Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Julio de 2013

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución30 de Julio de 2013
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Dentro del proceso ordinario instaurado por M. &M., en su condición de representante judicial de GAZELE ASSETS, S.A. contra C.R., corresponde a esta Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia resolver el recurso de casación formalizado y corregido, contra la resolución de 21 de enero de 2011, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Precluido el término señalado para alegar en cuanto al fondo, el recurso se encuentra en estado de decidir y a ello se procede previo el examen de la causal única alegada y de los motivos que la fundamentan. Veamos: CAUSAL La causal única de fondo es la "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida". (art. 1169 del Código Judicial). La alegada causal probatoria ha sido fundamentada en dos motivos, que la Sala se permite reproducir: "PRIMERO: Para absolver a la demandada- reconvencionista por los cargos endilgados en su contra, la sentencia recurrida no apreció, como ordena la ley, las declaraciones testimoniales de G.P. (FOJAS 58-64) y ANDREA CAROLINA DE LEON FRANCO (fojas 65-71) que acreditan que el señor C.R., valiéndose de dádivas, obtuvo provecho de la negociación del Contrato de fecha 16 de marzo de 2009, ocasionando el sobrecosto del referido contrato, todo lo cual se verificó a espaldas de la sociedad demandante, por lo que el consentimiento expresado al momento de suscribir entre C.R. y GAZELE ASSETS, S.A., resultó viciado. SEGUNDO: La sentencia atacada no valoró, como lo prescribe la ley, los dictámenes periciales rendidos por G.D.B. (fojas 76 - 82 del expediente), y JOSE ANGEL HIDROGO (fojas 108 - 110), quienes de modo objetivo, uniforme y fundado en las constancias de autos demostraban que la demandante, al no contar con otros elementos de ponderación respecto del costo de los servicios objeto del contrato, otorgó un consentimiento viciado. Pues este(sic) se hizo fundar -exclusivamente- en actos ilícitos de los cuales habría obtenido provecho el señor C.R.." Entre otras normas, el recurrente acusa a la sentencia de segunda instancia, de infringir el artículo 784 del Código Judicial porque a su juicio, "... violó de modo directo por comisión el inciso primero del artículo 784 del Código Judicial ya que absolvió a la demandada de los cargos endilgados a pesar de que el demandante acreditó los supuestos de hecho de las normas a las que pretendían acogerse y que son, en síntesis, la existencia de un vicio de consentimiento en el precitado contrato". Prosigue diciendo el casacionista que "la sociedad GAZELE ASSETS, S.A., al momento en que prestó su consentimiento para los efectos del Contrato de fecha 16 de marzo de 2009, lo hizo sobre la base de que se había verificado una licitación o concurso privado en GAZELE ASSETS, S.A. de la cual resultó que (i) el precio fijado como contraprestación a los servicios que serían dispensados por el señor C.R. eran justos, razonables y acorde con la plaza, y que (ii) el señor C.R. contaba con reputación profesional y solvencia moral suficientes como para obligarse para con G. Assets, S.A., según los términos contractuales pactados". (fs.234) El impugnante, de igual manera acusa al fallo del Tribunal Superior, de violar los artículos 781, 917 y 980 del Código Judicial, en los que expone que tampoco apreció, como lo ordena la ley, las declaraciones testimoniales de G.P. a fojas 58-64 y de ANDREA CAROLINA DE LEON FRANCO ubicada en folios 65-71. Cabe indicar que aun cuando se aprecia el error al mencionar al doctor H.G., (fs.258) quien no es parte en este negocio judicial, este Tribunal de Casación continuará el recorrido del caso que nos ocupa en este momento y que corresponde a la vulneración ocurrida con el artículo 980 del Código Judicial, que se dice violado "de modo directo por comisión .... puesto que no le reconoció la virtualidad probatoria que tienen según la ley, los dictámenes periciales que rindieron G.D.B. (fojas 76-82) y JOSE ANGEL HIDROGO (fojas 108-110)". El casacionista, termina afirmando que además se violó de modo directo por comisión, el artículo 986 del Código Civil, "ya que absolvió al señor C.R. al pago de una alegada indemnización de perjuicios en favor del demandante, siendo que éste incurrió en conductas dolosas en las tratativas previas al contrato suscrito entre C.R. y GAZELE ASSETS, S.A." Así las cosas, la Sala de la Corte considera oportuno hacer algunos señalamientos como cuestión previa al examen de fondo del recurso en estudio. En efecto, sabido es que en materia del extraordinario recurso de casación la jurisprudencia de la Corte ha sostenido reiteradamente que cuando se invoca la citada causal probatoria de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, como ocurre en este caso, la actividad de la Corte de casación se concreta al examen de si en la sentencia recurrida el juzgador hizo o no la adecuada valoración de la prueba allegada al proceso. De igual manera la Corte también ha sostenido que dicha causal se alega cuando la prueba se estima, se aprecia, pero se niega el valor que la ley le asigna o se le da el valor que la ley le niega, de forma que la Corte pueda, en consecuencia, determinar si el fallo impugnado ha infringido o no la norma substancial en el caso concreto. En ese sentido, cabe señalar entonces que, en el caso que ocupa a esta Sala de la Corte, los motivos que sirven de sustento a la causal de error de derecho invocada en la impugnación, es porque en la sentencia atacada no se les otorgó, según sus apreciaciones, todo el valor que prescribe la ley, a los elementos probatorios aportados el expediente; dicho esto, se procederá al examen de los elementos probatorios señalados para tal fin. El demandante G. Assets, S.A. pretende acreditar su reclamo con las declaraciones de G.E. de S.G.P. y A.C. De León Franco, propietario y empleada de la empresa, respectivamente, quienes coincidieron medularmente en sostener que el señor C.R., valiéndose de dádivas ofrecidas a A.C., para entonces trabajador de la empresa G. Assets, S.A., consiguió firmar el contrato, ocasionando así los sobrecostos en el mismo. En sus declaraciones de fojas 58 a 64, el declarante S.G. sostiene: "El señor C. negoció personalmente el contrato entre G. Assets y el señor C.R. y él escribió el contrato entre las partes. A la época después que dicho contrato fue firmado entre G. y el señor C.R., la señorita A. De León asistente de arquitectura de grupo Galores, procuró personalmente nuestro director general el señor R.R. y yo G.(sic) P. para informar que había pasado una cosa muy grave con la negociación y firma del contrato con el proveedor C.R., entonces nosotros tuvimos una reunión en la cual participaron el señor G.sic), R. y A., en la cual ella nos explicó está(sic) cosa grave que voy a describir ahora: ...." (fs. 60) Sobre este punto, el fallo se segunda instancia señaló: "Lo declarado por los testigos G.E. de S.G.P. y A.C. De León Franco en el sentido de que el señor C.R. obtuvo la celebración del contrato de relleno valiéndose de engaños a través del ofrecimiento de dádivas a un ex empleado de G. Assets, S.A. quien, por ello, ignoró los procedimientos para la adjudicación de concursos o licitaciones internas, se muestra endeble para establecer la existencia del error en el consentimiento que invoca la demandante-demandada en reconvención, principalmente porque ambos testigos están vinculados a ésta como colaboradores, lo que hace que sus deposiciones tengan que ser valoradas con sospecha." Cabe colegir entonces que, el señor G.P., es solamente un testigo de referencia, lo que sabe se lo dijo su empleada, después de firmado el contrato; entonces es cuando él empieza a revisar el contrato cuya nulidad ahora reclama. Aparte a ello, la Sala le resta valor probatorio al testimonio vertido; ello es porque la declaración analizada, bien puede ubicarse dentro del catálogo del artículo 909 (num. 8) del Código Judicial, que convierte en sospechoso el testimonio de "El socio, el compañero, condueño o comunero, en pleito sobre la cosa o negocio común"; de allí que, amén de lo explicado, el mismo se considere sin valor alguno. Dentro de este mismo catálogo, en el numeral 3), también se enmarca el testimonio de A. Carolina De León, por ser empleada de la empresa demandante; en dicho literal se estipula que: "3) Son sospechosos para declarar: ....... El trabajador, empleado, o dependiente de la parte que pidió la prueba, salvo que se trate de una entidad de derecho público; ....". Por otro lado, si dejamos de lado ese punto, tendríamos entonces un testimonio único aportado al proceso. De modo que, citando al jurista J.F. quien al referirse a este tópico ha señalado lo siguiente: "...no significa sin embargo, que hay que desconocerle trascendencia al testigo único. Un testimonio claro, coherente, de una persona que exponga "la razón de su dicho", percepción directa, espontánea, no meramente o mecánicamente responsiva, unido a cualquier otro medio de prueba -v.gr.: documento, indicio, y no desvirtuado por "prueba en contrario"- puede servir de base a una sentencia." (Medios de Prueba, Tomo I, pág. 369). Desde luego, tomando en cuenta esa noción, vemos que lo dicho por la declarante, aunque no ha sido descartado como medio probatorio, tampoco encaja con otro medio de prueba que le otorgue virtualidad. Por tanto, es fácilmente aplicable el aforismo latin de "Unus testis, nullus testis", (un sólo testigo es testigo nulo), ya que la prueba testimonial de A.C. De León es la única que se tendría como aportada al proceso, quedando, por ende, como único testigo. Aún después del confrontamiento realizado entre el testimonio y las otras pruebas del proceso, no encuentra la Sala suficiente asidero para otorgarle la fuerza probatoria necesaria para demostrar el derecho del demandante. El artículo 918 del Código Judicial establece el principio de que un solo testigo no puede formar plena prueba, pero sí gran presunción cuando es hábil según las condiciones del declarante y su exposición, situación que no ocurre en esta deposición, porque no ha sido lo suficientemente perfecta para definir el fallo. De allí que la Sala comparte plenamente los razonamientos esbozados por el ad quem, en el sentido de que ambos testigos son colaboradores de la empresa demandante y por lo tanto, directamente vinculados a ella, "lo que hace que sus deposiciones tengan que ser valoradas con sospecha". En cuanto al perito G.D.B., en el informe rendido de fojas 76 a 90, expresa que "G. Assets, tuvo la intención de verificar una licitación o concurso privado"..... (fs.77), ello nos permite discurrir que, el demandante en este proceso, firmó el contrato para la contraprestación del servicio de corte de roca, relleno, compactación y nivelación, agrimensura y retiro de árboles talados, por un monto que ascendía a B/88,500.00, sin verificar, que se cumplían todos los requisitos exigidos por su empresa; y, pautados en el punto 3) del Procedimiento Administrativo de la Empresa Galores(fs.88), donde se contemplaba la obligación de "tener tres (3) cotizaciones de cada producto y/o servicio solicitado por cualquier departamento de las empresas", cuestión que, como señala el perito, no se observó evidencia documental del cumplimiento de tal procedimiento. Por ende, el demandante demostró negligencia en su deber para con G. Assets, S.A. pues no actuó como diligente padre de familia en el cuidado o desempeño de su negocio. Así mismo, nota la Sala que la base de este peritaje fueron los testimonios que se analizaron arriba, solamente se anexaron ciertos documentos, entre los que se enlista el correo vía e-mail entre G. Assets, S.A. y Pro One Equipment, S.A. con fecha de marzo de 2009 y una cotización de la empresa HB Y EQUIPOS fechada 10 de diciembre de 2009, fecha posterior a la firma del contrato cuya nulidad se reclama. Por su lado, el perito J.A.H., en su informe pericial que reposa a fojas 108 y ss. señala que la Gerente Administrativa de Galores(sic) Assets, S.A., para responder a la primera pregunta relacionada a la verificación de una licitación o concurso privado, sostuvo que "La empresa tiene políticas muy claras en cuanto a compras y a cotizaciones de servicios, se solicitan siempre más de una cotización". Sin embargo, a pesar de esos señalamientos, dice el perito H. que "no se tuvo comparación con otros contratistas para optar por la mejor opción." Señalamientos que no involucran al señor C.R., sino a la empresa contratante, que era sobre quien recaía la acción de realizar las verificaciones estipuladas en el Procedimiento Administrativo de la Empresa; ya que atendiendo lo dispuesto en el artículo 784 del Código Judicial, son las partes las que deben probar los hechos que le sean favorables. Como quiera que el recurrente ataca la sentencia del juzgador de instancia por no haber otorgado la correcta valoración a las pruebas que se han analizado, deviniendo con ello en la firma de un contrato viciado en su consentimiento, debe este Tribunal de Casación realizar las siguientes observaciones. El consentimiento, en la forma estudiada es la piedra angular de un contrato. El vicio del consentimiento, analizado en atención al artículo 1116 del Código Civil, señala que "se declarará nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo"; elementos denominados vicios del consentimiento; de allí que todo consentimiento contractual que se adquiera bajo alguna de estas premisas da tránsito a que se invalide el contrato. Sobre el error, como vicio de consentimiento alegado, la doctrina enseña: "El error. En materia contractual, el error consiste en la falsa o inexacta idea que se forma el/la contratante sobre uno de los elementos del contrato, a diferencia de la ignorancia que es la falta de concepto. En cuanto a este vicio la doctrina ha señalado que puede ocurrir que uno o ambos contratantes se equivoquen al hacer una declaración que no se corresponde con lo que quieren (el llamado lapsus linguae vel calami) o que se equivoquen respecto de la identidad (o sobre cualidades que sirvan para la identificación) de alguno de los requisitos del contrato confundiendo una cosa con otra (error in negotio) o un objeto con otro (error in corpore). En todos estos casos, la voluntad que se ha formado el que contrata no puede, en absoluto corresponder con la que manifiesta y que, por exteriorizarse, es tomada en consideración prima facie por el ordenamiento jurídico. El sujeto hace así una declaración errónea, puesto que por las razones indicadas, no puede representarse con fidelidad lo que manifiesta llevando a cabo un contrato distinto. A este tipo de error, que lógicamente debe hacer completamente nulo el contrato, se llama error obstatio porque impide precisamente, que el que yerra manifieste o exteriorice lo que verdaderamente quiere." (VALENCIA MORENO, A.. LOS PRINCIPALES CONTRATOS CIVILES. 2a. Edición actualizada. Pág. 14.) Se tiene pues que el vicio en el consentimiento por error, que alega el recurrente, de acuerdo a lo que se ha transcrito, no ocurre en este caso, porque no hubo error en ninguno de los elementos que conforman el vicio del consentimiento. Es decir no hubo error en la identificación del contratista, tampoco hubo error en cuanto a los requisitos del contrato, ni se confundió una cosa con la otra. El error que alega el casacionista es porque no se verificó si el señor C.R. contaba con reputación profesional y solvencia moral, condiciones no contempladas para que se configure el vicio del consentimiento reclamado; situaciones ajenas al reclamo porque el demandado C.R. ofreció dádivas a un ex empleado para obtener provecho en la negociación, ocasionando el sobrecosto del contrato. Respecto al error como vicio del consentimiento el artículo 1117 del Código Civil es del siguiente tenor: "Artículo 1117. Para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la substancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo. El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección." El contenido integral de la norma, estriba en establecer los casos en que el error -vicio de la voluntad- produce la nulidad de la relación contractual. El accionante señala vulnerado el artículo 986 del Código Civil, que es del tenor siguiente: "Artículo 986. Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad; y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas." El obligado examen sobre este aspecto, nos lleva a revisar los folios del expediente para verificar los dichos del demandante; por lo que a fojas 21, se ubica el mencionado contrato de servicios mismo que en la cláusula cuarta estipula: "CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA se obliga con EL DUEÑO a ejecutar y terminar LA OBRA, en un período NO mayor de cuarenta y cinco (45) días calendarios, contados a partir de la fecha de la orden de proceder". Siendo ello así, el contratista debía esperar que GAZELE ASSETS, S.A. impartiera la orden; sin embargo, a pesar de no haberse cumplido ese requisito, a fojas 24 resalta el documento notariado donde C.R. deja constancia, que al llegar al terreno donde debía prestar sus servicios lo encontró cerrado y con orden de no traspasar, por lo que a fojas 33 el dueño de la obra le responde, entre otros puntos, que la "ejecución de los trabajos, objeto del referido contrato está supeditado a la expedición -por parte de GAZELE ASSETS, S.A. de la orden de proceder. (véase cláusula cuarta)". Queda claro a la Sala que quien obstruyó la ejecución del contrato fue el propio dueño y no el contratista, como se acusa; tampoco asoma el dolo o negligencia por parte del demandado y; por lo tanto, no se configura la violación de la norma aludida. Este Tribunal de Casación comparte el criterio expresado por el juzgador de primera instancia cuando indicó que "...que no vicia el consentimiento, el error que se hubiese podido evitar con una regular diligencia"; de manera que, de acuerdo con lo expresado por el Tribunal Superior, "G. Assets, S.A. antes de convenir la firma del contrato con el señor C.R. pudo haber realizado las verificaciones y constataciones necesarias para asegurarse de que todos sus requerimientos y procedimientos habían sido observados y explorar los precios ofrecidos en la plaza en relación con los servicios de relleno de terreno que pensaba contratar, sobre todo cuando el convenio sería celebrado por una suma importante "Ochenta y Ocho Mil Quinientos Balboas (B/88,500.00)" El prolijo examen de los medios probatorios, insertos en la causal de error de derecho, permite a esta Sala afirmar que los mismos fueron debidamente examinados y; por consiguiente, se conceptúa que la valoración del Tribunal Superior es correcta y jurídicamente inobjetable. Por tanto, la causal de infracción de normas substantivas de derecho en el concepto de error de derecho no está justificada. En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 21 de enero de 2011, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario propuesto por M. &M. en su condición de apoderada judicial de GAZELE ASSETS, S.A. contra C.R.. Las costas, a cargo de la parte recurrente, se fijan en la suma de trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) solamente. N. y devuélvase. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR