Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Diciembre de 2003

PonenteJorge Fábrega Ponce
Fecha de Resolución15 de Diciembre de 2003
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Lcdo. F.S., actuando en representación de E.E.E.A., ha presentado excepción de inexistencia de la obligación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá le sigue a O.M., surtido en relación al uso de fondos públicos que le fueron asignados en su calidad de legislador, a través del Programa Multiagencial de Obras Comunitarias de los Legisladores del período 1984-1989.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, pretende hacer efectiva, contra bienes de propiedad de E.E.E., la Resolución Fiscal de Cargos Nº5-98 de 29 de enero de 1998, que figura visible de fojas 56 a 74 del expediente administrativo, en la que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial declara y condena al ciudadano O. M.C., con responsabilidad patrimonial directa hasta la cuantía de ciento veinte mil seiscientos setenta y cinco balboas con treinta y dos centésimos (B/120,675.32), que comprende la lesión causada al patrimonio del Estado más el interés legal establecido.

  1. A. delE..

El Lcdo. F.S. formula incidente de excepción de inexistencia de la obligación que fuera decretada mediante Auto de Mandamiento de Pago Nº213-JC-93 de 29 de marzo de 2001, proferido por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se ordena proceder por la vía ejecutiva en contra de O.M.C., quien adeuda al Tesoro Nacional la suma de B/120,675.32 más recargos del 10% más intereses que se venzan hasta el completo pago de la obligación, más el 20% adicional correspondiente al juicio ejecutivo, más los gastos de cobranza. Según el Lcdo. S., como el proceso ejecutivo se ha incoado con base en la Resolución Final de Cargos Nº5-98 de 29 de enero de 1998, proferida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, que decreta responsable a O.M.C., la solicitud para que se enerve la pretensión ejecutiva que pesa sobre su mandante, debe declararse probada, y, en consecuencia, las medidas cautelares que afectan bienes de propiedad del señor E.E.E. debe ser levantadas, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 1715 del Código Judicial.

El Lcdo. F.S. fundamentó la excepción en los siguientes términos:

"PRIMERO: Que mediante Memorando Nº268-94-DAG-DEAE de 8 de marzo de 1994, la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República remitió a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, copia autenticada del Informe de Antecedentes Nº 12-1-94-DAG-DEAE "relacionado sobre el uso de fondos públicos asignados al exlegislador O.M.C., a través del Programa Multiagencial de Obras Comunitarias de los Legisladores del período 1984-1989".

SEGUNDO

Que luego de ejecutados los trámites del proceso por lesión patrimonial en contra del Estado, se emitió la Resolución Final de Cargos Nº5-98 de 29 de enero de 1998, mediante la cual la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, declaró al señor O.M.C., responsable de la Lesión Patrimonial Directa contra el Estado, ordenándolo a pagar la suma de B/120,675.32, más los intereses legales que correspondan.

TERCERO

Que mediante Resolución Nº493-95 de 14 de noviembre de 1995, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, ordenó erróneamente la cautelación y puso fuera del comercio, entre otras, las fincas No. 3574, inscrita al folio 172, tomo 142 R.A., de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; No. 25333, inscrita al rollo 4710, documento 3, asiento 1, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; No. 25918, inscrita al rollo 5149, documento 5, asiento 1, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; y, No. 36110, inscrita al rollo 17655, documento 6, asiento 1 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, Registro Público; todas de propiedad de E.E.E.A..

CUARTO

Que mediante Oficio Nº413-DRP-C-3ª de 14 de abril de 1999, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, en virtud de lo que establece el artículo 16 del Decreto de Gabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990, en concordancia con el artículo 40 del Decreto de Gabinete Nº65 de 23 de marzo de 1990, remitió a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, copia autenticada de la referida resolución final de cargos, para que se hicieran efectivas las condenas a través del proceso de jurisdicción coactiva, de modo que el Estado recuperara el monto de la lesión causada a su patrimonio. En consecuencia, se declinaron las medidas cautelares dictadas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial dentro del indicado proceso por lesión patrimonial.

QUINTO

Que en virtud de lo anterior, y como quiera que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial declinó su competencia a la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, este despacho, mediante Resolución Nº213-5644 de 2 de diciembre de 1999, decretó también erróneamente formal secuestro, entre otras, sobre las fincas Nº 3574, 25333, 25918 y 36110, que son de propiedad de mi mandante desde junio-julio de 1995; es decir, con fecha anterior a que se decretara la cautelación ordenada por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y las medidas cautelares ordenadas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República. Ambas medidas fueron comunicadas al Registro Público de Panamá para los efectos de Ley.

SEXTO

Que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas emitió Auto Ejecutivo de Mandamiento de Pago Nº213-JC-93 de 29 de marzo de 2001, que ha sido notificado formalmente a mi mandante el 7 de junio de 2001, quien no es responsable de la condena impuesta por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

El Lcdo. S. al exponer las consideraciones de derecho, sostiene que de conformidad al artículo 974 del Código Civil, en el presente caso la obligación se ha hecho exigible de acuerdo al auto de mandamiento de pago emitido por la Administración Regional de Ingresos, que es una resolución ejecutoriada de la que surge un crédito a favor del Tesoro Nacional en virtud de la condena emitida en contra de O.M.C., por lo que, a tenor de lo previsto en el numeral 4 del artículo 1803 del Código Judicial, presta mérito ejecutivo. No obstante, aclara que presta mérito ejecutivo para el cobro a O.M.C. y no a E.E.E.A., como se ha hecho al notificarse el auto de mandamiento de pago el 7 de junio de 2001.

El Lcdo. S. sostiene que en el presente caso no existe obligación clara, líquida y exigible en contra de E.E.E.A. tal como lo requiere el artículo 1638 del Código Judicial, en la medida que la resolución final de cargos hace mérito ejecutivo para el cobro de la deuda al señor O.M.C.. Según el Lcdo. S., el señor ELIZONDO ni siquiera fue llamado al proceso por responsabilidad patrimonial incoado por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República ni se ha acreditado dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que es deudor solidario o mancomunado del señor M.C.. Por tanto, afirma que la Administración General de Ingresos no puede cobrarle al señor E.E.E. la deuda que tiene con el Tesoro Nacional el señor O.M.C..

  1. Oposición de la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

De fojas 16 a 17 del expediente, se aprecia que en oposición al incidente presentado por el Lcdo. F.S., la Administradora Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, en funciones de Juez Ejecutora, señaló lo siguiente:

" PRIMERO: Es cierto, por tanto lo aceptamos.

SEGUNDO

Es cierto, por tanto lo aceptamos.

TERCERO

No es cierto en la forma en que viene expresado, por tanto lo negamos.

CUARTO

Es cierto, por tanto lo aceptamos.

QUINTO

No es cierto en la forma en que viene expresado, por tanto lo negamos. Tal como puede colegirse del expediente, la existencia de la obligación se encuentra plenamente comprobada dentro del Juicio por Jurisdicción Coactiva que la Administración Regional de Ingresos le sigue a O.M.C., toda vez que la misma se acredita a través de la Resolución Final de Cargos Nº5-98 de 29 de enero de 1998, mediante la cual la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, declaró al señor O.M.C., responsable de la Lesión Patrimonial Directa contra el Estado, ordenando a la Dirección General del Registro Público, poner fuera de comercio y a disposición de ésta las fincas Nº25333, Nº 25918, Nº25918, Nº25355, Nº36110, y Nº20336. Mediante Auto Ejecutivo de Mandamiento de Pago Nº213-JC-93 de 29 de marzo de 2001, esta Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, ordenó el reintegro de la suma de CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS CON TREINTA Y DOS CENTÉSIMOS (B/120,675.32). Al ser notificado personalmente, el señor E.E. interpuso Excepción de Inexistencia de la Obligación.

SEXTO

Es cierto, por tanto lo aceptamos."

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal Nº 497 de 2 de octubre de 2001, que figura de fojas 18 a 24 del expediente, solicita a la Sala que declare no probada la excepción de inexistencia de la obligación incoada.

Según la Procuradora de la Administración, del análisis de las piezas procesales acopiadas, se encuentra plenamente acreditada la vinculación existente entre el señor O.M.C. y los bienes cautelados por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República. La Procuradora de la Administración sostiene que sí existe una obligación líquida, clara y exigible al demostrarse en el proceso, que las fincas cauteladas eran manejadas, controladas y utilizadas por el Ex Legislador O.M.C. , y para ello trae a colación el Oficio No413-DRP-3ª de 14 de abril de 1999, dirigido por el Magistrado Sustanciador al Director de Ingresos de la Provincia de Panamá, en el que se señala que al examinar la historia registral de las propiedades inscritas a nombre de personas naturales distintas al señor M., pudo establecerse "que en algún momento" fueron de propiedad del prenombrado señor o de alguno de sus familiares, por lo que el Tribunal hizo uso de la facultad que le concede el artículo 4 del Decreto de Gabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990, que le permite decretar medidas cautelares de una manera amplia sobre bienes de la persona investigada y sobre bienes de otras personas, siempre y cuando, según lo prevé la norma, "existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del Patrimonio del Estado. ( a fojas 21 y 22).

Finalmente, la Procuradora de la Administración sostiene que se encuentra plenamente acreditado en el expediente, que los inmuebles cautelados revestían una situación especial, precisamente por la vinculación de los mismos con el señor O.M.C., por lo que es inconcebible que mediante argucias legales, se pretenda evadir el cumplimiento de la Resolución que condena a pagar al excepcionante la suma de B/120,675.32, más los intereses correspondientes.

  1. Requisitos de las medidas cautelares e indicios necesarios para decretarlos.

    Evacuados los trámites correspondiente, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

    Tal como es legible en autos, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, emitió la Resolución Final de Cargos Nº5-98 de 29 de enero de 1998 (de fojas 56-74 del expediente administrativo) en la cual se declaró al señor O.M.C., responsable de una lesión patrimonial directa contra el Estado, condenándolo a pagar la suma de B/120,675.32 más los intereses legales que correspondan. También es apreciable de fojas 17 a 21 del expediente administrativo, que en Resolución Nº493-95 de 14 de noviembre de 1995, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, ordenó la cautelación y la puesta fuera del comercio, entre otras, de las Fincas Nº3574, Nº25333, Nº25918 y Nº36111 antes detalladas, de propiedad de E.E.E.. Asimismo figura que mediante Oficio Nº 413-DRP-C-3A/T-83/T-74 de 14 de abril de 1999 (de fojas 1 a 6 del expediente administrativo), la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, remitió a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, copia de la resolución final de cargos para que se hicieran efectivas las condenas a través del proceso por jurisdicción coactiva, razón por la que se declinaron las medidas cautelares dictadas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial; la Administración Regional de Ingresos, en Resolución Nº213-5644 de 2 de diciembre de 1999 (de fojas 163 a 164 del expediente administrativo), decretó entonces formal secuestro sobre las mencionadas fincas. Finalmente, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Auto de Mandamiento de Pago Nº213-JC-93 de 29 de marzo de 2001 ( a foja 403), en contra de O.M. y se ordena proceder ejecutivamente en contra del prenombrado; puede apreciarse en el reverso de la foja 403 del expediente administrativo, que el auto de mandamiento de pago fue notificado formalmente al señor E.E.E. el 7 de junio de 2001.

    En el negocio sub-júdice se advierte que la disconformidad del incidentista medularmente se centra en demostrar que no existe obligación clara, líquida y exigible en contra de E.E.E.A., razón por la que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá no puede cobrarle la deuda que tiene con el Tesoro Nacional el señor O.M.. A su criterio, no se ha acreditado dentro del proceso por cobro coactivo que el señor ELIZONDO AGUILAR es deudor solidario o mancomunado del señor O.M., o que existe una comunidad de bienes entre el señor M. y su representado o que los bienes adquiridos por su representado se obtuvieron mediante los fondos cuya pérdida mereció el proceso por responsabilidad patrimonial en contra de O.M..

    Visto lo anterior, procede la Sala entonces a resolver el fondo de la presente controversia, tomando en cuenta que en el Oficio Nº 413-DRP-C-3ª/T-83/T-74 de 14 de abril de 1999, expedido por el Magistrado Sustanciador de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y que fue dirigido al Director General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, se dejó sentado que en el caso de las propiedades inscritas a nombre de personas naturales distintas al señor O.M., al examinar su historia registral, surgió el hecho de que "en algún momento" fueron de propiedad del señor M., por lo que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial hizo uso de la facultad que le concede el artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990, que le permite decretar medidas sobre bienes de la persona investigada y sobre bienes de otras personas, siempre y cuando se encuentren dentro de los supuestos contenidos en la norma. Entre las propiedades allí detalladas, figuran las Fincas Nº 3574, 25333, 2918 y 36110 que componen el complejo denominado "La Pagoda" de las que se señala que fueron aseguradas físicamente mediante la Resolución Nº12-A de 14 de marzo de 1990, no obstante, se destaca que el despacho no contaba en principio con los datos registrales de las fincas ( de fojas 1 a 6 del expediente administrativo).

    No cabe duda que el ordenamiento jurídico debe prever mecanismos tendientes a evitar que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado, cuando se trate de la recuperación de fondos, bienes y valores públicos, utilizados indebidamente. Con la expedición del Decreto de Gabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990, "por el cual se crea dentro de la Contraloría General de la República, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y se adopta su procedimiento", se contemplan, según las consideraciones allí expuestas, los instrumentos eficaces que permitan adelantar los procedimientos necesarios para que, sin menoscabo del derecho de defensa de los afectados, se proceda a determinar la responsabilidad patrimonial de todos aquellos que indebidamente se beneficiaron o permitieron el beneficio de terceros, con la disposición indebida de fondos, bienes y valores públicos, en detrimento del Estado. El artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº36 de 10 de febrero de 1990, modificado por el Decreto Nº172 de 7 de junio de 1995, que se aduce como fundamento para proceder ejecutivamente contra las Fincas Nº 3574, 25333, 25918 y 361110, propiedades de E.E.E., persona distinta del sujeto llamado a responder patrimonialmente, es cierto que concede margen para la aplicación de medidas cautelares que están sujetas a que "existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del patrimonio del Estado", pero también es cierto que concede a las personas distintas del sujeto llamado a responder patrimonialmente que resulten afectadas, la oportunidad de hacerse parte del procedimiento para que así puedan hacer valer los derechos legítimos que pudiesen alegar y entonces oponerlos al supuesto que contempla la norma.

    Resulta, pues, importante precisar qué se entiende por "indicios" y los requisitos que deben converger para que se configure su existencia jurídica. G., citado por H.D.E., define indicio como "un hecho conocido del cual se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquél se obtiene, en virtud de una operación lógica-crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos". De esa definición D.E. concluye que para que exista procesalmente un indicio con fines probatorios es indispensable que se reúnan los siguientes requisitos:

    1. La prueba plena del hecho indicador. En opinión del autor, si no existe plena seguridad jurídica sobre la existencia de los hechos indicadores o indiciarios, resulta ilógico inducir de éstos la existencia o inexistencia del hecho desconocido que se investiga. Sin embargo, aclara que probado el hecho indicador o los varios hechos indiciarios, puede no inducirse con seguridad sino como una probabilidad el hecho indicado que se investiga, es decir, que la prueba de indicios no siempre es plena o suficiente para otorgarle al juez por sí sola, la certeza que necesita para declarar cierto el hecho investigado

    2. Que el hecho probado tenga alguna significación probatoria respecto al hecho que se investiga, por existir alguna conexión lógica entre ellos. Según D.E., si a pesar de haberse probado plenamente un hecho, el juez no encuentra conexión lógica alguna entre éste y el otro hecho desconocido que se investiga, el primero no tiene carácter de indicio, porque ninguna significación lógica puede tener respecto del segundo, "... la mayor o menor fuerza probatoria del indicio, depende del mayor o menor nexo lógico que exista entre aquél y el hecho desconocido que se pretende demostrar". (Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, Tercera Edición, V.P. De Zavalía-Editor- Buenos Aires, 1974, págs. 607 y 628 a 637).

    En atención a lo anotado y luego de examinar el contenido del artículo 4 del Decreto Nº36 de 10 de febrero de 1990, la Sala advierte que la misma disposición prevé el hecho indicado que se investiga, no el hecho indicador o los hechos indiciarios, al contemplar que cuando se trate de bienes que no figuran como patrimonio del sujeto, también podrán ser objeto de acciones precautorias, cuando respecto de ellos existan indicios "de los cuales se deduzca" que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del patrimonio del Estado. Así las cosas, para que se configure la existencia jurídica del indicio según los parámetros de la norma, debe, pues, estar probado el hecho indicador del que claramente se deduzca, "en razón de la lógica conexión", el hecho indicado ya contemplado. La Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, debe entonces establecer de manera convincente el hecho indicador que permita la lógica conexión entre el sujeto llamado a responder patrimonialmente con los bienes que figuran a nombre de personas distintas, no por razón de que en algún momento hayan sido de su propiedad, como argumenta la Administración, sino porque concurran hechos de los cuales se pueda inferir con meridiana claridad, que esos bienes adquiridos por terceros se obtuvieron mediante fondos, bienes o valores del Estado cuya disposición dio también lugar al proceso que por responsabilidad patrimonial se le sigue al sujeto llamado a responder.

    No existe presunción legal de que los bienes del tercero, por haber pertenecido al sujeto de responsabilidad patrimonial, hayan sido adquiridos con fondos, bienes o valores del Estado. Esto tiene que acreditarse, por ejemplo, porque se adquirieron con fondos de la misma cuenta bancaria en que se depositaban fondos públicos, con pagos en efectivo que coincidan con retiros anteriores en dicha cuenta o con fondos que devolvían terceros después de cambiar cheques de esa cuenta.

    Aún cuando el artículo 4º del Decreto de Gabinete Nº 36 de 10 de febrero de 1990, le concede a las personas distintas del sujeto llamado a responder patrimonialmente, la oportunidad de hacer valer los derechos que estime legítimos, la Sala conceptúa que es indispensable que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial precise el valor probatorio de los indicios que propician la adopción de acciones cautelares de aquellos bienes que no figuren como parte del patrimonio del sujeto, toda vez que, aún siendo válidos, no significa, como antes se anotó, que tengan la eficacia probatoria para que el Juez declare la existencia o inexistencia del hecho que se investiga. H.D.E., en ese sentido insiste en que "cuando el legislador autoriza la prueba de indicios no está diciendo que el J. pueda declarar probado el hecho, porque de aquellos resulte probable. De ninguna manera. Excepto en los casos de simple justificación del hecho o cuando la Ley diga que basta su verosimilitud, el principio de que mientras el J. no tenga certeza sobre un hecho, no puede considerarlo probado, rige siempre, cualesquiera que sean los medios empleados para verificarlo en toda clase de procesos...Como observa atinadamente B., es inaceptable la tesis "que consiste en imponer, en caso de duda, según la extraña frase de Papón, alguna condena graciosa o extraordinaria, porque es contraria a la justicia y a la lógica" (Ibídem, pag. 639).

    Para que la certidumbre sobre la procedencia de los bienes cautelados de recursos estatales pueda ser adquirida por la Sala Tercera con fundamento en indicios que aparezcan plenamente probados, es necesario que éstos establezcan con claridad y certeza la relación de causalidad entre el indicio y el hecho investigado, y que no existan indicios contrarios que no puedan descartarse razonablemente.

    Aclarado lo anterior y después de analizar los argumentos y la documentación que aporta el apoderado judicial del excepcionante a fin de desvirtuar los cargos formulados, la Sala concluye que E.E.E. ostenta un legítimo derecho sobre esos bienes al demostrar que, efectivamente, no provienen "directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del patrimonio del Estado", razón por la que la excepción de inexistencia de la obligación debe declararse probada. Ello es así, pues, se incorporan al proceso documentos que así lo demuestran, tal como son las certificaciones expedidas por el Registro Público, legibles de fojas 44 a 54 del expediente, en las que se hace constar que la Fincas Nº3574, 25333, 25918 y 36110 son de propiedad de E.E.E., y fueron adquiridas mediante contratos de hipoteca y anticresis, hecho que demuestra que fueron bienes debidamente adquiridos.

    Así vemos que en las certificaciones expedidas por el Registro Público, se deja constancia que la Finca Nº3574 fue adquirida por el señor E.E.E. en calidad de venta hecha por la empresa AGRO BORNEO, S.A., mediante contrato de hipoteca y anticresis a favor del Banco Exterior S.A. inscrito el 9 de junio de 1995; fue propiedad de O.M. hasta el 15 de noviembre de 1985. La Finca Nº 25,333 fue adquirida por el señor E.E.E. en calidad de venta hecha por la empresa AGRO BORNEO, S.A., mediante contrato de hipoteca y anticresis a favor del Banco Exterior S.A., inscrito 10 de agosto de 1995 ; fue propiedad de O.M. hasta el 6 de octubre de 1987. La Finca Nº 25918 fue adquirida por el señor E.E.E. en calidad de venta por la empresa AGRO BORNEO S.A., mediante contrato de hipoteca y anticresis a favor del Banco Exterior S.A., inscrito el 10 de agosto de 1995; fue propiedad de O.M. hasta el 6 de octubre de 1987. Finalmente, la Finca Nº36110 puede apreciarse que fue adquirida por el señor E.E.E. en calidad de venta hecha por IDALIDES JIMÉNEZ SERRANO, mediante contrato de hipoteca y anticresis a favor del Banco Exterior S.A.,inscrito el 10 de agosto de 1995, y no se observa que haya sido propiedad de O.M.C..

    Vale destacar el hecho de que, como bien alega el apoderado judicial del excepcionante, las fincas que "en algún momento" fueron propiedad del señor O.M., en las certificaciones del Registro Público consta que ello fue previo al proceso por responsabilidad patrimonial instaurado en su contra, como también consta que la inscripción en el Registro Público de las escrituras contentivas del mencionados contratos de hipoteca y anticresis mediante los cuales AGRO BORENO S.A., e IDALIDES JIMENEZ venden las ya detalladas fincas, fue previo a la Resolución DRP Nº493-95 de 14 de noviembre de 1995, donde fueron decretadas las medidas cautelares que hoy se impugnan.

  2. La fe pública registral y la protección de terceros (artículo 1762 del Código Civil).

    Ante todo, hay que recordar que es fundamental no perder de vista la protección a terceros adquirentes que hayan realizado transacciones con inmuebles que prevé el artículo 1762 del Código Civil. Esa norma dispone lo siguiente:

    "ARTICULO 1762: La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas implícitas o de causas que aunque explícitas no consten en el Registro."

    Esa norma consagra la fe pública registral y es de fundamental importancia en nuestro sistema jurídico pues asegura los derechos de terceros que contratan confiados en el Registro Público, y ello tiene como consecuencia la seguridad jurídica en el tráfico de inmuebles. La inscripción de un título sólo hubiese procedido en este caso mediante una sentencia firme en contra del señor E.E.E., quien como queda dicho no fue condenado por la DRP. Según el artículo 1762 citado dicho señor contrató con el propietario que en el Registro aparecía con derecho para enajenar dicho bien inmueble y por ello está protegido en la adquisición que hizo de esa forma, ya que hizo la adquisición mediante contrato válido y la DRP no probó que contrató de mala fe, de allí que es beneficiario de la fe pública registral.

  3. Una decisión de condena de la DRP contra O.M. no puede ser ejecutada contra otra persona que no fue condenada.

    Por último, hay que destacar que una cosa es decretar una medida cautelar contra un bien de un tercero y otra muy distinta es pretender ejecutar la sentencia expedida contra ese tercero quien no fue condenado en el proceso de responsabilidad patrimonial. Para lo primero se requiere prueba indiciaria, pero para lo último se requiere plena prueba y condena, que en este caso no existen en el expediente, ya que no se probó que los bienes del ejecutado provengan del mal uso de fondos públicos.

    Considera la Sala que la pretensión de ejecución de la Administración contra el señor E. es contraria al ordenamiento jurídico pues nunca fue condenado por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y tampoco existían pruebas para condenarlo.

    La Sala examinó cuidadosamente los 9 tomos que contienen el proceso que se le siguió a O.M. en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, los cuales fueron requeridos mediante auto de 1 de noviembre de 2002. Allí sólo se menciona al señor E.E.E.A. así: de fojas 10 a 12 en nota de 19 de diciembre de 1995, enviada por el Gerente General del Banco Exterior a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, en la que aclara que el señor E.E.E.A. es un importante cliente de ese banco, con quien se mantienen transacciones comerciales desde hace más de 6 años y las fincas dadas en garantía aparecían a su nombre, no mantenían gravámenes que impidieran la operación y estaban en posesión material de su propietario; de fojas 15 a 22 en la certificación rendida por el Director General del Registro Público a solicitud de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, relativa a las fincas Nº 25,355, Nº36,110, Nº25,918, de la Provincia de Chiriquí; de fojas 79 a 80 en certificación rendida por la Certificadora del Registro Público, sobre la historia registral de las fincas Nº 23,333, Nº3574, Nº25,918, Nº 36110, todas de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí; de fojas 137 a 140 en el informe explicativo de conducta fechado el 16 de enero de 1997, rendido por los Magistrados de la D.R.P.; de fojas 1243 a 1248 en el Oficio DNº413-DRP-C-3A/T-83/T-74 de 14 de abril de 1999 expedida por la D.R.P. dirigida al Director General de Ingresos; de fojas 2,360 a 2,373 en la copia de la Escritura Pública Nº4,273 de 17 de mayo de 1995 mediante la que el Banco Exterior declara cancelada la Hipoteca y Anticresis constituida a su favor por los señores P.P. y E.E. y las sociedades AGRO-BPORNEO S.A. y AGROPECUARIA EL FRESAL celebran contrato de compraventa con el señor E.E.E., y su vez, el Banco le abre una cuenta de crédito; y a fojas 2620 de 12 de febrero de 1996 en nota enviada por J.W.C. (Depositario Administrador) al Contralor General de la República. De lo examinado vale destacar que no se detalla prueba alguna que pudiera haber conducido a su condena en virtud de responsabilidad patrimonial o a la vinculación del señor E. con fondos públicos utilizados para la compra de dichas fincas.

    Por todo lo antes señalado la Sala aprecia que, evidentemente, no existe una obligación clara, líquida y exigible en contra del señor E.E.E., por lo que en atención a lo previsto en el artículo 1638 del Código Judicial, queda sin sustento el cobro que la Administración Regional de Ingresos le exige en razón de la deuda que tiene con el Tesoro Nacional el señor O.M..

    DECISIÓN DEL TRIBUNAL:

    En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación interpuesta por el Lcdo. F.S. en representación de E.E.E.A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá le sigue a O.M. y ORDENA EL LEVANTAMIENTO de las medidas cautelares decretadas sobre la Finca Nº3574, inscrita al folio 172, tomo 142 R.A., Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; la Finca Nº 25333, inscrita al rollo 4710, documento 3, asiento 1 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; la Finca Nº25918, inscrita al rollo 5149, documento 5, asiento 1, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; y la Finca Nº 36110, inscrita al rollo 17655, documento 6, asiento 1 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí.

    NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

    JORGE FÁBREGA PONCE

    WINSTON SPADAFORA FRANCO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

    ANAIS BOYD DE GERNADO (Secretaria Encargada)