Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 31 de Octubre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución31 de Octubre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: Los licenciados M.A.S., en representación de la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA; C.G., en representación de la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA y M.I.T., S.A.; y, J.O., en representación PECAMAR, S.A., presentaron recurso de casación laboral contra la Sentencia de 30 de diciembre de 2013, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso laboral propuesto en su contra por el señor P.C.. Como quiera que los citados recursos se interpusieron contra una misma resolución dentro del término legal oportuno y se refieren a los mismos hechos, por economía procesal, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por el Magistrado Sustanciador, a quien le correspondió el reparto de los mismos, ordenó la acumulación de éstos, a fin de que se sustancien conjuntamente y se resuelvan en una sola sentencia. Ahora, observa la Sala que el Licenciado C.G., presentó recurso de casación en representación de la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA (UTPRP) y de M.I.T., S.A., sin embargo, luego de una revisión del expediente laboral, este Tribunal Colegiado se percata que el mismo no es apoderado judicial de la referida organización social, por tanto, resulta inadmisible este recurso de casación laboral presentado por el Licenciado C.G. en representación de la UTPRP. I. ANTECEDENTES DEL CASO La Licenciada Marysin L. Cedeño de Córdoba, en representación del señor P.C., interpuso formal demanda laboral para que sean condenadas solidariamente las empresas M.I.T., S.A., PECAMAR, S.A. y la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, al pago de B/.37,479.90 en concepto de vacaciones vencidas y proporcionales, décimo tercer mes vencidos y proporcionales, así como la prima de antigüedad. En su demanda (corregida) la parte actora alegó haber prestado servicios portuarios con los demandados, desde el 15 de febrero de 2011 hasta el 14 de febrero de 2013, inicialmente, realizando labores de Estibador y, posteriormente, ascendido a C. por un salario final de B/.1,400.00 mensuales. Que el trabajador prestaba los servicios portuarios en las instalaciones de M.I.T. PANAMÁ, S.A. (quien se beneficiaba de los servicios portuarios prestados), en razón del Contrato de Suministro de Personal suscrito entre la empresa PECAMAR, S.A. y el sindicato UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA. Ante los fundamentos de la demanda presentada, todos los apoderados judiciales de los demandados, negaron la existencia de la relación laboral con el demandante. Así, la empresa PECAMAR, S.A. adujo excepción de inexistencia de la relación laboral y de prescripción, además de señalar que la sociedad fue constituida el 10 de febrero de 2006, por lo que mal pudiera existir contrato alguno previo a esta fecha. Por su parte, la representación de la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, adujo excepción de inexistencia de la relación laboral, puesto que el demandante ostenta la condición de asociado o miembro del sindicato, ya que las actividades que realizaba en el mismo y que involucraban el Contrato de Suministro de Personal, no devienen en una relación contractual de carácter laboral. Asimismo, adujeron excepción de pago, alegando que las sumas reclamadas por el demandante fueron canceladas de manera oportuna. En cuanto a la sociedad M.I.T., S.A., ésta señaló que el demandante es afiliado y labora para la Unión de Trabajadores Portuarios de la República de Panamá, al mismo tiempo que adujo excepción de prescripción. Luego de cumplidas las etapas procesales respectivas, la Juez Primera de Trabajo de la Segunda Sección, mediante Sentencia No.16 de 20 de septiembre de 2013, resolvió declarar no probadas las excepciones de prescripción y de pago, alegadas la primera por PECAMAR, S.A. y M.I.T., S.A. y la segunda por la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA; declaró probada la excepción de inexistencia de la relación de trabajo alegadas por PECAMAR, S.A. y la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA. En consecuencia, condenó a PECAMAR, S.A., M.I.T., S.A. y la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA al pago de B/.37,293.84 en concepto de vacaciones vencidas y proporcionales, décimo tercer mes vencido y proporcionales, así como la prima de antigüedad a favor del señor P.C. . Esta decisión fue apelada por los apoderados judiciales de las demandadas ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, el cual, mediante sentencia de 27 de diciembre de 2013, decidió modificar la decisión proferida por la juez A quo, en el sentido de declarar no probada la excepción de inexistencia de la relación de trabajo alegada por la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ y la sociedad PECAMAR, S.A. y confirmarla en todo lo demás. II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN Cargos del Recurso presentado por la parte demandada UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA Pretende el casacionista que la Sala case en su totalidad el fallo proferido por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de 27 de diciembre de 2013 y, por lo tanto, no acceda a la condena por el pago de prestaciones laborales reclamadas por el señor P.C.D.. El procurador judicial del sindicato demandado sostiene que la sentencia recurrida vulnera los artículos 5, 54, 62, 142, 341, 737, 740, 765, 924 del Código de Trabajo; artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971; y el artículo 1106 del Código Civil. Se observa que los cargos de infracción formulados contra la sentencia impugnada se centran, en primer término, en el hecho de que las sumas reclamadas por el demandante han sido canceladas de manera oportuna. Que tales desembolsos se han realizado siguiendo una modalidad de pago adelantado de forma tal que, en cada pago semanal, los miembros afiliados a la UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, reciben el importe de lo que corresponde al pago proporcional de las vacaciones y el décimo tercer mes a dicho periodo (semana) Por otro lado, el apoderado judicial del recurrente centra sus argumentos en que en el presente proceso no se advierte la existencia de los elementos determinantes de la relación laboral entre su representada y el señor P.C., es decir, la existencia de una vinculación sujeta a la subordinación jurídica como elemento cardinal de la relación de trabajo. Cargos del Recurso presentado por M.I.T., S.A. El casacionista invoca como normas infringidas los artículos 12 (num 1), 336, 340, 525, 732, 735, 737 (num.7 y 8) 6 del Código de Trabajo y 64 de la constitución Nacional. Así, en primer lugar, el apoderado judicial de la parte demandada alega que el reclamo de las vacaciones y décimo tercer mes conforme al artículo 12 (num 1) del Código de Trabajo prescribe al año, sin embargo, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial no se pronunció al respecto. En cuanto a los artículos 336, 340 y 525 del Código de Trabajo, el casacionista sostiene que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, violó, de manera directa por omisión, el contenido de los mismos, pues ha quedado establecido que P.C. laboró para el Sindicato UNIÓN DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, quien demostró en juicio que era un afiliado al sindicato, y que le pagaban seguro social y su salarios semanal. Por otro lado, con relación a la infracción de los artículos 732, 735 y 737 (num. 7y 8) del Código de Trabajo, el recurrente afirma que el Tribunal Superior no pareció todo el material probatorio recabado en las declaraciones que establecen que el demandante nunca laboró par la empresa M.I.T., S.A. Que las citadas normas nos dicen que la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma la existencia de hechos como fundamento de su acción o excepción y que no requieren pruebas los hechos afirmados por un aparte y admitidos o reconocidos por la contraria respecto a los cuales la ley no exija prueba específica, los hechos notorios y los que estén amparados por una presunción de derecho. Sin embargo, alegan que la demandada M.I.T., S.A., nunca aceptó los hechos alegados, por lo que es el demandante el que tiene la carga de la prueba y debe probar hecho por hecho, cosa que no hizo durante el proceso. Por último, aduce que la Sentencia impugnada viola el artículo 64 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de sindicalización de los profesionales de todas las clases para los fines de su actividad económica social, lo que indica que los sindicatos gremiales tienen derecho o facultad de realizar actividades económicas y sociales cuando redunden en beneficio de la colectividad y de los asociados. En virtud de lo anterior, solicitan a la Sala que admita el presente recurso y case ola sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de 27 de diciembre de 2013. Cargos del Recurso presentado por la parte demandada PECAMAR, S.A. El casacionista estima que la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, infringe el artículo 6 de la Ley 2 de 22 de agosto de 1916 y los artículos 781 y 782 del Código de Trabajo. Así, en primer lugar, sostiene que el Tribunal Superior viola el artículo 6 de la Ley 2 de 22 de agosto de 1916, de sociedades anónimas, pues, el mismo establece que la Constitución de la sociedad no surtirá efectos respecto de terceros sino desde que el respectivo pato haya sido inscrito. Y, según el demandante, inició relación de trabajo el 15 de febrero 2001 y, por su parte, PECAMAR, S.A., se constituyó como sociedad anónima el 10 de febrero de 2006, por lo tanto, no es posible que la misma contrajera obligaciones antes de esa fecha. Respecto a la infracción de los artículos 781 y 782 del Código de Trabajo, el recurrente afirma que la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA presentó original de los recibos de pagos cancelados al señor P.C.D., en los que se señalan las horas efectivamente laboradas, las vacaciones y décimo tercer mes que proporcionalmente corresponde, según cada desembolso de dinero efectuado. No obstante, señala que la juez A quo sostuvo en su fallo que las pruebas resultan insuficientes a los fines de demostrar la excepción de pago alegada por dicha demandada, en especial las fotocopias simples de los comprobantes de pago que reposan de fojas 163 a 319, cuya autenticidad no fue debidamente probada en este proceso y, en consecuencia carece de todo valor probatorio. Y que, por otro lado, el Tribunal Ad quem afirmó que los citados comprobantes no fueron reconocidos. En ese sentido, considera que de haberse agotado las diligencias procesales prescritas en nuestro ordenamiento laboral, se habría podido confirmar la veracidad de dichos documentos y, de paso, si el demandante recibió o no el pago de salarios, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y bonificación por productividad, en cada pago realizado a él. Por lo expuesto, solicita a este Máximo Tribunal de Justicia que case el fallo proferido por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de 30 de diciembre de 2013, y por lo tanto no acceda a condenar a PECAMAR, S.A. al pago de las prestaciones laborales reclamadas por el señor P.C.. III. OPOSICIÓN Del recurso presentado se corrió traslado a la representación del trabajador demandante, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que haya comparecido, dentro del término de ley, a exponer sus objeciones. IV. DECISIÓN DE LA SALA Luego de un análisis exhaustivo de los recursos de casación presentados por los apoderados judiciales de los demandados UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, M.I.T., S.A. y PECAMAR, S.A., la Sala entrará a examinar cada una de las violaciones que se endilgan a la Sentencia de 27 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial. Sin embargo, antes de entrar al examen de fondo del presente negocio, es necesario señalar que el recurso extraordinario de casación laboral, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como fin enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones de segunda instancia que hacen tránsito a cosa juzgada, y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios. Además, el recurso de casación tiene por objeto, procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional. En consecuencia, el Tribunal de Casación sólo se limita a estudiar el fallo recurrido, única y exclusivamente, a la luz de los cargos formulados, toda vez que el recurso de casación laboral no atribuye cognición plena sobre el negocio, como sí ocurre con la apelación. Dentro de este contexto, procede la Sala a efectuar el análisis de los cargos que se endilgan a la sentencia de segunda instancia. Observa la Sala que la presente controversia gira en torno a la existencia de relación laboral entre el trabajador P.C. y las demandadas UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA, PECAMAR, S.A. y M.I.T., S.A. Además, el surgimiento de responsabilidad solidaria entre estas empresas respecto al pago de prestaciones laborales que reclama el trabajador. En ese sentido, afirman los casacionistas que han sido conculcados los artículos 5, 12 (num. 1), 54, 62, 142, 336, 340, 341, 525, 732, 735, 737, 740, 765, 781 y 782 del Código de Trabajo, 1106 del Código Civil; 64 de la Constitución Nacional y 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971. Así, dentro del recurso de casación interpuesto por el Licenciado M.A.S., en representación de la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA (UTPRP), se señalan conculcados los artículos 5, 54, 62, 142 y 341 del Código de Trabajo, el artículo 2 del Decreto de Gabinete No. 221 de 1971 y el artículo 1106 del Código Civil. En lo que respecta a la violación de los artículos 5, 54 y 142 del Código de Trabajo y 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971, el casacionista afirma que el Tribunal Superior desconoce los principios de la Buena Fe, P. de la Realidad y el principio Protector del Derecho del Trabajo, ya que las sumas reclamadas por el demandante (vacaciones y XIII mes) fueron canceladas de manera oportuna, ya que los desembolsos se realizaron siguiendo un modalidad de pago adelantado, en cada pago semanal, establecido como un beneficio adicional a los trabajadores. Adicionalmente, considera que se infringe el artículo 1106 del Código Civil, pues, lo establecido por la Asamblea General de la Unión de Trabajadores Portuarios de la República de Panamá, no resulta ser contrario a la ley, a la moral, ni al orden público. De igual forma, afirma el recurrente que los artículos 62 y 341 del Código de Trabajo, referentes a la determinación de la existencia de una relación de trabajo y al concepto de sindicato, respectivamente, fueron conculcados de manera directa por comisión, pues no se acreditó la prestación del servicio en condiciones de dependencia económica y subordinación jurídica. Que el sindicato no mantiene una relación laboral con el demandante, pues como miembro afiliado es integrante del mismo y la labor que realizaba éste no la hace en función de empleador, sino en función de los respectivos intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 340 del Código de Trabajo. Por su parte, el Tribunal Superior de Trabajo expuso, como sustento de su decisión, que en el Contrato de Servicios suscrito entre la UTPRP y la empresa Pecamar, S.A. se establece que es por cuenta de la Unión de Trabajadores Portuarios de la República de Panamá, el pago de los salarios, horas extras y prestaciones laborales de sus trabajadores o miembros, así como del pago de las cuotas obrero patronales, seguro educativo y riesgos profesionales de los trabajadores que laboren en la carga y descarga de mercancías y contenedores en los puertos que la empresa solicite. Además, el juzgador secundario afirma que resulta evidente que el pago de las prestaciones laborales, según el mencionado contrato, es de la expresa responsabilidad del Sindicato que recluta, selecciona y dirige las cuadrillas de estibadores que han de prestar el servicio contratado y en la cual se encuentra el trabajador demandante. Por tanto, considera el Tribunal Ad quem que en el proceso existen suficientes pruebas documentales y testimoniales que revelan que entre el demandante y el Sindicato existía una relación típica de trabajador empleador. Una vez examinados detenidamente los cargos presentados, la Sala desea resaltar, en primer término, que el artículo 1106 del Código Civil que, según el casacionista ha sido infringido, no podrá ser analizado por la Sala, ya que resulta improcedente que un Tribunal de Casación Laboral examine normas de naturaleza civil, pues la Jurisdicción Especial de Trabajo se rige única y exclusivamente por disposiciones laborales, instituídas ya sea en el propio Código de Trabajo o en las Leyes Complementarias expedidas para normar esta área del Derecho, tal como lo dispone el artículo 77 de la Constitución Nacional. De igual manera, la Sala no entrará a reseñar, ni analizar el presunto cargo de infracción contra el artículo 64 de la Constitución, ya que el recurso de casación ha de tener como fundamento la violación de normas jurídico laborales con jerarquía de ley, y no disposiciones constitucionales, sin perjuicio que tales normas orientan todo el ordenamiento jurídico, incluido, evidentemente, la normativa del derecho del trabajo. En segundo término, respecto a la violación de los artículos 5, 54 y 142 del Código de Trabajo y 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971, esta Superioridad comparte el criterio vertido en instancias inferiores en cuanto a que no se acreditó en el expediente el pago de las prestaciones reclamadas por el trabajador demandante, toda vez que los documentos presentados por el Sindicato como comprobantes de pago visibles de fojas 163 a 319 del expediente, fueron objetados por tratarse de documentos privados, cuya firma y contenido no fueron reconocidos ante el tribunal ni ante notario Público. Así, a foja 495 del expediente laboral consta el momento en que la juez le pone de presente al trabajador P.C. los documentos (visibles de foja 163 a 319) con los cuales el sindicato demandado pretende acreditar el pago de las prestaciones reclamadas y éste contestó: "Ninguna es mi firma;" más adelante, al ser cuestionado por el apoderado judicial del sindicato con relación a que si al momento de realizarse semanalmente los pagos que recibía el trabajador, éste firmaba algún tipo de control de pago o registro que identificaba la suma que se le pagaba y a que correspondía, el trabajador respondió lo siguiente: "No, no he firmado nada." Consecuentemente, estima la Sala que las pruebas incorporadas al proceso laboral carecen de elementos fehacientes que demuestren que la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS hubiesen cancelado las prestaciones laborales que reclama el demandante P.C. y, por ello, éste último está obligado a responder en calidad de empleador, y de manera solidaria, por las prestaciones que demanda el señor P.C., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Trabajo. En cuanto a la violación de los artículos 62 y 341 del Código de Trabajo, referentes a la determinación de la existencia de una relación de trabajo y al concepto de sindicato, tal y como sostuvo el Tribunal Superior, estima la Sala que la condición de afiliado no resulta excluyente, ni constituye un impedimento para que exista una relación laboral con el Sindicato. Inclusive, los Estatutos de la referida organización social prevé la contratación de un miembro del sindicato para ejecutar labores de carácter estrictamente laboral y regulada, precisamente, por las normas del Código de Trabajo. (cfr. art. 28 de los estatutos de la UTPRP). Ahora, en este punto es necesario señalar que llama la atención de la Sala la posición que asume el apoderado judicial del sindicato demandado, pues, por una parte alude a la cancelación de las prestaciones laborales que reclama el demandante y, al mismo tiempo niega la existencia de la relación laboral con el trabajador. Es decir, mal podría alegar en su defensa el pago de prestaciones laborales, cuando del mismo modo niega la existencia de la relación laboral. Esto resulta contradictorio. Anotado lo anterior, es evidente que los cargos de infracción invocados por el casacionista UTPRP, carecen de asidero jurídico para reconocerlos. Adicionalmente, el apoderado judicial de M.I.T., S.A. considera que se ha violado el artículo 12 (num. 1) del Código de Trabajo, no obstante, es preciso indicarle al casacionista que contrario a lo que sostiene en su recurso, de una revisión del expediente laboral resulta fácil colegir que el trabajador demandante alegó en su demanda haber terminado la relación de trabajo, por renuncia, el 14 de febrero de 2013 y la demanda corregida se interpuso el 4 de abril de 2013, cuando todavía no había transcurrido el año que prevé la norma para que opere la prescripción. Por último, se estiman infringidos los artículos 525, 732, 735, 737, 740, 765, 781 y 782 del Código de Trabajo, por cuanto el Tribunal alega que no se ha demostrado, de manera fehaciente, que el sindicato hubiera pagado las prestaciones laborales reclamadas, pero en el expediente se acredita que los pagos de las vacaciones y el décimo tercer mes se pagaban con anticipación a las fechas establecidas en la ley; siguiendo una modalidad de pago adelantado, acreditado con los testimonios y documentos allegados al proceso, los cuales no podían desconocerse en el fallo, ni mucho menos negársele el valor probatorio, en vista de no haber sido objetados o tachados de falsos. Sobre el particular, se advierte de inmediato que las normas citadas en el párrafo anterior se encuentran dentro del Libro IV del Código de Trabajo, que contiene normas procesales, las que han sido calificadas por la doctrina y la jurisprudencia, como normas adjetivas o de procedimiento, por lo que las mismas, por sí solas, no pueden ser objeto de confrontación por este medio extraordinario. Al referirse a este tema, la Sala ha señalado que las normas que señalan preceptos sobre la apreciación de la prueba y que descansan en principios de la sana crítica y la carga de la prueba, no son susceptibles del recurso de casación laboral. Estas tienen carácter de norma adjetiva o de procedimiento que, en la técnica de casación, se le denominan "Proporción Jurídica Incompleta," se da cuando se citan disposiciones legales infringidas que no consagran derecho sustantivo alguno, por ser norma adjetiva. Se ha dicho que las normas adjetivas pueden servir de medio para demostrar la violación de normas sustantivas. Esto es así, si las normas adjetivas inciden en la sustantivas, es entonces cuando pueden ser revisables por esta Máxima Corporación, en el caso de que se establezca que aquellas han sido violadas. Pero esa gestión procesal compete única y exclusivamente a la parte que infiere el agravio, y no puede esta Sala de oficio asumir dicha posición. Bajo este mismo concepto, en resolución de 25 de enero de 2000, la Sala Tercera dejó sentado lo siguiente: "Se percata esta Corporación Judicial que el recurso de casación incoado no puede ser admitido, en virtud de que las normas que se estiman infringidas son de aquellas de trámite procesales. Efectivamente, el casacionista considera que la Resolución de21 de diciembre de 1999, viola los artículos 732 y 735 del Código de Trabajo, los cuales hacen alusión a la sana crítica y a los medios probatorios que debe tomar en cuenta el juzgador al momento de decidir una controversia laboral. De acuerdo a lo anterior, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas que tratan sobre pruebas, valoración de pruebas, y presunciones pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados ante esta instancia laboral por medio de recurso extraordinario de casación. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas por el Juzgador de Segunda Instancia". B.M. vs.B., S.A. Frente a este escenario jurídico, se estima que los cargos son insuficientes en cuanto a la probanza de la ilegitimidad en la sentencia recurrida, por lo tanto no prosperan; y por ende, desestima los cargos de violación endilgados a los artículos 5, 12 (num. 1), 54, 62, 142, 336, 340, 341, 525, 732, 735, 737, 740, 765, 781 y 782 del Código de Trabajo y 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 1971. Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 27 de diciembre de 2013 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, presentados por los licenciados M.A. en representación de la UNION DE TRABAJADORES PORTUARIOS DE LA REPUBLICA DE PANAMA; C.G. en representación de M.I.T. PANAMA, S.A; y J.O. en representación PECAMAR, S.A. Las costas de casación se adicionan en un 5%. N., VICTOR L. BENAVIDES P. EFRÉN C. TELLO C -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)