Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 3 de Febrero de 2017

PonenteLuis Mario Carrasco
Fecha de Resolución 3 de Febrero de 2017
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Luis Mario Carrasco

Fecha: 03 de febrero de 2017

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 576-16

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de Amparo de Derechos Fundamentales promovida por el licenciado N.H.C.M., en nombre y representación de H.S.P.C., contra la RESOLUCION DE 5 DE ABRIL DE 2016 del TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

II

ANTECEDENTES

El 22 de agosto de 2014, el representante legal de PANAMA GREEN ENERGY, INC., le otorgó poder al Lcdo. R.R.V. para representar a dicha empresa en el proceso laboral común interpuesto en su contra por el licenciado N.H.C.M., en nombre y representación de H.S. PINO CABALLERO. El 27 de agosto de 2014 el Lcdo. R.V. contestó la demanda laboral y, en el mismo escrito, promovió excepción de inexistencia de la relación laboral (Vid. fs. 69 y 72-75 de los antecedentes).

Posteriormente, el 24 de septiembre de 2014, después de celebrada la audiencia de rigor, sin la comparecencia de la empresa, dicha parte presentó un "Incidente de Nulidad de lo Actuado con carácter de Previo y Especial Pronunciamiento" argumentando que, según la cláusula del contrato suscrito entre el trabajador y su representada "Los servicios serán prestados en la siguientes ubicaciones: Distrito de San Francisco, Calobre y Santa Fe, Provincia de Veraguas, Provincia de Las Tablas, H. y Panamá...". La representación legal de la empresa afirma que todos esos lugares se encuentran fuera de la circunscripción del JUZGADO DE TRABAJO DE LA CUARTA SECCIÓN DE LA PROVINCIA DE COCLÉ y, por tanto, fuera de su competencia, lo que al tenor del numeral 2 del artículo 675 del Código de Trabajo constituye una causal de nulidad de lo actuado en el proceso (Cfr. f. 149 de los antecedentes).

La parte demandada agregó que la nulidad fue solicitada oportunamente, pues el párrafo primero del artículo 691 del Código de Trabajo estipula que el momento para pedir la nulidad es "...antes de que se dicte la sentencia...", por lo cual pide que se decrete la misma y se retrotraiga el proceso hasta el estado en el que se encontraba cuando se dio el motivo de la nulidad (Cfr. fs. 150-152 de los antecedentes).

Al dictar la SENTENCIA N° 07/15 DE 26 DE MARZO DE 2015, el JUZGADO DE TRABAJO DE LA CUARTA SECCION DE COCLE absolvió a la parte demandada. En la misma sentencia, se pronunció con relación al incidente de nulidad por falta de competencia que da lugar al presente amparo, señalando que "...la competencia laboral se determina por el lugar en donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado, esto a elección del actor y conforme a lo establecido en la Ley 67 de 1947 artículo 382, por ende nos consideramos competentes para dirimir el presente conflicto laboral, rechazando a su vez la actuación del apoderado judicial de la empresa demandada que pretende sorprender al despacho al presentar pruebas fuera de las etapas procesales oportunas para ello" (Cfr. f. 289 de los antecedentes).

Esta decisión fue impugnada por el demandante, quien pidió la revocatoria de la sentencia apelada, sin que se presentara oposición al respecto.

Sin embargo, mediante la RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2016, atacada en esta sede constitucional subjetiva, el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, en fase de saneamiento, declaró la nulidad de lo actuado a partir de la foja 4 del expediente dentro Proceso Laboral Común incoado por HUGO PINO CABALLERO vs. PANAMA GREEN ENERGY, INC., con fundamento en la falta de competencia por razón del territorio del JUZGADO DE TRABAJO DE LA CUARTA SECCION.

En dicha Resolución el Tribunal ad-quem expresa que la falta de competencia deviene del hecho que "...en la demanda el demandante expresa como lugar donde prestaba el servicio las Provincias Centrales..." y que, a pesar de que la Juzgadora de primera instancia dictó una resolución en la que concedió a la demandada el término de tres días para corregir la demanda en el sentido de aclarar el lugar o los lugares específicos donde se prestaban los servicios, esta no lo hizo, razón por la cual la a-quo dispuso continuar el trámite habida cuenta que esa omisión, por sí sola, no inhibía a dicho Juzgado de conocer el proceso.

El tribunal de segunda instancia argumenta que "La competencia es un presupuesto procesal indispensable para que la relación jurídico procesal se constituya de forma válida...", que la competencia en materia laboral se da por razón de materia, territorio, cuantía o calidad de las partes y que, si bien la Ley 47 de 1967 estableció en el artículo 382 que la competencia por razón del territorio la tenía el Juez del lugar de ejecución del contrato o del domicilio del demandado, a elección del demandante, la misma fue derogada por la Ley 59 de 2001. No obstante, la nueva ley no legisla sobre esta materia, dejando un vacío legal, que es llenado por la jurisprudencia aplicando los principios del derecho procesal del trabajo, atendiendo a lo establecido en el artículo 534 del Código de Trabajo" (Cfr. f 321 de los antecedentes. Las subrayas son de la Corte).

En tal sentido, en la RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2016, el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL cita su RESOLUCIÓN DE 29 DE DICIEMBRE DE 2006 en la que se indica que:

"En efecto, la Ley 59 del 2001 derogó la norma (artículo 382) que fijaba la competencia por razón territorial, pero no incluyó una que la sustituyera; vacío legal que se ha estado llenando con la aplicación de la norma derogada. El caso de las Juntas de Conciliación y Decisión se resuelve con la aplicación del Decreto Ejecutivo N° 1 del 20 de enero de 1993 que fija las reglas territoriales de competencia, pero no es viable extender su aplicación a procesos distintos de los atribuidos a las Juntas. Se ha dicho que conforme al artículo 534 del Código de Trabajo el vacío debe "llenarse aplicando los principios generales del derecho procesal del trabajo, que como nos dice el D.R.M.T. (sic) se colmaría mediante la aplicación de criterios doctrinales. En este último sentido, en general la doctrina y el Derecho comparado se orientan a otorgar al demandante la elección entre demandar en el domicilio del demandado o en el del lugar de ejecución del contrato..." (M.T., R.. "La jurisdicción del Trabajo en Panamá", en 30 años de vigencia del Código de Trabajo, Edición conmemorativa, Academia Panameña de Derecho de Trabajo, Panamá., 2002, pág. 210)". Véase Auto N° 67 de 27 de marzo de 2006 proferido por el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección.

La doctrina se inclina por el lugar donde se presta el servicio para que el trabajador demande atendiendo a dos razones: primeramente porque el juez del lugar es el que mejor conocimiento tiene de la forma y modalidades de trabajo del lugar lo que deviene en importancia para resolver conflictos de trabajo; y en segundo lugar porque el trabajador es por lo general el demandante en el proceso laboral y porque la aplicación de la regla actor sequitur forum rei pondría en ventaja al empleador, haciendo el acceso al juzgado más difícil al trabajador".

Acto seguido, el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL concluye lo siguiente:

"De lo anterior tenemos que el Juzgado de Trabajo de la Cuarta Sección no era competente para conocer del proceso, el demandante no laboraba en la Provincia de Coclé, ni la empresa tiene su sede en dicha Provincia, las constancias procesales determinan que el domicilio de la demandada es en la Provincia de Panamá. La falta de competencia es una causal de nulidad consagrada en el artículo 675 ,numeral 2, que es absoluta, no puede ser prorrogada por las parte sin subsanada por el Tribunal, por lo cual lo que procede es anular el proceso desde la admisión de la demanda, toda vez que asume competencia quien no la tenía.

No obstante, nos encontramos ante una situación inusual y es el hecho que por razón de la ejecución del contrato hay tres juzgaos competentes, por lo cual no puede este Tribunal declinar competencia a determinado Juzgado, en base a los principios del derecho procesal de trabajo es el trabajador quien tiene que elegir el Juzgado que conozca del proceso.

Siendo así lo que corresponde es remitir el expediente al Juzgado de Origen, a efecto de que el demandante elija el Juez competente, sea de los lugares donde se ejecutó e contrato o del domicilio de la empresa" (Cfr. fs. 322-323 de los antecedentes. La subrayas son del Pleno).

Esta Resolución lleva el Salvamento de voto de la Mgda. G.L. DE LOPEZ quien expresa que no comparte la misma que "...el proyecto que declara la nulidad, pues la posible nulidad se subsanó con la comparecencia de la parte demandada 'sabiendo o debiendo saber el vicio que la afectaba' (art. 681 c.t.) por lo que no la puede alegar después de eso" (Cfr. f. 324 de los antecedentes).

III

EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El recurrente considera que la Sentencia impugnada viola los artículos 32, 77 y 17 de la Constitución.

En cuanto al artículo 32 de la Constitución, que consagra la garantía del debido proceso, sostiene que fue vulnerado en lo que respecta al cumplimiento de los trámites legales, ya que:

(a) El artículo 676 del Código de Trabajo indica que la falta de competencia no produce nulidad si la competencia es prorrogable y las partes la prorrogan expresa o tácitamente;

(b) El artículo 681 del Código de Trabajo dispone que la solicitud de nulidad no la puede formular la parte que no ha sido perjudicada, ni la parte que ha celebrado el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que le afectaba; y

(c) El artículo 683 del Código de Trabajo establece que la nulidad sólo se decretará cuando la parte ha sufrido o pueda sufrir perjuicio procesal, salvo que se trate de nulidades insubsanables (Cfr. fs. 3-4 del cuadernillo de amparo).

Con relación al artículo 77 de la N. fundamental que establece que "todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo, quedan sometidas a la jurisdicción del Trabajo, que se ejercerá de conformidad con lo dispuesto por la Ley", el recurrente estima que se infringe debido a que declara una nulidad, cuando la competencia ya había sido prorrogada, ya que el demandado recibió traslado de la demanda y no acudió a la audiencia (Cfr. f. 5 del cuadernillo de amparo).

Con relación al artículo 17, indica que se infringe porque el Tribunal Superior de Trabajo no cumplió con su deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales del trabajador, ya que el artículo 992 del Código de Trabajo consagra el principio de economía procesal y dicho Tribunal lo desconoció al conceder una nulidad que ya estaba saneada (Cfr. f. 6 del cuadernillo de amparo).

Por admitido el amparo se corrió traslado a la autoridad demandada, quien informó que los antecedentes habían sido remitidos al JUZGADO DE TRABAJO DE LA CUARTA SECCION, con sede en Aguadulce. Dicho despacho, mediante Oficio N° 611/16 de 23 de agosto de 2016 remitió los antecedentes consistentes de 340 fojas útiles.

IV

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Visto lo anterior, corresponde al Pleno decidir en el fondo la acción de amparo de derechos fundamentales que nos ocupa.

Para resolver la causa se hace necesario examinar, primeramente, la normativa aplicable al tema de las nulidades, según se encuentra regulado en el Código de Trabajo.

En este orden de ideas, comenzaremos por indicar que el artículo 673 del Código de Trabajo precisa con absoluta claridad que: "Los actos procesales no podrán anularse por causas distintas de las consagradas taxativamente en la Ley. El juez, sin más trámite rechazará la gestión que no se funde en tales causales". Por su parte, el artículo 675 del mismo cuerpo normativo establece taxativamente, cuales son las causales que producen nulidad de los actos procesales y, en su numeral 2 lista entre ellas "2. La falta de competencia".

Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 676 del Código de Trabajo precisa que "La falta de competencia no produce nulidad en los siguientes casos: 1. Si la competencia es prorrogable y las partes la prorrogan expresa o tácitamente, con arreglo a la ley".

Por otro lado, el artículo 681 del Código de Trabajo establece que la solicitud de nulidad no la puede formular "...la parte que no ha sido perjudicada, ni la parte que ha celebrado el acto sabiendo, o debiendo saber, el vicio que le afectaba...", salvo en el caso de que se trate de una nulidad insubsanable. De igual modo, el artículo 693 de la normativa laboral es claro en precisar que "La nulidad sólo se decretará cuando la parte ha sufrido o pueda sufrir perjuicio procesal, salvo que se trate de nulidades insubsanables".

En el caso que nos ocupa, la Corte observa que la nulidad que decreta el acto impugnado en esta sede constitucional subjetiva, fue dictada en ejercicio de la facultad de saneamiento que dispone el artículo 940 del Código de Trabajo y en ejercicio de lo preceptuado en el artículo 694 del mismo cuerpo normativo. Las referidas disposiciones expresan:

Artículo 940. "Una vez que el expediente llegue en apelación o en consulta ante el Tribunal Superior, éste examinará los procedimientos; y si encontrare que se ha omitido alguna formalidad o trámite, se ha incurrido en alguna causal de nulidad que haya causado efectiva indefensión a las partes, o se han violado normas imperativas de competencia, decretará la nulidad de las actuaciones y ordenará que se cumpla con la formalidad o trámite pertinente y se reasuma el curso normal del proceso, según el caso. Sólo cuando sea absolutamente indispensable devolverá el expediente al Juez del conocimiento, con indicación precisa de las omisiones que deban subsanarse y se indicará también la corrección disciplinaria que corresponda, si hubiere mérito para ello. Se considerarán como formalidades indispensables para fallar, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requieran este trámite; la falta de notificación del auto ejecutivo; la omisión de señalamiento de fecha para audiencia en los casos en que esté indicado este requisito, o el no haberse practicado la audiencia sin culpa de las partes" (El subrayado y las negritas los ha colocado el Pleno).

Artículo 694. Las resoluciones que nieguen la nulidad de todo o parte del proceso, o que la rechacen de plano, así como aquellas que ordenen reponer un trámite o subsanar una actuación, no admiten apelación. El superior deberá, al conocer del proceso para pronunciarse en cuanto al fondo, ordenar que se repongan los procedimientos o se practiquen las diligencias que estime necesarias o indispensables para la validez del proceso.

Las normas antes citadas no dejan duda que el TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL puede decretar las nulidades y ordenar que se repongan los trámites pertinentes, al conocer de un proceso que esté para pronunciarse en el fondo, en ejercicio de sus facultades de saneamiento. No obstante, el ejercicio de tales facultades se encuentra supeditado a que se determine que se ha causado indefensión a las partes o se han violado normas imperativas de competencia.

Ahora bien, la lectura de la Resolución atacada en sede de amparo pone de manifiesto que la Ley 59 de 2001 derogó la disposición que fijaba la competencia por razón territorial contenida en la Ley 47 de 1967, pero sin dictar una norma que la sustituyera, con lo cual se generó un vacío legal que dicho Tribunal decidió llenar con la aplicación de "criterios doctrinales". En ese sentido, la Resolución recurrida en sede constitucional subjetiva expresa que la doctrina y el Derecho Comparado se orientan a otorgar al demandante la elección entre demandar en el domicilio del demandado o en el lugar de ejecución del contrato y que "la doctrina se inclina por el lugar donde se presta el servicio porque el juez de ese lugar es el que mejor conoce la forma y modalidades de trabajo del lugar y porque "...el trabajador es por lo general el demandante en el proceso laboral y porque la aplicación de la regla actor sequitur forum rei pondría en ventaja al empleador, haciendo el acceso al juzgado más difícil al trabajador".

No obstante dicha argumentación no precisa que la parte demandada hay sufrido indefensión ni precisa que se hayan infringido normas imperativas de competencia. Por el contrario, la argumentación del TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL que resuelve decretar en sede de saneamiento, la nulidad por falta de competencia (territorial) se sustenta en un criterio de carácter jurisprudencial, que llevó al TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL a considerar que el modo en que se determina el tribunal competente es el juez del lugar donde se presta el servicio.

Por otra parte, tal como se desprende del salvamento de voto que acompaña la Resolución recurrida, la posibilidad de que se dictara una nulidad por falta de competencia del a-quo quedó subsanada con la comparecencia de la parte demandada al proceso al momento de contestar la demanda laboral, lo cual hizo "sabiendo o debiendo saber el vicio que la afectaba" y sin alegar en ese momento nulidad alguna.

Tal actuación hace que la competencia se entienda prorrogada de manera tácita, por la voluntad del actor al presentar su demanda y la inacción del demandado, al momento que contesta la misma sin alegar, en esa oportunidad, la falta de competencia. T. presente que de conformidad con el artículo 688 del Código de Trabajo al tratarse de una nulidad que puede ser convalidada, no podrá pedir su declaratoria "...quien haya hecho alguna gestión en él con posterioridad al vicio invocado, sin formular oportuna reclamación".

Si bien es cierto que el artículo 691 del Código de Trabajo dispone que la declaratoria de nulidad podrá proponerse en cualquiera de las instancias del proceso, antes de que se dicte sentencia, debe considerarse que la misma sólo procede cuando la competencia no haya de prorrogarse o no haya sido prorrogada, sea absolutamente indispensable para evitar indefensión o afectación de derechos de terceros y si la parte que la pide ha sido perjudicada y no ha celebrado un acto sabiendo, o debiendo saber, el vicio que le afectaba.

En el caso bajo examen, la parte demandante que alegó la nulidad por falta de competencia no ha quedado en indefensión ni ha sufrido perjuicio procesal alguno ya que compareció al proceso y contestó la demanda ante el JUZGADO DE TRABAJO DE LA CUARTA SECCION sin invocar en esa oportunidad nulidad alguna, fue debidamente notificada de la fecha de audiencia y resultó, incluso, absuelta en la primera instancia.

Ante este escenario, la declaratoria de nulidad por falta de competencia decretada por la Resolución atacada en sede constitucional subjetiva desconoce los trámites legales que dispone el capítulo V, del Título IV, del Libro Cuarto del Código de Trabajo que regula las "Nulidades" en materia laboral, con lo que se vulneran los artículos 32 y 17 de la N.F., que consagran el debido proceso y el deber de las autoridades de tutelar los derechos reconocidos en la Constitución.

Por lo expuesto, lo procedente es conceder el amparo y revocar la RESOLUCION DE 5 DE ABRIL DE 2016 del TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONCEDE la acción de Amparo de Derechos Fundamentales promovida por el licenciado N.H.C.M., en nombre y representación de H.S.P.C., contra la RESOLUCION DE 5 DE ABRIL DE 2016 del TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

N.,

LUIS MARIO CARRASCO

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- A.R. DE CEDEÑO (salvamento de voto) -- A.A.Z.-.J.E.A.P.C. -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.H.A.D.G.-.L.R.F.S..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA A.R.

Con todo respeto, debo manifestar las razones por las cuales he decidido SALVAR EL VOTO dentro del presente fallo.

Cabe precisar, que la sentencia dispone, CONCEDER la Acción de Derechos Fundamentales promovida por el licenciado N.H.C.M., en nombre y representación de H.S. PINO CABALLERO contra la RESOLUCIÓN DE 5 DE ABRIL DE 2016, del TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

En primer lugar vemos que el amparo propuesto por H.S.P.C., es contra la decisión emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, el cual mediante Resolución 015-2016 de 5 de abril de 2016, declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso promovido por H.S. PINO CABALLERO contra PANAMÁ GREEN ENERGY, INC., a partir de la foja 4 del expediente, criterio que comparto plenamente, por lo que paso a explicar a continuación

Dentro del proceso laboral propuesto por H.S. PINO CABALLERO contra PANAMÁ GREEN ENERGY, INC., cuyo conocimiento lo asumió el Juzgado de Trabajo de la Cuarta Sección, una vez presentada la demanda, el Tribunal ordenó la corrección, que debía cumplirse dentro de los tres días siguientes, sólo en el sentido de indicar claramente en qué lugar o lugares, el trabajador había prestado el servicio, sin embargo el actor no hizo la corrección.

El tribunal mediante Auto No. 194/11 de 24 de agosto de 2011, dispuso continuar el trámite, pues consideró que esta omisión no afectaba su competencia.

Posteriormente, el representante de la parte demandante acude al proceso, antes que se dictara sentencia y presentó incidente de nulidad por falta de competencia, sin embargo el Juzgado de Trabajo de la Cuarta Sección, negó el incidente, fundamentado en el artículo 382 de la Ley 67 de 1947, aun cuando la demandada alegó que en el contrato de trabajo, no se señalaba que el demandante desempeñara labores en la Provincia de Coclé, ya que en el contrato se establecía que "Los Servicios serán prestados en las siguientes ubicaciones; Distrito de San Francisco Calobre y Santa Fe, Provincia de Veraguas, Provincia de las Tablas, H. y Panamá". Luego de exponer estos elementos, vemos que el artículo 567 del Código de Trabajo señala que:

"Artículo 567. La corrección de la demanda o de la contestación sólo se ordenará cuando la omisión o defecto pueda causar perjuicios, vicios o graves deficiencias en el proceso."

Esto quiere decir, que si el Juez de Trabajo de la Cuarta Sección ordenó la corrección de la demanda, es porque la misma adolecía de un requisito esencial, en este caso el lugar exacto en donde se ejecutaba el contrato, y así poder fijar la competencia y asumir el conocimiento de la causa. Continuó el trámite del proceso, sin subsanar la nulidad o declararse impedido.

Consideramos pertinente hacer referencia a los artículos 631 y el artículo 675 numeral 2 del Código de Trabajo, que establecen en qué momento se resuelven los incidentes y las causales de nulidad respectivamente. En este sentido anotan lo siguiente:

"Artículo 631. Salvo que el presente Código autorice expresamente un trámite especial, el incidente se resolverá en la sentencia. Una vez interpuesto, se le correrá traslado al opositor dándole un término de tres días."

"Artículo 675. Son causales de nulidad.

  1. La falta de competencia

    De lo anterior podemos colegir, que la demandada PANAMÁ GREEN ENERGY, INC., advirtió al Juez de Trabajo de la Cuarta Sección, acerca de la nulidad por falta de competencia, pero éste la negó, fundamentado en el artículo 382 de la Ley 67 de 1947, utilizando una norma derogada, ya que la Ley 59 de 2001, derogó la norma citada por el Juzgador al momento de resolver el incidente de nulidad, tal como lo indicó el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial. Podemos constatar lo dicho anteriormente en el artículo 3 de la Ley 59 de 2001, que establece lo siguiente:

    Artículo 3. Esta Ley adiciona al Libro Primero del Código Judicial, el Título XVII; Capítulo I, artículos 460-A, 460-B y 460-C; el Capítulo II, 46OD, 460-E; 460-F, 460-G, 460-H, 460-I, y el Capítulo III, artículos 460-J, 460-K, 460-L, 460-M; 460-N, 460-Ñ y 460-O; deroga la Ley 67 de 11 de noviembre de 1947 y cualquier disposición que le sea contraria.

    El Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, mediante Resolución No. 015-2016 de 5 de abril de 2016, expuso los fundamentos jurídicos de su decisión, en cumplimiento de la atribución conferida por el numeral 3 del artículo 460-l del Código Judicial, que le permite resolver los conflictos de competencia que se susciten entre los Juzgados Seccionales de Trabajo, y en consecuencia declaró la nulidad de lo actuado dentro del proceso propuesto por H.S. PINO CABALLERO contra PANAMÁ GREEN ENERGY, INC., a partir de la foja 4 del expediente.

    Por las consideraciones expuestas, muy respetuosamente SALVO MI VOTO.

    A.R. DE CEDEÑO

    YANIXA Y. YUEN

    SECRETARIA GENERAL

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