Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Junio de 2012

Fecha de Resolución 8 de Junio de 2012
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Conoce la Sala del recurso de casación en el fondo propuesto por CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A. contra la sentencia de 30 de noviembre de 2009, pronunciada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario que le sigue TECHLINK SERVICES CORPORATION.

La resolución recurrida en casación revoca la sentencia N°28/1-03 de 15 de julio de 2005, proferida en primera instancia por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y, en su lugar, declara la nulidad del contrato N°635-2000 de 7 de agosto de 2000, celebrado entre TECHLINK SERVICES CORPORATION yCABLE & WIRELESS PANAMA,S.A.; y resuelve el contrato N°092-99 de 20 de mayo de 1999, suscrito entre las mismas partes, además condena a la demandada a indemnizar a la parte actora por su incumplimiento. Se fundamenta el fallo recurrido en que la actora fue inducida por la demandada mediante dolo a la celebración del contrato N°635-2000, el cual consistió en la promesa de que dicho contrato sería más rentable que el anterior (contrato N°092-99), cuando lo pretendido era sustraerse del cumplimiento de éste último. En tanto, que respecto del contrato N°092-99 la sentencia recurrida establece que CABLE & WIRELESS incurrió en incumplimiento, toda vez que dejó de proporcionarle a la actora TECHLINK SERVICES CORPORATION de trabajos por la cuantía pactada, razón por la cual le condena a pagarle a la actora los perjuicios derivados de su incumplimiento contractual.

DECISIÓN DE LA SALA

El recurso de casación se promueve en el fondo y se invocan tres causales.

Primera causal: "infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Los motivos que respaldan la causal expresan con carácter de cargo de ilegalidad que el fallo recurrido incurre en la violación directa de la ley sustantiva, toda vez que desatiende normas sobre interpretación contractual y la libertad contractual que recoge esta.

Se permite la Sala transcribir los motivos:

"Primero: La Sentencia de 30 de noviembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá ( en adelante Primer Tribunal Superior), infringe normas sustantivas de derecho cuando al examinar el Contrato N°635-2000 que reemplazó y dejó sin efecto el Contrato N°092-99 y su addenda N°1 lo hizo desatendiendo el tenor literal de sus cláusulas, apartándose del texto claro del mismo, para concluir erróneamente que versa sobre el mismo servicio que el Contrato N°092-99 que reemplazó y que el Contrato N°635-2000 no establecía el monto o valor, ignorando la regla jurídica según la cual el juzgador debió atender el texto claro de ese contrato, que es ley entre las partes, y atenerse al sentido literal de sus cláusulas primera, cuarta y anexo B que establecían servicios distintos y montos o precios unitarios. De haber tenido en cuenta el Primer Tribunal Superior las normas sustantivas infringidas habría fallado en forma distinta a como lo hizo en la resolución recurrida.

Segundo

La Sentencia de 30 de noviembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, infringe normas sustantivas de derecho, puesto que al juzgar que la intención de la Cláusula 22 del Contrato N°635-2000 (titulada CONTRATO TOTAL) era borrar la responsabilidad o incumplimiento provocado durante la vigencia del Contrato N°092-99, sin atender los actos de las partes contratantes, que convinieron en finiquitar una relación anterior y así poder dar inicio a una nueva relación, ignorando la regla jurídica según la cual, la intención de los contratantes debe juzgarse atendiendo principalmente a los actos de éstos no solamente coetáneos sino posteriores a la contratación. De haber tenido en cuenta el Primer Tribunal Superior las normas sustantivas infringidas habría fallado en forma distinta a como lo hizo en la resolución recurrida.

Tercero

La Sentencia de 30 de noviembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, infringe normas sustantivas de derecho al calificar de nula la Cláusula 22 del Contrato N°635-2000, contentiva de un finiquito, ya que considera que limita la voluntad de las partes para demandar, ignorando que el contenido de la misma recae sobre hechos pasados que son susceptibles de disposición por las partes, contraviniendo el derecho reconocido en la ley que permite a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que consideren convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. De haber reconocido el Primer Tribunal Superior el derecho recogido en forma clara en la norma sustantiva infringida habría fallado en forma distinta a como lo hizo en la resolución recurrida.

Cuarto

La Sentencia de 30 de noviembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, infringe normas sustantivas de derecho al determinar que el precio total del Contrato N°092-99 era por la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN BALBOAS CON SETENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.2,316,481.75), ignorando que el precio establecido en la Cláusula Séptima de dicho contrato, conforme fuera modificado por la addenda N°1 de 18 de enero de 2000, es aproximado, tal como lo establece la misma cláusula que aclara que eso significa que se puede utilizar la totalidad como no llegar a utilizar el monto total indicado al finalizar el período de contratación, con lo cual desconoce la regla de interpretación de contratos que establece que se deberá atener al sentido literal de sus cláusulas si los términos de éstas son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes. De haber reconocido el Primer Tribunal Superior el derecho recogido en forma clara en la norma sustantiva infringida habría fallado en forma distinta a como lo hizo en la resolución recurrida." (fs. 1737-1738)

De acuerdo con la censura, el fallo recurrido infringe los preceptos contenidos en los artículos 1132, 1133, 1106 y 976 del Código Civil.

Como viene expuesto, los cargos de ilegalidad que contienen los motivos del recurso guardan relación con la violación de las normas legales sobre interpretación contractual y la libertad de contratación.

Ahora bien, como cuestión previa, conviene señalar que la causal de fondo invocada, para que se configure es menester que se constate la comisión del vicio de ilegalidad atribuido al fallo recurrido, así como su influencia en lo dispositivo de la decisión recurrida. En otros términos, que se demuestre que el Tribunal Superior pese a tener por probados los presupuestos fácticos de una norma sustantiva que regula el caso no la aplica o la aplica con desconocimiento de un derecho recogido en ella, como consecuencia de lo cual deja de reconocer el derecho alegado por la parte recurrente.

Teniendo de presente lo anterior, se procede al examen del cargo de injuridicidad expresado en el primer motivo de la causal, el cual consiste en la infracción por el fallo impugnado de la norma legal recogida en el artículo 1132 del Código Judicial, que establece la regla de interpretación contractual según la cual cuando los términos del contrato son claros y no dejen lugar a dudas sobre la intención de las partes, el juzgador debe atenerse al sentido literal de sus cláusulas. Afirma la censura que el fallo recurrido infringe esta regla de hermenéutica contractual con respecto al Contrato N°635-2000 que reemplaza y deja sin efecto el Contrato N°092-99, ya que concluye que ambos versan sobre los mismos servicios y que aquel no establece el monto o valor del contrato, cuando el tenor literal de sus cláusulas primera, cuarta y anexo B permiten advertir que contemplan distintos servicios, así como precios unitarios.

Con respecto al punto alegado por la censura, en el fallo recurrido si bien se hace referencia a que en el Contrato N°635-2000 no se establece, como en el Contrato N°092-99, el precio o valor del contrato, con lo cual se aseguraba la recurrente CABLE & WIRELESS, S.A., que durante la vigencia de este contrato no se produjeran reclamaciones por razón de su incumplimiento, no constituye empero tal afirmación la razón fundamental que tiene en cuenta el tribunal ad-quem para declarar la nulidad del referido contrato N°635-2000 sino, como se ha dicho, el fundamento de la decisión radica en la existencia de dolo en el consentimiento expresado por TECHLINK SERVICES CORPORATION.

Como puede apreciarse en el extracto de la sentencia recurrida, que a continuación se transcribe, el fallo recurrido en relación con la ausencia de especificación del precio en el Contrato N°635-2000, expresa lo siguiente:

"De las probanzas examinadas al momento generan una sola conclusión, y no es otra, que Cable & Wireless, S.A., estaba incumpliendo el Contrato N°092-99 y la Addenda N°1 celebrado con Techlink Services Corporation y que ante una inminente demanda por incumplimiento contractual, la empresa contratante optó porque el contratista firmara un nuevo contrato pero con dos variantes de suma trascendencia, la primera, que en éste no se establecía valor alguno al contrato, como estaba establecido en el anterior y segundo, que se pacta expresamente, que el contratista renuncia a cualquier reclamación motivada a consecuencia del Contrato N°092-99 y que para ello, libera de toda responsabilidad legal a Cable & Wireless, S.A.,...

...Resulta evidente que Cable & Wireless, S.A., actuando de esta manera, aseguraba su maquinación que al finalizar el período de vigencia del nuevo contrato (N°635-2000) no se diera ningún tipo de reclamo en razón de algún incumplimiento anterior e incluso se pudiera alegar lo mismo durante la vigencia del referido contrato, donde el contratante había sido cuidadoso de no comprometerse a establecer o consignar en el mismo, siquiera el monto o valor global del contrato o a entregar cierta cantidad de proyectos al año, que le garantizara al contratista su rentabilidad, ganancia, subsistencia y buen crédito..." (fs. 1709-1710)

Lo expresado por el Tribunal Superior no permite inferir, pues, que el hecho de no establecer el Contrato N°635-2000 un valor o cuantía cierta de los trabajos que se obligaba la recurrente CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., a otorgarle a la actora TECHLINK SERVICES CORPORATION durante la ejecución del referido contrato, es estimado por dicho Tribunal como un indicio que acredita la conducta dolosa que le atribuye a la censura en la obtención del consentimiento de la actora, como sugiere la recurrente, particularmente en sus alegatos. Ahora, que en estricto rigor casacional, ha de señalarse que tampoco es que la objeción examinada guarde relación con la causal estudiada, ya que esta hace relación a la prueba del dolo, para cuya impugnación resultan idóneas, en todo caso, las causales probatorias.

En efecto, el dolo recogido en los artículos 1116 y 1120 del Código Civil, dice relación con la validez del contrato y constituye un concepto jurídico que el tribunal ha de deducir del examen y apreciación de los hechos en que el contrato tuvo su base. El dolo consiste en el empleo de palabras o maquinaciones insidiosas por uno de los contratantes para inducir a la otra a celebrar un contrato, por lo que se refiere, pues, a hechos que concurren en el origen mismo del contrato en base a los cuales ha de basar el juzgador su decisión. Se trata, por ende, de una cuestión fáctica y no question iuris, por lo que la impugnación del fallo en relación con su determinación ha de encausarse a través de los conceptos probatorios de la causal de fondo y no la causal invocada, pues, se insiste, su existencia o comisión se determina en base a las pruebas de los hechos en que este consiste.

El criterio expresado, por demás, se recoge en la doctrina española, la cual tiene señalado que "la nulidad contractual por concurrencia de error o dolo apareja una equivocación sustancial al contratar, no vencible por la normal diligencia en la información o, en el caso de dolo, la inducción del error por maquinaciones graves que forman un mecanismo engañoso captatorio de la voluntad del contratante, siendo ambos de orden fáctico" (STS 7 mayo de 1994 [RJ 1994, 3890]). En este mismo orden señala dicha jurisprudencia que "es cuestión de hecho, reservada a la libre apreciación del Tribunal de instancia, la concurrencia o no del consentimiento viciado, que ha de entenderse respecto a los hechos, pero no a su valoración jurídica". (STS 25 de enero de 1996 RJ 1996, 318).

El dolo del artículo 1120 del Código Civil, en base al cual se declara la nulidad del Contrato N°635-2000, se encuentra en la base o el origen mismo del negocio jurídico, en los hechos que rodean su surgimiento, por lo que para su impugnación resultan idóneas las causales probatorias, no la violación directa que se enuncia.

El hecho de que no se hubiera pactado una cuantía cierta de trabajos si bien constituye un aspecto fáctico, no es sin embargo de los elementos tenidos en cuenta por el tribunal ad-quem para fijar su convicción en torno al vicio del consentimiento expresado por la actora en relación con el Contrato N°635-2000. Dicha conclusión, se ha dicho, se cimenta más bien en el incumplimiento del contrato N°092-99 por parte de la recurrente; en el interés de esta por eludir la responsabilidad correspondiente, lo cual infiere del hecho de que en la cláusula 22 del Contrato N°635-2000 se estableciera la renuncia a cualquier reclamación derivada del Contrato N°92-99, así como en el hecho que la recurrente no le hubiera otorgado la cantidad de trabajos que había prometido a la demandante con la celebración del nuevo contrato. Al respecto, conviene reproducir el análisis del Tribunal Superior con respecto a la configuración del dolo examinado:

"... el artículo 1112 del Código Civil, señala como requisitos esenciales para la validez de los contratos: el consentimiento de los contratantes...

...en todo acto jurídico para que tenga validez, esto es, obligue a las partes, debe reunir los siguientes requisitos: 1. Que sean legalmente capaces; 2. Que la manifestación del consentimiento no tenga vicios...

...el objetivo principal de la acción, es obtener la nulidad del contrato, por considerar que se ha producido un vicio del consentimiento que invalida el contrato, específicamente por haberse producido o configurado el dolo...

...

El artículo 1121 del Código Civil, enuncia las condiciones que deben reunirse para que constituya causa de anulación del acto jurídico y por tanto del contrato; ellas son las siguientes: a) que haya sido grave; b) que haya sido la causa determinante del contrato; c) que no haya habido dolo de ambas partes; y d) que haya ocasionado un daño importante.

Respecto del primer requisito o condición, se entiende que se cumple, tratándose de una acción dolosa, cuando las maniobras o palabras engañosas fueren aptas para vencer las defensas naturales de la víctima y por lo tanto para determinar la gravedad del dolo. Se debe tener en cuenta las condiciones personales del que, inducido por el error, ejecutó el acto jurídico. Aplicado este requisito al caso examinado, podemos sostener que Techlink Services Corporation no hubiera celebrado un nuevo acuerdo a menos que éste le garantizara la rentabilidad de su negocio, la suficiente generación de trabajos o proyectos para hacerle frente a la demanda laboral y la solidez crediticia, pues, recordaremos que producto del incumplimiento creado a consecuencia del no otorgamiento de proyectos en los términos acordados ni hasta el límite convenido, el contratista estaba incumpliendo los contratos de préstamos, facilidades crediticias y obligaciones contractuales que mantenía con otras empresas, que de no existir no hubiera celebrado contrato alguno, pues, el mismo era conocedor de la situación caótica que imperaba en su empresa (no pago de préstamos, posibles demandas laborales, etc.) y la única manera de impedir esto, era la celebración de un convenio que garantizara rentabilidad a su negocio... los cuales lamentablemente no se dieron como se esperaba.

En cuanto al segundo requisito, se debe entender que se cumple cuando la acción y omisión dolosa incide sobre la realización del acto jurídico, es decir, cuando es causa impulsora o eficiente del mismo, denominada dolo principal. Es decir, que para que se cumpla la segunda condición, es necesario que medie una relación de causalidad adecuada entre la acción y omisión dolosa y la declaración de voluntad negocial del celebrante del acto jurídico realizado bajo su influjo y contra quien se dirigió la maniobra engañosa. De las declaraciones arriba mencionadas, se deduce claramente que CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., quien estaba consciente del incumplimiento en el que había incurrido durante la ejecución del Contrato N°092-99, prometió la celebración de un nuevo contrato que le ofreciese al contratista la tranquilidad de hacerle frente a todas sus obligaciones e incluso, la de darle suficiente trabajo a la mano de obra de Techlink Services Corporation había contratado, tal como lo confirmaron los testigos que comparecieron a declarar por parte de Banismo, quienes aseguraron que para ellos representaba una tranquilidad en cuanto al tema del crédito, el hecho de que CABLE & WIRELESS estuviera garantizando la rentabilidad de los proyectos a ejecutarse, que como ha quedado expuesto dentro del expediente, lamentablemente no se dio, sino que esta vez la empresa contratante se aseguró que no pudiera ser demandada por incumplimiento alguno y de paso garantizarse que daba término a cualquier reclamación contractual de una manera sólida y ajustada a derecho, libre de todo vicio. De ahí que se asegurase con la incorporación de una cláusula que Techlink Services Corporation renunciaba a todo reclamo derivado del Contrato 092-99, para poder sostener que éste fue reemplazado y dejado sin efecto por mutuo acuerdo." (fs. 1715-1721)

El análisis adelantado no refleja, pues, la configuración del cargo de ilegalidad examinado, toda vez que no se demuestra la infracción del artículo 1132 del Código Civil atribuida al fallo recurrido, particularmente de la regla sobre interpretación contractual que recoge dicho precepto, en virtud de la cual ha de atenerse el intérprete al sentido literal de las cláusulas contractuales cuando las mismas resulten claras y no ofrezcan dudas sobre la intención de los contratantes, razón por la cual procede descartar este primer cargo de ilegalidad.

En relación con el cargo anterior, conviene analizar también el vicio de ilegalidad contenido en el último motivo de la presente causal, por razón de fundamentarse este también en la violación del comentado artículo 1132 del Código Civil, además que resulta útil desentrañarlo con carácter prioritario, toda vez que, como se verá, el mismo recae sobre el incumplimiento del Contrato N°092-99, lo que, se ha dicho ya, constituye elemento esencial del fundamento fáctico utilizado por el Tribunal Superior para fijar su convencimiento acerca de la existencia de dolo en el consentimiento de la actora en relación con el contrato 635-2000.

El cargo de ilegalidad señalado consiste en que el fallo recurrido infringe el artículo 1132 comentado, toda vez que soslaya el tenor literal de la cláusula séptima del Contrato N°092-99, modificado por la Addenda N°1, pese a la claridad de esta, como consecuencia de lo cual declara resuelto el contrato por incumplimiento.

La cláusula séptima del Contrato N° 092-99, modificado por la Addenda N°1 de 2000, establece que el precio del contrato es aproximado y que no compromete a la demandada CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A. a utilizar el monto total indicado al finalizar el período de contratación. Sin embargo, el fallo recurrido interpreta que el precio total tenía que ser cumplido por la demandada.

En primera instancia, convendría destacar el carácter mercantil de los contratos suscritos por las partes en litigio los cuales, como se sabe, han de regirse, en principio, por lo dispuesto en la legislación de comercio, resultando aplicable supletoriamente el Código Civil en lo no previsto en la ley de comercio (artículo 5 y 194 del Código de Comercio). Por ende, si bien el artículo 1132 del Código Civil cuya infracción se le atribuye al fallo recurrido hace prevalecer la interpretación literal del negocio jurídico sobre la intención de los contratantes, cuando la claridad de sus cláusulas permitan advertir sin duda dicha intención, no debe soslayarse empero que el Código de Comercio contiene norma especial sobre interpretación de los contratos, a saber, el artículo 214 el cual preceptúa que "los contratos de comercio se ejecutarán de buena fe, según los términos en que fueron convenidos y redactados, atendiendo más que a la letra de los pactos, a la verdadera intención de los contratantes." Valga decir que la especial naturaleza del artículo 214 comentado en materia de interpretación de negocios mercantiles ha sido destacada por la Sala en pluralidad de pronunciamientos (entre otros, pueden consultarse los fallos de 21 de octubre de 1994, 14 de julio de 1995 y 3 de julio de 1997).

Ahora bien, con respecto a la interpretación contractual, que como ha señalado reiteradamente la Sala, constituye una facultad reservada a los tribunales de instancia, la cual debe prevalecer aun en caso de dudas sobre la exactitud de la interpretación del juzgador, por lo que solamente en supuestos en que la interpretación de los tribunales resulte arbitraria, ilógica, irrazonable o que conculque normas legales, cabe modificarla en casación. Conviene precisar, que tal interpretación resulta pertinente a los efectos de esclarecer el sentido y alcance de lo pactado y, en consecuencia, determinar su cumplimiento. Ello, desde luego, presupone la validez del contrato, pues se trata de un examen que ha de preceder a la interpretación del contrato. En otras palabras, en caso de discordia entre los contratantes, el tribunal primeramente ha de constatar que no adolece el contrato de vicio alguno que acarree su nulidad, para luego adentrarse al examen de sus términos, y si resultan claras sus cláusulas y no dan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, ha de atenerse a la literalidad de las mismas.

La primera regla de hermenéutica contractual que recoge el precepto legal examinado establece, como se ha dicho, pues la primacía de la literalidad del contrato, siempre que resulten claros sus términos y expresen la intención real de los contratantes. En este caso no es posible, consecuentemente, acudir a las restantes reglas de interpretación contractual que con carácter subsidiario establece también la ley material. Por ende, sólo cuando la intención común de las partes contratantes no emerja con toda claridad de la literalidad contractual, se justifica acudir a las reglas subsidiarias para esclarecer dicha intención, teniendo en cuenta a tales efectos lo establecido en el artículo 1133 del Código Civil.

Ahora, respecto de cuándo se entiende que existe claridad de los términos contractuales, se ha pronunciado la doctrina española en el sentido que quizás convenga dejar citado aquí:

"...la claridad de un texto supone un prejuicio, una estimación previa por el interprete de su claridad o de la univocidad y sencillez del caso, de su no problematicidad, también puede afirmarse que tal regla ha de ser aplicada de modo natural e incondicionado cuando haya real armonía, no discordancia entre las palabras y su significado final y orgánico o relacional con el texto o documento, puesto que si el texto resulta claro el intérprete debe o juez debe abstenerse de más indagaciones, tal como ya dijo el clásico grunum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quertio (Digesto III.32-1), en armonía con la regla de que las palabras, si son V. simpliciter deben entenderse según su natural significado, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Supremo al proclamar que lo que está claro no necesita interpretación." (STS 26 noviembre 1987, RJ 1987, 8693)

La interpretación literal exige, pues, la claridad del texto contractual, lo que implica que la redacción permita apreciar sin mayor esfuerzo a qué se estaban obligando las partes signatarias del negocio jurídico. Por ende, la intención bilateral de los contratantes no puede encontrarse en una cláusula aislada, sino en el todo orgánico que constituye el contrato, de ahí que exprese el artículo 1136 del Código Civil, que las cláusulas del contrato han de interpretarse las unas por las otras, a fin de hallar en el conjunto de las mismas la intención de los contratantes.

En el presente caso se alega, como se ha señalado, que el tribunal ad-quem infringe la regla legal de interpretación contractual analizada, con respecto al contrato 092-99 suscrito entre TECHLINK SERVICES CORPORATION y CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., dado que declara resuelto dicho contrato, por haber incumplido la recurrente su obligación contractual de proporcionarle trabajos a TECHLINK SERVICES CORPORATION por la suma 2,316,481.75, cuando la cláusula séptima del contrato modificada por la Addenda N°1 establece claramente que se trata de una cuantía aproximada, es decir, que no constituye obligación otorgar la totalidad de la misma. A continuación se permite la Sala reproducir la cláusula séptima según consta en el contrato 092-99:

"7. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

7.1. El precio total de este Contrato es por la suma de Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Cuatrocientos y Un Balboa con 75/100 (B/.2,316,481.75).

En caso de producirse la prórroga de este Contrato, el Contratista acuerda y acepta que los precios para el segundo y tercer año no serán superiores a los Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Seis Balboas con 57/100 (B/.2,316,597.57) para cada año." (fs. 64)

Dicha cláusula, como sostiene la censura, fue posteriormente objeto de modificación, mediante la Addenda N°1 de 18 de enero de 2000, la cual reposa a foja 53-57, quedando el texto de la cláusula séptima redactado de la siguiente forma:

"7. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

7.1. El precio total de este Contrato es por la suma de Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Cuatrocientos y Un Balboa con 75/100 (B/.2,316,481.75). El valor de este Contrato es aproximado, lo que significa que se puede utilizar la totalidad como no llegar a utilizar el monto total indicado al finalizar el período de contratación.

En caso de producirse la prórroga de este Contrato, el Contratista acuerda y acepta que los precios para el segundo y tercer año no serán superiores a los Dos Millones Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa y Seis Balboas con 57/100 (B/.2,316,597.57) para cada año."

(fs. 55)

Razón le cabe, pues, a la censura dado que efectivamente se aprecia que el tenor literal de la cláusula 7 del Contrato 092-99, modificada mediante Addenda N°1 de 18 de enero de 2000, es claro y no deja dudas acerca de la intención de los contratantes en cuanto al valor de los trabajos que se comprometía la demandada a otorgarle a la empresa recurrente durante el término de ejecución del Contrato 092-99, consistente en un (1) año, de acuerdo con la cláusula 3 de dicho contrato. Por ende, la interpretación que hace el Tribunal Superior de la cláusula comentada en el sentido de que los $.2,316,481.75 que se establecen en la Addenda N°1 del Contrato N°092-99, cláusula séptima, constituye el valor total de los trabajos que debía ejecutar la empresa durante la vigencia del referido contrato, se aparta de los términos claros del contrato, con lo cual contraría el artículo 1132 comentado, el cual dispone que cuando los términos del contrato son claros debe el intérprete atenerse al sentido literal de sus cláusulas.

La cláusula séptima del Contrato N°092-99, modificada por la Addenda N°1 con toda nitidez expresa que el precio establecido en dicho contrato es aproximado, de ahí que no constituya obligación contractual de la demandada otorgarle a la actora la totalidad de dicha suma en trabajos o proyectos para su ejecución como interpreta el Tribunal Superior. Se trata, en consecuencia, de una cláusula cuyo tenor literal no ofrece dudas sobre la intención de los contratantes en relación con el extremo comentado, por lo que en este caso no es dable aplicar las reglas supletorias de interpretación contractual que establece la ley, sino que ha de atenerse el juzgador al tenor literal de la misma.

De lo expuesto se sigue, entonces, que incurre el fallo recurrido en la violación directa del artículo 1132 del Código Civil, por lo que corresponde casar la sentencia. No obstante, que como quiera que el vicio legal demostrado sólo invalida una parte la sentencia impugnada y que quedan pendientes de estudio dos cargos de la presente causal, así como dos causales de fondo, ha de continuarse con el examen del recurso, de conformidad con lo que pauta el artículo 1195 del Código Judicial.

Retomando el análisis ordenado de los cargos de ilegalidad que sustentan la primera causal del recurso, aprecia la Sala que en el segundo de los motivos le atribuye la censura a la decisión impugnada la infracción del artículo 1133 del Código Civil, el cual alude a la intención de los contratantes como parámetro de interpretación para desentrañar la voluntad de los contratantes. En su concepto el Tribunal Superior desatiende la regla de hermenéutica contenida en el referido artículo 1133, toda vez que interpreta la cláusula 22 del contrato N°635-2000, sin tomar en cuenta los actos de los contratantes coetáneos y posteriores al negocio jurídico, como lo establece la norma sustantiva infringida, a fin de desentrañar la intención de los contratantes.

Los actos coetáneos y posteriores al contrato N°092-99, ponen de manifiesto la terminación de la relación contractual primaria y que se otorgó el finiquito correspondiente a las reclamaciones derivadas de dicho negocio. Así mismo, se da inicio a una relación contractual nueva en la que la actora obtuvo mayores precios unitarios y fue contratada para servicios nuevos, según se desprende de la cláusula 1, 4 y anexo B de ese nuevo contrato. Empero, el tribunal de segundo grado concluye que la intención de la cláusula 22 era borrar la responsabilidad por el incumplimiento del primero de los contratos.

La referida cláusula 22, vale indicar, reemplaza y deja sin efecto en su totalidad el Contrato N°092-99, incluido sus anexos, y dispone además la renuncia del contratista "a cualquier reclamación motivada a consecuencia del Contrato N°092-99 y que para ello libera de toda responsabilidad legal a CWP y renuncia a toda demanda civil o acción penal, administrativa o de otra naturaleza, para hacer valer cualquier derecho que pudiese dimanar de dicho Contrato o de los efectos del mismo." (fs. 102).

Ahora bien, se ha dicho que la nulidad del Contrato N°635-2000 se fundamenta en la existencia de dolo en el consentimiento expresado por TECHLINK SERVICES CORPORATION, el cual infiere el tribunal ad-quem, entre otros elementos, de la inclusión de la referida cláusula 22 en el Contrato N°635-2000, ya que su inclusión constituye un indicio de que la demandada CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., con la celebración de tal contrato buscaba "borrar su irresponsabilidad o incumplimiento provocado durante la vigencia del Contrato N° 092-99." (fs. 1714)

Ha de tenerse presente, sin embargo, que la premisa fáctica en que basa el Tribunal Superior su interpretación de la cláusula 22, a saber, el incumplimiento por la recurrente del Contrato N°092-99, no resulta acertada, ya que, conforme se expuso en el análisis del cargo de ilegalidad precedente, la cláusula 7 del Contrato 092-99, modificada mediante Addenda N°1 no establece la obligación contractual para la recurrente CABLE & WIRELESS de otorgarle un valor o cuantía cierta de trabajos a la actora durante la ejecución del contrato, por lo cual mal puede atribuirse tal responsabilidad. Por ende, al desestimarse la existencia del referido incumplimiento contractual, se desmerita con ello también la interpretación que hace el tribunal ad-quem a partir de la cláusula 22 y en base a la cual concluye que hubo dolo por parte de la demandada CABLE & WIRELESS en la obtención del consentimiento de la actora.

De lo anterior se sigue, consecuentemente, que el Tribunal Superior incurre en la infracción del artículo 1133 del Código Judicial, en relación con la interpretación de la cláusula 22, en la que fundamenta su convicción en torno a la existencia del dolo en el consentimiento de la demandante expresado con respecto al Contrato N°635-2000. Por tanto, procede atender el cargo de ilegalidad examinado y, en consecuencia, anular la sentencia recurrida.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 30 de noviembre de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, pronunciada en el proceso ordinario propuesto por TECHLINK SERVICES CORPORATION contra CABLE & WIRELESS PANAMÁ, S.A., y actuando en calidad de tribunal de instancia CONFIRMA en todas sus partes la sentencia N°28/1-03 de 15 de julio de 2005, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N..

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)