Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Mayo de 2018

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:14 de Mayo de 2018
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS:

Reitera que el Sistema Penal Acusatorio se rige por principios, entre ellos el de separación de funciones regulado en el artículo 5, que impide a cualquier Autoridad jurisdiccional inmiscuirse en actos de investigación propios del Fiscal, por lo que no se puede indicar que él debía acatar las directrices de la Juez de Garantías.

Explica nuevamente que la solicitud que presentó el representante de la querella, fue recibido el 23 de enero de 2017, es decir, después que la Juez reenviara la Carpetilla, por lo que pronunciarse con respecto al Delito Contra la Administración Pública, como lo peticionaba el querellante, sería violar el debido proceso, en cuanto al derecho de defensa, ya que no se puede acusar a ninguna persona sin previa existencia de una formal imputación de cargos.

Señala el F. que el recurrente pretende que se violen garantías fundamentales, como principio de objetividad, separación de funciones y derecho de defensa, llevando una acusación a juicio oral, desconociendo la estructura objetiva del tipo y vulnerando el artículo 354 del Código Procesal Penal.

Por lo anterior, solicita que se confirme la resolución venida en apelación y en consecuencia no se conceda el Amparo de Garantías Constitucionales.

Para resolver, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar, en primer lugar, la naturaleza y objetivo de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece, además, que dicha Acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

Al respecto, señala el jurista J.J.J.B. que "el Amparo de Garantías Constitucionales se erige en un instrumento para cuando falla la garantía de protección de los derechos, con la finalidad de enmendar errores que pueden surgir dentro del sistema de protección de los derechos que ha diseñado el constituyente, de allí que se catalogue como un recurso tanto extraordinario como excepcional su naturaleza jurídica". (J.B., J.J.. Amparo de Garantías Constitucionales. Fundamentos Procesales para la Protección de los Derechos Constitucionales. Editorial Portobelo. Panamá, 2015. Pág.13). (R. es del Pleno)

Es precisamente de la urgente necesidad de revocar una determinada orden que se deriva su naturaleza extraordinaria y excepcional, ya que sólo procede cuando emitida la orden que lesiona derechos fundamentales se requiera una pronta revocación de la misma, a fin de evitar que se produzca o mantenga la lesión que acarrea el dictamen.

Por lo tanto, corresponde en esta etapa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con relación al acto atacado se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente, así como a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional, así como los soportes de audio y vídeo que lo acompañan.

La resolución venida a esta Superioridad en grado de apelación, resolvió denegar la Acción de Amparo propuesta por la defensa de quien se presentó como víctima dentro de la Carpeta Penal N°201500000658, donde aparece imputado el señor S.L., por delito Contra el Honor, al considerar, entre otras cosas, que se cumplió con el trámite establecido en la norma para los casos de oposición de sobreseimiento y no observar ninguna vulneración de derechos o garantías constitucionales, sino la intención del amparista de obtener un nuevo pronunciamiento dentro del proceso.

Por su parte, el amparista en su escrito de apelación al reiterar lo expuesto en la demanda de Amparo, sostiene que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, no tomó en cuenta dos aspectos fundamentales:

  1. Que en la resolución que decreta el sobreseimiento no se tomaron en cuenta los cuestionamientos de la víctima, dada en la audiencia de oposición y que motivaron a la primera Juez de Garantías a ordenar el reenvío; y

  2. - Que, en todo caso,la segunda Juez (demandada) debió verificar si, efectivamente, el F. había o no acatado y esclarecido, subsanado o suplido las deficiencias e irregularidades que había llevado a la Juez de G.L.O. a ordenar el reenvío, y no guardar silencio sobre ello.

    Adentrándonos en estos puntos, para resolver el recurso interpuesto, se hace necesario establecer, en primer lugar, las facultades del Juez de Garantías que conoce la solicitud de sobreseimiento en estado de reenvío, ya que este es el argumento medular en el que se sostiene la acción ensayada, sobre la base de una infracción de sus deberes constitucionales de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales, así como el fiel cumplimiento de la ley y la lesión al debido proceso, consagrados en los artículos 17, 220 (Num. 2), 18, 32 y 41 de la Constitución Política y, de paso, analizar si la actuación del F., al momento de formular la Solicitud de Sobreseimiento en reenvío cumplió con dichos estándares, lo cual haremos en esta ocasión, por tratarse del acto que derivó la emisión de la decisión atacada en esta vía constitucional.

    En principio, resulta importante señalar que la garantía del debido proceso legal, recogida en el artículo 32 de la Constitución Política consiste, como ha puntualizado el M.A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (HOYOS, A.. El Debido Proceso. Editorial Temis, S. A. Bogotá-Colombia, 1996. P.. 54)

    Con este antecedente doctrinario, es clara la necesidad de que el Pleno se pronuncie respecto a los señalamientos de omisión al trámite establecido, que realiza el amparista contra la actuación del Juez de Garantías, sobre todo, porque estamos frente a procedimientos que se desarrollan en el marco de un nuevo proceso penal que recién terminó su fase de implementación progresiva, a través de la Ley No.63 de 2008, que dicta las nuevas normas de juzgamiento penal en Panamá, y en donde surgen figuras novedosas como el Juez de Garantías.

    El Juez de Garantías tiene debidamente señaladas sus atribuciones en el artículo 44 del Código Procesal Penal, así:

    Artículo 44. Competencia del Juez de Garantías. Es competencia de los Jueces de Garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre las medidas de protección a estas. Además de lo anterior, conocerá:

    1. De las advertencias a las partes sobre otros medios alternativos de solución de conflictos, de acuerdo con las reglas establecidas en este Código.

    2. De todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código.

    3. De las medidas cautelares personales o reales.

    4. De la admisión o inadmisión de las peticiones de pruebas anticipadas y de su práctica.

    5. De la admisión del desistimiento de la pretensión punitiva.

    6. De la admisión o inadmisión de los acuerdos celebrados entre el Ministerio Público, el defensor y el imputado o acusado.

    7. Elevar la causa a juicio, dictar sobreseimiento o cualesquiera otra medida procesal.

    8. Del Procedimiento directo.

    9. Las demás que determine la Ley.

    Ahora bien, el amparista sostiene que la resolución objeto de A. infringe el deber de tutelar derechos y el debido proceso legal, y con ello la norma constitucional que lo reconoce como una garantía fundamental de protección, en la medida que la resolución dictada por el Juez de Garantías desconoce el derecho de la víctima, al no consultar los reclamos o cuestionamientos de la querella en cuanto al no pronunciamiento del F. encargado de conocer el reenvío, sobre la petición de acumulación de carpetas de investigación y la prueba incluida en la motivación de éste para reiterar el sobreseimiento cuando la misma carecía de valor, a raíz de una Sentencia judicial de A..

    Es importante señalar que, en este caso, existen normas específicas del Código Procesal Penal que plantean la solución al asunto en debate, y estas son los artículos 352, 353 y 354, los cuales es necesario transcribir para su posterior análisis, confrontando dichas normas con el acto atacado:

    "352. Audiencia de sobreseimiento. Cuando el F. solicite el sobreseimiento, el Juez de Garantías notificará a las partes la petición del F., según la regla general de notificaciones contenidas en este Código, para que dentro de los quince días siguientes anuncien sus objeciones.

    De no haber objeciones el Juez se pronunciará directamente sobre la petición. De haber objeciones citará a audiencia de sobreseimiento al imputado, al querellante, si lo hubiera, y a la víctima. En la audiencia se concederá primero el uso de la palabra al F. y luego al querellante y a la víctima, y se resolverá en el acto si dicta o no el sobreseimiento.

  3. Resolución que decide el sobreseimiento. La resolución que decide el sobreseimiento deberá contener la identidad de la persona imputada, la enunciación de los hechos objeto de la investigación, los fundamentos fácticos y jurídicos y la parte resolutiva, con indicación de las disposiciones aplicables.

  4. Reenvío de la actuación al Ministerio Público. Cuando la víctima o el querellante debidamente constituido se oponga a la petición del sobreseimiento formulada por el Ministerio Público, el Juez remitirá las actuaciones nuevamente al Ministerio Público para que, dentro de un plazo de quince días, otro agente fiscal conozca y revise lo actuado. El nuevo agente designado, sin incorporar pruebas adicionales, revisará lo actuado y podrá reiterar la petición de sobreseimiento o si lo estima procedente solicitar el encausamiento del imputado o los imputados.

    Si el Ministerio Público reitera su solicitud, el J. deberá resolver conforme a lo peticionado y contra esta nueva decisión no cabe recurso alguno."

    Visto así, resulta que en atención a lo dispuesto por el propio Código de Proceso Penal, la figura del "reenvío" ocurre en los casos en los que exista por parte de la víctima o el querellante una oposición al sobreseimiento solicitado por el Fiscal, en cuyo caso el Juez de Garantías previamente deberá citar a una audiencia oral, en la que luego de escuchar a las partes, decidirá en forma motivada si dicta o no el sobreseimiento, tal como se desprende del último párrafo del artículo 352, arriba citado.

    Ello significa, en primer lugar, que la resolución de sobreseimiento original debe ser el resultado de un razonamiento jurisdiccional, producto del debate surtido entre las partes en un acto oral, y no se trata de un acto automático, inmediato o directo, en que el Juez queda limitado únicamente a judicializar la solicitud del F. sin mayor análisis.

    Ahora bien, esta facultad jurisdiccional tampoco puede ser asimilada por el amparista a la figura de la ampliación del Sumario, que existía en el proceso penal inquisitivo, mediante la cual el Juez de la Causa ordenaba a través de una resolución los puntos que el F. debía completar en la investigación para lograr el perfeccionamiento de la misma. Esta facultad jurisdiccional de ampliación está lejos de armonizar con el nuevo modelo de juzgamiento penal, en el que existen roles claramente definidos, y en el que prevalece el principio de separación de funciones. Por tanto, carece de asidero jurídico la teoría planteada por el amparista cuando asegura que el F. debió atender las directrices del Juez de Garantías y que el funcionario demandado (Juez de Garantías), debió verificar si efectivamente el F. en reenvío cumplió con esas directrices.

    Del mismo modo, encuentra el Pleno que, en este caso, no se advierte ninguna pretermisión procesal que amerite de un reparo por afectar derechos fundamentales de la víctima, pues se logra verificar que la parte fue informada de la Solicitud de Sobreseimiento de parte del F., contando con la oportunidad de oponerse a dicha solicitud en un acto oral frente al Juez de Garantías, quien en su momento decidió ordenar el reenvío de la actuación nuevamente al Ministerio Público, con el objeto de asegurar una revisión de la carpeta por otro funcionario.

    En efecto, consta que las actuaciones contenidas en la carpeta fueron conocidas y revisadas por otro Agente Fiscal, el Licenciado V.B., quien legalmente se encuentra limitado a revisar la actuación que se le entrega a través del reenvío, sin incorporar pruebas adicionales. Es decir, la función de este nuevo Agente de Instrucción es revisar lo actuado por el Fiscal original y determinar si con esa actuación preexistente en la carpeta, se cuenta o no con los méritos para solicitar el encausamiento del imputado o si, en definitiva, lo que corresponde es reiterar la Solicitud de Sobreseimiento.

    Lo anterior significa que, en esa labor de razonamiento jurídico de parte del Fiscal, no puede ni debe intervenir ningún elemento ajeno a su conocimiento de la ley y el sano juicio que haga de los elementos de convicción presentes en la carpeta, de cara a una posible acusación. En ese sentido, si este nuevo A.F., tras el análisis objetivo que hace del caso, estima que no existe probabilidad de acusar, porque concurre alguno de los motivos que establece el artículo 350 del Código Procesal Penal, deberá actuar conforme a derecho, y así reconocerlo a través de una resolución motivada dirigida al Juez de Garantías.

    Bajo esa condición normativa, el Pleno no logra derivar ninguna infracción legal que genere una afectación de derechos reconocidos en la Constitución Política al momento en que el Juez de Garantías resuelve admitir la Solicitud de Sobreseimiento reiterada por el Ministerio Público, ni tampoco se advierte el incumplimiento de trámite o deber por parte del Juez que haya disminuido los derechos de la víctima, tal como lo sugiere el amparista recurrente.

    La norma es clara al señalar que al darse la Solicitud de Sobreseimiento por segunda ocasión, el Juez de Garantías deberá resolver conforme a lo peticionado, y eso es precisamente lo que ocurrió en este caso, sin que tenga validez el planteamiento del amparista respecto a que el juzgador debió ponderar si el F. dio respuesta a la solicitud de acumulación y al escrito que presentó el querellante, pues dichas actuaciones están fuera del marco de atribuciones a él otorgadas en el reenvío; además se debe recordar que en esta etapa existe un plazo de investigación vencido, donde lo que se discute es si se cuenta o no con el mérito para elevar la acusación, por lo que, el F. no está en condiciones de realizar actos o diligencias más allá de solicitar sobreseimiento o elevar la acusación contra el imputado.

    Ciertamente, este novedoso proceso penal acusatorio presta la posibilidad de que las partes permanezcan activas durante todo el proceso, y ello conlleva la oportunidad de que la víctima se constituya en querellante legítimo dentro de la investigación y como tal, le imprima dinamismo a la misma colaborando con el Ministerio Público, o imprimiendo los impulsos procesales que estime necesarios en el evento en que sienta que sus intereses están siendo afectados por un F. que no está actuando diligente o se comporta con parsimonia procesal injustificada, inclusive, con apercibimiento ante el Juez de Garantías en tiempo oportuno.

    Bajo este entendimiento, este Máximo Tribunal de Justicia, concluye que no le asiste razón al amparista en cuanto a la infracción del debido proceso legal, al haberse cumplido cada uno de los trámites requeridos para la expedición del acto atacado, y al mismo tiempo se advierte que el J. en todo momento garantizó la efectividad de los derechos de la víctima al darse la oportunidad de que la Solicitud de Sobreseimiento fuera revisada por otro Agente Fiscal; por tanto, si la decisión atacada es consecuencia del reitero de la Solicitud de Sobreseimiento que se le presentó al Juez de Garantías, aunque no resulte satisfactoria al interés de la parte, no es un acto que pueda ser dilucidado por esta vía como si se tratara de una doble instancia, pues recordemos que el A. está concebido como un instrumento para reparar agravios de naturaleza constitucional, donde se logre evidenciar la lesividad producida por el acto demandado, lo cual no es el caso.

    Recordemos también, a propósito de las disquisiciones realizadas en torno al contenido de los artículos 17, 18 y 220 de la Constitución Política, que el fin del Estado, del cual todos somos parte, es dar seguridad jurídica a los ciudadanos a través del derecho, por ello, se construye la legalidad como eje del sistema jurídico. Y dentro de este marco de legalidad, se instaura el cambio del sistema de justicia penal en Panamá, regido por una serie de principios rectores, que interpretados a la luz del principio de legalidad, dan como resultado las facultades expresamente otorgadas a las distintas Autoridades que deben intervenir en los procesos, quienes sólo podrán hacer lo que la ley les faculta; por otro lado, el ciudadano tendrá la garantía de que la Autoridad está obligada a cumplir su función en términos de lo que está facultada hacer por mandato legal.

    Lo antes expuesto, nos permite señalar que, las pretensiones requeridas por el amparista respecto a las supuestas facultades de un Juez de Garantías de dictar actos de instrucción al Fiscal cuando dispone un reenvío, o sobre la posibilidad de un F. de incorporar o revisar nuevos elementos de la carpeta al momento de ejercer la facultad dada en reenvío, generarían una distorsión del sistema, con el riesgo de desnaturalizar la figura del reenvío, en donde se mantiene incólume el contenido del artículo 5 del Código Procesal Penal, esto es la separación de funciones.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 20 de julio de 2017, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial Coclé y Veraguas, que dispone NO CONCEDER la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado J.E.M.R. contra la Resolución fechada 24 de febrero de 2017, dictada por el Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, dentro de la Carpetilla N°201500000658.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B. --H.A.D.G. --E.C.T.C.--L.M.C.. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)