Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 17 de Junio de 2005

Fecha de Resolución:17 de Junio de 2005
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

Comparece ante esta Corporación de Justicia la Dra. Alma L. de V., como apoderada judicial de ARCINDA EDIZA STANZIOLA TORRES DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA y R.S.T., a interponer recurso de casación contra la sentencia de 27 de abril de 2004, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que confirma la Sentencia No. 04, de 21 de enero de 2004, del Juzgado Segundo de Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil, dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por HERMEL STANZIOLA BARRIA contra los recurrentes antes mencionados.

El recurso se sustenta en una causal de fondo, la infracción de normas sustantivas de derecho, en dos modalidades. La primera, el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba; y la segunda admitida, la violación directa. Por ello, se examinarán por separado.

  1. Infracción de normas sustantivas de Derecho, por error de Derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Los motivos en que fundamenta la causal lo exponen en los términos reproducidos de seguido:

PRIMERO

La sentencia impugnada incurre en error in iudicando, al establecer que los testimonios de R.B. (fs 211), J.C.O. (fs 260), G.A.N. (268), N.A.F. (fs 270), P.T. (fs 274), M.O. (278), C.B. (fs 280), M.A.V. (fs 290), y S.B.L. (fs 293), son acordes para comprobar la pretensión en cuanto a prescribir la finca No 1437, inscrita al documento 210537, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé, de propiedad de ARCINDA EDIZA STANZIOLA DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA y R.S. TORRES.

El cargo que se señala a la sentencia recurrida radica en

que los testimonios descritos, su examen, no llevan a determinar el ánimus

domini del demandante para prescribir, ni la posesión en el tiempo y con los

requisitos exigidos por L. y ese error in iudicando del Tribunal Ad Quem,

produjo infracciones de normas sustantivas que influyeron en lo dispositivo de

la Sentencia recurrida, porque los testimonios de JULIO CESAR OBALDIA (fs200),

N.A.F. (fs.270), M.O. (fs.278), C.B. (fs.

280) Y M.A.V. (fs.290) dan constancia de ser trabajadores del

demandante y testigos de referencia o que se contradicen y que de haberse

valorado correctamente la prueba testimonial no se hubiese accedido a las

pretensiones del actor.

SEGUNDO

El fallo incurre en infracciones de normas sustantivas al no valorar adecuadamente la certificación del Embajador de México ( fs 201), donde se puede comprobar el movimiento migratorio del demandante HERMEL STANZIOLA BARRIA con cédula 2-26-280 ( fs 1), residiendo o viviendo en México para la época en que señala el tiempo para prescribir, por lo que el actor nunca pudo estar ejerciendo actos constitutivos de posesión con ánimo de dueño.

TERCERO

La resolución impugnada incurre en error in iudicando al no darle el valor probatorio correspondiente que merece el informe pericial de fs 100, donde se establece que la edad de las galeras es de 30 años. La injuricidad consiste en la falta de apreciación del juzgador en no reconocer que por la edad de esas galeras las mismas no las pudo haber construido el demandante.

CUARTO

La sentencia recurrida al examinar y no reconocer el reclamo propuesto por los demandados ( fs 164 - 165), ante la Corregiduría de Capellanía, Distrito de Natá, Provincia de Coclé, para notificar que la finca de su propiedad se encontraba ocupada por el intruso HERMEL STANZIOLA BARRIA, cometió un yerro jurídico de no reconocer que el demandante nunca tuvo la posesión material pacífica, con el ánimo de dueño, sino que trató de ser un simple detentador de la mencionada finca lo que provocó que su decisión influya en la parte dispositiva de la sentencia y en consecuencia reconociendo una prescripción adquisitiva de dominio que no reúne las condiciones singulares que exigen las normas sustantivas.

Por los motivos antes expuestos, la abogada de los recurrentes estima que el fallo ha infringido los artículos 781, 917, 919 del Código Judicial, 432, 1668, 1683 del Código Civil.

El artículo 781 del Código Judicial, referente a la sana crítica, no fue aplicado, pues no apreció razonadamente la credibilidad de los testigos, cuyos testimonios no reúnen las condiciones exigidas por la Ley., acusó la parte recurrente.

Asimismo, ocurre con el artículo 917 del Código Judicial, que también aborda el tema de la sana crítica, fue violado, en concepto de los casacionistas, puesto que en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, los testimonios idóneos son de personas del área, que no dependan de quien pretende por usucapión la adquisición del inmueble. Contraría el Tribunal esta premisa al valorar estas declaraciones en conjunto con las restantes pruebas, sin considerar que ellas no satisfacen las exigencias de ley, explica el libelo.

En lo que concierne al artículo 919 del Código Judicial, que ilustra al juzgador que para descartar los testimonios contradictorios entre sí, debe valorar la relación de los testigos con las partes y si ello afecta su imparcialidad, guiándose siempre por la sana crítica; aduce que la conculcación ocurre al valorar el tribunal testimonios contradictorios de personas vinculadas al demandante.

El artículo 432 del Código Civil otorga el derecho al poseedor de que se le restituya la posesión por los medios dispuestos por el Código Judicial y el Administrativo, cuando fuere perturbado en ella.

Como consecuencia de las infracciones antes anotadas se vulnera esta disposición en perjuicio de los casacionistas, pues el demandante no probó la posesión en las condiciones prescritas por la Ley y pese a ello acceden a su pretensión, se lee en el recurso.

En cuanto al artículo 1668 del Código Civil que define la prescripción como la forma de adquirir el dominio y demás derechos reales y también como el medio para extinguir los derechos y acciones, fue inobservado, según los actores:

. . . la misma

consagra el principio: 1. que la cosa sea susceptible de prescripción, 2. La

existencia de la posesión en las condiciones exigidas y 3. El término señalado

en la ley tanto para el que dice poseer por ese tiempo, como para el que dejó

de ejercer el derecho de dueño, también por ese mismo lapso de tiempo.

En lo que concierne al artículo 1683 del Código Civil, que advierte que la interrupción civil se produce con la presentación de la demanda, conforme al Código Judicial, refieren los impugnantes que el Tribunal pasó por alto que no hubo abandono de la finca por los demandados y que la acción presentada ante la Corregiduría de Capellanía interrumpió la prescripción.

  1. Infracción de normas sustantivas de Derecho por violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

Cimenta en los motivos que se transcriben a continuación la modalidad de la causal invocada:

PRIMERO

La sentencia impugnada afirma que la

prescripción se suspende siempre entre cónyuges pero el error jurídico de la

misma que se le imputa es que desconoció que debía aplicar la analogía cuando

se trata de hermanos.

SEGUNDO

El mencionado error jurídico en que incurrió la sentencia recurrida influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo infringiendo la norma de Derecho que aplica la analogía en los casos no previsto (sic) en la legislación vigente.

De esta plataforma argumental parten los recurrentes para sustentar la vulneración de los artículos 13 y 1671 del Código Civil. Aseguran los actores que la infracción del artículo 13 ocurre por omisión, por no aplicar la analogía judicial a la semejanza entre personas para reclamar el mismo trato. La hermenéutica aplicable consiste en la aplicación de esta norma jurídica a un hecho semejante no previsto en la Ley. Este artículo 13 del Código Civil permite la aplicación de leyes que regulen casos semejantes, cuando no haya ley aplicable al caso concreto, o en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales de derecho o la costumbre.

En lo tocante al 1671 del Código Civil señala que la prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse. Hace extensiva la suspensión de la prescripción ordinaria a favor de los menores, dementes, sordomudos y entre cónyuges.

Alegan los casacionistas que la sentencia desconoce que tratándose de dos situaciones semejantes tenía que ser aplicado en conjunto con el artículo 13 del Código Civil.

Sin embargo, no formulan un cargo concreto, es decir que no explican cómo la actuación del tribunal contraría la norma, sino que se limita el cargo a apuntar que la infracción ocurre como consecuencia de las anteriores violaciones, lo cual no es posible dado que esta disposición no contiene los presupuestos específicos para que opere la prescripción adquisitiva de dominio.

Resolución cuestionada

El 27 de abril de 2004 el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) confirmó la Sentencia No. 4 de 21 de enero de 2004, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil, en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por H.S.B..

La decisión confirmada declara que H.S.B. ha adquirido por prescripción adquisitiva el dominio de la finca 1437, inscrita en la Sección de Propiedad de la Provincia de Coclé, ubicada en el Corregimiento de Capellanía, Distrito de Natá. En consecuencia, ordena al Director del Registro Público de la Propiedad, inscribirla a nombre del citado como nuevo propietario.

El sustento para adoptar esta decisión es el caudal probatorio allegado al proceso.

Así pues, el juez se hace eco de las declaraciones de R.B.B., O.L.O., J.C.O.R., G.A.N., N.A.F., P.T.J., M.O.G., C.B.L., M.Á.V.M. y S.B.L., pues asevera que son contestes en cuanto a que conocen el predio en disputa y, además, identifican a Hermel "C."S. como su único poseedor, por períodos que superan los 20 años. Algunos refieren datos que se remontan a 40 años atrás.

Se apoya también en el resultado de la inspección ocular, de la cual resalta que todos los peritos, tanto del tribunal como del demandante y los demandados, corroboran las versiones de los testigos. Los peritos también ratifican la existencia de mejoras en el lote. De estas mejoras, los peritos le calculan a las galeras para pollos más de 30 años.

Desvirtúa el juzgador las pruebas en que fundamentan los demandados su posición, es decir, el contrato de arrendamiento, que data de 28 de junio de 1989, celebrado entre N.C. y M.T. de S. (firma por ésta Arcinda S. de P., contrato de arrendamiento de 2 de julio de 1990, celebrado entre N.C. y M.T. de S. (firma por ésta Arcinda S. de P., copia de la Escritura Pública No. 568, de 15 de julio de 1997, por la cual se protocoliza el juicio de sucesión intestada de M.T.B. (q.e.p.d.), a favor de A.E.S.T. de P. y otros; certificados de nacimientos del demandante y los demandados, una solicitud de confección de cheque, de 16 de diciembre de 1989, a favor de Arcinda S. de P., por B/.1,230.00 por el 50% del alquiler de 41 hectáreas, sin firma, acompañado de la copia del cheque 0009 de la misma fecha, de Operaciones Coclesanas, S.A. a favor de la citada por esta suma; otro igual, pero esta vez fechado 3 de enero de 1990, por la suma de B/.1460.00, acompañado de copia del cheque 0014 de la misma fecha, de Operaciones Coclesanas, S.A. a favor de Arcinda S. de P. esta última cantidad; copia del cheque No. 0028, de N.C. o J.S. de Campos, de 30 de diciembre de 1990, a favor de Arcinda de P. por B/.1,140.00; el cheque No. 2030 de la cuenta de A.P., expedido a favor de N.C., por B/.170.00; la certificación expedida por la Embajada de México en Panamá que detalla las estadías en México de H.S.B. y la certificación de la Dirección Nacional de Migración del movimiento migratorio de H.S., con cédula No. 4-139-645.

De las cuales interpreta el tribunal que los demandados entienden que se perdió la posesión, porque la ocupación es resultado de una autorización o tolerancia de la antigua dueña, ya que consideran que la posesión ocurre luego del fallecimiento de M.T.B., en consecuencia, no alcanzan el requisito de tiempo requerido. Sumadas a las constantes salidas del país del demandante.

Sobre las salidas al extranjero por el demandante, apunta el tribunal que el hijo de éste, H.S.S., declaró que cuando su padre se ausentaba le daba instrucciones muy específicas para administrar la finca, que incluían el pago de los trabajadores, cuidado de los animales, y demás labores afines. Por ello, el juzgador descartó el factor "abandono de la cosa", basándose en la intención del poseedor como animus domini. De seguido, invocó los artículos 416, 423, 424 y 606 del Código Civil.

Cuestionó el juzgador la "eficacia y certeza probatoria" de los contratos de arrendamiento enumerados líneas atrás con sustento en los puntos a continuación transcritos:

"En primer lugar, se observa que ambos contratos recogen convenios de arrendamiento de un globo de terreno de la Finca en disputa en los años 1989 (28 de junio) y 1990 (2 de julio) por un período de seis (6) meses, con montos de B/.2,520.00 y B/.1140.00, respectivamente, no obstante, es claro que el artículo 1718 del Código Civil, niega esta facultad notarial a los Secretarios de los Consejos Municipales, cuando los contratos excedan la cantidad de B/.250.00.

En segundo lugar, (tal como lo ha manifestado la parte demandante en su escrito de alegatos, fs. 121-124), no escapa al razonamiento del Tribunal que los citados convenios se refieren a supuestos arrendamientos sobre el inmueble en pleito, durante los años 1989 y 1990, pero resulta evidente y notorio que no es hasta el 14 de junio de 1991, cuando se concurre a la Secretaría del Consejo Municipal de Aguadulce a autenticar las firmas de sus suscriptores; sin embargo, una detenida ojeada al certificado del S., nos revela que dicho funcionario en el sello que usa en esos menesteres, certifica que 'N.C. y Arcinda S. de A. ha (n) reconocido como suyas la (s) firma (s) en el presente documento' y como se constata que la presunta arrendadora, lo era la propietaria de ese entonces, esto es, la difunta M.T.B., (quien no fimra de manera personal dichos contratos ni estampa huella dactilar alguna, como es la costumbre ante tal evento), se consigna de manera textual que: por no poder firmar, lo hace a ruego su hija ARCINDA STANZIOLA DE P., con cédula No.2-40-826 (hoy demandada), lo que presumiblemente parece normal y ajustado a la legislación vigente, empero que a la postre no resulta así, ya que no podemos dejar de lado, lo plasmado en la Escritura Pública No. 568 de 15 de julio de 1997 suscrita por la Notaría del Circuito de Coclé (fs. 153-163), al registrar la protocolización del proceso sucesorio de la precitada causante, ya que de ese documento público (amparo que le dan los artículos 834, 835 y 836 del C.J.), aflora con meridiana claridad que la supuesta contratante, falleció el día 14 de abril de 1991 (tal como lo reconoce el Juzgado Primero del Circuito de Coclé en resolución de fecha 28 de junio de 1997 al declarar abierto el proceso respectivo, a petición de los hoy demandados ARCINDA EDIZA STANZIOLA TORRES DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA Y R.S. TORRES), o sea, exactamente dos (2) meses antes de que se verifique el acto notarial en mención.

En otras palabras, ante el hecho de que la supuesta contratante había fallecido, trae como consecuencia lógica que no estuviere físicamente presente al momento de la presunta autenticación de firma y mucho menos, que consintiera que otra persona firmara en su nombre dicho pacto, lo que todas luces, desnaturaliza esa actuación jurídica, dado que a pesar de que quien avala ese acto, es un funcionario público, no es posible tener por válida la firma y la actuación de un persona que al momento en que se reconoce dicha rúbrica, había desaparecido físicamente a causa de su muerte (irregularidad que evidentemente puede ser objeto de investigación criminal por parte del Ministerio Público, a fin de deslindar responsabilidades) y aunque se habla de obligaciones contractuales de períodos en que todavía estaba viva y era dueña del inmueble en cuestión, no existe en autos otro medio de prueba que convalide y ratifique esa presunción legal (que recoge el texto de los artículos 856, 857, 858 y 859 del Código Judicial), ya que en ningún caso ha ocurrido los acontecimientos que respecto a documentos no firmados, estatuye el artículo 862 del precitado cuerpo legal y por ende, se ha de concluir, que no es posible que este Tribunal pueda conceder eficacia probatoria alguna, a los hechos plasmados en las clausulas de esos contratos y tampoco ofrece credibilidad para establecer que antes de su muerte, estaba ejerciendo la posesión del predio aludido y que en ejercicio de esa titularidad, pudo conceder la presunta autorización al actor (la que viene argumentando la contraparte) o que descarte la posesión que juicio nuestro a sido probada de manera contundente." (sic)

D. mismo modo, no le asigna mayor valor de convicción a las solicitudes de cheques y a los cheques anotados, porque:

  1. Las solicitudes de cheques no tienen firma responsable.

  2. Los giradores son Operaciones Coclesanas, S.A. que no tiene relación ni con las partes en el proceso ni con los contratos, o N.C. o J.S. de Campos.

  3. Aluden al pago por alquiler de unas tierras, pero no se refieren taxativamente a la finca 1437.

  4. Figura como beneficiaria Arcinda de P., y siendo que la propietaria de la finca era M.T.B., no se acredita la autorización de esta última a la primera.

  5. En su mayoría se trata de copias simples que no fueron reconocidas judicialmente.

    El Tribunal Superior, con motivo de la alzada, emitió sus consideraciones sobre las impugnaciones formuladas en la apelación. Se refirió al contrato de arrendamiento a fojas 36 y 37, no estimó como sospechosos los testimonios de Denis Pacífico Vargas, D.E., M. de J.O.G., R.B., G.A.N., M.O.G., M.Á.V.M., S.B.L., J.C.O.R., H.S.S. y O.L., señalados por los apelantes. Coincidió en que de los documentos sobre el movimiento migratorio de Hermel Stanziola, no hay certeza que el demandante haya residido en México de 1989 a 1997 y, aunque así fuera, eso no impide que dejé a cargo de sus bienes a un tercero. Sobre las objecciones a los informes periciales, observó que correspondía a la parte en su momento tachar a los peritos no idóneos.

    Evaluó también las objeciones a los contratos de arrendamiento.

    De los comentarios más relevantes vertidos en la sentencia a casar, podemos destacar los siguientes:

    "Externa

    la apelante que no se puede prescribir entre hermanos, ni entre padres e hijos,

    ni entre esposos, conforme a los artículos 1671 y 1680 del Código Civil, de

    forma análoga. El artículo 1671 del

    Código Civil, en su último párrafo plasma que la prescripción se suspende

    siempre entre cónyuges. Al respecto, no

    existe norma sobre la prescripción entre hermanos y no procede aplicar por

    analogía el artículo 1671, pues para el caso entre esposos hay una situación

    peculiar, y es que legalmente los esposos comparten un bien en común por lo que

    al disolverse el vínculo matrimonial la ley les garantiza los derechos

    adquiridos sobre el mismo o los que tenga.

    Situación distinta, es la relación entre hermanos que no necesariamente comparten el mismo bien inmueble, ya que al ostentar la mayoría de edad y autosuficiencia, se independizan de sus padres y uno de otro hermano.

    En relación a la mera tolerancia alegada en segunda instancia, en el expediente no se ha incorporado elemento probatorio que por lo menos nos conduzca a deducir que la posesión del demandante H.S.B., tuvo lugar por mera tolerancia.

    Por último, refiere la apelante que sus mandantes al morir su madre, demandaron un juicio de sucesión, en la cual la finca es inventariada, avaluada, constatada su existencia y propiedad, se hicieron publicaciones de rigor sin constatarse que alguien o el demandante la poseía de manera continua o de cualquier forma, lo que indica una gestión judicial, por lo que si existió la posesión alegada, la misma fue interrumpida con el juicio de sucesión.

    Este Tribunal de Justicia ha sentado el criterio que los procesos de sucesión no constituyen una gestión judicial que interrumpa el término para la prescripción adquisitiva de dominio, tomando en consideración que con dicha gestión judicial no se demuestra para nada, actos materiales sobre la posesión del bien inmueble que se disputa. El proceso de sucesión a pesar que constituye una gestión judicial, es de mero trámite en que incluso, para el inventario y avalúo, los peritos actuarios utilizan como base la certificación sobre existencia de la finca, el valor registrado en dicha certificación, los datos sobre su ubicación y mejoras sobre las cuales se tiene conocimiento, existen en el fundo. A modo de ilustración, se da el caso en que el titular del bien inmueble transfiere el terreno a otra persona, pero resulta que dicho bien inmueble está siendo ocupado por un tercero, quien si cumple con los requisitos de la usucapión puede adquirir el dominio a través de prescripción contra el nuevo titular."

    Decisión de la Sala:

    La acción que da margen al presente recurso tiene su génesis en el título de propiedad que impetra H.S.B. sobre la finca 1437, bajo la base de la posesión ad usucapionem, por la posesión pacífica, pública e ininterrumpida, con ánimo de dueño, por más de 15 años, en perjuicio de sus hermanos A.E.S.T. de P., L.O.S.T. de P. y R.S.T.; puesto que la finca era propiedad de M.T., madre de los últimos, quienes la adquirieron por sucesión, luego de su fallecimiento.

    La usucapión sobre bienes inmuebles no se requiere justo título ni buena fe, sin distinción entre presentes y ausentes, es cuestión de hecho que ha de apreciar el tribunal, es decir, es un asunto de pruebas.

    Visto que las objeciones se sustentan justamente en que el ad quem hace una inadecuada valoración de las probanzas ofrecidas y desahogadas, queda reducido el control en casación sobre el caudal probatorio obrante en el expediente.

    La suma de elementos a considerar en este caso, hacen de él uno muy peculiar. En primer término, corresponde ponderar el parentesco de las partes en el proceso, la titularidad original de la finca y su posterior adquisición vía sucesión y las frecuentes salidas del país del aspirante adquiriente, todo a efecto justipreciar la apreciación valorativa del tribunal censurado sobre los hechos, pues como lo apunta Manresa, muchas veces le corresponde a los jueces apreciar discrecionalmente en cada caso, cuando se está en presencia de actos de mera tolerancia y cuando en actos que significan verdadero abandono del derecho por parte del dueño.

    Primeramente, los casacionistas cuestionan la valoración que el Tribunal le da a los testimonios aportados al proceso, a los que ha calificado de sospechosos, no idóneos y contradictorios.

    Consta de fojas 131 a 133 la declaración de O.L.O., de 75 años, quien dijo conocer al señor Hermel "C."S. en las tierras en disputa desde el año 1970 y que sus hijos trabajan para él, "repicando y abriendo calles". Colindante de la finca en disputa por el lado oeste, según el informe pericial a foja 100, sostuvo en su declaración que las mejoras de la finca las hizo "C."S., de las que destacó, las galeras de pollo, pastos, ganado y cuidado de bestias.

    De folios 134 a 136 se aprecia el testimonio de M. de J.O.G., de 72 años, quien afirmó conocer a "C."S. en la finca por más de cuarenta (40) años, que ha sido "C." quien ha estado a cargo de todos los arreglos de la finca: pasto, cerca, limpieza y que ha trabajado para el demandante sembrando hierbas, limpiando galeras y sus hijos también trabajan para él, reparando cercas.

    En síntesis, sus palabras fueron: "No he conocido más dueño solamente a el señor H.S., toda la vida el es quien esta allí, ya que va a Panamá por un día pero toda su vida se ha dedicado a esta finca y hasta la fecha esta allí, sin interrucción: (sic)".

    Por su parte, R.B. declaró que conoce al demandante desde hace 40 años en la finca, quien fue aún más específico al detallar las mejoras. Veamos su testimonio a foja 212:

    "Si existen mejoras y fueron hechas por el señor H.S., a las mejoras que me refiero son las siguientes: galeras para la cría de pollos, corrales para el ganado, galera para la semi tabulación de ganado, P. de profundidad, tina de agua para surtir al ganado, abrevaderos para retención de agua, cercar divisorias de magas, me consta que esta mejoras las ha hecho el señor H.S. por que he visto a los señores N.A. y J.O. realizando trabajos por instrucciones del señor H.S., en las ocasiones que le he comprado ganado al señor H.S. ha sido ganado criado y cebado centro de esta finca, al igual que su hijo C.S. y las mejoras tienen alrededor de 20 las construcción de las galeras, conozco al señor M.O.A. "Niño" que es la persona que se encarga de realizar las labores dentro de la finca y el cual le paga el señor H.S. o su hijo C., esto ha ocurrido por espacio de 20 años." (sic).

    Otro de los comparecientes fue D.A.E.Q. (fs. 256 a 259), quien en diligencia ante el Tribunal reconoció el contenido y su firma en la copia del contrato de arrendamiento a fojas 7 y 8, 36 y 37. Al rendir testimonio manifestó que arrendó una galera por diez (10) años al señor S.. Al respecto puntualizó:

    "Como le mencione anteriormente la unica persona con la tuve contacto durante los diez años (10) que estuve en estas instalaciones fue con el señor H.S., el hijo que tambien H.S. y el señor M.O. quien funge como capataz o mayoral de el señor H.S.." (sic).

    El señor J.C.O.R. aseveró que desde 1980 viene haciendo trabajos para H.S. en la finca (cfr. 260). También hizo una descripción de las mejoras de la finca:

    "Si existen mejoras, hay chutes, puertas de H., deposito de Bloques, a pecebrera para caballo, las casetas para las turbinas del agua, tres galeras grandes, 2 depósitos de buen tamaño, hay 3 pecebreras grandes, hay un chute grande de embarca ganado hay 5 puertas de hierros divisiones de mangas, Yo le he dado mantenimiento a esas casetas yo le he metido refuerzo por deterioro del tiempo, le he metido carriolas de hierro, caballos, tiene mas de 15 años y se le han hecho varias reparaciones por el tiempo de instaladas, cuando yo llegue estaba allí N.A., yo hice como 50 postes de hierro de tanque de oxígenos están a simple vista, también tiene dormitorios para los cuidadores de pollo de las galeras."

    También se refirió a los viajes del demandante a México. Ver foja 263. G.A.N. conoce tanto al demandante como a los demandados, y afirmó que H.S. lleva 40 años trabajando la finca y que no conoce a nadie más en el predio que a los señores S., padre e hijo (fs. 268 y 269).

    El testigo N.A.F., dueño de un taller de herrería, dijo que le ha hecho trabajos en la finca a H.S., en las galeras, establos, puertas de hierro y que se han hecho de manera escalonada; que lo ha visto allí por 32 años (fs. 271). Testificó conocer al ingeniero D.E., porque le arrendaba unas galeras para pollos al señor S..

    El vecino de la propiedad en pleito, P.T., fue aún más lejos y le atribuyó en su declaración 50 años de conocer a H.S. en la finca. A folios 276 y 277 se aprecian el relato del declarante en torno a las labores desarrolladas por el demandante en la finca.

    M.O.G. conoce a H.S. de hace 20 años y trabaja para él en la finca (fs. 278).

    Al ser cuestionado si conocía a ARCINDA EDIZA STANZIOLA DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA y R.S.T., afirmó que en los veinte (20) años que tiene de trabajar en el inmueble a "ninguno de ellos los he visto por allí en la finca."

    Sobre esta misma interrogante, C.B. fijó en 40 años el tiempo que tiene H.S. en la finca (fs. 280).

    También fue llamado a los estrados del tribunal para declarar el hijo del demandante, H.S.S. (fs. 286 a 289).

    De sus declaraciones, podemos extraer algunos puntos de relevancia:

    ". . . yo me crié allí todos los veranos ibamos ayudarlo con las vacas, cercas y yo tengo 43 años." (sic).

    "por ordenes de mi papa yo administraba la finca y estaba encargado de pagarle a los piones, mantener el ganado y de las galeras." (sic).

    "Administraba por breves periodos de tiempo intercalados, mientras mi papa no podía venir." (sic).

    ". . . me dejaba a cargo administrándola en los lapsos en que el estaba de viajes." (sic).

    "Durante esos años la economía estaba un poco apretada y decidieron llevar a mis hermanos mas pequeños a estudiar a México, durante ese lapso mi papa iba y venia constantemente." (sic).

    "Los años exactos recuerdos, pero debe ser por los años del 86 -87 cuando fue la crisis del gobierno." (sic).

    Ante el cuestionamiento de si tenía conocimiento que sus tíos le hubiesen solicitado a su padre por la vía de las autoridades administrativas el desalojo de la finca, respondió que no.

    M.A.V. declaró que "C."S. lleva 30 años en posesión de la finca y que no ha conocido a nadie más que a él allí (fs. 290 a 292); y S.B.L., colindante, testificó que H.S. ha sido su vecino desde hace 40 años, que cada uno repare su parte de la cerca (fs. 293).

    Observa la Sala que todos los declarantes en uno u otro momento se refirieron al demandante con el mote de "C." y coincidieron en que no han conocido más persona que Hermel "C."S. ocupándose del mantenimiento de la finca en litigio.

    En lo que concierne a estos testimonios y las objeciones formuladas por los casacionistas, de los cuales tachan de sospechosos y contradictorios los de J.C.O., N.A.F., M.O., C.B. y M.Á.V., la Sala observa que quienes trabajan o han hecho trabajos para H.S. lo dejaron claramente asentado en sus declaraciones, que de paso anotaron que trabajan o trabajaron para él en la finca en pleito. Este punto no desmerita la constante advertida por estos y los restantes declarantes que conocen a H.S. de más de 15 años en la finca.

    La Sala estima que las declaraciones, inclusive la de H.S.S., fueron evaluadas por el tribunal con las reservas del caso; pues se aprecia claramente una valoración conjunta de éstas con las restantes probanzas, en perfecto uso de los parámetros a los que da margen la sana crítica.

    "El primer cargo de injuridicidad de la causal reside en el primer motivo, y estriba en la mala valoración del ad-quem (en la sentencia impugnada) de las declaraciones testimoniales de los señores T.M. (f. 138) y CATALINO HERRERA DE LA CRUZ (f. 144), que a juicio del ad-quem configuran prueba testimonial válida, desvirtuando las otras dos declaraciones, pese a que estos dos declarantes afirmaron haber trabajado para el demandante, lo que los hace testigos sospechosos, configurando la causal.

    Este cargo se funda en la violación del artículo 909 del Código Judicial, que dice:

    '909. (896) Son sospechosos para declarar:

  6. El trabajador, empleado o dependiente de la parte que pidió la prueba, salvo que se trate de una entidad de derecho público;"

    El sustento de violación de esta norma, coincide con el del cargo de injuridicidad contenido en el motivo.

    Sobre el particular, la Sala considera oportuno citar la opinión del procesalista patrio J.F.P., quien sobre el particular afirma lo siguiente:

    'El Juez recibe la declaración del testigo sospechoso y la aprecia en la sentencia, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Al efecto ha de aplicar las 'reglas de la sana crítica', la lógica de los hechos. El sistema de la sana crítica que siguen numerosos códigos procesales modernos y recomiendan los autores y los congresos procesales internacionales suprime las 'inhabilidades por falta de imparcialidad' que responde al propósito de abandonar el régimen de prueba tasada. (En el derecho anglosajón se eliminaron las 'disqualifications' y en el derecho francés las 'taches').

    La calificación de testigos de 'sospechoso' es una mera orientación, una guía, para el Juez, pero no significa que por el solo hecho de aparecer clasificado así por la Ley no merezca fe o credibilidad. Como hemos señalado, el Juez debe examinar escrupulosamente, detenidamente, en un estado de alerta, con cautela, la declaración' (FABREGA P., J., "1 Medios de Prueba, 2 La prueba en Materia Mercantil", Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998, pág. 220).

    El extracto transcrito revela que la sola existencia de la relación de trabajo entre el declarante y el demandante no desvirtúa la declaración de manera automática, sino que la circunstancia sirve de 'orientación' o 'guía' para que el juez califique tal deposición, criterio adoptado por esta S..

    En consecuencia, es necesario sopesar la aserción con los demás elementos probatorios, en ejecución del principio procesal de la sana crítica, para determinar su valor.

    Y es que, como ya señalamos antes, la sola existencia de la relación de trabajo entre el declarante y el demandante no desvirtúa por sospechosa dicha declaración de manera automática, sino que tal circunstancia debe orientar al juez para calificar tal deposición y valorarla en base a la sana crítica."

    (G.E. de Bolivar y N.A.A., recurren en casacion en el proceso ordinario declarativo de prescripcion adquisitiva de dominio que le sigue D.T.Q. a G.M. de A. y otros. Ponente: J.A.T., 9 de abril de 2003).

    -Lo resaltado es por S..-

    Un aspecto fundamental de esta objeción lo constituye el hecho de que no se observan en el expediente declaraciones de testigos aportados por los demandados que desvirtúen que H.S. ha sido la persona que ha ocupado, poseído y explotado la finca por más de 20 años, y que tampoco digan que conocen a los demandados o a su madre, quien figuraba como titular de la finca en el Registro de la Propiedad, como encargados de la finca, o que se trata de mera tolerancia.

    Dada la relación familiar entre las partes es de importancia resaltar lo que la jurisprudencia ha considerado al respecto:

    Los actos de mera tolerancia son los que el dueño de un predio permite realizar a un tercero con base a las buenas relaciones de vecindad, amistad, cortesía o parentesco. Esos actos, conforme lo establece la ley, no dan lugar a la posesión y tampoco a la prescripción. En casos como el presente se debe poner especial atención a cuál es o ha sido la voluntad con que han actuado las partes; ambas y no sólo una de ellas, pues no sería apropiado apreciar aisladamente el acto en cuanto a su simple naturaleza, sin dejar de considerar que el mismo debe medirse con respecto a la voluntad de quien lo ejercita y también con respecto a la voluntad de quien lo soporta. Si el marco dentro del cual el acto se produce es el resultado, como sucede en este proceso, de determinadas relaciones sociales (iure familiaritis) es necesario arribar a la conclusión de que la posesión bajo estudio se encuentra marcada por una clara carencia del animus domini y no se puede aceptar su reconocimiento.

    (J.L. de P.G. recurre en casación en el proceso ordinario que le sigue a A.F. de Puy Farrugia, sucesión de A.F. de Puy Farrugia o sucesores de A.F. de Puy Farrugia. Ponente: E.A.S.. 29 de septiembre de 2000).

    Es así pues, que la finca 1437, en disputa, figuraba en el Registro de la Propiedad como de propiedad de la señora M.T. de S., esposa de R.S., padre tanto de H.S.B., como de ARCINDA EDIZA STANZIOLA TORRES DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA y R.S. TORRES.

    Si bien el dominio de los bienes sucesorios se transmite a los sucesores universales de pleno derecho, por ministerio de la ley, tras el fallecimiento de la causante; este derecho adversa el derecho que confiere la posesión.

    La señora M.T.B. de S. falleció el 14 de abril de 1991, a partir de ese momento se declaró abierta su sucesión, fueron declarados sus herederos universales, sin perjuicio de terceros, ARCINDA EDIZA STANZIOLA TORRES DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA y R.S. TORRES mediante resolución de 21 de noviembre de 1996 (fs. 157).

    Si bien está resolución establece que no se presentó controversia contra los herederos declarados ni contra la sucesión, lo que, a contrario sensu, indica que H.S.B. no se presentó al proceso a formular sus objeciones en base a sus derechos sobre la finca que ocupa; tal situación no cambia el hecho, revelado por las pruebas, de que tanto en vida de Modesta Torres Becerra como luego de ser declarados sus hijos, como sus herederos, quien se ha ocupado de la finca 1437 ha sido H.S.B..

    Es de rigor recordar que esta figura de la prescripción adquisitiva de dominio opera como sanción por abandono.

    Los demandados aportan como pruebas para desvincular a H.S. en el ejercicio activo de mantenimiento y cuidado de la finca en mención dos (2) contratos celebrados entre N.C. y M.T. de S. para el arrendamiento de la finca 1437. El primero está fechado el 28 de junio de 1989 y el segundo, de 2 de julio de 1990. Ambos con las irregularidades advertidas por el juzgador primario en su momento, a saber:

    "En otras palabras, ante el hecho de que la supuesta contratante había fallecido, trae como consecuencia lógica que no estuviere físicamente presente al momento de la presunta autenticación de firma y mucho menos, que consintiera que otra persona firmara en su nombre dicho pacto, lo que a todas luces, desnaturaliza esa actuación jurídica, dado que a pesar de que quien avala ese acto, es un funcionario público, no es posible tener por válida la firma y la actuación de una persona que al momento en que se reconoce dicha rúbrica, había desaparecido físicamente a causa de su muerte (irregularidad que evidentemente puede ser objeto de investigación criminal por parte del Ministerio Público, a fin de deslindar responsabilidades) y aunque se habla de obligaciones contractuales de períodos en que todavía estaba viva y era dueña del inmueble en cuestión, no existe en autos otro medio de prueba que convalide y ratifique esa presunción legal (que recoge el texto de los artículos 856, 857, 858 y 859 del Código Judicial), ya que en ningún caso ha ocurrido los acontecimientos que respecto a documentos no firmados, estatuye el artículo 862 del precitado cuerpo legal y por ende, se ha de concluir, que no es posible que este Tribunal pueda conceder eficacia probatoria alguna, a los hechos plasmados en las clausulas (sic) de esos contratos y tampoco ofrece credibilidad para establecer que antes de su muerte, estaba ejerciendo la posesión del predio aludido y que en ejercicio de titularidad, pudo conceder la presunta autorización al actor (la que viene argumentando la contraparte) o que descarte la posesión que juicio nuestro a (sic) sido probada de manera contundente."

    En lo que respecta a la certificación expedida por J.I.P., Embajador de México, el 17 de marzo de 2003, contentiva de los "datos de la estancia en México del señor H.S.B.," que registra sus movimientos migratorios de 1989 a 1996, que incluyen cambio de turista a rentista, prórrogas y permanencia como rentista y la nota SG-849, de 24 de febrero de 2003 de la Dirección Nacional de Migración, referente a los movimientos migratorios de H.S.B., con cédula de identidad personal No. 2-26-280, acompañada del movimiento migratorio de H.S., cédula No. 4-139-645, que los casacionistas afirman que fueron mal valoradas; tales certificaciones no consiguen descalificar jurídicamente el fallo, pese a que los casacionistas sostienen que estos documentos demuestran que el demandante no estaba en el predio en disputa durante el tiempo necesario, por tanto, no se configuran los requisitos que hagan viable su pretensión.

    Según el artículo 1696 del Código Civil para que opere la prescripción adquisitiva del dominio sobre bienes inmuebles, es necesaria su posesión no interrumpida por un período mínimo de 15 años. Para que haya posesión son necesarios 2 presupuestos, el animus domini y el corpus.

    El animus domini, elemento intencional, intención posesoria, existe cuando se ejerce poder sobre la cosa sin reconocer en otro su titularidad, es decir, comportándose como titular del derecho real y ejerciendo sobre ella actos propios de dueño.

    "Sin embargo, no toda posesión es igualmente idónea para que la adquisición se produzca, sino únicamente la que reúne los siguientes requisitos: ha de tenerse la posesión en concepto de dueño, y ha de ser además pública, pacífica y no interrumpida. (P.B., J.. Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, V.I., 3ra ed., B., Barcelona 1989, pág. 318).

    Primera característica, la posesión a título de dueño (animus domini). Esto significa que el poseedor debe actuar respecto a la cosa como lo haría el propietario. Sólo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir detítulo para adquirir el dominio.

    Esto implica que, para que proceda la adquisición del dominio por prescripción, no sólo se requiere el transcurso prolongado deltiempo fijado por ley, sin interrupción; sino que además, no debe tratarse de una tenencia material, de una posesión simple, sino que el poseedor debe ver la cosa como suya.

    Es oportuno citar un extracto del fallo de esta Sala, de 11 de octubre de 2001, bajo la Ponencia del Magistrado R.F.Z., que sobre el particular, establece:

    'De manera que, para la prescripción ordinaria resulta esencial, además de la ocupación material del bien, que exista en el poseedor el animus dominus, por cuanto como ha dicho la Corte a propósito de la resolución de 3 de junio de 1983, 'nuestro ordenamiento civil se apoya en la escuela clásica de Savigny, según la cual para que exista posesión es imprescindible el corpus y el animus domini, y es precisamente este último concepto (animus domini) el que permite diferenciar entre el mero detentador de una cosa y el que quiere esa cosa para provecho propio, o sea que la posee con ánimo de dueño'. De forma tal que, no estaríamos en presencia de este factor intencional, cuando la ocupación se da por mera tolerancia del propietario, conforme lo disponen tanto las normas sobre posesión (artículo 417 del Código Civil), como las que regulan la usucapión (artículo 1680 del Código Civil).'

    Del extracto transcrito, se desprende que el animus domini, es determinado, más por la actitud del propietario del bien objeto de prescripción adquisitiva, que de la intención de dueño que se observa en su detentador, pues éste pretende adquirirlo."

    (Recurso de Casación de B.B. en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio que le sigue a Compañía Valle Grande, S.A. P.: A.C.C., 16 de noviembre de 2004).

    El corpus, aprehensión material de la cosa, por otro lado, constituye el conjunto de actos materiales de tenencia, el uso, disfrute, percepción de frutos, construcción, reparación y/o transformación. El poder físico que se ejerce sobre la cosa. El corpus existe no sólo cuando hay contacto con el bien, sino cuando este contacto es susceptible de ser ejercido en cualquier momento.

    Para E.G.E., autor de la Prescripción y procesos de pertenencia en Colombia, "Por medio del corpus la posesión se hace visible, pública, conocible." Las certificaciones aportadas no confirman que durante el período que los casacionistas alegan, con fundamento en estos documentos, que el actor estuvo fuera del país, se hubiese producido el abandono del predio.

    Todo lo que existe en la finca, según las pruebas que ha podido verificar la Sala, denotan un esfuerzo e inversión de muchos años. H.S.S., en su declaración, no niega las salidas de su padre a México; sin embargo, anota también que le dejaba claras y precisas instrucciones para la administración de la finca. Ello denota que en ningún momento el demandante se desvinculó de los quehaceres de ésta. A objeto de conocer cuál es el rol del administrador es oportuna la lectura del fallo proferido por la Sala el 16 de noviembre de 2004, con ocasión de otra reclamación por prescripción adquisitiva de dominio, citado en párrafos precedentes.

    En lo que concierne a la solicitud enderezada ante la Corregiduría de Capellanía, Distrito de Natá, Provincia de Coclé por A.E.S.T. de P. y L.O.S.T. de P., para que fuese notificado H.S.B. de la declaratoria de herederos antes comentada, en vista de que "se encuentra utilizando dicho inmueble." (finca No. 1437); se observa que dicha solicitud no tiene fecha. Ni siquiera hay certeza de que la fecha en que fue recibida por la Corregiduría sea el 16 de marzo de 2001, puesto que en esta copia, tanto en el poder como en la solicitud, justo bajo el nombre de J.L.S.S., apoderada judicial de las solicitantes, es donde se aprecia manuscrita la fecha de 16 de marzo de 2001, más abajo una firma ilegible y, renglón seguido, manuscrita la palabra corregidora.

    Según la inscripción a margen inferior izquierdo del folio 165, la Corregidora de Capellanía, V.A.U., certificó el 6 de junio de 2002, que es copia fiel de su original.

    La demanda fue presentada en enero 2002, aún de tomarse el 16 de marzo de 2001, como fecha cierta de esta solicitud, no modifica el hecho de que, aún antes de ese momento, ya H.S.B., según las restantes probanzas, tenía más de veinte (20) años en posesión de la finca 1437.

    Además, en este documento sólo se pide que se le notifique de la declaratoria de herederos, y no un lanzamiento por intruso.

    Con fundamento en las razones esbozadas, no encuentra asidero jurídico este Tribunal Colegiado para casar la sentencia impugnada con base en la primera modalidad de la causal invocada; concluye esta Sala de la Corte Suprema de Justicia que el tribunal ad quem al momento de justipreciar o valorar las pruebas acompañadas y practicadas en el proceso, lo hizo en su justa dimensión y conforme a las reglas de la sana crítica y sin violentar norma jurídica alguna.

    Acusan los casacionistas a la sentencia revisada de la infracción de normas sustantivas de Derecho por violación directa, porque no se aplica en ella, por analogía lo preceptuado en el artículo 1671 del Código Civil, de allí su transgresión y, consecuentemente, la del artículo 13 del mismo código. Esto es, por no haber trasladado la interrupción de la prescripción estipulada en el artículo 1671 para los cónyuges a su caso, dada su relación de consanguinidad.

    In limine, la Sala repasará la figura de la analogía o objeto de esclarecer si estamos ante una laguna jurídica.

    En algunos eventos puede ocurrir que no haya norma aplicable a la solución del problema jurídico planteado, para lo cual autoriza la ley recurrir a normas que regulen casos o materias semejantes (art. 8º del C.C.), procedimiento éste de aplicación indirecta de la ley, que se conoce tradicionalmente con el nombre de analogía.

    Es simplemente la técnica que se utiliza para buscar una norma que regule un problema jurídico similar al que se está resolviendo, cuando para éste no hay norma aplicable, procedimiento que se funda en el principio según el cual donde existe una misma razón de hecho, debe existir una misma disposición de derecho.

    Es necesario distinguir entre la analogía y la interpretación extensiva de la ley, llamada también interpretación analógica. Ya se dijo al efecto que la analogía implica inexistencia de fuente directa aplicable a la solución del problema, en tanto que la interpretación extensiva se hace sobre la fuente pertinente.

    La analogía, en cambio, se presenta cuando el caso no está previsto en manera alguna por la norma, aunque se dilate su interpretación hasta el límite máximo de su expansión posible; se trata, pues de una verdadera laguna legislativa.

    (G.A., J.. Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica, 5ta ed., E.. Librería del Profesional, Colombia 1992, págs. 36 y 37).

    Ante la duda de cómo se llenan las lagunas de la ley procesal, o sea cómo se integran, el Dr. J.F.P. en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, aclara:

    "La primera cuestión que procede discutir es la referente a cuándo existe una laguna en el ordenamiento procesal. No es suficiente con expresar que la laguna se da cuando la Ley guarda silencio.

    La interrogante se da, como expone L., en cuanto la cuestión de que trate es en absoluto susceptible y está necesitada de regulación jurídica, esto es, cuando la Ley no contiene una regla para una cierta cuestión que, según intención reguladora subyacente, precisa de regulación. La intención reguladora de la Ley -en nuestro caso, del ordenamiento procesal civil- es hacer una regulación completa de las cuestiones que proceden surgir en la realización de una relación obligatoria por el hecho de que una persona no se comporta como debía comportarse. Si existe o no una tal laguna ha de enjuiciarse desde el punto de sentir de la Ley misma, de la intención reguladora, que le sirve de base, de los fines perseguidos y del plan legislativo. Una > es una omisión contraria al plan mismo de la Ley. El criterio es el determinar si la Ley es incompleta comparada con su propia intención reguladora, si la Ley no contiene una norma que debía contener. (Metodología de la Ciencia de Derecho).

    Para determinar la laguna, no basta una constatación formal; hay que guiarse por el plan de la Ley.

    La laguna se llena acudiendo a la analogía.

    El código tiene en mente la analogía legis, o sea, como expone L., mediante el traslado de una regla establecida en la Ley para el supuesto de hecho (A) o para varios supuestos de hechos similares, a otro supuesto de hecho (B), no regulado en la Ley, similar a aquél. El traslado se basa en que debido a su similitud, ambos supuestos de hecho han de ser valorados igualmente en los aspectos decisivos para la valoración legal; es decir, que se basa en la exigencia de la justicia para tratar igualmente lo igual. La integración de la laguna legal, por la vía de retorno a un principio puesto en la Ley es aquél al que el principio (asimismo) se refiere, sin que intervenga aquí un principio contrario. El que dos hechos sean > entre sí, quiere decir que concuerdan con algunos aspectos, pero no en otros. Si concordamos absolutamente en todos los aspectos que han de entrar en consideración, entonces serían iguales. Por tanto, los supuestos de hecho no deben ser absolutamente iguales ni desiguales entre sí, pero tienen que concordar precisamente en los aspectos decisivos por la valoración jurídica. El traslado de la regla, dada, para un supuesto de hecho, a otro distinto > a él, es decir, que se ha de estimar igual en su valoración se denomina analogía legal, más apropiado al respecto será la expresión > porque es aplicada > una norma legal particular a un hecho no regulado por ella.

    La analogía no puede aplicarse tomando como punto de referencia normas restrictivas o excepcionales."

    Los conceptos reproducidos destacan ideas como: los fines perseguidos, la intención reguladora, verdadera laguna jurídica, situación que forzosamente necesita de regulación y la ausencia de una norma debió formar parte del ordenamiento jurídico.

    La laguna jurídica, por tanto, es el olvido a tipificar una situación que obligatoriamente debió ser tutelada en la Ley.

    Retomando el supuesto de hecho planteado en este caso, esta S. ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el artículo 1671 del Código Civil. Conviene entonces revisar las consideraciones externadas, para comprender el alcance y razón de su inclusión en la normativa, previa a su análisis y aplicabilidad en este caso.

    Para mayor claridad, reproducimos el artículo 1671 del Código Civil:

    'Artículo 1671. La prescripción ordinaria puede suspenderse sin extinguirse; en ese caso, cesando la causa de la suspensión se le cuenta al poseedor el tiempo de ella, si alguno hubo.

    Se suspende la prescripción ordinaria en favor de los menores, dementes y sordomudos.

    La prescripción siempre se suspende entre cónyuges.' (Subraya de la Sala).

    El último párrafo de la disposición transcrita, al hacer referencia a los 'cónyuges', necesariamente sitúa a la Sala dentro del concepto del matrimonio y su importancia por constituir este la base legal de la Institución de la familia y sus consecuencias sociales, por ser considerado como el fundamento de la sociedad, la cual es reconocida y protegida por el Estado, como bien lo señala el primer párrafo del mencionado artículo 53 Constitucional.

    Uno de los elementos sustentatorios de esa naturaleza, y a la que el Estado le otorga cada vez mayor reconocimiento, es el de la igualdad de los cónyuges, aunque no siempre fue así.

    En las sociedades latinoamericanas, la preponderancia del hombre en todos los quehaceres de la actividad económica y social era marcada; pero movimientos sociales acaecidos en los años '70s (como el de liberación femenina) proveyeron a las sociedades la conciencia necesaria para permitir a las mujeres ir alcanzando gradualmente, un plano de igualdad con el hombre en todas las áreas y actividades sociales.

    Este valor social ha sido igualmente reconocido en el plano familiar, a través de las Constituciones latinoamericanas, en especial en el área económica, al permitírsele a la mujer ejercer el comercio.

    Empero, la institución del matrimonio sigue siendo protegida por los ordenamientos jurídicos, como base fundante de la sociedad; es por ello que el artículo 53 Constitucional, además de reconocer la igualdad de los cónyuges, establece protección estatal en favor de su unión.

    En ese sentido, considera la Sala que el artículo 1671 del Código Civil, el cual en su último párrafo instituye el principio de que la prescripción siempre se suspende entre cónyuges, sin distinción y muy lejos de establecer alguna desigualdad entre ellos, fue establecido precisamente para salvaguardar la integridad jurídica de la unión conyugal, no sometiéndola a términos para prescribir derechos que dentro de la institución son recíprocos, máxime que, como en el presente caso, tanto demandante como demandado convivieron en el inmueble objeto de prescripción por 20 ó más años.

    Considera la Corte que la razón de ser de este tercer párrafo, estriba en que, como ya señalamos anteriormente, el legislador pretendió darle un matiz de seguridad jurídica a la titularidad de los cónyuges sobre sus bienes, habidos antes del matrimonio o adquiridos durante el mismo, para evitar que uno de ellos utilice su condición de esposo (a) para quitarle algún bien a su pareja, tratando de proteger así, la integridad de la institución del matrimonio, y siendo la expuesta la finalidad perseguida por el legislador, es irrelevante, para los efectos de la protección del matrimonio, si se trata de una u otra clase de prescripción.

    En este sentido se manifestó la Sala, mediante fallo de 30 de julio de 1992, bajo la ponencia del Magistrado R.T.M., en el que sobre el particular, señaló lo siguiente:

    El artículo 1671 del Código Civil preceptúa que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. Esta norma es clara, luego el juzgador debe aplicarla, en cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 9 y 10 del Código Civil, atendiendo su tenor literal y dando a las palabras siempre sus sentidos naturales y obvios que son en esta norma: en todo o en cualquier tiempo y en todo caso....'

    La Sala no comparte la posición del recurrente y mantiene el criterio sostenido en la sentencia. Por ello la misma no puede violar los artículos 603 y 1679 del Código Civil, a los que se refiere como infringidos el recurso presentado. Es cierto que el primero de ellos establece cuáles son los hechos positivos que demuestran la posesión del suelo. no obstante, también es cierto que esos actos deben ser ejecutados sin el consentimiento de quien disputa la posesión.

    El vínculo matrimonial existente entre la demandante y C.O., quien es el titular del dominio de la finca hasta 1988, impide, tal como atinadamente lo expresa la sentencia impugnada, que se reconozcan esos actos como propios para producir el fenómeno jurídico de la usucapión. De aquí, pues, que este primer cargo en contra de la sentencia no prospera.'

    Por lo tanto, al ser irrelevante el tipo de prescripción a que se refiere la norma, porque precisamente lo que prescribe es que entre los cónyuges nunca hay prescripción, no pudo el fallo recurrido infringir la ley, lo que da lugar a negar la presente casual de interpretación errónea.

    (Z.C.L. de Fuentes recurre en casacion en el proceso ordinario de prescripcion adquisitiva que le sigue a M.F.V.. Ponente: J.A.T.. 19 de marzo de 2004).

    En esta misma línea de pensamiento, ante la disquisición del tema hecha por los tratadistas consultados, la Sala no considera que estemos frente a un vacío legal; de allí que sea improcedente utilizar la técnica de la integración por analogía.

    La jurisprudencia parcialmente transcrita despeja cualquier interrogante de que el artículo 1671 no es aplicable a este caso. Por consiguiente, no es posible su infracción como tampoco la del artículo 13 del Código Civil.

    Así pues, queda claro conforme a este pronunciamiento que el único norte de este tercer párrafo es ofrecer una garantía en el caso particular, entre los cónyuges y no se hace extensiva a cualquier línea de consanguinidad o afinidad.

    Esta es una norma que enumera de manera taxativa qué figuras comprende o en qué casos es aplicable, no es un sistema abierto. Si se permitiera este compás, es decir, su empleo por analogía, se invocaría este tercer párrafo como fundamento para solicitar la interrupción de la prescripción ante cualquier supuesto, basado en cualquier tipo de relación que vinculara a las partes.

    La Sala Civil concluye que esta norma jurídica debe atenderse en su tenor literal, sin ánimo de querer interpretar su espíritu; por ende, no da lugar a su aplicación por analogía.

    Visto que, de las infracciones endilgadas por los promoventes no se advierte la injuridicidad necesaria para invalidar la sentencia, por lo que la Sala procede igualmente a negar este segundo concepto de infracción, violación directa, de la causal de fondo invocada, es decir, la violación de normas sustantivas de derecho.

    En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Primera de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el fallo de 27 de abril de 2004, del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que confirma la Sentencia No. 04, de 21 de enero de 2004, del Juzgado Segundo de Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil, en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por HERMEL STANZIOLA BARRIA contra ARCINDA EDIZA STANZIOLA TORRES DE PEREIRA, L.O.S. TORRES DE PANIZA y R.S. TORRES.

    Las obligantes costas se cuantifican en QUINIENTOS BALBOAS (B/. 500.00).

    N..

    ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

    JORGE FEDERICO LEE.- JOSÉ

    A. TROYANO

    ELIGIO MARIN CASTILLO.- Secretario Encargado