Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 15 de Noviembre de 2013

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:15 de Noviembre de 2013
Emisor:Pleno
 

VISTOS: En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense Bernal & Asociados, en nombre y representación de A.A.M.R. contra la Sentencia N°.197-12 de 18 de junio de 2012, dictada por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Segundo Circuito Judicial de Panamá. I. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En este apartado, el Pleno entra a citar las razones expuestas por el Tribunal de Amparo de primera instancia, para no conceder la acción de amparo que nos ocupa. "La sentencia N°.009 del 10 de enero de 2012, contiene la primera declaración necesaria para declarar disuelto el vínculo matrimonial, satisfecho lo anterior se desprenderá declarar que el estado indiviso de los bienes dentro de la relación matrimonial llega a su fin, estableciendo de ese modo la fecha del inicio de vigencia y la fecha del final del período vigente del régimen económico matrimonial. Culminada la etapa anterior, la disolución del vínculo matrimonial, corresponde dirimir si se satisfacen los parámetros necesarios para declarar la disolución del régimen económico matrimonial, y, en función de esa premisa, declarar la disolución del régimen de indivisión. Este proceder está contenido en el artículo 107 del Código de la Familia... En la resolución de primera instancia, atacada en amparo, observa este Tribunal que no se ha entrado a la valoración de las pruebas para decidir sobre la disolución y la liquidación del régimen de Participación en las Ganancias, sino que esa etapa procesal probatoria está en ciernes por cumplirse, al ser subsecuente a la etapa superada contenida en la Sentencia N°.009 del 10 de enero del 2012. Así, los cargos realizados en el sentido de la vulneración del debido proceso por la falta de oportunidad para la práctica de las pruebas admitidas, no se ha configurado en virtud de que en esta etapa procesal las pruebas se adujeron pero no se han practicado, esa etapa todavía no se ha surtido. Similar planteamiento corresponde sobre el cargo en mención en cuanto a la existencia del término adicional e ilimitado para denunciar bienes muebles e inmuebles, una vez ejecutoriada la Sentencia atacada. No existe un término adicional ni es ilimitado, sino que procesalmente la etapa deviene tan pronto se ejecutorie (sic) la Sentencia 197-12 del 18 de junio del 2012, en que se declaró probada la disolución del Régimen Económico Matrimonial, y es entonces cuando debe acreditarse mediante denuncia, a través de los apoderados legales respectivos, los bienes muebles e inmuebles sobre los que las partes consideran ha de ejercerse la liquidación. Como quiera (sic) que el presente Recurso Extraordinario de Garantías Constitucionales no es el medio idóneo para exacerbar la decisión que compete al tribunal, en cuanto a admitir o inadmitir las pruebas pendientes y su consiguiente valoración, no compete pronunciarse al respecto, máxime cuando aún falta que la resolución atacada produzca sus efectos. De modo tal que el Juez Segundo Seccional de Familia del Segundo Circuito Judicial de Panamá, al emitir la orden contenida en el (sic) Sentencia N°.197-12 del 18 de junio del 2012, no ha infringido el Artículo 32 de la Constitución Política de Panamá". II. CONSIDERACIONES DEL APELANTE Frente a la decisión proferida por el Tribunal de Amparo de primera instancia, el amparista A.A.M.R. promovió y sustentó recurso de apelación, tal cual se aprecia de fojas 41 a 46 del infolio. A través de dicho recurso vertical, pretende la revocatoria de la sentencia apelada y la concesión del amparo. En apoyo de su postura, el amparista, a través de apoderado judicial, externa las consideraciones que siguen: "El artículo 987 del Código Judicial establece que la sentencia decide la pretensión o excepciones en los procesos ordinarios y sumarios y las excepciones en los procesos ejecutivos, cualquiera que fuere la instancia en que se dicten. Tomando en cuenta la norma anterior, debemos precisar que la Sentencia N°.009 del 10 de enero del 2012, aportada dentro del Proceso de Disolución y Liquidación de Régimen Económico Matrimonial tramitado ante el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Segundo Circuito Judicial de Panamá, fue dictada en otro proceso autónomo e independiente, distinto al cual accede la presente acción constitucional, es decir, dentro del proceso de divorcio que se promovió ante el Juzgado Primero de Familia del Segundo Circuito Judicial, con la cual se dio normal termino (sic) a este último proceso. Siendo esto así, no puede afirmarse, como lo expresa la resolución apelada, que la Sentencia N°.009 del 10 de enero del 2012, es una etapa primaria para desatar la disolución y de liquidación del Régimen Económico Matrimonial, siendo que con la misma se decidió el fondo de una pretensión y dio termino (sic) a una instancia promovida en otro despacho judicial, reiteramos, distinto al Juzgado Segundo de Familia del Primer Circuito Judicial, donde se tramita el Proceso de Disolución y Liquidación de Régimen Económico Matrimonial, por tanto, no resulta correcto ni jurídico, señalar que la Sentencia N°.009 del 10 de enero del 2012; es una etapa, menos aún primaria, para la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, cuando se trata de dos (2) procesos distintos. ...es desacertado denominar a la resolución que se dicta al concluir una instancia o proceso, como lo es la Sentencia 009 de 10 de enero de 2012, "etapa", cuando ésta se circunscribe a una fase del proceso, lo que no ocurre en el presente caso. En cuanto a lo segundo, que concluida la supuesta etapa de disolución vinculo (sic) matrimonial como lo denomina el Tribunal, corresponde dirimir si se satisfacen los parámetros necesarios para declarar la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, ello también es inexacto, por cuanto que para la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial no necesariamente se requiere declaración de la disolución del vínculo matrimonial, como lo pareciera sugerir el Primer Tribunal Superior, pues, la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial de participación en las ganancias, concluye también cuando judicialmente se decrete la separación de cuerpos, y los cónyuges convengan un régimen económico distinto, sin que en ambos casos se exija la disolución del vinculo (sic) matrimonial. Respecto al artículo 107 del Código de Familia, disposición que según el Primer Tribunal Superior contempla el proceder señalado en el hecho cuarto, debemos indicar que la misma es de carácter sustantivo, en la cual se establecen los supuestos en que se entiende concluido de pleno derecho, el régimen de participación, y no de carácter adjetiva; de allí que no contempla procedimiento alguno, como erróneamente lo interpreta la resolución apelada. ...el propio Tribunal de Primera Instancia, reconoce que la resolución de primera instancia, atacada en amparo, no entró a la práctica ni a la valoración de las pruebas para decidir sobre la disolución y la liquidación del régimen de Participación en las Ganancias, no obstante, concluye que semejante pretermisión no constituye violación al debido proceso, por cuanto que la fase de práctica de pruebas, es subsecuente a la etapa superada contenida en la Sentencia N°.009 del 10 de enero de 2012, que disolvió el vínculo matrimonial habido entre nuestro representado y la señora KRUSSHESKA DEL CARMEN CHIN RUIZ, y tramitado en el Juzgado Primero de Familia del Segundo Circuito Judicial de Panamá. ...no solo es antagónico con nuestro ordenamiento procesal sino que carece de sustento jurídico que los respalde, por cuanto no se puede supeditar una fase esencial de un proceso, como lo es la etapa probatoria de un proceso autónomo, sobre Disolución y Liquidación del Régimen Económico Matrimonial; a una resolución que se dicta al concluir otro proceso, específicamente, la Sentencia N°.009 de 10 de enero de 2012, como se argumenta en la resolución apelada. ...de conformidad con el artículo 788 del Código de Familia, los procesos concernientes a las relaciones patrimoniales de los cónyuges, están sujetos al procedimiento común. En los procesos que se rigen por el procedimiento común contemplado en el Código de la Familia, las pruebas pueden ser presentadas dentro del libelo de la demanda y el de contestación; y en el acto de audiencia, siendo estas dos etapas procesales en las cuales las partes pueden proponer sus pruebas. De modo que la ley procesal expresamente establece cuál es y cómo se desarrolla el procedimiento, esto es como debe ser la actuación judicial, para cada parte del proceso, sin que le sea permitido, ni a las partes ni al tribunal, modificar las ritualidades o variar los términos procesales. Tal criterio sostuvo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 5 de septiembre de 1930... El Primer Tribunal Superior niega que luego de dictada la Sentencia N°.197-12 del 18 de junio de 2012, exista un término adicional e ilimitado para denunciar bienes, sino que procesalmente se trata de una etapa que deviene tan pronto se ejecutoríe la Sentencia 197-12 del 18 de junio de 2012, y es entonces, cuando debe acreditarse mediante denuncia, a través de los apoderados legales respectivos, los bienes muebles e inmuebles sobre los que las partes consideran ha de ejercerse la liquidación, sin embargo, no señala o determina cuándo debe finalizar o culminar, la denominada etapa, lo que evidentemente la torna en ilimitada, por consiguiente, violatorio de la garantía fundamental del debido proceso. ...en la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovido por ARMANDO MILLS, no se cuestiona la admisión o inadmisión o valoración de pruebas, sino la violación del derecho de defensa de nuestro representado, al resolver el Juez Segundo de Familia del Segundo Circuito Judicial, la pretensión sin darle la oportunidad que sus pruebas de descargo admitidas, fueran practicadas y haber establecido sin justificación, una nueva fase ilimitada para denunciar bienes, luego de haber dictado la sentencia amparada". III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM Agotado el recorrido procesal correspondiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entrará a resolver la alzada en la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales, para lo cual es preciso dejar constancia de las siguientes consideraciones: El autor M.O., en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define "disolución de la sociedad conyugal" como el fin del régimen de bienes conyugales. Señala que sus causas están taxativamente enumeradas en la ley y varían según las distintas legislaciones; incluyéndose generalmente como tal, entre otras, la sentencia de divorcio y resultando los efectos más importantes, también entre otros, la modificación del régimen de administración imperante, la fijación del activo y pasivo de la sociedad conyugal y su liquidación, operación ésta que consiste en detallar, ordenar y saldar cuentas una vez determinado su importe. Como quiera que, en el caso concreto, los cónyuges cuyo régimen económico matrimonial se requería disolver y liquidar no pactaron capitulaciones matrimoniales, los rige el régimen de participación en las ganancias, según el artículo 82 del Código de la Familia; siendo que bajo este sistema, cada uno de los cónyuges adquiere derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte, durante el tiempo en que este régimen haya estado vigente (art. 102 lex cit). De ahí que, una vez determinado el régimen económico matrimonial que imperó entre los cónyuges, correspondía delimitar la vigencia del mismo, que la sentencia por esta vía impugnada fijó del 28 de mayo de 1999 al 10 de enero de 2012; esto es, de la fecha en que contrajeron matrimonio hasta la fecha de la sentencia que declaró disuelto el vínculo, toda vez que el artículo 107 del Código de la Familia preceptúa que el régimen de participación concluirá de pleno derecho, entre otras causas, cuando se disuelva el matrimonio (numeral 1). En esta última circunstancia se fundamentó la sentencia amparada para declarar probada la disolución del régimen económico matrimonial habido entre K. delC.C.R. y A.A.M.R.. Resuelto, a través de dicho pronunciamiento, el tema de la disolución del régimen económico matrimonial, procedía ordenar su liquidación. Al efecto, dispone el artículo 112 de la excerta legal citada que "si la extinción es por causa distinta a la muerte del cónyuge, se determinarán las ganancias por las diferencias entre los patrimonios inicial y final de cada cónyuge"; siendo regulado lo atinente a la determinación de ambos patrimonios, de los artículos 113 a 120 del ordenamiento jurídico. Los artículos 121 y 122 del Código de la Familia regulan lo referente al cómputo o determinación del crédito de participación, de la siguiente manera: Artículo 121. Cuando la diferencia entre los patrimonios final e inicial de uno y otro cónyuge arroje resultado positivo, el cónyuge cuyo patrimonio haya experimentado menor incremento percibirá la mitad de la diferencia entre su incremento y el del otro cónyuge. Artículo 122. Cuando únicamente uno de los patrimonios muestre resultado positivo, el derecho de la participación consistirá, en la mitad de aquel incremento, para el cónyuge no titular de dicho patrimonio. El trámite de liquidación conlleva la determinación, previo inventario y avalúo, del activo y pasivo de la sociedad conyugal y la realización -en cuanto proceda- de los bienes denunciados, en procura de la satisfacción del crédito de participación que resulte de los cálculos aritméticos correspondientes. El acta levantada con ocasión de la audiencia oral celebrada en el Proceso de Disolución y Liquidación del Régimen Económico Matrimonial habido entre K. delC.C.R. y A.A.M.R., recoge de esta manera el pronunciamiento del Tribunal con relación a las pruebas: "El Tribunal pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Licenciada BURKE apoderada judicial de la parte actora como también las presentadas por el Licenciado MORALES apoderado judicial de la parte demandada, por lo que el Tribunal admite las pruebas aportadas por las partes tanto en la demanda como en la contestación de la misma y las aportadas y solicitadas en este acto de audiencia, no obstante queremos hacer la aclaración, que en virtud que nos encontramos ante un proceso de disolución y liquidación del régimen económico matrimonial, por ello en primer lugar se verificara (sic) el tema de la disolución y si ésta cumple con los requisitos del Código de la Familia se dictará la resolución motivada por el Tribunal, para luego practicar las pruebas que busquen como fin la liquidación del régimen y se ordenarán entre otras cosas los peritajes pertinentes, por lo que se ordena oficiar al Registro Civil para verificar la vigencia del matrimonio y si las partes pactaron capitulaciones matrimoniales". Esta aclaración se reiteró en los antecedentes de la sentencia atacada por esta vía extraordinaria. La parte resolutiva de la sentencia impugnada por esta vía constitucional resulta congruente con este pronunciamiento, cuando advierte a los cónyuges que, una vez ejecutoriada dicha resolución, denuncien ante ese despacho los bienes muebles e inmuebles sobre los cuales consideran debe recaer la liquidación, especificando cada uno de ellos; que los bienes respecto a los cuales realicen cualquier acto de disposición a título gratuito, sin el consentimiento o en fraude de los derechos del otro, serán igualmente incluidos en el patrimonio final; que deben abstenerse de realizar cualquier acto de disposición doloso en fraude de los derechos patrimoniales del otro; y ordena hacer el inventario y avalúo de los bienes a liquidar y deducir los pasivos de las partes. En su escrito de sustentación de alzada, la representación judicial del amparista-recurrente censura lo que estima imprecisiones en la sentencia primigenia, como el catalogar la sentencia de divorcio como una "etapa" para la disolución y liquidación del régimen económico matrimonial; como el sugerir que la disolución del vínculo matrimonial es un presupuesto para la disolución y liquidación de dicho régimen económico, cuando hay otras causas que dan lugar a ello; que el Tribunal Superior interprete que el artículo 107 del Código de la Familia dicta el procedimiento a seguir, cuando esta norma es sustantiva y no adjetiva. Por otra parte, condensa la vulneración del derecho de defensa de su representado, señalando que el Juez Segundo de Familia del Segundo Circuito Judicial resolvió "la pretensión sin darle la oportunidad que sus pruebas de descargo admitidas, fueran practicadas y haber establecido sin justificación, una nueva fase ilimitada para denunciar bienes, luego de haber dictado la sentencia amparada". Del examen de las constancias procesales de autos se desprende que la sentencia impugnada vía constitucional resolvió en torno a la disolución del régimen económico matrimonial y fijó los parámetros para la liquidación del mismo; decisión en la cual no se advierte conculcación de derechos fundamentales por contravención del derecho a la prueba y, por ende, del derecho de defensa del amparista. Las órdenes de denunciar bienes y de practicar la diligencia de inventario y avalúo de los mismos, así como las directrices que regirán la liquidación, van precisamente encaminadas a que se surta la etapa de la evacuación o práctica de las pruebas, para la determinación -de existir- del monto del crédito de participación. Tampoco considera esta Corporación que se haya establecido una nueva fase ilimitada para denunciar bienes, por cuanto corresponderá al Juzgador, en implementación de lo que ha decidido, disponer sobre el trámite y delimitar en el tiempo las gestiones y actuaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 510 del Código Judicial; cuyo primer párrafo señala que "el Juez fijará los términos cuando la Ley no los haya fijado, de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia del acto o diligencia, procurando siempre que no exceda de lo necesario para los fines consiguientes". Ello también en atención al deber de dirección e impulso del proceso que recae en los Juzgadores y que consagra el artículo 199 numeral 1 del Código Judicial. Por último, los artículos 123 a 126 del Código de la Familia abordan el tema de la satisfacción del crédito de participación resultante de la liquidación del régimen, de la siguiente manera: Artículo 123. El crédito de participación deberá ser satisfecho en dinero. Si mediaren dificultades graves para el pago inmediato, el Juez podrá conceder aplazamiento, siempre que no exceda de tres años y que la deuda y sus intereses legales queden suficientemente garantizados. Artículo 124. El crédito de participación podrá pagarse mediante la adjudicación de bienes concretos, por acuerdo de los interesados o si lo concediere el Juez a petición fundada del deudor. Artículo 125. Si no hubiere bienes en el patrimonio del deudor para hacer efectivo el derecho de participación de ganancias, el cónyuge acreedor podrá impugnar las enajenaciones que hubieren sido hechas a título gratuito sin su consentimiento y aquéllas que hubieren sido realizadas en fraude de sus derechos. Artículo 126. Las acciones de impugnación, a que se refiere el artículo anterior, caducan a los dos años de extinguido el régimen de participación y no proceden contra los adquirentes a título oneroso y de buena fe. (Énfasis suplido). Todo lo manifestado anteriormente, lleva a esta Superioridad a reconocer que la decisión proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial debe ser confirmada y hacia ello se dirige. En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 6 de mayo de 2013, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro de la acción de amparo promovida por la firma forense Bernal & Asociados, en nombre y representación de A.A.M.R., contra la Sentencia N°.197-12 de 18 de junio de 2012, dictada por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Segundo Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso de Disolución y Liquidación de Régimen Económico Matrimonial promovido por K. delC.C.R. contra A.A.M.R.. N., JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretario)