Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 23 de Diciembre de 2013

El artículo 24 de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002, establece la obligación para el funcionario demandado, de realizar un acto de participación ciudadana previa la emisión de actos de la administración pública que puedan afectar los derechos e intereses de los ciudadanos. Citamos a continuación el contenido del artículo 24 de la Ley 6 de 2002:

"..."

Más aún, el artículo 25 de la Ley 6 de 2002, establece las distintas modalidades de participación ciudadana, y la obligación de las instituciones de la administración pública de publicar, antes de la celebración de cualquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, la modalidad que adoptará.

La funcionaria demandada al declarar "área de humedales", en virtud de la resolución atacada, sin haber cumplido con la obligación de realizar un acto de participación ciudadana, según el artículo 24 de la Ley 6 de 2006, vulnera de esta manera la Ley.

El acto administrativo demandado por esta vía, inobservó los preceptos legales indicados, los cuales indefectiblemente, imponían como requisito previo a la expedición de la Resolución AG-0072-2009 de fecha 11 de febrero de 2009, la tramitación de un proceso de consulta pública, mismo que al no haberse verificado, produce la nulidad absoluta del acto administrativo verificado. A propósito de lo indicado en el punto anterior, el artículo 52, numeral 4 de la Ley N° 38 de 2000, dispone:

"..."

Adicionalmente, cabe destacar que mediante la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998, "Ley General de Ambiente de la República de Panamá", se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Dicha Ley N° 41, establece lo siguiente, en el numeral 7 del artículo 7, relativo a las atribuciones de ANAM:

"..."

4. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO

   El demandante arguye como normas vulneradas, con la expedición del acto administrativo impugnado, las siguientes:

   Ley N° 6 de 22 de enero de 2002

   Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios.

   Sostiene el recurrente, que la disposición citada, ha sido vulnerada en forma directa, por omisión, por el acto demandado, ya que no se ha efectuado ningún tipo de consulta previa, de aquéllas a las que se refiere la Ley N° 6 de 2002, y cuya necesidad surge a las claras de manera imperativa, en virtud de esta norma.

   Artículo 25. Sin perjuicio de las contempladas en otras leyes, se establece como modalidades de participación ciudadana en los actos de la administración pública, las siguientes:

   1-Consulta pública. Consiste en el acto mediante el cual la entidad estatal pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos y/o organizaciones sociales.

   2-Audiencia pública. Similar a la consulta pública, excepto que el acto de recibir sugerencias, opiniones o propuestas se realiza en forma personal ante la autoridad que corresponda, de acuerdo con el tema que se trate.

   3-Foros o talleres. Reunión selectiva o pública de actores relevantes o afectados junto con al autoridad competente, que permita el conocimiento profundo sobre un tema o sirva de mecanismo de obtención de consenso o resolución de conflictos.

   4-Participación directa en instancias institucionales. Actuación de ciudadanos o representantes de organizaciones sociales en las instituciones públicas de consulta o toma de decisiones específicas.

   P.. Las instituciones de la administración pública están obligadas a publicar, antes de la celebración de cualesquiera de los actos administrativos sujetos a participación ciudadana, la modalidad de participación ciudadana que adoptará en cumplimiento del presente artículo.

   Observa el demandante, que la norma transcrita ha sido infringida en concepto directo, por omisión, toda vez que se ha expedido la resolución impugnada, sin haberse verificado las formalidades correspondientes a alguna de las modalidades de participación ciudadana.

   Ley N° 38 de 31 de julio de 2000

   Artículo 36. Ningún acto podrá emitirse o celebrarse con infracción de una norma jurídica vigente, aunque éste provenga de la misma autoridad que dicte o celebre el acto respectivo.

   Ninguna autoridad podrá celebrar o emitir un acto para el cual carezca de competencia de acuerdo con la ley o los reglamentos.

   Manifiesta el recurrente, la violación directa, por omisión, de esta norma, ya que impone tratamientos para cuya ejecución, debía observarse indefectiblemente los mecanismos de consulta ciudadana, previstos en la Ley N° 6 de 2002.

   Artículo 52, numeral 4. Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos administrativos dictados, en los siguientes casos:

   1. ...

   2. ...

   3. ...

   4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal;

   5. ...

   En modo directo, por omisión, estima el demandante la infracción de la norma citada, al no cumplirse con las exigencias previstas en la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002, reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 124 de 21 de mayo de 2002, y que hacían imperativa, la verificación de los mecanismos de participación ciudadana, contemplados en dichos cuerpos legales, máxime en casos en que se discuten derechos difusos, tales como el presente.

   Código Administrativo

   "Artículo 752. Las autoridades de la República han sido instituidas para proteger a todas las personas residentes en Panamá, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos.

   También han sido instituidas para la administración y fomento de los intereses públicos, a fin de que marchen con la apetecida regularidad y contribuyan al progreso y engrandecimiento de la Nación."

   El demandante arguye la vulneración directa, por omisión, de esta norma legal, ya que, acorde a su criterio, al pretenderse vía acto demandado, trastocar o adelantar actos sin haberse cumplido con las formalidades previstas en la Ley sustancial, se atenta contra los principios por los que pregona esta norma, y que suponen, en últimas, un respeto al principio de legalidad.

5. INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

   Por medio de la Nota N° SAG-061-2012 de 1 de junio de 2012 (fs.47), se adjunta y remite a esta Superioridad, el Informe de Conducta solicitado en la resolución de admisión de la demanda bajo estudio.

   En este Informe (fs.48 a 50), la Entidad elabora un recuento y resumen, tanto técnico, científico y jurídico, de cada una de las etapas llevadas a cabo, dentro del expediente administrativo denominado por ellos, como "expediente administrativo de creación de área protegida", cuyo propósito era la concreción de la misma, mediante la Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009,y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009.

   Del análisis de dicho Informe, se desprende que, previas verificaciones respectivas, se declaró como área protegida el llamado H.B. de Panamá, o Sitio R. Bahía de Panamá, por sus reconocimientos internacionales, haciendo la salvedad, que no se realizaron las consultas ciudadanas ni la existencia de informes técnicos, por parte de la Dirección de Áreas Protegidas y V.S., que sustentara la necesidad de crear esta área protegida.

   Al final de este Informe de Conducta, el entonces Sub-administrador y hoy Administrador General de la Autoridad Nacional del Ambiente, S.V., sostuvo que "reposa en el expediente, Informe Técnico de 22 de mayo de 2012, emitido por la Dirección de Áreas Protegidas y V.S., a través del que se señalan los aspectos relevantes ambientales que llevaron a la creación del área protegida H.B. de Panamá" (cfr. f.50).

6. INTERVENCIÓN DE TERCEROS

   Dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad, propuesta por el licenciado A.F., actuando en representación de C.G.R., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009, han comparecido al proceso en calidad de terceros interesados, el Partido Revolucionario Democrático (PRD); la Asociación de Abogados Litigantes de Panamá (AALPA); la Fundación Marviva; la Sociedad Audubon de Panamá; la firma forense R., Bolívar y C.; y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

   Mediante la resolución de 17 de septiembre de 2012 (f.406), se admitieron las participaciones procesales de estas agrupaciones, vista la naturaleza procesal del presente negocio contencioso administrativo.

   En consecuencia, al revisar cada uno de los líbelos de oposición a la demanda contencioso administrativa de nulidad instaurada, los terceros contradicen las argumentaciones esbozadas, deniegan de las pretensiones solicitadas, y contradicen el derecho invocado por la parte actora.

7. DESCARGOS DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

   En atención a la resolución que ordena la admisión de la demanda de nulidad presentada, el Procurador de la Administración en Vista Número 384 de 3 de agosto de 2012 (fs.376 a 385), rechaza los argumentos vertidos por la parte actora, solicitando en consecuencia, que la S. declare que es legal la Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009.

   Señala el Procurador de la Administración, primordialmente, que para proceder a la declaración oficial de un espacio natural como área protegida, no se necesita convocar la participación ciudadana, pues, además de no afectar los intereses y derechos de la colectividad y de tratarse de una medida que atiende a un mandato constitucional, es una decisión que encuentra sustento en estudios, planes y proyectos ya realizados sobre dicha zona, y que avalan la necesidad de constituirla como tal, en procura del interés público y para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

8. FASE DE ALEGATOS

   Cumpliendo con las ritualidades procesales para este tipo de acciones, se fijó el presente negocio en lista, para que, tanto la parte actora, como el Procurador de la Administración, así como los terceros interventores, hicieran uso del derecho de argumentación, contemplado en el artículo 61 de la Ley N° 135 de 1943.

   En consecuencia a ello, la parte actora, representada por el licenciado A.F., sostiene en sus alegaciones finales, básicamente, que el acto administrativo dispuesto por la ANAM, no cumplió con la obligación de realizar un acto de participación ciudadana, conforme a lo que establece el artículo 24 de la Ley N° 6 de 2002 (fs.630-636). Por lo dicho, reitera su solicitud de declaratoria de ilegalidad de la Resolución N° AG-0072-2009 de 11 de febrero de 2009.

   El tercero, R., B.&.C., presenta sus alegatos finales, los cuales corren de fojas 637 a 654 del infolio judicial, en el cual reitera su posición desde que se formalizó su intervención como tercero en este proceso, en el sentido de declarar legal el acto impugnado.

   Igual criterio sostiene el apoderado judicial del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), licenciado A.C.K., considerando en su alegato final (fs.655 a 662), que los hechos de la demanda fueron presentados en forma incompleta, al no tomar en cuenta que las normas sobre participación ciudadana vigentes en materia de áreas protegidas, se disipan a la luz de la normativa vigente al momento de la presentación de la Resolución impugnada.

   Los terceros, Fundación MarViva y la Sociedad Audubon de Panamá, representados judicialmente por el licenciado Y.N.S.E., allegan al proceso sus alegaciones finales, observables en los infolios 663 a 668; señalando y reiterando sus pretensiones iniciales de declaratoria de legalidad de la actuación empleada por la ANAM.

9. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

   Luego de surtidas las etapas procesales, la S. procede a resolver en el fondo la presente litis, previo a las siguientes consideraciones.

   Como cuestión previa, esta S. de la Corte, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 206 de nuestra Carta Política, en concordancia con el texto del inciso 1 del artículo 97 del Código Judicial; y el artículo 42b de la Ley N° 135 de 1943, conforme fue reformado por la Ley N° 33 de 1946, es competente para conocer de las demandas de nulidad, tal como la planteada.

   Es así, que esta M. se pronunciará respecto a la legalidad o no, del acto administrativo dispuesto en la Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009, la cual declaró como área protegida, el llamado H.B. de Panamá.

   1. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

      Como marco de referencia, es menester de esta Corporación Judicial, hacer mención de la temática jurídico-ambiental, que rige en nuestro ordenamiento legal. Así, nuestra Carta Política de 1972, Reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983, los Actos Legislativos N° 1 y N° 2 de 1994 y el Acto Legislativo de 2004, adopta en su Título III: "Derechos y Deberes Individuales y Sociales"; Capítulo 7°, artículos 118 a 121, el Régimen Ecológico de la República de Panamá, el cual da inicio al desarrollo de la política medioambiental que rige hoy en día en el país.

      El texto del artículo 118 constitucional, dispone: "Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana".

      Seguidamente, el texto del artículo 119 constitucional, dispone que: "El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas". Con ello: "el Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia" (artículo 120 de la Constitución Nacional).

      Nuestra Carta Política, que fuera la primera en América Latina en elevar a rango constitucional la preocupación ambiental (B., V.. Compendio de Derecho Público Panameño, Ediciones Jurídicas A.M., Bogotá, 2012, p. 592), al ser la norma de superior jerarquía, remite la reglamentación a la Ley, sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, a fin de evitar que del mismo se deriven perjuicios sociales, económicos y ambientales (artículo 121).

      Así las cosas, la República de Panamá incorpora principios constitucionales referentes a los derechos difusos de la población, derivados del deber del Estado a proporcionarle un ambiente sano, libre de contaminación y adecuado para el desarrollo humano sostenible (C., Lucía. La Responsabilidad Administrativa en Panamá. Instituto Nacional de Ecología. Panamá. 2007).

      El doctor A.H., expresa en su ponencia del 31 de julio de 2003, titulada: "La Administración ante su Juez: La Jurisdicción Contencioso Administrativa en Panamá, durante el último siglo", en el cual nos habla sobre la tutela judicial de los derechos ecológicos y los intereses difusos, lo siguiente:

      "II.4.La tutela judicial de los derechos ecológicos y de los intereses difusos.

      Mediante auto de 12 de marzo de 1993,la Corte consideró, por primera vez en Panamá, el tema de la tutela judicial de los intereses difusos y concluyó que éstos pueden plantearse dentro de un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, que hasta ahora ha estado reservado a la defensa de derechos subjetivos en su acepción tradicional.

      El tratadista italiano M.C. 22 ha señalado que a raíz de los fenómenos de urbanización, industrialización y masificación de la producción y del consumo en nuestras sociedades ha surgido una serie de relaciones humanas que asumen carácter colectivo pues ya incluso ciertos derechos y deberes fundamentales previstos en las declaraciones de derechos de los Siglos XVIII y XIX han sido adicionados por derechos supraindividuales, colectivos, derechos sociales y deberes de las asociaciones, comunidades y grupos sociales. Sin embargo, el mismo autor anota que la concepción tradicional del proceso como un asunto queatañe a dos partes y en el cual generalmente se debaten derechos individuales se ha ido superando por la posibilidad de perjuicios colectivos que puedan producirse dentro de los nuevos esquemas de actividad económica. Esto ha llevado a diversos países a modificar sus sistemas procesales de forma que se otorgue legitimatio ad causam (legitimación procesal) a nuevas instituciones públicas y privadas para actuar como parte en procesos en los que se persiga la defensa de intereses colectivos o difusos, en el sentido de que o bien esos derechos o intereses no pertenecen a ningún individuo en particular o bien que los individuos poseen sólo una porción insignificante de esos derechos. El mismo C. afirma que en nuestra época ''la protección de los derechos difusos ha adquirido una crucial importancia para el progreso y quizás para la sobrevivencia de la humanidad''.

      Entre los intereses difusos destaca, además de los relacionados con la publicidad engañosa y la colocación en el mercado de productos nocivos para la salud de todos los consumidores, el tema de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. El historiador británico P.K. ha destacado en una obra publicada en la pasada década que la población mundial se ha duplicado en los últimos 40 años, pero la actividadeconómica mundial se ha cuadruplicado en el mismo período. Estos factores han creado una intensa explotación de las áreas selváticas y recursos naturales en nuestros países, lo cual se ha acentuado con el avance del proceso de industrialización reciente en países como Panamá. Todo esto tiende a aumentar el daño ecológico. Desde los años 50 se ha estimado que el mundo ha perdido casi un 20% de tierras cultivables, el 20% de las selvas tropicales y decenas de miles de especies animales y vegetales 24 . Las consecuencias de esta situación son de interés para todos los miembros de la sociedad panameña no sólo por su impacto actual sino por lo que pueden significar durante el nuevo siglo de vida independiente que iniciamos ahora en 2003 para las generaciones venideras y su bienestar tanto por los problemas de contaminación, cambios del clima, como por la futura disponibilidad de los bienes y servicios que se extraen de esos recursos naturales.

      En el auto de 12 de marzo de 1993 citado la S. reconoció legitimidad activa a una asociación de protectores de la naturaleza para actuar como parte demandante en un proceso de plena jurisdicción contra el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables a fin de oponerse a una concesión de explotación de madera en el área del D.. Ello permite a dicha asociación pedir no sólo la anulación del acto sino medidas de reparación por los intereses difusos lesionados."

      En este orden, nuestra Constitución Nacional enumera los bienes de uso público, en su artículo 257; en el artículo 258 Constitucional, se establecen los bienes pertenecientes al Estado, cuya característica primordial se circunscribe, en la prohibición de ser objeto de apropiación privada, tales como el mar territorial y las aguas lacustres; las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros, entre otros.

      Entrando en materia procedimental patria, como ya enunciáramos en párrafos previos, la legitimación activa es amplia ya que existen intereses de tipo difuso que pueden dar lugar al reconocimiento de derechos de la misma índole, como es el caso de los intereses o derechos difusos relacionados con la protección a los recursos naturales y al medio ambiente. En la Ley General del Ambiente (Ley N° 41 de 1 de julio de 1998), se renueva la importancia de legitimar a quienes se vean afectados por daños al ambiente; en el segundo párrafo del artículo 111 de la Ley 41 se reconocen "los intereses colectivos y difusos para legitimar activamente a cualquier ciudadano u organismo civil, en los procesos administrativos, civiles y penales por daños al ambiente". A su vez en el Decreto 57 de 16 de marzo de 2000, en su Título V trata sobre la Denuncias por Infracciones Administrativas a la Ley, en cuanto a la Recepción de Denuncias, en su artículo 51 establece "cualquier persona, sea en forma individual o asociada legalmente, podrá denunciar infracciones ambientales a la Ley 41 de conformidad a lo establecido en el presente reglamento".

      Existen instituciones especializadas (juzgados especializados en materia ambiental, fiscalías de ambiente, y la S. Tercera de lo Contencioso- Administrativo de la Corte Suprema de Justicia) para la persecución del delito ambiental. En la Ley General del Ambiente, se establecen las bases para la protección penal del ambiente, estableciendo al Ministerio Público como responsable del proceso de instrucción sumarial. Para esto, la Ley crea la Fiscalía Superior del Ambiente y suma cinco (5) Fiscalías de Circuito, que serán responsables de la investigación de los delitos ambientales, las cuales por falta de presupuesto en nuestro país no existen, pero se designan a las Fiscalías Quinta, Undécima y Duodécima de la Provincia de Panamá, para que además de tratar otros delitos, sean las encargadas de practicar las diligencias para el esclarecimiento de los delitos contra el medioambiente. En el área judicial, hoy día contamos con dos (2) juzgados penales, que son el duodécimo y el decimoquinto, los cuales, además de trabajar sus otros procesos, también ven los Delitos Ecológicos.

      Igualmente, existen mecanismos específicos, para entablar acciones ambientales. La Ley N° 41 de 1998: "Ley General de Ambiente", reconoce el derecho de toda persona natural o jurídica de prevenir el daño ambiental y controlar la contaminación ambiental, y el derecho de entablar acciones administrativos, civiles y penales. En la República de Panamá, con la Ley 38 de 2000, sobre procedimiento administrativo, organiza recursos contra ciertos actos administrativos, establece normas respecto a la actuación de los funcionarios en los que se refiere a compaginación de expedientes y su trámite interno. Dicha Ley es de carácter garantista, en beneficio del administrado ya que, por medio de la misma, se le otorgan herramientas jurídicas para la defensa del orden jurídico, así como de sus derechos subjetivos.

      Recientemente, el Decreto N° 2339 de 14 de junio de 2012, emitido por la Alcaldía Capitalina, prohibió el uso de los Humedales Bahía de Panamá, por lo que los rellenos en las zonas de humedales, así como trabajos de construcción estarán prohibidos, hasta ver los resultados de un estudio científico que determine si alguna actividad, se puede o no desarrollar en el área

      Debemos tener presente, que los ciudadanos tienen una participación efectiva en las dos etapas del proceso administrativo. En la primera, que es la formación de la voluntad administrativa, su participación se centra por vía de peticiones y observaciones, entre otras acciones. Y en la segunda, de fiscalización, control e impugnación, y que comienza cuando la primera concluye, participa por vía de reclamaciones y recursos administrativos.

      Y por último, como un aspecto importante, queremos señalar que mediante la Ley N° 5 de 2005, se aprobó la modificación del Código Penal en donde se incluyó en el título XVIII del libro II del Código Penal, "Delitos Contra el Ambiente", añadiendo nuevos artículos que van desde el 394 hasta el 413.

      Dentro de los tipos penales contemplados en el título de los Delitos Contra el Medio Ambiente, tenemos:

      · Delitos contra los Recursos Naturales.

      · Delitos contra la V.S..

      · Delitos de Tramitación, Aprobación y Cumplimiento de Documentación Ambiental.

      · Delitos contra la Normativa Urbanística

      Mediante la Ley N° 14 de 2007, se modificó todo el Código Penal de Panamá, incluyendo los delitos ambientales, quedando el título como "Delitos Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial" y añadiendo nuevos artículos que van desde el 391 hasta el 416.

      Entre los nuevos tipos penales que entraron a regir a partir del 22 de mayo de 2008 tenemos:

      • Delitos contra los Recursos Naturales.

      • Delitos contra la V.S..

      • Delitos de Tramitación, Aprobación y Cumplimiento Urbanístico Territorial.

      • Delitos Contra los Animales Domésticos.

      La Responsabilidad Penal Ambiental en Panamá, derivaba de una conducta tipificada como delito, puede generarse por la acción u omisión dolosa o culposa de una persona natural o jurídica, la que acarrea la aplicación de penas hasta diez (10) años de prisión, medidas precautorias, inhabilitación de contratar con el Estado y multas hasta cien (100) millones de balboas.

      Con la inclusión en el Código penal de los delitos ambientales, el Estado reacciona a la realidad de que las vulneraciones al derecho a un ambiente sano, derecho que esta contemplado en nuestra Carta Magna de 1972, en su título "Derechos y Deberes Individuales y Sociales", ya deja de ser de trato exclusivo del campo administrativo, con castigos menores, pues la represión que en esta instancia se ejerce, concluye en la imposición de multas, reparación del daño; pero se debe pasar del pago de multas, hacia una motivación que desemboque en el respeto al ambiente en razón de la amenaza penal.

      En este punto, se hace imperioso retomar el marco constitucional, pues el artículo 4 de la Constitución Nacional advierte, que la "República de Panamá acata las normas de Derecho Internacional", de las cuales forman parte, entre otras, los Convenios que se suscriban en las diversas materias. Y, al ser la República de Panamá signataria de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, firmada en 1971 en la Ciudad de R., Irán, conocida como Convención RAMSAR, adquiere carácter de cumplimiento obligatorio para el país, y en consecuencia, para la Administración y los Administrados, al ser aprobada en todas sus partes por la Asamblea Legislativa, mediante la Ley 6 de 3 de enero de 1989, y publicada en Gaceta Oficial N° 21,211 de 12 de enero de 1989.

   2. LA CUESTIÓN SOBRE EL HUMEDAL BAHÍA DE PANAMÁ

      2.1. Concepto de Humedal:

      El Diccionario Esencial de la Lengua Española (Real Academia Española, Espasa Calpe, S.A., Pozuelo de A., Madrid. 2006), define el término "Humedal", como: "terreno de aguas superficiales o subterráneas de poca profundidad". Por ende, los humedales son, desde un punto de vista estrictamente normativo, áreas de especial importancia ecológica; y al ser parte de la Convención RAMSAR, la República de Panamá ha empleado una política estatal de protección de este tipo de ecosistemas, al reconocer la especial importancia de los humedales, con su adhesión a dicha Convención.

      En un sentido ecológico, la Convención RAMSAR, define en su artículo 1.1., el concepto de humedal, como los conjuntos de pantanos, de fangos, de turbas o de aguas naturales o artificiales, permanentes o temporales, donde el agua esté estancada o corriente, dulce, salina o salada, así como los conjuntos de agua marina cuya profundidad a marea baja no exceda de seis (6) metros (E.I., A. (dir.). Diccionario de Derecho de Aguas. E.I.. 1ª Edición, p. 695. Madrid, 2007).

      2.2. Los sitios incluidos en la lista RAMSAR en Panamá:

      Por lo anterior, es claro que no sólo existe el importante H.B. de Panamá, ubicado en la Provincia de Panamá, y listado en la Convención RAMSAR desde el 20 de octubre de 2003; sino que también, la República de Panamá cuenta con otros cuatro (4) sitios R. (que en total suman cinco -5), los cuales abarcan un área total de ciento ochenta y tres mil novecientos noventa y dos (183,992 has.) hectáreas de humedales, con igual o la misma importancia del primero. Para tales efectos, estos sitios R. en la República de Panamá, son: el humedal Golfo de Montijo, ubicado en la Provincia de Veraguas, y anexado a la lista R., desde el 26 de noviembre de 1990; el humedal San San Pond Sak, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro, y anexado a la lista R., desde el 9 de junio de 1993; el humedal P.P., ubicado en la Provincia de D., y anexado a la lista R., desde el 13 de octubre de 1993; y, el humedal Damani-Guariviara, ubicado en la Comarca Ngäbe-Buglé, y anexado a la lista R., desde el 9 de marzo de 2010.

      2.3. La Regulación de los Humedales en Panamá, de acuerdo con la Ley N° 6 de 3 de enero de 1989 (que aprueba la Convención RAMSAR):

      En este inciso, la Corte debe avocarse a exponer qué es la Convención RAMSAR. Por ello, del sitio web de esta Convención, establece que: "La Convención sobre los Humedales, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Fue adoptada en la ciudad iraní de R. en 1971, y entró en vigor en 1975, y es el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. Los países miembros de la Convención abarcan todas las regiones geográficas del planeta.

      La misión de la Convención es "la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo".

      La Convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales abarcados por esta misión, incluidos pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, zonas marinas próximas a las costas, manglares y arrecifes de coral, así como sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.

      Los humedales prestan servicios ecológicos fundamentales, y son reguladores de los regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad a todos los niveles -especies, genético y ecosistema.

      Los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, científico, cultural y recreativo para la comunidad. Los humedales desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio climático, y en la atenuación de sus efectos.

      La progresiva invasión y pérdida de humedales, causa daños ambientales graves y a veces irreparables a la prestación de servicios de los ecosistemas. Los humedales deberían restaurarse y rehabilitarse siempre que sea posible. Los humedales deberían conservarse asegurando su uso racional.

      El uso racional de los humedales, se define como: "el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible".

      Por consiguiente, la conservación de los humedales, así como su uso sostenible y el de sus recursos, se hallan en el centro del "uso racional" en beneficio de la humanidad.

      En el marco de los "tres pilares" de la Convención, las Partes se han comprometido a:

      La Conferencia de las Partes Contratantes (COP), se reúne cada tres (3) años y promueve políticas y lineamientos técnicos para impulsar la aplicación de la Convención.

      El Comité Permanente, integrado por las Partes que representan a las seis regiones RAMSAR del mundo, se reúne anualmente para orientar a la Convención entre las reuniones de la COP. El Grupo de Examen Científico y Técnico da orientaciones sobre las principales cuestiones para la Convención.

      La Secretaría de RAMSAR, que comparte su sede con la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), en Gland (Suiza), administra las actividades corrientes de la Convención.

      La Iniciativa MedWet, cuya Secretaría se encuentra en Atenas, sirve de modelo para la cooperación regional de los humedales y es emulada actualmente por las iniciativas regionales adoptadas en el marco de la Convención en muchas partes del mundo.

      En el plano nacional, cada Parte Contratante designa una Autoridad Administrativa como coordinador para la aplicación de la Convención.

      Se alienta a los países a establecer Comités Nacionales de Humedales, en los que participen todos los sectores gubernamentales encargados de los recursos hídricos, la planificación del desarrollo, las áreas protegidas, la biodiversidad, el turismo, la educación, la asistencia para el desarrollo, etc. Se fomenta también la participación de las ONG y la sociedad civil.

      Los Sitios RAMSAR, que hacen frente a problemas para mantener sus características ecológicas, pueden ser inscritos por el país interesado en una lista especial, el "Registro de Montreux", y se puede facilitar asistencia técnica para ayudarles a resolverlos.

      Los países que cumplen los requisitos pertinentes, pueden solicitar asistencia financiera para ejecutar proyectos de conservación y uso racional de los humedales al Fondo RAMSAR de Pequeñas Subvenciones y al Fondo de Humedales para el Futuro.

      La Convención colabora estrechamente con otras convenciones mundiales y regionales, relacionadas con el medio ambiente. Cuenta con Planes de Trabajo Conjunto o Memorandos de Entendimiento con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Lucha contra la Desertificación, la Convención sobre las Especies Migratorias, la Convención del Patrimonio Mundial y el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. La Secretaría colabora también con instituciones de financiación como el Banco Mundial y el FMAM y autoridades gestoras de cuencas hídricas como las del Lago Chad y la cuenca del Níger.

      La Convención cuenta con cinco Organizaciones Internacionales Asociadas, reconocidas oficialmente, tales como: BirdLife International, el Instituto Internacional para el Manejo del Agua (IWMI), Wetlands International, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que ayudan a las Partes proporcionándoles asesoramiento técnico de expertos a nivel mundial, nacional y local, así como asistencia sobre el terreno.

      La Secretaría mantiene relaciones de cooperación con muchas otras organizaciones no gubernamentales, como la Sociedad de Científicos especializados en Humedales, The Nature Conservancy, la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y Wildfowl and Wetlands Trust, y da cabida en su labor científica y técnica a muchas otras en calidad de invitadas permanentes.

      La Conferencia de las Partes adopta un presupuesto básico administrado por la Secretaría de RAMSAR, al que cada Parte aporta un porcentaje acorde con su contribución al presupuesto de las Naciones Unidas.

      Muchos países y otros donantes, aportan también contribuciones para proyectos especiales de RAMSAR, incluidos, por ejemplo, el Fondo RAMSAR de Pequeñas Subvenciones, Humedales para el Futuro, la Subvención Suiza para Á. y, en el sector privado, el Proyecto Evian con el Grupo Danone y Biosphere Connections con las aerolíneas del grupo Star Alliance"().

      En este orden de ideas, F.D.P. en la obra del doctor A.E.I., catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, España, Diccionario de Derecho de Aguas, de la Editora I.. 1ª Edición, ps. 695 y siguientes, Madrid, 2007, nos expone cómo un Estado ingresa a la Lista de Humedales con Importancia Internacional (Lista-Sitio-R.), veamos:

      "...

      El principal instrumento de protección creado por este convenio es la "Lista de Humedales de importancia internacional" (art.2). Al adherirse, los Estados se obligan a inscribir al menos un humedal, sin que ello prejuzgue los derechos exclusivos de soberanía. Sus límites deberán ser descritos de manera precisa en un mapa, y podrán comprender las áreas ribereñas o costeras adyacentes e incluso islas o conjuntos de aguas marinas de una profundidad superior a 6 metros a marea baja rodeadas por el humedal cuando sean de importancia para el hábitat de las aves acuáticas.

      Aparte de esta inscripción obligada, los Estados podrán añadir otras y aumentar la extensión de las ya inscritas. Pero también, "por razones urgentes de interés nacional", retirar o restringir los humedales inscritos. En estos casos, se deberá compensar la pérdida de recursos en humedales creando nuevas reservas naturales de una proporción equivalente para las aves acuáticas en la misma región o en otro sitio (art. 4.2). Aunque no se dice expresamente, parece lógico pensar que al menos una zona deberá permanecer en la Lista para que el Estado siga perteneciendo a R.. En cualquier caso, tanto en las inscripciones como en el uso de su derecho a modificar éstas, los Estados deberán tener en cuenta sus responsabilidades en el plano internacional para la conservación, la preservación, la vigilancia y la explotación racional de las poblaciones migratorias de aves acuáticas.

      Como puede comprenderse, la Lista es uno de los pilares básicos de este tratado, pues en relación con los humedales inscritos los Estados asumen internacionalmente un deber de tutela explícito, que les obliga a seguir de cerca la evolución de sus condiciones ecológicas, así como la incidencia de contaminaciones u otras intervenciones humanas que pudieran afectarles, informando de todo ello a la Organización (art. 3).

      Sin embargo, la definición de los criterios de selección ha sido uno de los aspectos más debatidos. El artículo 2 señala seis criterios: ecológico, limnológico, hidrológico y, en especial, su interés para las aves acuáticas, así como los compromisos internacionales de cada Estado de cara a la conservación, preservación y explotación racional de las aves migratorias."

      Además, este autor recalca las requisitos que debe contener un humedal, para ser inscrito en la Lista, acorde a la Conferencia de R. en Canadá de 1987, por satisfacer las próximas condiciones:

      "1. Si constituye un tipo particularmente representativo de la región en la cual está ubicado.

   2. Atendiendo a la flora y la fauna, en cualquiera de los siguientes casos:

      1. Si alberga un conjunto significativo de especies o subespecies de plantas o de animales raros, vulnerables o en vías de desaparición, o un número significativo de individuos de una o de varias de esas especies.

      2. Si presenta un valor particular para el mantenimiento de la diversidad ecológica y genética de una región gracias a la riqueza y a la originalidad de su flora y de su fauna.

      3. Si presenta un valor particular como hábitat de plantas o de animales en un estado crítico de su ciclo biológico.

      4. Si presenta un valor particular por sus especies o comunidades vegetales y animales endémicas.

   3. Atendiendo de modo específico a las aves acuáticas, deberá considerarse una zona como de importancia internacional:

      1. Si habitualmente alberga 20,000 aves acuáticas.

      2. Si habitualmente alberga un número significativo de individuos que pertenezcan a grupos de aves acuáticas particulares e indicadores de valores, de la productividad o de la diversidad de la zona húmeda.

      3. Si, en el caso de que se dispongan de datos poblacionales, alberga habitualmente el 1% de los individuos de una población de una especio o subespecie de ave acuática."

   3. EXAMEN DE LA LEGALIDAD DE LA NORMAS ADUCIDAS

      3.1. La Participación Ciudadana es un principio cardinal de la protección ambiental, que no obstante, encuentra ciertos límites en la ley:

      En base a las observaciones anteriores, la Corte advierte, que las normas consideradas vulneradas por la parte actora, con la expedición del acto administrativo censurado, las cuales consisten en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 6 de 2002; y consecuentemente de los artículos 36 y 52, numeral 4 de la Ley N° 38 de 2000; y, 752 del Código Administrativo, no colisionan con la actuación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), al expedir la Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009, por lo que no se han producido efectos de ilegalidad, que causen la nulidad del acto administrativo que se demanda en esta oportunidad.

      Lo anterior es así, puesto que conforme se aprecia en la demanda que da inicio al proceso, la parte demandante indica que el Acto Administrativo, es violatorio a lo indicado en los artículos 24 y 25 de la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002, al no realizarse la correspondiente consulta ciudadana; y que además, consecuentemente, por no realizarse la misma, vician de nulidad el acto en mención. No obstante, la S. determina, que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), puede expedir, sin necesidad de "Consulta Ciudadana", resoluciones que demarquen en consecuencia, un área protegida, como se ha efectuado en el presente caso, al tenor de las facultades que le otorgan los artículos 118 y 120 de la Constitución Nacional; la Ley N° 2 de 12 de enero de 1995; así como de los artículos 74 y 95 de la Ley N° 41 de 1 de julio de 1998.

      El planteamiento de esta Superioridad, se fundamenta en que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para este tipo de causas (HUMEDALES), no requiere de una consulta ciudadana para establecer cuál área es considerada un área protegida, y en consecuencia, un humedal. El artículo 22 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, asigna en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el velar por los usos de los espacios en función de sus aptitudes ecológicas, sociales y culturales, su capacidad de carga, el inventario de recursos naturales renovables y no renovables y las necesidades de desarrollo, en coordinación con las Autoridades competentes. De igual manera, se precisa que las actividades que esta Autoridad apruebe, no deben perjudicar el uso o función prioritaria de la respectiva área geográfica.

      Por su parte, el artículo 75 de dicha Ley, determina que el uso de los suelos debe ser compatible con la aptitud ecológica y que debe evitarse prácticas que contribuyan a la erosión, degradación o modificación de características topográficas, con efectos ambientales adversos. En este sentido, el artículo 95 de la Ley N° 41 de 1998, también señala que es deber de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), proteger los ecosistemas y la vida silvestre, fijando como una prioridad en sus políticas la conservación de ecosistemas marinos con niveles altos de diversidad biológica y productividad, caso de arrecifes de coral, estuarios, HUMEDALES y otras zonas de producción y cría. Pues la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), es el Ente que rige esta materia, en un sentido especialísimo, hecho contrario de los cambios de uso de suelo y cambios de zonificación, que si requieren de una consulta ciudadana previa, para su aprobación, tal cual lo ha reiterado la S. Tercera en innumerables precedentes.

      Esta S. observa, que el H.B. de Panamá, es una zona cubierta de vegetación natural. Los límites del Área Protegida H.B. de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la Comunidad de Chimán en el Distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los Corregimientos de P.L., J.D., Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del Corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico, y al oeste con parte del corregimiento de P. Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

      El área protegida tiene una extensión de ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y dos hectáreas con cuarenta y cinco metros cuadrados (85,652 Has. + 0,045m2) de las cuales, treinta y nueve mil seiscientos noventa y uno hectáreas con quinientos setenta metros cuadrados (39,691 Ha. + 0,570m2), corresponden a la superficie terrestre, y cuarenta y cinco mil novecientos sesenta hectáreas con nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro metros cuadrados (45,960 Ha. + 9,474m2), corresponden a la superficie marina de la Bahía de Panamá.

      En consecuencia, se hace necesario promover su conservación, protección y administración para el uso sostenible de las generaciones presentes y futuras, pues la conservación y recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora, es una política estatal que la misma Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009, y la suscripción al Convenio RAMSAR, propenden para la preservación y restauración ecológica de los elementos constitutivos del sistema hídrico, como principal conector ecológico del territorio urbano y rural. En suma, el H.B. de Panamá, está definido como elemento central de la Ciudad y decisivo, en conjunto con los restantes elementos ambientales, en la constitución de condiciones de vida dignas para los residentes de la Ciudad. No en vano, se han clasificado a los humedales como áreas protegidas, que integran un sistema que consiste en el conjunto de espacios con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito Capital, la Nación o la Región, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la cultura en el Distrito Capital, las cuales, en beneficio de todos los habitantes, se reservan y se declaran dentro de la Resolución objeto de impugnación en vía contencioso administrativa.

      Se hace necesario para esta M., citar extractos de la Sentencia T-666 de 15 de agosto de 2002, la Corte Constitucional Colombiana, conforme a la presentación de una Acción de Tutela instaurada por G.R.S.B. contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., en materia de humedales, resaltó que:

      "Los humedales son lugares donde habitan especies de animales y de plantas que no se encuentran en otros tipos de ambientes y que constituyen importantes recursos biológicos de la nación por su utilidad actual o potencial, tanto de los organismos mismos como de la información genética que poseen. Los humedales son ecosistemas de alta productividad, usualmente con grandes fluctuaciones estacionales... Una función de los humedales aun no suficientemente evaluada es la retención de oxido de carbono. Esta función puede tener una importancia espacial dentro del marco de la convención internacional de cambio climático... Para las sociedades urbanas los humedales adquieren un valor como espacios de recreación en contacto con la naturaleza, así como espacios de investigación científica y educación ambiental.

      Los humedales del altiplano cundiboyacense y de la sabana de Bogotá en particular son especialmente importantes como único hábitat de una serie de especies endémicas, es decir que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Estas especies constituyen un patrimonio de los colombianos y del mundo, a su vez son una responsabilidad de la nación en cuanto a su conservación a largo plazo. Debido al avanzado grado de deterioro de los humedales muchas de estas especies se encuentran a punto de desaparecer.

      ...

      En términos generales los humedales cumple una función importante de regulación de los flujos hídricos mediante el llenado en épocas de creciente y liberación en época de bajada, esta función representa un servicio ambiental directo a la sociedad en cuanto a la regulación de inundaciones. Ligada a esta función, está la retención de sedimentos, así como la recarga y descarga de acuíferos. Algunos humedales actúan como retenedores de nutrientes en aguas bajas y exportadores en aguas altas..."

      E igualmente, traer a colación el Derecho Comparado de la hermana República de Costa Rica, representada por la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia - S. Constitucional de este país, que en Sentencia de 16 de agosto de 2008, en el caso de "P.G., Clara Emilia y Otros, todos en su condición de vecinos de lugares aledaños al P. Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste c/ Setenta, Secretaria Técnica Nacional Ambiental, dispuso que:

      "...

      La Corte Suprema estima en sentencia, como "debidamente demostrados" los siguientes hechos relevantes: 1. Que NO EXISTE NI SE HA REALIZADO una evaluación de forma integral del impacto que las construcciones dentro y en la zona de amortiguamiento del P. Nacional Marino LAS BAULAS, producirían sobre los recursos naturales colindantes: la tortuga BAULA, el recurso hídrico, demás vida silvestre, y en general todo el ecosistema. 2.- Que dentro del P. y sus zonas de amortiguamiento se pretende la construcción de VARIOS COMPLEJOS RESIDENCIALES, CABINAS Y HOTELES.- 3.- Que el P. cuenta con una zona de influencia, constituyendo la banda de 500 metros a lo largo del límite continental el Área de influencia inmediata, la cual es la zona de amortiguamiento, y que constituye un área ambientalmente frágil: fragilidad biológica- terrestre, fragilidad hídrica, fragilidad por desarrollo urbano.- 4.- Que el DESARROLLO URBANÍSTICO planteado para Playa Grande y Ventanas dista mucho de ser un desarrollo sostenible. De llevarse a cabo estos proyectos dentro de una franja de los 75 metros y sin ningún control del área protegida y su zona de amortiguamiento, se estará frente a un deterioro ambiental irreversible, con una afectación directa sobre el área de anidación más importante de todo el Pacífico Oriental para las tortugas BAULA y sobre los manglares que protege el P., incluyendo el SITIO RAMSAR.- 5.- Que la Municipalidad de Santa Cruz, ha otorgado permiso de construcción a proyectos ubicados dentro del área de influencia inmediata al P. Nacional Marino LAS BAULAS, área frágil ambiental, incluso sin contar con la respectiva viabilidad ambiental. 6.- Que las evaluaciones que realiza SETENA, consisten en el análisis de documentos y estudios que se presenten a su consideración, referentes a dos tipos de procedimientos: "Evaluación de impacto ambiental" EIA donde analiza individualmente cada proyecto y la "Evaluación ambiental estratégica" EAE, el cual se refiere al análisis de las políticas, programas y planes de ordenamiento territorial que le someten los Municipios u otros entes.- Siendo que este último instrumento no se ha aplicado en el P. Nacional Marino LAS BAULAS.- Por lo demás, se da por probado que la Setena suspendió mediante resolución, la EIA de los proyectos DENTRO del P., hasta que la S. Constitucional disponga otra cosa.- Que en cuanto a la zona de amortiguamiento, Setena está valorando los procedimientos de evaluación ambiental, aunque solicitará que los desarrolladores asuman el compromiso de cumplir con los lineamiento para la protección de la tortuga BAULA emitidos por el SINAC. Por último, un detalle de los proyectos situados DENTRO del P. que cuentan con viabilidad ambiental (2); FUERA del P. que cuentan con viabilidad ambiental (19) calificados en general, casa habitación y condominios residenciales.- El fondo del asunto se concentra en determinar si resulta cierto que dentro del P. Nacional Marino LAS BAULAS y su zona de amortiguamiento (500 mts colindantes con los límites del P.), se pretende la construcción de varios complejos residenciales sin haber sido sometidos a una evaluación integral de impacto ambiental por parte de la SETENA, sino que cada proyecto ha sido valorado de forma individual. Hecho que se comprueba, en consecuencia se desprende que efectivamente SETENA ha otorgado la viabilidad ambiental a proyectos en dicha zona, tanto a las propiedades ubicadas dentro del P. Nacional Marino como las que se encuentran en la zona de amortiguamiento, de forma individual, sin haber hecho un análisis del impacto integral que tales construcciones producirían en todo el ecosistema. El desarrollo urbanístico planteado para la Playa Grande y Ventanas dista mucho de ser un desarrollo sostenible, y que de llevarse a cabo estos proyectos dentro de la franja de 75 metros y sin ningún control fuera del área protegida y su área de amortiguamiento se estará frente a un deterioro ambiental irreversible, con una afectación directa sobre el área de anidación más importante en todo el Pacífico Oriental para las tortugas baula y sobre los manglares que protege el P., incluyendo el sito RAMSAR.- El hecho de que Setena haya estado otorgando la viabilidad ambiental a proyectos situados, no solo en la zona de amortiguamiento del P. sino dentro del mismo P., de forma individual, sin haber procedido primero, a realizar una valoración integral de la zona, evidentemente pone en riesgo todo el ecosistema del área. Se advierte que ya fueron otorgados dos viabilidades ambientales a proyectos dentro del P. y que diecinueve más están en trámite, todo ello sin contar con el número exacto de viabilidades otorgadas y en trámite en la zona de amortiguamiento de dicho P., "pudiendo preverse que si dentro del P. no ha existido mayor reparo en el otorgamiento de las viabilidades ambientales, con mucho menos razón se tendrá reparo en su otorgamiento en la zona de amortiguamiento", a pesar de que el impacto ambiental de los proyectos ubicados dentro de esta zona, igualmente resultan significativos. El descuido de la zona de amortiguamiento es tal, que la misma SETENA informa "que apenas se está valorando los procedimientos de evaluación a solicitar".

      De esta forma, la viabilidades ambientales otorgadas de forma individual por SETENA resultan insuficientes para la protección que el ambiente de la zona costera requiere. Siendo claro que no se ha evaluado en forma integral el impacto ambiental que producirían las construcciones dentro del P. ni en la zona de amortiguamiento. Cabe señalar que lo anterior es interpretado por la S. Constitucional de la Corte, con fundamento en el principio precautorio que opera en materia ambiental, como un "riesgo potencial a todo el ecosistema del P..- Así entonces, no es suficiente para el Tribunal ni para la garantía del derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que Setena haya procedido con el trámite individual de otorgamiento de viabilidades ambientales, ni mucho menos cuando se contextualiza la situación con el deber de vigilancia que tiene el Estado sobre la materia, la seriedad y contundencia de múltiples estudios realizados a nivel mundial que advierten sobre el peligro de extinción de la tortuga baula y la necesidad de evitar procesos constructivos cerca de los lugares de anidamiento.

      ...

   6. - AVANCES.-

      El reconocimiento de diversos instrumentos de política ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental, individual vs. estratégico.- La necesidad de un análisis cuidadoso, amplio, e integral para el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental de proyectos de impactos ambientales significativos.- La necesidad de proceder a la valoración integral del proyecto de construcción de complejos hotelero, residencial, condominios y urbanístico.- La efectiva aplicación del Principio Precautorio.- El enfático deber de vigilancia que pesa sobre el Estado, en esta clase de situaciones.- La imperiosa búsqueda del desarrollo urbanístico y turístico, en condiciones ambientalmente sostenibles.- La importancia de una enérgica temprana, anticipatoria, y oportuna, defensa y conservación de áreas de especial protección, que se califican de ecosistemas frágiles y vulnerables, como asimismo de la zona de Influencia o amortiguamiento, en el caso, representada por una banda de unos 500 metros de superficie, colindantes con el P. Nacional Marino Las Baulas.- La tutela de las especies de nuestra fauna (en este supuesto, la tortuga baula), y flora, amenazadas en peligro o en vías de extinción.-

   7. - ACUERDO.-

      Dada la importancia y protección del P. Marino Las Baulas desde el punto de vista de conservación y protección del ambiente, dado que SETENA ha estado otorgando la viabilidad ambiental a proyectos situados dentro del parque y su zona de amortiguamiento de forma INDIVIDUAL sin haber hecho un análisis del impacto INTEGRAL que tales construcciones producirían en todo el ecosistema del P., dado que la Municipalidad de Santa Cruz ha otorgado permisos de construcción dentro del P. y su zona de amortiguamiento incuso sin contar con la respectiva viabilidad ambiental, y tomando en cuenta EL PRINCIPIO PRECAUTORIO EN MATERIA AMBIENTAL se acoge el recurso, con todas las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva, por lo que se hace lugar a la demanda disponiendo: 1.- Anular todas las viabilidad ambientales otorgadas en la propiedades dentro del P. y se ordena al Ministerio de Ambiente continúe de inmediato con el proceso de expropiación de tales propiedades.- 2.- Ordenar a Setena, girar instrucciones para no tramitar nuevas viabilidades dentro del P..- 3.- Ordena a Setena, proceda en coordinación con el Ministerio de Ambiente y energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades de Santa Cruz, Bandayure, Hojancha, Nicoya Y C., a realizar un estudio integral sobre el impacto que las construcciones y el desarrollo turístico y urbanístico en la zonas de amortiguamiento del P. Nacional Marino Las Baula, producirían al ambiente y las medidas necesarias a tomar, en donde se valore si conviene mejor también expropiar las propiedades que se indiquen allí, y se indique expresamente el impacto que el ruido, las luces, el uso del agua para consumo humano, las aguas negras y servidas, la presencia humana y otros produciría sobre todo el ecosistema de la zona, en especial, la tortuga baula. 4.- Dejar suspendías y supeditar la validez de las viabilidades otorgadas a la propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del P., hasta tanto no esté listo el estudio integral. 5.- Ordenar a SETENA, suspender el trámite de las solicitudes de viabilidad ambiental de las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento.- 6.- Ordenar a la Municipalidad de Santa Cruz, dejar suspendidos y supeditar la validez de los permisos de construcción otorgados a las propiedades ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento (banda de 500 metros) del P., hasta tanto no esté listo el estudio integral.- 7.- Anular todos los permisos de construcción otorgados, si así lo hubiera hecho la Municipalidad de Santa Cruz, a las propiedades ubicadas en zonas de amortiguamiento; en su caso, comunicar este fallo a la Contraloría General de la República, para que realice las investigaciones y siente responsabilidades.- 8.- Al S. General de Setena, Ministro de Ambiente y Energía, D. Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, D. Superior del sistema Nacional de Conservación, Jefe del Departamento de Cuencas Hidrográficas de Acueductos y Alcantarillados, Alcalde las Municipalidades de Nandayure, Santa Cruz, C. y Nicoya, a tomar todas las medidas y previsiones dentro del ámbito de sus competencias a efectos de preservar todo el ecosistema del P. Nacional Marino Las Baulas.- Todo ello, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (no cumplir o no hacer cumplir orden judicial en un recurso de amparo, que prevé penas de prisión de 3 meses a 2 años o de 20 a 60 días de multa).- Se condena al Estado y a la Municipalidad de Santa Cruz al pago de las costas, y daños y perjuicios causados con los hechos que sirven a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-

      ...".

      Por su parte, la Suprema Corte de Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, Argentina, en fallo dictado el 11 de marzo de 2005, en razón de una acción de amparo contra el Gobierno de la Provincia, con el objeto de que se declarara inconstitucional e inaplicable la Resolución N° 190/2003 del Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, y se ordenase a dicho Ministerio, abstenerse de emitir la Declaración de Impacto Ambiental en el Exp. N° 513-D-00-03834: "Repsol YPF s/ Evaluación Impacto Ambiental Plan Acción II Proy. 2000 Expl. Petrolera A. L.", hasta tanto no se purguen los vicios del procedimiento de impacto ambiental que se denuncia y no se establezcan los límites geográficos de la Reserva Faunística L., debiendo aplicar en dicha declaración de impacto ambiental el art. 25 de la Ley 6045 y sus concordantes, que prohíben la actividad petrolera dentro de las áreas naturales protegidas provinciales, sentenció lo siguiente:

      "...

      No cabe duda acerca del riesgo cierto de coexistencia de la fauna perteneciente a la "reserva fáunica" con el proyecto petrolero autorizado por la Resolución impugnada; consecuentemente, tampoco cabe duda acerca de la necesidad de la previa delimitación del área exigida por los Tribunales de primera y segunda instancias.

      La delimitación del área deberá respetar los principio de participación propia de la actividad reglamentaria de la Administración y no podrá ser una exclusiva determinación unilateral de alguna repartición dependiente de la provincia demandada. No se trata de una mensura que delimite el inmueble fiscal o de una mensura con todas la formalidades legales como ha sugerido especializada doctrina local (ver M.M.E., Tutela judicial del ambiente, en nota al fallo de primera instancia de estos actuados, en La Ley Gran Cuyo, 2003, p. 631). Se trata de la determinación del área fáunica que puede o no coincidir con el predio fiscal, puede abarcar propiedades privadas. Señala acertadamente esa misma doctrina citada que "El área natural protegida L. no tiene límites rígidos, a modo de líneas demarcatorias propia del deslinde de inmuebles. Al ser un sistema ambiental compuesto por múltiples elementos (suelo, flora, fauna, agua, etc.) configurativo de un ecosistema con biodiversidad propia, requiere del estudio, análisis e investigación de especialistas en distintas disciplinas vinculadas a la ecología. Ellos establecerán en base a la ciencia, cuáles son los contornos más o menos elásticos sobre el terreno, que configuran el sistema L., y consecuentemente, el área natural protegida específicamente" (M.E., ob. cit., p. 634).

      La observación y comprobación personal en el sitio, en especial en las vertientes origen del C.L., pone claramente en evidencia que la definición geográfica de la mensura obrante a fs. 61 es a todas luces inapropiada para determinar el alcance de la "reserva fáunica Laguna L.". El caprichoso trazado de la línea oeste de la reserva, recorriendo prácticamente el borde físico de la imprecisa costa de la laguna, no se condice con la actividad fáunica evidente y tangible que excede ese margen ya -de por sí- bastante dinámico. No es coherente siquiera con la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la misma empresa recurrente.

      Finalmente, consideramos acertado el criterio de ambas instancias en tanto y en cuanto han supeditado la explotación petrolera autorizada por la Resolución impugnada a la efectiva previa delimitación del área natural protegida porque encuentra su fundamento: a) en la prohibición legal expresa; ya que esa circunstancia determina la posibilidad o no de la explotación en el sentido de prohibir dicha explotación dentro de las áreas naturales protegidas; b) en la garantía constitucional; puesto que es la única posición que se ajusta a la garantía constitucional contenida en el art. 41 CN y que se impone a todas las "autoridades", quienes "proveerán a la protección de esos derechos", ya que "una eficaz tutela del medio no puede esperar a que se produzca el daño a la naturaleza, que muchas veces va a ser irreparable" (G.E.R., La ordenación constitucional del medio ambiente, Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental, Dykinson, Madrid, 1995, p. 117); y c) en el deber constitucional; por cuanto es la única posición coherente con el deber impuesto a todos los habitantes respecto del ambiente sano por el art. 41 CN, que -afirma- "tienen el deber de preservarlo", ya que en tanto "sujetos del deber constitucional, no sólo deben omitir cualquier actividad lesiva del ejercicio del derecho de disfrutar del entorno, sino que están obligados de forma más intensa a contribuir a su preservación" (R.C.U., Constitución y medio ambiente, Ciudad Argentina y Dykinson, Buenos Aires-Madrid, 2000, p. 201)."

      3.2. La anulación de un Acto Administrativo de Interés General, o Público de Carácter Ambiental, a menos que sea por un Interés Superior a éstos, acarrea una Regresión en el Desarrollo de las Medidas de Protección Ambiental (el Principio de No Regresión Ambiental):

      Como se viene explicando, si bien la participación ciudadana constituye uno de los ejes centrales del acceso a la justicia ambiental, y de la propia protección ambiental, lo cierto es que de conformidad con la Ley N° 6 de 3 de enero de 1989, y Ley N° 41 de 1998, la exigencia de participación o consulta ciudadana, no se configura de la misma manera cuando se trata de la determinación y declaración de un "área protegida", en los términos que contempla la Ley sobre V.S., en concordancia con la Resolución JD-N° 09-94 de 28 de junio de 1994, que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

      Así pues, aunque el reconocimiento de un área protegida puede afectar intereses, lo cierto es que el tipo de afectación que en este sentido prevalece, está por encima de los intereses particulares, en virtud de que como señala el Fallo 27 de noviembre de 2009, u "área protegida" es "declarada legalmente para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales".

      En otras palabras, el establecimiento de un área protegida trae de suyo un interés general y público, dado que su importancia va ligada a la protección de todo un ecosistema; en este caso, especialmente integrado "como hábitat de aves acuáticas que comprenden extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean éstos de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o aguas marinas, cuya profundidad de mareas bajas no exceda de 6 metros" (artículo segundo, numeral 10 de la Resolución JD-N° 09-94 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Áreas silvestres protegidas-SINAP-).

      En el asunto que nos ocupa, no cabe duda que la Resolución N° AG- 0072-2009, al declarar área protegida al H.B. de Panamá y denominarlo igualmente como "Humedal de Importancia Internacional Bahía de Panamá", o "Sitio R. Bahía de Panamá", no hace más que reconocer la importancia socio-ambiental de tal superficie, así como la necesidad de salvaguardar los procesos biológicos que allí se desarrollan. Aspecto que se confirma al observar, que dicha resolución establece como objetivo fundamental: "la conservación y protección de los ecosistemas existentes en el área protegida, fomentando el uso racional de los recursos naturales a fin de mantener procesos evolutivos y ecológicos, el flujo genético y la diversidad de especies de flora y fauna silvestre, que son la base de los bienes y servicios que estos ecosistemas nos ofrecen para beneficio de las presentes y futuras generaciones" (artículo 5).

      Así pues, a juicio de esta S., lo expuesto en la resolución acusada encuentra toda razón, pues en términos generales se puede considerar que los humedales, no sólo están conformados por un área de importancia para la anidación y tránsito de aves migratorias, en virtud de los alimentos que proporciona a éstos, sino también porque poseen un valor ambiental, económico, social, cultural, científico y recreativo de fundamental significado entre otras cosas, porque juegan un papel valioso en el almacenamiento de carbono y energía, así como forman parte vital del ciclo de regulación hidrológico. Así lo explica la doctrina ius-ambiental, al señalar que:

      "Dentro de los beneficios que proporcionan los humedales se encuentran: el suministro de agua tanto para la explotación directa como para la recarga de acuíferos por infiltración; regulación de flujos de suma importancia para el control de inundaciones; prevención y protección contra el ingreso de aguas saladas que afectan aguas subterráneas y aguas dulces superficiales; protección contra las fuerzas de la naturaleza como tormentas, huracanes, etc.; retención de sedimentos, nutrimentos y tóxicos; fuente suplidora de productos naturales como madera, los derivados de la vida silvestre y acuáticos como moluscos, crustáceos y peces; producción de energía; transporte; conservación; recreación y turismo; investigación y educación; biodiversidad y patrimonio cultural; paisaje y belleza escénica; y mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales." (Vid. P.C., M.. Gestión Integrada del Recursos Hídricos en la Legislación Costarricense, Instituto de Investigaciones Jurídicas, S.J., 2008, pp.126-127).

      Desde esta perspectiva, es evidente que el acto acusado contenido en la Resolución N° AG-0072-2009 de 2009, protege un interés general de carácter ambiental. Por tanto, en adición a lo establecido en el apartado anterior en el que se constató que el acto demandado no presenta vicios de injuricidad, cabe precisar que si se contemplara la anulación del acto administrativo en cuestión, se estaría en clara contradicción con los fines, principios y lineamientos que protege la legislación ambiental panameña.

      En otras palabras, se daría paso a una regresión en materia ambiental. Regresión que resultaría de excluirse el H.B. de Panamá, del régimen jurídico de protección y conservación de los ecosistemas existentes en la referida área protegida.

      Debe tenerse en cuenta, que la estimación de la no regresión en materia ambiental, proviene de un principio del derecho reconocido por la doctrina como principio de no regresión, principio bajo el cual se "enuncia que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad" (vid. P.C., M. (dir.). El Principio de No Regresión Ambiental en el Derecho Comparado Latinoamericano. PNUD, S.J., 2013, p. 16).

      Este principio se desprende del principio de progresividad, el cual "ya no solamente surge como una obligación en la esfera de los derechos humanos, sino que aparece según la doctrina, como un principio en materia ambiental, (pues) es una derivación del principio de desarrollo sostenible, que impone un progreso solidario con las generaciones futuras, y cuya solidaridad implica no retroceder nunca en las medidas de protección del medio ambiente" (Mitre, E.. El Derecho al Agua. Naturaleza Jurídica y Protección Legal. I., Madrid, 2012, pp. 212-113).

      Al referirnos al principio de no regresión ambiental, nos remitimos a un concepto, que además encuentra pleno soporte en la jurisprudencia de distintos países. En ese sentido, por mencionar alguno, podemos hacer mención a la Sentencia 5538/2012 de la S. de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Español, en la cual se expone que:

      "El principio de no regresión, ha sido considerado como una "Cláusula de statu quo" o "de no regresión", con la finalidad, siempre, de proteger los avances alcanzados en el contenido de las normas medioambientales, con base en razones vinculadas al carácter finalista del citado derecho medioambiental, como es el caso del Dictamen del Consejo 3297/2002, que si bien referido a modificación de zonas verdes, salvo existencia acreditada de un interés público prevalente. En otros términos, la superficie de zona verde en un municipio se configura como un mínimo sin retorno, a modo de cláusula stand still propia del derecho comunitario, que debe respetar la Administración. Sólo es dable minorar dicha superficie cuando existe un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga".

      Pues bien la viabilidad de este principio puede contar con apoyo en nuestro derecho positivo, tanto interno estatal como propio de la Unión Europea. Ya nos hemos referido, en concreto, al denominado "Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible; del que se ocupa el citado artículo 2ª del vigente TRLS08, que impone a las diversas políticas públicas "relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación o uso del suelo" la obligación de proceder a la utilización del mismo "conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible"; por tanto, este principio, ha de estar presente en supuestos como el de autos, en el que si bien no se procede a la supresión de suelos especialmente protegidos resulta incuestionable la afectación negativa que sobre los mismos se puede producir por su inclusión en una actuación urbanizadora y, en consecuencia, este principio ha de actuar como límite y como contrapeso de dicha actuación, dadas las consecuencias irreversibles de la misma.

      En consecuencia, y sin perjuicio de su particular influencia en el marco de los principios, obvio es que, con apoyo en los citados preceptos constitucional (artículo 45 Constitución Española) y legales (artículo 2 y concordantes del TRLS08), el citado principio de no regresión calificadora de los suelos especialmente protegidos implica, exige e impone un plus de motivación razonada, pormenorizada y particularizada de aquellas actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de todo o parte de esos suelos."

      En nuestro medio jurídico, este principio se debe deducir de lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 13 de 27 de octubre de 1976 (que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), con relación al artículo 1 (La administración del Estado es una obligación del Estado) y 2 (principio de desarrollo sostenible) de la Ley N° 41 de 1998; en particular a partir de la norma convencional que establece el principio de progresividad, el Estado se obliga a cumplir con ciertas prestaciones sociales, entre las cuales se encuentran las de carácter ambiental, desarrolladas en la Ley General del Ambiente, y demás regulación sectorial.

      En el contexto del señalado artículo 2 lex cit, como explica el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica, M.P.C., se entiende que el principio de no regresión tiene por "finalidad evitar (la) supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o de difícil reparación".

      Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que si se deslegitiman los mínimos de protección alcanzados a través de la Resolución N° AG-0072-2009, se dejaría sin resguardo jurídico-ambiental el denominado H.B. de Panamá, poniéndose en estado de vulnerabilidad el ya frágil ecosistema, y los procesos ecológicos de dicha área.

      Dicho de otro modo, la desprotección de la superficie marino-costera establecida dentro del área protegida, expondría al humedal y su zona de amortiguamiento, a actividades incompatibles con la política de protección y conservación de los recursos naturales y culturales que se establece en la legislación vigente, y en el Plan de Manejo del área protegida, que exigen la garantía y mantenimiento de las características ecológicas de los ecosistemas de humedales del área (aspecto que advierte el artículo 8 del acto acusado en concordancia con los establecido en la Convención RAMSAR y la Conferencia de las Partes que establece el Marco de Referencia para la Aplicación de la Convención de RAMSAR).

      Tales actividades, como razonablemente advierte el artículo 10 de la Resolución JD-N° 09-94 de 1994,podrían ser: 1.) La remoción, tala, desmonte, relleno, desecación, extracción y cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares; 2.) El hostigamiento, recolección, captura, cacería, transporte y/o comercialización de especimenes de la fauna silvestre; 3.) La introducción de especies exóticas dentro del H.B. de Panamá; 4.) El depósito de desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, y de aguas residuales; 5.) El vertimiento de sustancias que contaminan las aguas marinas y fluviales, tales como agroquímicos, hidrocarburos, aguas servidas (industriales, riego, agropecuarias y domésticas) y otras, sin el debido tratamiento de dichas sustancias; 6.) La entrada de nuevos ocupantes a los terrenos que conforman el área protegida; 7.) El establecimiento de actividades que atenten contra la integridad y el mantenimiento de las características ecológicas del ecosistema, así como sus bienes y servicios ambientales, y los fines de conservación y uso sostenible del que pretende dicho H.B. de Panamá; 8.) La roza y quema de rastrojos mayores de 5 años; 9.) El desmonte (expansión de frontera agrícola), dentro del área; 10.) La pesca, más allá de artesanal o de subsistencia; entre otras que puedan causar daños al Humedal y a sus ecosistemas asociados o interferir con las acciones de manejo del área protegida.

      Así las cosas, esta S. después de la ponderación cuidadosa de las normas alegadas y las circunstancias que giran en torno a los efectos jurídicos de la declaratoria del área protegida H.B. de Panamá, arriba a la conclusión de que el acto demandado, no infringe las normas aducidas así como tampoco afecta el ordenamiento jurídico en general; el cual, vale la pena insistir, en el peor de los casos, sí se vería lesionado con la adopción de una medida legal, administrativa o judicial, que retrotraiga los efectos de protección hasta ahora conseguidos a través de la Resolución N° AG-0072-2009.

      Tal consideración, como señala la precitada Sentencia 5538/2012 del Tribunal Supremo Español, que traemos a colación a modo de referencia, "Solo es dable (...) cuando existe un interés público especialmente prevalente, acreditado y general; no cabe (por tanto) cuando dicho interés es particular o privado, por gran relevancia social que tenga"; lo que "exige e impone un plus de motivación razonada, pormenorizada y particularizada de aquellas actuaciones administrativas que impliquen la desprotección de todo o en parte (del medioambiente)". Aspecto que en este asunto no se configura.

   4. CONSIDERACIONES FINALES

      Por último, esta S. como guardiana de la legalidad y control de los actos administrativos dictados por los Entes Públicos, así como bajo la plena convicción y conciencia de la importancia del H.B. de Panamá, y de las preocupaciones medioambientales de nuestro tiempo, hace una exhortación a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), para que en próximas oportunidades, se aboque a defender en forma beligerante actuaciones que como ésta, guardan un interés general y público que se precisa proteger. Lo dicho, obedece a que en su informe explicativo de conducta, muestra la forma poco diligente en que actuaron ante esta jurisdicción, lo cual, sin lugar a dudas, genera desconfianza en la sociedad. Debemos tener presente, que uno de los deberes primordiales de los servidores públicos, es actuar en forma eficiente y responsable en las actuaciones administrativas confiadas a su cargo, en las Entidades para las cuales prestan sus servicios.

      A consecuencia de lo aquí expresado, esta Judicatura, en base a los anteriores razonamientos, estima que debe declararse legal el acto administrativo demandado, representado por la Resolución N° AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009,y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009, y emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), al no configurarse las infracciones alegadas por la parte actora, razón por la que lo procedente es, no acceder a las pretensiones que se formulan en la demanda.

      En mérito de lo expuesto, la S. Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución Nº AG-0072-2009 de 3 de febrero de 2009, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), y publicada en Gaceta Oficial N° 26,221 de 11 de febrero de 2009; y en consecuencia, NO ACCEDE a las pretensiones formuladas en la demanda ensayada.

      N.,

      VICTOR L. BENAVIDES P.

      LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

      KATIA ROSAS (Secretaria)