Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 28 de Septiembre de 2018

Ponente:Cecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución:28 de Septiembre de 2018
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS:

La firma F.M. ha presentado recurso de apelación contra la Resolución de 27 de abril de 2018 que no admite la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense F.M., actuando en nombre y representación de INVERSIONES PLANIFICADAS, S.A. e INMOBILIARIA NUEVO OBARRIO, S.A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 481-STL-2015 de 25 de septiembre de 2015, emitida por el Municipio de Panamá, así como sus actos confirmatorios.

La firma F.M. fundamenta su recurso de apelación (fs.36-41) señalando que "los argumentos que alegaremos para demostrar la ilicitud de LA RESOLUCIÓN, refutan los motivos que tuvo el (sic) LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para inadmitir la demanda de nulidad".

El Procurador de la Administración, mediante la Vista No. 918 de 3 de agosto de 2018 (fs. 43-51), se opone al recurso de apelación, toda vez que, a su juicio, la demanda es inadmisible, pues el acto administrativo demandado es de carácter individual, por lo que el trámite legal que corresponde aplicar es el de una demanda de plena jurisdicción, distinto a lo que plantean los demandantes. Igualmente, señala que coincide con el Magistrado Sustanciador en que si en atención al artículo 476 del Código Judicial, se le diera a la demanda el curso de una acción de plena jurisdicción, la misma no cumpliría con el apartado correspondiente a lo que se demanda, pues si bien solicitaron la nulidad del acto atacado, no solicitaron el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado. Finalmente, indica que si bien es cierto la parte actora presenta copia autenticada de la Resolución CCo. 010-17 de 1 de febrero de 2017, emitida por la gobernación de la provincia de Panamá que resolvió un recurso de apelación, pero sin sello de notificación y sin solicitarle al sustanciador que en base al artículo 46 de la Ley 135 de 1943, solicite la copia autenticada del auto atacado con la debida constancia de la notificación.

DECISIÓN DEL RESTO DE LA SALA:

En atención a los razonamientos que preceden, esta Corporación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto, previo a las siguientes consideraciones.

Por medio de la Resolución No. 481-STL-2015 de 25 de septiembre de 2015, el Municipio de Panamá resuelve sancionar con multa de mil quinientos balboas (B/.1,500.00) a INVERSIONES PLANIFICADAS, S.A., propietaria y responsable del inmueble por no contar con el anteproyecto.

El Magistrado Sustanciador, mediante Resolución de 27 de abril de 2018, no admitió la demanda de nulidad presentada por la firma forense F.M., actuando en nombre y representación de INVERSIONES PLANIFICADAS, S.A. e INMOBILIARIA NUEVO OBARRIO, S.A., toda vez que el demandante interpuso una acción contencioso administrativa de nulidad, pero no nos encontramos frente a un acto administrativo general, impersonal y objetivo, pues el acto impugnado es un acto individualizado y personal que proyecta sus efectos directamente sobre los derechos particulares del demandante; no obstante, si bien es cierto que el artículo 474 del Código Judicial, señala que cualquier otro error en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente o recurso, o del acto, de la relación o del negocio e que se trate, no es óbice para que el Juez acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara, la presente acción no cumple con los requisitos de admisibilidad de plena jurisdicción, a la luz de lo dispuesto en los artículos 42 b y 43 a de la Ley 135 de 1943, que establecen que para poder ocurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que la acción sea interpuesta al cabo de dos (2) meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto y que el demandante debe solicitar en el libelo de demanda el restablecimiento de su derecho subjetivo, respectivamente. Agrega el Sustanciador que si bien es cierto que se aportó la copia autenticada de la Resolución No. C Co. 010-17 de 1 de febrero de 2017, emitida por la Gobernación de la Provincia de Panamá, que resolvió el recurso de apelación, no hay constancia de notificación del acto, lo cual no permite verificar si la acción fue presentada dentro del término de prescripción establecido para las acciones de reparación de derechos subjetivos, a la luz de lo dispuesto en el precitado articulo 42 be de la Ley 135 de 1943.

Una vez efectuado un análisis exhaustivo del expediente, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera consideran que no le asiste razón al apelante, toda vez que tal como lo indicó el Magistrado Sustanciador, la Resolución No. 481-STL-2015 de 25 de septiembre de 2015, emitida por el Municipio de Panamá, es un acto individualizado y personal que proyecta sus efectos directamente sobre los derechos particulares del demandante, el cual es impugnable a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y no a través de una demanda de nulidad, tal como lo hizo la parte actora.

De igual forma, quienes suscriben concuerdan con el Magistrado Sustanciador cuando señala que si bien es cierto que el artículo 474 del Código Judicial, dispone que cualquier otro error en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente o recurso, o del acto, de la relación o del negocio e que se trate, no es óbice para que el Juez acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara, la presente acción no cumple con los requisitos de admisibilidad de plena jurisdicción, a la luz de lo dispuesto en los artículos 42 b y 43 a de la Ley 135 de 1943, que establecen que para poder ocurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que la acción sea interpuesta al cabo de dos (2) meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto y que el demandante debe solicitar en el libelo de demanda el restablecimiento de su derecho subjetivo, respectivamente.

A juicio de quienes suscriben, si bien es cierto que la parte actora presentó la copia autenticada de la Resolución No. C Co. 010-17 de 1 de febrero de 2017, emitida por la Gobernación de la Provincia de Panamá, que resolvió el recurso de apelación, no existe constancia de su debida notificación, lo que permite verificar si la demanda fue presentada dentro del término de prescripción de dos (2) meses que establece el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

Aunado a lo anterior, en el expediente no existe constancia que la parte actora haya efectuado diligencias o gestiones para obtener dicha documentación, ni de que le solicitó al Sustanciador que antes de resolver lo relativo a la admisión de la demanda, le solicitara a la entidad demandada la copia autenticada de dichos documentos, en atención a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

En razón de lo anteriormente expuesto, quienes suscriben estiman que lo procedente es confirmar el auto de 27 de abril de 2018 que no admite la presente demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense F.M., actuando en nombre y representación de INVERSIONES PLANIFICADAS, S.A. e INMOBILIARIA NUEVO OBARRIO, S.A.

En consecuencia, el resto de los magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto de 27 de abril de 2018, que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense F.M., actuando en nombre y representación de INVERSIONES PLANIFICADAS, S.A. e INMOBILIARIA NUEVO OBARRIO, S.A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 481-STL-2015 de 25 de septiembre de 2015, emitida por el Municipio de Panamá, así como sus actos confirmatorios.

N.,

CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

KATIA ROSAS (Secretaria)