punto DECIMOCUARTO de los hechos expresados por la Firma Forense MEJÍA & ASOCIADOS, en los que sustenta su pretensión constitucional y señala: "Posteriormente al alegato que le permitió el señor juez de garantías a la defensa, el mismo al minuto (1:01:26-1:03:05) entró a resolver destacando que no existía prejudicialidad en materia penal y que un solo hecho puede generar responsabilidad administrativa, fiscal, tributaria, civil, penal de cualquier índole pero para su concepto y para interés del proceso penal el hecho debe revestir de una categoría delictiva. Cuestionó que el Ministerio Público en sus dos intervenciones no le indicó cual era la conducta en el que se subsume en el artículo 224 del Código Penal, pues no indicó si era utilizar, consumir, captar y que nada de lo que la misma había narrado se circunscribe al artículo 224 del Código Penal".

   De estos elementos planteados se infiere que lo que cuestiona es precisamente la interpretación del J. de Garantías al examinar los hechos relevantes y elementos de conocimiento que se le pusieron de presente, en la audiencia de formulación de imputación que trata el artículo 280 del Código Procesal Penal, tal como lo plantea en el hecho antes señalado, explicando que el J. manifestó que no existe prejudicialidad en materia penal, y el hecho endilgado debe revestir una categoría delictiva, es decir ataca la valoración que tal funcionario le otorgó a estos, a fin de concluir que no existían los elementos para darle curso a una investigación en contra de D.M., representante legal de INTERFAST PANAMÁ, S., vincularlo al proceso; funciones propias de su cargo conforme a las normas del Código Procesal Penal en la fase de investigación (artículos 44 y 280 del Código Procesal Penal).

   Tal consideración no es propia de una acción como las que nos ocupa que no está instituida para este tipo de apreciación de aspectos legales en que fundamentó la decisión el juzgador ordinario. Esta M.C. de Justicia ha reiterado en distintos fallos que este aspecto no es objeto de estudio en este tipo de acciones constitucionales (amparo de garantías) ya que esta tiene un carácter extraordinario y está diseñada para aquellas relativas a denuncia o lesión de derechos fundamentales, pues, el Tribunal Constitucional no está constituido como una instancia adicional para debatir asuntos discutidos por los Tribunales ordinarios de justicia.

   Con relación a lo anterior, la jurisprudencia de este Pleno ha establecido la posibilidad de entrar a analizar por vía extraordinaria de amparo el criterio expresado por los tribunales ordinarios en lo relativo a la valoración probatoria o la interpretación legal, de manera excepcional, cuando se ha violado un derecho o garantía fundamental por motivo de una sentencia arbitraria con falta de motivación, se haya incurrido en un grave error al interpretar la ley; una evidente mala valoración de la prueba o; la no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión, circunstancias que no se observan en la presente causa para que esta M.C. de Justicia entre a analizar el criterio expresado por el J. de Garantías.

   En ese orden de ideas, con respecto a lo planteado por ambos apelantes con relación a las facultades del J. de Garantías en la audiencia de formulación de imputación, cabe resaltar que en pronunciamientos previos, esta M.C. de Justicia ha referido que la decisión del J. de Garantías en cuanto de darle la calidad de imputado o no a la persona, no puede ser automática, ni puede ser obligatoriamente una comunicación, puesto que, el juez está llamado a respetar las garantías y derechos fundamentales del individuo.

   Así se expresó en fallo del 5 de octubre de 2018, señalando:

   Este Tribunal entiende que el acto de imputación responde al plan metodológico y a la estrategia del F., el cual será la base para probar su teoría del caso durante las distintas etapas del proceso. Sin embargo, el papel del J. de Garantías en este acto de audiencia es tener por formalizada las actuaciones del F. previo debate de control y, en ese sentido, prevenir que en el ejercicio de esa función investigativa se vulneren los derechos fundamentales y las garantías constitucionales del investigado.

   En cuanto al papel del J. de Garantías dentro del proceso, se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia del 19 de noviembre de 2003, al señalar:

   "El Constituyente, retomando la experiencia de la estructura básica del proceso penal en el derecho penal comparado, previó que la F.ía, en aquellos casos en que ejerce facultades restrictivas de derechos fundamentales, esté sometida al control judicial o control de garantías - según la denominación de la propia norma -, decisión que denota el lugar preferente que ocupan los derechos fundamentales en el Estado constitucional de derecho. En este contexto, la institución del juez de control de garantías en la estructura del proceso penal es muy importante, como quiera que a su cargo está examinar si las facultades judiciales ejercidas por la F.ía se adecuan o no a sus fundamentos constitucionales y, en particular, si su despliegue ha respetado o no los derechos fundamentales de los ciudadanos. En ejercicio de esta competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez están determinados como a continuación se explica. Si encuentra que la F.ía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal. En consecuencia, no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior, conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido proceso. Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la F.ía, en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una acusación y pretender la condena del procesado. Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que ésta será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la etapa de juzgamiento." (Sentencia C-1092/03. Magistrado Á.T.G.) (el resaltado es nuestro)

   De lo anterior importa rescatar que, en el acto de imputación que promueve el F., el J. de Garantías, no puede permanecer como un simple espectador, pues como su título lo indica, es un J. que controla el respeto a las garantías fundamentales del individuo, lo cual empieza por asegurar el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, igualdad y debido proceso, a los que se encuentran vinculados todos los jueces, pero, esencialmente, este nuevo J., quien dotado de absoluta imparcialidad, debe otorgar la protección requerida ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales frente a actos que los vulneren y a cualesquiera de los principios que se encuentran desarrollados en el Código Procesal Penal. (Ver Recurso de Apelación interpuesto dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales, presentado por la Licenciada L.C.J., en su calidad de F. Adjunta de la Sección de Homicidio/Femicidio de San Miguelito contra la decisión emitida en audiencia oral celebrada el 10 de julio de 2017, por la J. de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, MAGISTRADO A.A.Z., 5 de octubre de 2018).

   Al trasladarnos al escenario existente en la causa objeto de estudio, en donde como se ha planteado previamente los argumentos expuestos van dirigidos a atacar los aspectos en los que se fundamentó el J. de Garantías para sustentar la no admisión de imputación y de lo cual no se observa por lo menos a prima facie una posible vulneración de garantías fundamentales, concluimos que carece de tal presupuesto que ha venido sosteniendo la jurisprudencia en señalar que la acción de amparo de derechos fundamentales es de carácter extraordinario y está diseñado para aquellas relativas a denuncia o lesión de derechos fundamentales y no como una instancia adicional para debatir aspectos debatidos por los Tribunales ordinarios de justicia, a excepción de situaciones muy puntuales donde es palpable la vulneración de un derecho fundamental, que por la gravedad requiera un reparo inmediato.

   En otros aspectos, debemos indicar que tanto la Constitución Política, como la jurisprudencia de esta M.C. de Justicia, han sostenido la posibilidad de recurrir en amparo de garantías constitucionales, ante cualquier acto con capacidad de vulnerar o lesionar derechos fundamentales, sin embargo, no podemos soslayar que para darle el trámite correspondiente a una acción de este tipo (admisión) y luego entrar a valorar el fondo del asunto, es decir, si se han vulnerado garantías fundamentales o no, las normas de procedimiento (artículo 2619 del Código Judicial) y la propia jurisprudencia han establecido, ciertos requisitos y presupuestos de procedencia los cuales las partes debe acatar y cumplirse en la causa, dentro de la cual se pretende recurrir una actuación mediante amparo.

   Frente a este escenario, dadas las consideraciones antes señaladas, en la presente causa, no se observa por lo menos a prima facie vulneración de derechos, ni que se le desconozca derechos a la víctima, presupuestos fundamentales para admitir una acción constitucional, como la que nos ocupa, por lo que corresponde es confirmar la resolución de 30 de noviembre de 2018 y la resolución de fecha 27 de diciembre de 2018, ambas proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a lo que se procede de inmediato.

   Por último, es oportuno advertir que a juicio de esta Superioridad el Tribunal A quo debió acumular las acciones constitucionales propuestas por la firma forense Firma Forense MEJÍA & ASOCIADOS en representación de CABLE AND WIRELESS PANAMÁ S., y la F. de Investigación de la Sección de Delitos Comunes y Seguimiento de Causas, toda vez que fueron interpuestos contra el mismo acto (acto de audiencia celebrado el 24 de octubre de 2018), y aunque fueron interpuesto en fechas distintas, fueron resueltos por el mismo Tribunal, incluso dos de las Magistradas que integran dicho Tribunal, forman parte de la Sala en ambos amparos, razón por la cual se hace necesario realizar un llamado a dicho Tribunal, para que en casos futuros proceda a la acumulación de los mismos, a fin de evitar inconvenientes y retrasos.

   En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA las resoluciones proferidas por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante las cuales NO SE ADMITIÓ las Acciones de Amparo de Garantías Constitucionales propuestos por la Firma Forense MEJÍA & ASOCIADOS en representación de CABLE AND WIRELESS PANAMÁ S.; y la F. de Investigación de la Sección de Delitos Comunes y Seguimiento de Causas de la Unidad de Delitos Comunes de la F.ía Metropolitana, ambas contra el J. de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Licenciado JUSTO VARGAS.

   N.,

   HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

   HARRY A. DÍAZ---LUIS R. FÁBREGA S.

   LUÍS MARIO CARRASCO ---WILFREDO SAENZ F.

   A.A.Z.---OLMEDO ARROCHA OSORIO

   JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS---CECILIO CEDALISE RIQUELME

   YANIXSA Y. YUEN C.

   Secretaria General