Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 14 de Mayo de 2007

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:14 de Mayo de 2007
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

Dentro del proceso de divorcio instaurado por L.D.C.F.H. contra D.R.V., ha presentado el demandado recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 3 de diciembre de 2003, dictada por el Tribunal Superior de Familia.

La sentencia recurrida modifica la de primera instancia proferida por el Juzgado Primero de Circuito Civil del Circuito Judicial de Colón, en el sentido de disolver el vínculo matrimonial entre la demandante L.D.C.F.H. y el demandado D.R.V., con base en la causal segunda (20) del artículo 212 del Código de la Familia, a saber, trato cruel psíquico si con él se hace imposible la paz y el sosiego doméstico; y declara al demandado cónyuge culpable, ya que en autos aparecía acreditado los presupuestos de la causal de divorcio alegada y el maltrato inferido por el demandado a la actora. Además reconoce a la actora el derecho a percibir alimentos a cargo del demandado.

Conviene reproducir en lo medular el fallo recurrido:

"Por lo anterior somos del criterio,... que desde el punto de vista de la ley, la causal demandada por la actora con base a lo cual el divorcio debía ser decretado, trato cruel, ha sido probada toda vez que... el trato cruel que se dice daba el demandado a la demandante, se ha llegado a comprobar, mas no el maltrato hacia el esposo.

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A esta conclusión llegamos luego de valorados cada uno de los medios acopiados, como lo son las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas practicadas y debidamente reconocidas, que como documento privados se les da el valor de ley, las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas por parte del CEPOF, y que conjuntamente serán analizadas con los demás elementos conforme a las reglas de la sana crítica.

Estas evaluaciones ya que contamos con las presentadas por ambas partes, resultan ser contradictorias, pero lo cierto es que no podemos restarle el valor que desde diferentes ópticas perciben el estado anímico de ambas partes. Aquellas aportadas por la demandante refieren respecto a una persona que puede ser víctima de violencia y las características que presenta son propias de este tipo de agresión, estrés postraumático, si bien, solo se examina a la señora, lo cierto es que no podemos desconocer el resultado de una evaluación que le fuera practicada.

La evaluación que le fuera realizada al señor D. expone, éste no refleja ser aquel tipo de persona maltratadora, lo que no significa que la señora F. no estuviera afectada por actos propiciados por su consorte, al no habérsele realizado por igual dicho examen.

Tampoco hace referencia este informe a que el señor D. fuera víctima de violencia, sino que presenta algunos indicadores de depresión, lo que puede deberse al divorcio que se tramita, presentando además ansiedad, baja autoestima y desesperanza.

En las evaluaciones practicadas por parte del equipo técnico que forma parte del Órgano Judicial, básicamente la psicológica se concluye que la señora F. presenta un cuadro típico de aquellas que han sido expuestas a violencia doméstica, contrario al señor Rojas quien no presenta cuadro similar.

En tanto que la psiquiátrica hace referencia a una serie de aspectos propios de una familia disfuncional, que les lleva al aislamiento, pobre comunicación, cuadros depresivos.

También muestran el estado anímico aquellas certificaciones expedidas por diversos sacerdotes del país, quienes trataron a la señora L. sin la participación de su pareja.

En cuanto a los peritajes no se cumple íntegramente con lo dispuesto en el artículo 967 del Código Judicial, al no ajustarse al cuestionario fijado, restándole credibilidad a los mismos; contándose solo con uno de los peritajes el de la parte demandada o reconvencionista.

De la inspección judicial realizada; y, en donde participaran el Dr. G.R., pediatra y los doctores C.B. y C.V., urólogos, concluyen estos de manera conteste que D.R. es paciente del Dr. E.F., luego de varias atenciones y del examen que se le practicara se le diagnosticara con aztenosoospermia y Varicocele Izquierdo".

De las pruebas testimoniales aducidas por la parte demandante, se desprende de las declaraciones de los Fung que la hija era víctima de maltrato, ya que éstos de manera conteste expresa situaciones observadas por ellos mismos, apariencia personal, estado de ánimo, el hecho de que se les prohibiera ver a su hija y el que ésta los visitara, vivencias que incluso les fueron expresadas por el propio Rojas, cuando se mostraba molesto porque la madre acudiera a atender a su hija cuando ésta se lo pedía o cuando se les señaló de manera directa no visitaran a su hija, a su vez el hecho de que su hija no fuera a visitarlos, sino que desde su carro, sonara la bocina y los saludara.

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La propia demandante refiere de las diferencias que existían para con los familiares de su esposa y agrega que no solo era en esa dirección, sino de parte de ella hacia él y sus familiares.

Los dos primeros testigos, S.C. y R.O. pudieron percibir hechos que permiten anexarse como nota característica del maltrato hacia la señora, pero no prueban por sí solos el mismo, lo que deben ser analizados en conjunto con los demás mencionados y por citar.

Lo que si es claro para ellos, es que a la señora se le prohibiera recibir visitas de su familiares. R.O. añade que el trato recíproco que se daban era poco afectuoso, prácticamente no se hablaban, en el almuerzo cuando coincidían en la casa no existían comunicación.

En cuanto a los testimonios por parte del reconvencionista hacen alusión a que el trato que le dispensaba D. a su esposa era bueno e, incluso, a su familia, lo contrario ocurría de parte de ella hacia los suyos y hacia su esposo. Ejemplo de ello lo era de que cuando éste fuera operado ella no se preocupó por su operación ni por atenderlo.

Las pruebas aducidas por el reconvenvionista no desacreditan la causal de maltrato alegada por la demandante, pero permiten verificar que la situación en el hogar no era de lo mas normal, todo lo contrario. Sin embargo no existen elementos contundentes que permitan concluir que ella le propiciara dichos maltratos a su esposo, ya que su conducta era el resultado de la situación vivida en el hogar, que en nada contribuía su esposo en minimizar esas diferencias en procura de una buena relación y en la salvación del matrimonio.

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Es relevante e importante las pruebas aportadas, los intentos realizados por la señora F. ante algunos miembros de la Iglesia Católica, los informes psicológicos y psiquiátricos que nos permita ver con un punto de vista más cercano a la realidad sobre los acontecimientos en el presente proceso.

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En lo que respecta a la declaración de parte solicitada, señora L.F., la misma quedó a discreción del juzgador, toda vez que ésta se refiere a la declaración de la propia parte a quien representa y conforme lo dispone el artículo 903 del Código Judicial, procede solicitar la declaratoria de la contraparte, mas no de su representado. La señora F. fue llamada por esta instancia superior de carácter oficioso.

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En este sentido vemos que del cúmulo de elementos probatorios se constata que el señor D.R. es el cónyuge culpable, al darse la violencia psicológica en contra de su esposa, siendo válida la fijación de alimentos a favor de la cónyuge inocente, siempre y cuando se cumpla con los presupuestos que la hacen viable, exista el estado de necesidad y la capacidad del obligado." (fs. 1283-1289).

DECISIÓN DE LA SALA

La censura invoca una sola causal de fondo, a saber, "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

En los motivos se refiere la parte recurrente a una serie de pruebas de carácter documental, pericial, testimonial y declaración de la demandante, en las cuales se basó el tribunal ad-quem para disolver el vínculo matrimonial y declararle cónyuge culpable. Alega que algunos de dichos medios probatorios no reúnen los requisitos de validez y que otros sólo fueron valorados en lo que favorecían a la actora. Además, señala que a las pruebas aportadas por él D.R.V. no se les dio el valor probatorio que establece la ley, razón por la cual solicita que se case el fallo recurrido.

Se permite la Sala transcribir los motivos del recurso:

"PRIMERO: El Tribunal Superior de Familia, violó la ley en la sentencia que se impugna, al darle valor de plena prueba a los documentos privados suscritos por la Licenciada M.I., psicóloga (fs.505-522) y por la Dra. Fania de R. (fs. 523-538) psiquiatra, pruebas que no contaron con la participación de nuestro representado y a pesar de que se reconoce por parte del tribunal que son contradictorios, al concederle el valor que tendría una prueba pericial, sin que los mismos reúnan los requisitos de validez del dictamen pericial, se ha dado lugar a que el ad-quem le haya concedido un valor probatorio que la ley le niega, para determinar la culpabilidad de una de las partes en el proceso de divorcio.

SEGUNDO

En la sentencia recurrida el Tribunal Superior de Familia le concede validez probatoria plena para determinar la afectación emocional de la señora L.F. y establecer como cónyuge culpable a nuestro representado, a los documentos privados de carácter testimonial, expedidos por los religiosos, P.A.J.M., C.M. Párroco de la Medalla Milagrosa (fs. 380); J. de D.A., S.J. de Fundación San Ignacio de L. (fs. 381), J.A.A., párroco de la V. de L. (fs. 382), P.T.R. de la Ciudadela de la Parroquia San Mateo Apóstol (fs. 386), J.S.M. de Parroquia Virgen del Carmen (fs. 388), quienes sin contar con la idoneidad de la ruptura matrimonial, sin siquiera conocer a nuestro representado ni visitar su hogar, y en base al único relato de la demandante, lo cual al ser tomado con plena validez por el ad-quem, violando la regla que señala que los documentos de carácter testimonial sólo serán valorados si los mismos son ratificados con las formalidades establecidas para las pruebas testimoniales, ha influido sustancialmente en la declaratoria de culpabilidad de nuestro representado.

TERCERO

El Tribunal Superior de Familia, al valorar la prueba de oficio que ordenó se practicase al momento de resolver la alzada, consistente en las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas de ambas partes, a cargo de las profesionales del equipo interdisciplinario del CEPOF, Dra. M.D. (fs. 1258-1260) y de la Magter. D.C. (fs. 1195-1201) sólo tomó en cuenta la parte de los informes psícológicos y psiquiátricos favorables a la sra. L.F. y no aquellos que denotan la participación de ambos cónyuges en la producción de la causal de trato cruel psicológico y de que la psicóloga señaló que no le era posible valorar el papel de nuestro representado en el conflicto, lo cual produjo la emisión de un fallo contrario a derecho, en el cual se culpabiliza solamente a nuestro representado.

CUARTO

En la sentencia recurrida el Tribunal Superior de Familia, le ha dado pleno valor de prueba y credibilidad absoluta a la declaración de la parte demandante, señora L.F. (fs. 1227-1236 y 1241-1250), la cual fue ordenada recabar de oficio por el Tribunal ad-quem, cuando debió tomarla no sólo en lo favorable, sino en lo desfavorable y confrontarla con la declaración de parte del señor D.R. y con los testimonios de Arturo Rojas (fs. 324-330); J.L.R. (fs. 331-336) A.T. (fs. 337-341); C.R. (fs. 343-358);R.A. (fs. 317-323), que contradicen la mencionada declaración y con la prueba documental consistente en el cuaderno del encuentro matrimonial manuscrito por L.F. (fs. 408, 409, 418, 420, 425, 449 y 450) y con la carta por ella escrita (fs. 391-394), que de igual forma controvierte la mencionada declaración, conllevando que con esta incorrecta apreciación de la prueba, se emitiera una condena de culpabilidad a nuestro representado, contraria a derecho. Por lo anterior, el Tribunal Superior de Familia violó la regla de derecho conforme a la cual el concordancia con las demás pruebas y aplicando la sana crítica.

QUINTO

En la sentencia objeto de impugnación el Tribunal Superior de Familia, resta completo valor al dictamen pericial presentado por la Dra. G.M.Á. (fs. 1021-1039), el cual reunía todos los requisitos de validez de la prueba pericial, quien evaluó a ambas partes, concluyendo que la demandante posee un trastorno de personalidad paranoide y que infligía violencia psicológica a su esposo, el cual de haber sido correctamente valorado con el conjunto de las pruebas y particularmente con el informe psiquiátrico de la doctora M.D. (fs. 1258), el resultado de la decisión del ad-quem no hubiese sido el de culpabilizar a nuestro representado. Por lo anterior, el Tribunal Superior de Familia violó la regla de derecho conforme la cual deberá valorarse el dictamen pericial teniendo en cuenta los principios científicos en que se funde, su concordancia y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.

SEXTO

La sentencia impugnada concluyó que el señor D.R. era cónyuge culpable en este proceso de divorcio, luego de valorar los testimonios de R.O. (fs. 163-191) y S.C. (fs. 144), F.F. (222-238) y L. de Fung (193-221) y de la propia parte demandante, L.F. (1227-1236 y 1241-1259), a pesar de que señaló que por sí mismos no probaban el maltrato y de que existían grandes contradicciones entre los testigos de la parte demandante y los de la parte demandada, Yenny Londoño (331-336), A.T. (fs. 337-341), A.R. (fs. 324-330), C.R.V. (fs. 343-358) y con la declaración de parte del demandado (fs.241-284), de forma tal, que si por parte del Tribunal ad-quem, se hubiera aplicado la regla de derecho que establece que si existen igual número de testigos contradictorios, debe verificarse la vinculación de los testigos entre sí o con las partes y otras circunstancias que puedan afectar su imparcialidad, se hubiese podido apreciar que los testigos de la parte demandante mantenían entre ellos y con la demandante nexos de parentescos, de dependencia económica y que eran de referencia. El Tribunal Superior cometió un error de derecho grave en la apreciación de la prueba al no examinar detalladamente los testimonios en consonancia con el conjunto de las demás pruebas y tomando en consideración las circunstancias que pudieran afectar su imparcialidad y objetividad." (fs.1297-1299)

Como consecuencia de los errores probatorios en que incurre el fallo recurrido se infringen los artículos 781, 919, 871, 904 y 980 del Código Judicial, así como el artículo 215 del Código de Familia, sostiene la censura.

Vale señalar que del recurso de casación se le dio traslado a la parte opositora y al Ministerio Público, para que alegaran en cuanto al fondo. La parte opositora en su escrito alega que la causal de fondo invocada por la censura no se configura ya que los errores en la valoración probatoria que se le atribuye a la sentencia recurrida no se producen. Por su parte, el Ministerio Público señala en su vista N1 25, visible a foja 1351-1359 que mediante el recurso se pretende dejar sin efecto la sentencia recurrida en cuanto al reconocimiento del trato cruel psíquico causado por el demandado a la actora, en base a lo cual disuelve el vínculo matrimonial y le declara cónyuge culpable. Sin embargo que, como quiera que dicho extremo había sido establecido mediante la sentencia de primera instancia de la cual no apeló el demandado, manifestando con ello su conformidad con tal decisión, por lo que quedó en firme respecto de él, de forma que mal puede ahora en casación pretender sobrepasar las limitaciones que se causó con su inacción.

En efecto, la Sala advierte que mediante el recurso la censura lo que persigue es dejar sin eficacia la sentencia recurrida en lo pertinente a la declaratoria de culpabilidad en su contra por razón del trato cruel psíquico causado a la actora, causal en base a la cual se declara la disolución del vínculo matrimonial. Dicho cargo de injuridicidad, importa señalar en primera instancia, no resulta atribuible al tribunal ad-quem, condición que exige la ley para que prospere el recurso de casación, dado que dicho extremo de la controversia quedó zanjado mediante la sentencia de primera instancia que reconoció el trato cruel causado por el demandado a la actora, ya que el demandado no la apeló.

De otra parte, tampoco prospera el recurso de casación en la medida que los cargos probatorios que se le atribuyen a la sentencia recurrida no se comprueban.

En los dos primeros motivos la censura cuestiona la validez de las pruebas visibles a foja 505-522 y 523-538, consistentes en dos informes o evaluaciones de la demandante L.F. DE ROJAS (el primero suscrito por la psicóloga M.I.I. y el segundo, por la psiquiatra FANIA RIVAS DE R., así como de las pruebas de fojas 380 a 388 que consisten en notas de los sacerdotes A.J.M., de la iglesia Medalla Milagrosa, J.D.D.A., S.A. de la Fundación San Ignacio de L., JOSÉ ARTURO ASAN de la iglesia V. de L., T.R. de la Ciudadela de Jesús y M., S.G.U. de las Siervas de M., DAVID COSCA de la parroquia San Mateo Apóstol y J.S.M. de la parroquia V. delC..

Con respecto a los informes, alega que el Tribunal Superior les dio valor de prueba pericial pese a que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley para la validez de este tipo de prueba. Además, que dichas pruebas tienen carácter documental y que no se le permitió participar en la formación de las mismas. Yerra la censura en su planteamiento, ya que la sentencia recurrida, parcialmente reproducida ut supra, claramente señala que los informes en cuestión constituyen documentos privados y que, como tal, se les reconoce el valor de ley, lo que, por otra parte, lleva a señalar que tratándose de documento privado, no se requiere de la intervención de la parte contra la que se propone la prueba para su validez. Además que, cualquier disconformidad con la validez de dichas pruebas debe plantearse en el momento del traslado de la prueba, de conformidad con lo previsto en la ley y no en casación.

En cuanto a las notas de los sacerdotes antes indicados, el tribunal ad-quem ciertamente las toma en cuenta, pero no para declarar al demandado cónyuge culpable, como asegura éste, sino que le valora como indicio del estado anímico de la demandante, tal como se advierte en el fallo impugnado cuando señala: "También muestran el estado anímico aquellas certificaciones expedidas por diversos sacerdotes del país, quienes trataron a la señora L. sin la participación de su pareja" (fs. 1284). Por demás, tampoco le otorga el tribunal de segundo grado valor de prueba testimonial a las referidas notas, como señala la censura, sino de prueba documental en la medida que las califica de certificaciones.

En el motivo tercero y el quinto se objeta, en relación con la prueba del trato cruel infligido por la actora al recurrente, el valor otorgado a las evaluaciones psicológica y psiquiátrica practicadas a ambas partes por el equipo interdisciplinario del CEPOF y al dictamen pericial de la doctora G.M.Á. (fs. 1021-1039). Con respecto a los informes se alega que únicamente se les toma en cuenta en lo favorable a la demandante L.F., pero no en lo que se refiere a la participación de ambos cónyuges en la producción de la causal de divorcio alegada, es decir, trato cruel psíquico si con él se hace imposible la paz y el sosiego doméstico. En tanto que, respecto al peritaje se señala que establecía que la actora le infligía trato cruel al demandado y que la sentencia le negó valor probatorio, pese a que cumplía con los requisitos de validez de la prueba pericial.

De las pruebas señaladas, debe señalarse, guardan relación con el extremo fáctico alegado, trato cruel causado por la actora al demandado, la evaluación psiquiátrica efectuada por la psiquiatra del CEPOF MINA DIAZ (fs. 1258-1260) y el peritaje practicado por la doctora G.M.Á. (fs. 1021-1039). La evaluación psicológica realizada por la psicóloga del CEPOF DANIA CARRERA (fs. 1195-1201) no establece que la actora infligiera trato cruel psíquico al demandado.

Ahora, con respecto a la evaluación psiquiátrica de la doctora M.D., si bien señala que los esposos D.R.V. y LOURDES DEL CARMEN FUNG H. "pasaron por períodos de odios y ataques", ello no constituye una conclusión o dictamen técnico sino una afirmación sobre un hecho extraprocesal no percibido directamente por el funcionario que realiza la evaluación, lo que sale de su esfera y, por tanto, no constituye prueba idónea para acreditar el extremo fáctico examinado. El perito es un auxiliar del tribunal en materia ajena a la experiencia común o a la formación específica exigida al juez. El perito, por tanto, no declara sobre hechos extraprocesales, sino que únicamente dictamina o emite opinión sobre hechos procesales de carácter científico, técnico, artístico o práctico que no pertenezca a la experiencia común ni a la formación específica exigida al juez.

Por lo que se refiere al peritaje de la doctora G.Á., aún cuando la Sala advierte que cumple con los requisitos legales, su dictamen no es concluyente en relación con el trato cruel psíquico de la demandante L.F. hacia el demandado D.R., ya que en el mismo sólo se establece que de acuerdo a las características de personalidad que presenta en los test la señora FUNG, podrían indicar violencia psicológica hacia el demandado. En base a ese sólo elemento indiciario no puede darse por probado el hecho alegado.

En los motivos cuarto y sexto se hace referencia a una serie de pruebas de carácter testimonial, unas aportadas por la actora y otras por el demandado, la declaración de la actora L.F. y del demandado D.R., así como al cuaderno del encuentro matrimonial manuscrito por L.F. y la carta escrita por la demandada visible a foja 311-394.

En relación con la declaración de la actora sostiene la censura que no se aplicó la regla que establece que la prueba debe valorarse tanto en lo favorable como en lo desfavorable y en concordancia con las demás pruebas, en particular los testimonios aportados por el demandado, aplicando la sana crítica; en tanto que, respecto de las pruebas testimoniales aportadas por la demandante alega que aún cuando el fallo recurrido reconoce que existen contradicciones entre dichos testigos y los de la parte demandada, no aplica la regla de derecho que establece que si existen igual número de testigo contradictorios, debe verificarse la vinculación de los testigos entre si o con las partes y otras circunstancias que puedan afectar su imparcialidad, ya que de haberlo hecho hubiera apreciado que los testigos de la actora tenían relación de parentesco y de dependencia económica con dicha parte.

Contrario a lo alegado por el recurrente, del fallo impugnado se desprende que el tribunal ad-quem no sólo valoró la declaración de la parte actora en concordancia con las demás pruebas, tanto las testimoniales aportadas por el demandado y la actora, sino también las periciales, las declaración del demandado y las documentales allegadas al proceso, arribando a la conclusión de que el trato cruel del actor hacia la demandada aparecía acreditado y que las pruebas del demandando no desvirtuaban este hecho.

Con respecto a las pruebas testimoniales aportadas por la actora, como el mismo recurrente señala en su escrito de casación, el tribunal ad-quem consideró que por si mismas, en particular los testimonios de SANTIAGO CASTILLO y R.O., no acreditaban el maltrato del demandado hacia la demandante, pese a que declaran sobre hechos que son característicos del maltrato hacia la actora. Ahora, la declaración de estos testigos no entran en contradicción con la de los testigos de la demandante, como alega la censura, ya que mientras los primeros declaran en torno a la relación de la actora y el demandado con la familia de este último durante el matrimonio, los testigos CASTILLO y ORTEGA describen cómo era la relación de la demandante y el demandado en el hogar, hechos de los cuales hay que señalar tenían los testigos percepción directa, ya que trabajaban para dicha pareja como jardinero y empleada doméstica, respectivamente. En consecuencia, mal podía aplicar el tribunal de segundo grado lo dispuesto en el artículo 919 del Código Judicial respecto de declaraciones testimoniales contradictorias.

Por las circunstancias antes indicadas, procede desestimar el recurso de casación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NOCASA la sentencia de 3 de diciembre de 2003, proferida por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio instaurado por L.D.C.F.H. contra D.R.V..

N..

HARLEY J. MITCHELL D.

JOSÉ A. TROYANO -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

MANUEL JOSÉ CALVO C. (Secretario)