Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 21 de Octubre de 2019

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:21 de Octubre de 2019
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Abel Augusto Zamorano

Fecha: 21 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Nulidad

Expediente: 675-19

VISTOS:

La Licenciada Adneris Ramos Córdoba, quien actúa en nombre y representación del C.G.I.E., en su calidad de Sub-D. General Encargado de la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, ha interpuesto demanda contencioso-administrativa de nulidad, a fin de que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 8 de 9 de mayo de 2019, emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y que se dicten otras disposiciones.

En este punto, el Magistrado Sustanciador proceder a examinar la acción contencioso-administrativa ensayada a fin de determinar, si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida por el Sustanciador.

Al analizar las constancias procesales salta a la vista de este Tribunal, la ausencia de requisitos indispensables de admisibilidad que hacen imposible la tramitación de la presente demanda; los cuales pasaremos a analizar los mismos a continuación.

El artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, establece los requisitos especiales que debe contener toda acción contencioso administrativa, a saber:

"Artículo 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:

  1. La designación de las partes y de sus representantes;

  2. Lo que se demanda;

  3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;

  4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación.

Al revisar el libelo de la demanda, el Sustanciador infiere que la demanda adolece del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, es decir, "La designación de la Parte", toda vez, que el apoderado judicial del recurrente manifiesta que interpone el presente proceso en su condición de Sub D. General Encargado de la Dirección General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, condición que no ha sido probada. Veamos las razones de esta afirmación.

Primeramente estamos en presencia de una demanda contenciosa administrativa de nulidad, la cual se encuentra regulada en el artículo 22 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, el cual reza así:

"Artículo 22. Podrán demandar la revisión las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción popular, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en cualquier caso en que la Administración haya incurrido en injuria contra derecho.

Asimismo, en concordancia con el artículo 22 antes citado, el artículo 43-B de la misma ley, el cual nos refieren quienes puede tener la calidad de parte para intervenir en este tipo de acciones contencioso administrativa, y determina lo siguiente:

Artículo 43-B. En las acciones de nulidad de un acto administrativo, cualquier persona puede pedir que se le tenga como parte para coadyuvar o impugnar la demanda.

En las demás clases de acciones el derecho de intervenir como parte sólo se reconoce a quien acredite un interés directo en las resultas del juicio.

Si alguna de las partes se opusiere a la intervención, la oposición se sustanciará como incidente.

En ese orden de ideas, como se ha señalado, el demandante, G.I.E., manifiesta que acude en su calidad de Sub D. General Encargado de la Dirección General y Representante Legal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, y siendo ésta una entidad estatal, como persona jurídica que es, nuestro ordenamiento jurídico dispone la forma de comparecer al proceso, es decir, debe ser por medio de sus representantes autorizados conforme a la ley, así como deberá acreditar su calidad desde la primera gestión que lleve a cabo, tal como está previsto en los artículos 593 y 596 del Código Judicial, respectivamente, los cuales se aplican supletoriamente de conformidad con el artículo 57C de la Ley 135 de 1943, que señalan:

Artículo 593. El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas comparecerán en proceso por medio de sus representantes autorizados, conforme a la ley. Las personas jurídicas de derecho privado, comparecerán por medio de sus representantes con arreglo a lo que disponga el pacto constitutivo, los estatutos y la ley. Salvo que conste en el Registro Público otra designación, la representación de las personas jurídicas la tendrá el presidente; por su falta, el vicepresidente o el secretario y por falta de ellos el tesorero; o la persona que respectivamente haga sus veces si tuvieren otro título.

En caso de demanda dirigida contra una persona jurídica, el demandante deberá presentar documento del Registro comprobatorio de la representación.

"Artículo 596. Los representantes deberán acreditar su personería en la primera gestión que realicen, salvo que se trate de medidas cautelares en que se afiancen daños y perjuicios."

Dicho de otra manera, es necesario determinar si el señor G.I.E. posee o no, lo que la doctrina denomina la legitimación de la causa o legitimación para obrar en el proceso, siendo éste un presupuesto fundamental para la decisión de fondo, pues es la condición que debe tener toda persona para formular una pretensión procesal, sin legitimación en la causa no se puede pretender que el Tribunal entre a decidir sobre el mérito del derecho material que demanda el recurrente.

Así las cosas, con fundamento a los aspectos doctrinarios y jurídicos esbozados, y al verificar la documentación que aportó el actor con el libelo, puede apreciarse que el mismo no acompaño ningún acto que acreditase su condición de Sub D. General Encargado de la Dirección General y Representante Legal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, y como tal, tenga la función de actuar para presentar ante esta S. la demanda que nos ocupa, ni que se le haya delegado la atribución para entablar un juicio ante esta S., ni tampoco para conferir poder especial a la Licenciada Adneris Ramos Córdoba.

Vale la pena destacar que, si bien en principio, este tipo de demanda contencioso administrativa puede ser interpuesta por cualquier persona, no obstante, el señor I.E. manifestó, en el poder, así como en el libelo de la demanda, específicamente en el apartado de "La designación de las partes" como demandante, concurre en calidad de D. General encargado y representante legal del Benemérito C uerpo de Bomberos de Panamá, por tanto, el mismo debía cumplir con los presupuestos establecidos en los artículos 593 y 596 del Código Judicial, ut supra, es decir, comparecer en el proceso por medio de sus representantes autorizados, conforme a la ley, y ésta calidad debe ser presentada desde su primera gestión, actuación que no efectuó a cabalidad.

Bajo este marco de ideas, el Magistrado Sustanciador concluye que la demanda promovida por el señor G.I.E. adolece de los requisitos de admisibilidad que contempla la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, y ante tales circunstancias, quien sustancia considera que no queda otra alternativa que negarle curso legal a la presente demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley Nº 135 de 1943, modificada por la Ley No. 33 de 1946, que establece lo siguiente:

"Artículo 50. No se dará curso legal a la demanda que carezca de alguna de las anteriores formalidades, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción".

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la S. Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso-Administrativa de Nulidad interpuesta por la Licenciada Adneris Ramos Córdoba, actuando en nombre y representación del señor G.I.E., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 8 de 9 de mayo de 2019, emitida por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y se dicten otras disposiciones.

Fundamento en Derecho: Artículos 22, 43, 43-B, 50 y 57c de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, y los artículos 593 y 596 del Código Judicial.

N.,

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

KATIA ROSAS (Secretaria)