Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 28 de Mayo de 2014

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:28 de Mayo de 2014
Emisor:Pleno

VISTOS: En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licenciado J.V., en nombre y representación de Aseguradora Ancón, S.A., contra la orden de hacer contenida en el Auto N°.1575 de 21 de noviembre de 2011 (sic), dictado por la Juez Decimoséptima de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. I. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En este apartado, el Pleno entra a citar las razones expuestas por el Tribunal de Amparo de primera instancia, para denegar la acción de amparo que nos ocupa: "Esta Superioridad aprecia que la infracción al debido proceso alegada por la amparista descansa en un hecho en concreto: el que la Juez Decimoséptima de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá mediante Auto N°.1575 del 21 de noviembre de 2011 (sic) ordenara a ASEGURADORA ANCÓN, S.A., entregar a la señora S.P.M. la suma de B/.10,500.00 de la póliza de seguro N°.1611-00149-01, perteneciente al señor E.E.P. (Q.E.P.D), cuando previamente informó a la sociedad COMPAÑÍA TÉCNICA DE SEGUROS, S.A., corredores de seguro de la empresa donde trabajaba el occiso que había sido declinado el pago de la póliza por beneficio de muerte porque el diagnóstico de estenosis mitral, causal del fallecimiento del causante era preexistente aunado a que éste no contaba con la continuidad laboral requerida. ...Contrario a lo sostenido por el apoderado judicial de la amparista, el Tribunal es del criterio que no se ha visto conculcada la garantía fundamental del Debido Proceso por las razones que pasamos a explicar. ...En el caso particular, nos encontramos frente a un proceso de sucesión cuyo objeto conforme lo dispone el artículo 628 del Código Civil es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona fallecida, a la persona que le sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El procedimiento o conjunto de pasos que componen el proceso de sucesión está claramente dispuesto en los artículos 1508 y siguientes del Código Judicial. Al ser este tipo de proceso clasificado como no contencioso por la Ley adjetiva, ello, aunado a su naturaleza declarativa, no entraña la pretensión de una persona frente a otra por lo cual adolece de contradictorio. Tomando en cuenta lo anterior, este Tribunal es del criterio que no se le ha violado la garantía fundamental del Debido Proceso a la amparista, por cuanto el proceso de sucesión no contempla la posibilidad de que quien está llamado a entregar el bien que se encuentra bajo su custodia se oponga a ello, alegando como en el presente caso, la declinatoria del reclamo interpuesto por el beneficio de muerte del causante, que debió ser informado al juzgado que conocía de la sucesión intestada del señor E.E.P. (Q.E.P.D.) al momento de responder a la autoridad acusada lo por esta solicitado mediante oficio N°.2138/45292/12 de fecha 29 de agosto de 2012. Vale acotar, además, que la orden contenida en el auto acusado fue proferida por la autoridad judicial demandada con sustento en el parentesco que unía a la petente con el causante, lo cual quedó debidamente acreditado con el certificado de nacimiento presentado por esta última como prueba dentro del proceso de sucesión intestada que en calidad de antecedente se hizo llegar a esta superioridad lo cual constituye motivación suficiente para que con fundamento en las normas especiales que rigen la materia sucesoria se haya declarado que la señora S.P.M. se encuentra en legítima posesión de los bienes dejados por el señor E.E.P. (Q.E.P.D.). Por tanto, al no darse la conculcación de la garantía fundamental del debido proceso en perjuicio de la accionante, al Tribunal no le resta más que denegar la acción de Amparo de Garantías Constitucionales ensayada". II. CONSIDERACIONES DEL APELANTE. Frente a la decisión proferida por el Tribunal de Amparo de primera instancia, el Licenciado J.V., en su calidad de apoderado judicial de la amparista, promovió y sustentó recurso de apelación, tal cual se aprecia de fojas 42 a 48 del dossier. Requiere, en lo medular, que se revoque la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior el 22 de mayo de 2013; y se conceda el amparo de garantías constitucionales promovido por Aseguradora Ancón, S.A. contra la Juez Decimoséptima de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Hace descansar el presente recurso vertical en los hechos que, a continuación, se plasman: "...SEGUNDO: Sobresaltamos que esos argumentos motivos que empleó el juzgador de grado para negar nuestra pretensión, están totalmente desenfocados de los planteamientos de censura que esbozamos como sustento de la iniciativa constitucional. ...nuestros reparos estuvieron encaminados, estrictamente, a destacar que el acto cuestionado vulnera el debido proceso, porque obliga al Gerente de la Compañía Aseguradora Ancón entregar a S.P.M. la suma de B/.10,500.00 de la Póliza de Seguro N° 1611-00149-01, perteneciente a E.E.P. (q.e.p.d.), sin antes haber acreditado que ese beneficio económico estuviese, efectiva y formalmente reconocido a favor del causante; obviando el informe rendido por la compañía aseguradora, en el que puso en conocimiento que el reclamo formulado sobre la base de dicha póliza había sido en su momento declinado; y promoviendo la utilización de una vía jurisdiccional inadecuada para reclamar el cumplimiento de un contrato de seguro. TERCERO: Como se aprecia, se discrepó de la legitimidad constitucional de dicho acto, porque está obligando a Aseguradora Ancón entregar una suma líquida inexistente, producto de una póliza de vida que, con suma antelación a la interposición del proceso de sucesión intestada, había sido declinada, traduciéndose ello en un mandato arbitrario, puesto que, sencillamente, ninguna autoridad está investida para imponer el reconocimiento de un derecho irreal o hipotético a favor de nadie y porque la correcta administración de justicia no tiene permitido al usuario activar el sistema para que, de manera solapada y conociendo de antemano que carece de beneficios reconocidos, haga caer en errores a los operadores de justicia declarando derechos inexistentes, mediante la proposición de procesos en los que muy convenientemente sólo se escucha la posición del interesado". Prosigue señalando que Aseguradora Ancón, S.A. recibió un oficio expedido por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, con ocasión del Proceso de Sucesión Intestada de E.E.P.; el cual procedió a responder únicamente en los tres (3) puntos específicos que le fueron requeridos (existencia de la póliza, monto y beneficiario), siendo entonces que desconocía particularidades, detalles y pretensiones de dicha sucesión. Añade que "es con posterioridad y ante el conocimiento que el juzgado de la causa estaba ordenando a nuestra mandante entregar la suma de B/.10,500.00, que Aseguradora Ancón se ve en la necesidad de certificarle al Tribunal, mediante Nota de 7 de diciembre de 2012, que desde el 1° de febrero de 2012, mediante Nota dirigida a la Compañía Técnica de Seguros, corredores de seguro de la empresa donde laboraba el fallecido E.E.P., se había declinado el reclamo interpuesto por el beneficio de muerte, ya que el diagnóstico estenosis mitral, causal de su fallecimiento, era preexistente y el mismo no contaba con continuidad laboral". Agrega que no es sino hasta el 31 de enero de 2013 que la representación judicial de Aseguradora Ancón se enteró de que el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil había dispuesto la ejecución de la orden contenida en el Auto N°.1575 de 21 de noviembre de 2011 (sic), conminándola a su cumplimiento so pena de desacato; circunstancia que estima violatoria del debido proceso. A su parecer "dicha orden se expide en franco desconocimiento del derecho de igualdad y equilibrio procesal de las partes, porque impone a nuestra patrocinada un mandato que le afecta patrimonialmente, dentro de una causa que no le comunicó de manera oportuna ni le participó para que, en similitud de condiciones con la parte actora, pudiera informarse apropiadamente de la pretensión y consecuentemente explicara, de manera detallada, todas las particularidades que se cernían sobre la póliza de vida que tenía el causante E.E.P. y en función de ello, se pudiera resolver la causa con propiedad y sustento debido". Explica que su "mandante no estaba en capacidad de anticipar ni predecir que, al momento de girarse ese Oficio, debía incursionar en la explicación de otros aspectos no indagados por el Tribunal, porque sencillamente no fue parte dentro del proceso de sucesión, por lo que no tenía acceso ni conocimiento de la pretensión esbozada por la parte actora y mucho menos de la decisión judicial dictada en el caso". Asimismo expone que "dicha orden conculca el derecho natural de defensa que le asistía a Aseguradora Ancón, pues soslaya considerar la prueba documental incorporada al proceso por nuestra mandante, en la que certificó que el reclamo de la póliza de E.E.P. fue declinado, lo que es indicativo que, legalmente, no estaba reconocida la suma que el Tribunal imponía entregar y por ende, a Aseguradora Ancón no le podía ser exigible cubrir un desembolso de un beneficio económico inexistente". Señala, además, que "para efectos procesales y por no ser Aseguradora Ancón parte activa dentro de la actuación, debió tener presente el Tribunal que su participación estaba limitada a emitir notas informativas y son precisamente estos documentos privados los que tienen la calidad y condición de elementos de prueba y siendo que ninguno de ellos fue tachado de falso dentro del proceso, se colige que poseen plena validez jurídica". Estima que "tanta fuerza y eficacia probatoria debía tener la Nota remitida por Aseguradora Ancón en la que certificó la existencia de la Póliza a nombre de E.E.P. y su monto; como la subsiguiente Nota aclaratoria presentada por nuestra representada en la que certificó que el reclamo formulado a la luz de dicha póliza se había declinado desde el 1 de febrero de 2012"; "que si con una nota informativa de Aseguradora Ancón, el despacho judicial acreditó la efectiva existencia de la póliza a favor de E.P. y su monto, ese mismo trato jurídico se le debió dispensar a la subsiguiente nota informativa de Ancón, relacionada con el status de la póliza y la declinatoria del reclamo". Igualmente manifiesta que "el acto impugnado conculca el principio demotivación, pues ordena a nuestra representada entregar la suma de B/.10,500.00 a S.P.M. producto de la póliza de vida de E.E.P., sin contar con elemento alguno dentro de la actuación que hubiese acreditado que el causante tenía formalmente reconocido a su favor ese beneficio económico producto de su póliza de vida; y sabiendo que las pólizas no son cheques en blanco, sino contratos sujetos al cumplimiento de determinadas cláusulas y estipulaciones, por lo que la simple comunicación en el sentido que E.E.P. contaba con una póliza, no implicaba que tenía registrada a su favor la suma asegurada". Expresa que "el acto atacado representa una vulneración del principio de estricta legalidad, pues abre el marco jurídico para que una póliza, cuyo reclamo ha sido declinado por la Compañía Aseguradora, pueda ser exigida y reconocida, de manera encubierta, a destiempo, sin la participación de una de las partes contratantes y mediante una vía jurisdiccional que no es la correcta. Es decir, la orden censurada está promoviendo la utilización de una vía judicial que persigue la declaración de herencia y adjudicación de bienes del causante, como instrumento para imponer el reconocimiento de un contrato de seguro, siendo todo ello improcedente a la luz de un proceso de sucesión intestada, en el que Aseguradora Ancón ni siquiera tiene la calidad de parte y nunca tuvo la oportunidad de participar". Acota, por último, que "no se trata de increparle a la autoridad civil ordinaria que sustanció el proceso de sucesión intestada, que activara una fase de oposición a favor de Aseguradora Ancón. La censura se ciñe en la actividad antojadiza de la juzgadora de valorar una nota explicativa de nuestra mandante e ignorar otra de la misma naturaleza que aclaraba la situación de los fondos perseguidos; en la actividad de imponer el reconocimiento de un beneficio económico sin antes certificar que ello tuviera efectiva existencia material; y en la actividad de obligar a una empresa a cumplir de todos modos con una póliza que fue declinada, desde mucho antes que se promoviera ese proceso civil". Concluye que "estas son conductas lesivas a las reglas que regenta la garantía fundamental del debido proceso, que evidencian la clara invalidez procesal de la orden cuestionada y la postura errada que esbozó el Tribunal Superior para negar nuestra pretensión". III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM. Agotado el recorrido procesal correspondiente, procede que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entre a resolver la alzada en la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales. La amparista Aseguradora Ancón estima conculcado el debido proceso por pretermisión del trámite legal, por considerar que el acto atacado por esta vía extraordinaria obliga al Gerente de la compañía a entregar a S.P.M. la suma de B/.10,500.00 de la Póliza de Seguro N°.1611-00149-01, perteneciente a E.E.P. (q.e.p.d.), sin haberse acreditado antes que ese beneficio económico estuviera efectivamente reconocido a favor del causante; obviando así el informe por ella rendido, a través del cual puso en conocimiento que el reclamo formulado sobre la base de dicha póliza había sido en su momento declinado, y promoviendo la utilización de una vía jurisdiccional inadecuada para reclamar el cumplimiento de un contrato de seguro. De los antecedentes se desprende que el Proceso de Sucesión Intestada de E.E.P. (q.e.p.d.) fue incoado el 6 de junio de 2012, solicitándose en el respectivo libelo "la apertura de la sucesión intestada del difunto E.E.P. (Q.E.P.D.) y así mismo declare como heredera universal de todos los bienes y derechos de la póliza colectiva de vida otorgada por la compañía Aseguradora Ancó, del difunto mencionado, a su madre de (sic) señora S.P.M.". Entre las pruebas aducidas, se requirió al Juez de la causa que oficiara a la compañía "certificación autenticada de la existencia de la póliza N°.1611-00149-01 a favor del difunto". El Ministerio Público, al emitir concepto, no mostró objeción alguna y solo recomendó la incorporación de la certificación de existencia de la póliza de vida que mantenía el causante, como condición para que se accediera a la pretensión, "tomando en cuenta que las Notarías del Circuito de Panamá, certificaron que el causante no otorgó testamento alguno ante esos Despachos". El auto de apertura de la sucesión (N°.882) fue dictado el 27 de junio de 2012 y el mismo ordenaba, entre otras cosas, "a todas aquellas personas que tengan algún interés en el presente proceso comparezcan a estar en derecho en el término de diez (10) días, contados a partir de la última publicación del edicto emplazatorio de que habla el artículo 1510 del Código Judicial"; habiéndose publicado éste en una diario de circulación nacional los días 9, 10 y 11 de agosto de 2012. El 29 de agosto de 2012 se ordenó remitir oficio a la empresa aseguradora, a fin de que informara sobre la existencia de la póliza de seguro N°1611-00149-01, a favor del causante; confeccionándose para dicha fecha, el cual fue recibido el 7 de septiembre de 2012. El mismo también pedía a la compañía los datos de monto y beneficiario. En respuesta a ese oficio, la aseguradora remitió nota fechada 19 de septiembre de 2012 y recibida por el Juzgado el 21 de septiembre de 2012 que, en lo medular, señalaba: "...tenemos a bien confirmarles que en efecto la póliza en mención fue emitida por nuestra compañía aseguradora, la misma asciende a la suma de B/.10,500.00, y no tiene beneficiarios declarados. No obstante lo anterior, deseamos indicarles que en nuestros archivos reposa el contrato de trabajo del Sr. PIMENTEL (Q.E.P.D.) donde declaró a su madre, la señora S.P., como única dependiente". Tal cual fue ordenado por providencia de 24 de septiembre de 2012, previa toma de posesión del perito y los testigos actuarios, el 9 de octubre de 2012 se practicó la diligencia de inventario y avalúo; siendo presentado el informe pertinente para esa misma fecha. Mediante providencia de 11 de octubre de 2012 se corrió traslado "por el término de tres (3) días hábiles, a fin de que los interesados formulen las objeciones que a bien tengan"; fijándosele el edicto de notificación respectivo. A través de Auto N°.1506 de 6 de noviembre de 2012, se aprobó el informe de la diligencia de inventario y avalúo de los bienes de E.E.P. (q.e.p.d.) y se fijó la masa herencial en B/.10,500.00; notificándose edictalmente. El 21 de noviembre de 2012 se dictó el Auto N°.1575 el cual, entre otras cosas, decidió que el Gerente de la Compañía Aseguradora Ancón, S.A. entregue a S.P.M. la cantidad de B/.10,500.00 de la Póliza de Seguro N°.1611-00149-01, perteneciente al señor E.E.P. (q.e.p.d.); disposición que constituye la orden impugnada mediante esta acción constitucional y que, además, provocó la expedición del Oficio N°.2880/45292/12 de 27 de noviembre de 2012, para comunicarle la medida al referido Gerente; el cual fue respondido por la empresa. El 18 de diciembre de 2012 la proponente de la sucesión intestada solicitó se declarara a la aseguradora en desacato, por incumplir la señalada orden de entrega; a lo que el Tribunal de la causa accedió a través de Auto N°.264 de 5 de marzo de 2013, condenando a Aseguradora Ancón "a pagar una sanción pecuniaria compulsiva y progresiva a favor de la parte actora por el orden de DIEZ BALBOAS (B/.10.00) diarios, mientras dure su renuencia a cumplir esta orden, tal cual lo señala el artículo 1933 quinto párrafo del Código Judicial". El escueto informe rendido con ocasión de la diligencia de inventario, por el perito y dos (2) testigos actuarios (Fs.24-25 del expediente principal), mencionó la referida póliza (N°.1611-00149-01) como único bien constitutivo del patrimonio del causante y estimó la masa herencial en B/.10,500.00; conclusión a la que manifiestan haber arribado "luego de detallar y examinar el bien descrito anteriormente, el cual conforma el patrimonio de la (sic) causante". Esta aseveración del perito y de los testigos actuarios no encuentra otro respaldo en el dossier que la limitada información requerida por el Juzgador a la aseguradora mediante el Oficio N°.2138/45292/12 de 29 de agosto de 2012 y la respuesta a los tres (3) datos puntuales que le fueron requeridos a través del mismo: existencia de la póliza, monto y beneficiario. Lo antes expuesto desvirtúa el valor del dictamen dictado con ocasión de la aludida diligencia de inventario y avalúo, a tenor de lo dispuesto por el artículo 980 del Código Judicial, que a la letra dice: Artículo 980. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso. Cabe destacar que el artículo 1013 del Código de Comercio establece que "el contrato de seguro, para su validez, debe constar por escrito, y lo constituirá la póliza de seguro". El artículo 245 lex cit dispone, por su parte, que "cuando la ley mercantil requiera como necesidad de forma del contrato, que conste por escrito, ninguna otra prueba de él será admisible y a falta de título escrito, el contrato se tendrá como insubsistente". Esto es, la prueba por excelencia de la existencia del contrato de seguro es la póliza respectiva, documento que no fue traído al proceso de sucesión intestada, a efectos de su examen y análisis y, por ende, no reposa en el infolio. Pese a que la aseguradora admitió, en su momento, la existencia de la póliza, se ha de tener presente que el artículo 997 del Código de Comercio preceptúa que "el contrato de seguro se regula por las estipulaciones de la póliza respectiva y en su defecto o insuficiencia, por las disposiciones del presente Título". De ahí que la sola existencia de una póliza de vida a favor de E.E.P. (q.e.p.d.) por la suma de B/.10,500.00 no presupone el derecho automático del beneficiario al cobro de dicho monto, pues habría que atenerse a las cláusulas y condiciones estipuladas en el contrato, a fin de determinar si le asiste tal derecho, previo examen de los riesgos cubiertos y de las eximentes de responsabilidad pactadas, entre otros detalles a considerar como, por ejemplo, oportunidad en el reclamo y pago de primas actualizadas. Es decir, antes habría de agotarse la formalidad del reclamo y su aprobación por parte de la compañía aseguradora. De otra forma -puntualiza la amparista-, "se está abriendo el marco jurídico para que una póliza cuyo reclamo ha sido declinado por la Compañía Aseguradora, pueda ser exigida y reconocida, de manera solapada, a destiempo, sin la participación de una de las partes contratantes y mediante una vía jurisdiccional que no es la correcta, lo cual implica infracción a las reglas que regentan el principio del debido proceso". Añade que se estaría "usando una vía judicial que persigue la declaración de herencia y adjudicación de bienes del causante, como instrumento para imponer el reconocimiento de un contrato de seguro, siendo todo ello improcedente a la luz de un proceso de sucesión intestada, en el que Aseguradora Ancón ni siquiera tiene la calidad de parte y nunca tuvo la oportunidad de participar..." El Juez de la causa debió prever que la información solicitada a la aseguradora fuese menos restrictiva y se encaminase, por ende, a verificar más que existencia, monto y beneficiario de la póliza, incluso a la obtención de un ejemplar de la misma, vía oficio o a través de una diligencia exhibitoria. Así se lo permitían las amplias facultades probatorias que ostenta el Juzgador en los procesos sucesorios; tal cual se desprende de los artículos 1527 y 1529 del Código Judicial, que a la letra dicen: Artículo 1527. ...En caso de que la petición o las pruebas fueren defectuosas o incompletas, el Juez ordenará las correcciones o los documentos a que haya lugar. Artículo 1529. Recibida la demanda con sus pruebas documentales o practicadas las supletorias pedidas, el Juez dará traslado de la solicitud al Ministerio Público por el término de cinco días. Máxime si se toma en cuenta que el presente es un proceso no contencioso y que la prueba distinguida con el número 4 en el libelo, en los términos propuestos -que oficie a la Aseguradora Ancón certificación autenticada de la existencia de la póliza N°.1611-00149-01 a favor del difunto-, resultaba insuficiente para acreditar el derecho al beneficio y aún más para ordenar la entrega del monto asegurado a la proponente de la sucesión. Es más, de lo plasmado en el tercer punto del libelo de Incidente de Desacato presentado por la prenombrada, se corrobora que, para realizar la Diligencia de Inventario y Avalúo, "los peritos tomaron como referencia la suma decretada por la aseguradora...", prescindiendo así de la prueba "sine qua non" llamada a acreditar si a S.P.M. le asistía el derecho a cobrar el seguro de vida que amparaba a su hijo, atendiendo a las cláusulas y condiciones del contrato. En el sexto punto, la incidentista cuestiona -como también lo hace la resolución amparada- que Aseguradora Ancón no hubiese aprovechado la oportunidad, cuando contestó el Oficio N°.2138/44292/12, para explicar que, desde febrero de 2012, había remitido nota a los Corredores de Seguros de la empresa en que laboraba el difunto, comunicándoles que dicho reclamo no procedía; que era de conocimiento de la aseguradora que ante el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil se adelantaba un Proceso de Sucesión Intestada del finado E.E.P. (q.e.p.d.) y que la certificación que se estaba solicitando se requería como prueba dentro del mismo; y, por último, que es obvio que la empresa estaba desobedeciendo la orden de pago para evadir su responsabilidad, por no haber probado en tiempo oportuno lo manifestado en su nota del 7 de diciembre de 2012. De las constancias de autos se extrae que, para las fechas en que fue publicado el edicto emplazatorio (9, 10 y 11 de agosto de 2012), Aseguradora Ancón, S.A. desconocía que debía comparecer a estar en derecho, en calidad de interesada, en el término de diez (10) días contados a partir de la última publicación, pues no fue sino hasta el 14 de septiembre de 2012, que recibió el Oficio N°.2138/45292/12 de 29 de agosto de 2012, a través del cual el Tribunal de la causa le requería información específica sobre la existencia, monto y beneficiario de la póliza N°.1611-00149-01; y en ese sentido expresamente se limitó a responder. Aunado al hecho de que el mencionado oficio únicamente indicaba que la información se recababa para que obrara como prueba dentro del Proceso de Sucesión Intestada del causante E.E.P. (q.e.p.d.), sin explicar qué se pretendía probar con ella. Con tan limitada información, el Tribunal ordenó se inventariara y avaluara la mencionada póliza, como único bien constitutivo de la masa herencial. Recibido el informe respectivo, se corrió en traslado por tres (3) días para que los interesados formularan las objeciones que a bien tuvieran, mediante providencia de 11 de octubre de 2012, la que fue debidamente notificada por edicto. No obstante, Aseguradora Ancón nunca fue convocada a comparecer como interesada al proceso, toda vez que -como ya se señaló- cuando se publicó el edicto emplazatorio al que alude el artículo 1510 del Código Judicial para que estuvieran en derecho los interesados en la sucesión, a la empresa no se le había requerido aún información con relación a la póliza de vida de E.E.P. (q.e.p.d.), por lo que no podía ésta inferir interés alguno en el proceso. Similar situación ocurrió, por ende, cuando se corrió en traslado para objeciones el informe de inventario y avalúo, de forma genérica a los interesados: de la tramitación impresa al proceso y por las circunstancias previamente expuestas, la compañía no había comparecido ni había tenido oportunidad de inferir interés alguno en él, que la obligara a mantenerse al tanto. Así, como viene visto, mediante Auto N°.1506 de 6 de noviembre de 2012, el Juzgado de la causa aprobó el informe de diligencia de inventario y avalúo de los bienes de E.E.P. (q.e.p.d.) y fijó la masa herencial en B/.10,500.00; y, a través de Auto N°.1575 de 21 de noviembre de 2012, declaró que S.P.M. se encontraba en legítima posesión de los bienes dejados por el causante E.E.P. (q.e.p.d.); que todas las personas que tuviesen bienes en su poder a nombre del causante los pusieran a nombre de la heredera declarada; y que el Gerente de la Compañía Aseguradora Ancón, S.A. entregara a S.P.M. la suma de B/.10,500.00 de la Póliza de Seguro N°.1611-00149-01, perteneciente a E.E.P. (q.e.p.d.). Esta última es la resolución atacada vía constitucional, con base en la cual se giró el Oficio N°.2889/45292/12 de 27 de noviembre de 2012, para comunicar a la empresa dicha orden de entrega; siendo entonces -ya dictada la orden- cuando la aseguradora se enteró que la póliza de vida que amparaba a E.E.P. (q.e.p.d.) se tenía como bien constitutivo de la masa herencial de la sucesión ab intestato del prenombrado y tuvo la oportunidad de explicar que había declinado el reclamo y así se lo había hecho saber oportunamente a los corredores de seguro. Esto es, mediante Oficio N°.2138/45292/12 de 29 de agosto de 2012 el Juzgado pide a la empresa información sobre la existencia, monto y beneficiario de la póliza de vida N°.1611-00149-01 y, a través de Oficio N°.2889/45292/12 de 27 de noviembre del mismo año, le ordena entregar B/.10,500.00 de dicha póliza a S.P.M., sin que para ello se entrasen a considerar las condiciones y estipulaciones del contrato, los riesgos cubiertos y las eximentes de responsabilidad. Como respuesta a dicha orden, Aseguradora Ancón, mediante nota de 7 de diciembre de 2012, recibida en el Juzgado el 10 de diciembre de 2012, señaló al Tribunal que "el 1 de febrero de 2012 nuestra compañía aseguradora envió una comunicación al Lic. E.C. de Técnica de Seguros, Corredores de Seguro de la compañía donde laboraba la persona fallecida en mención, donde les señalamos que el reclamo interpuesto por el Beneficio de Muerte por cualquier causa del Sr. E.E.P. (Q.E.P.D.) no procedía ya que el diagnóstico Estenosis Mitral, causal de su fallecimiento, era preexistente y el mismo no contaba con continuidad laboral, razón por la cual a la fecha mantenemos dicha posición". Cabe destacar que el recibido -de 6 de febrero de 2012- de dicha nota, fue aportado por la aseguradora con el escrito de oposición a la solicitud de desacato el día 4 de febrero de 2013 y una copia notariada de la misma, con el libelo de reconsideración, el 11 de abril de 2013. El desarrollo efectuado lleva a este Máximo Tribunal de Amparo de Garantías Constitucionales a colegir que le asiste razón a la amparista, respecto de las aducidas infracciones al artículo 32 de la Constitución Nacional: Que se impuso a Aseguradora Ancón un mandato (orden de entrega de dinero), sin haberle dado oportunidad de informarse sobre la pretensión esbozada en la causa principal ni de explicar y demostrar la improcedencia de lo pretendido por la promotora de la sucesión y que tal medida careció de motivación, por cuanto se dispuso sin que se hubiese acreditado que al causante le estaba reconocido formalmente ese derecho económico. En consecuencia, lo que procede en este caso es revocar la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, en su lugar, conceder a Aseguradora Ancón la acción constitucional de amparo. En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia de 22 de mayo de 2013, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, en su lugar, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado J.V., en nombre y representación de ASEGURADORA ANCÓN, S.A., contra el Auto N°.1575 de 21 de noviembre de 2011 (sic), dictado por la Juez Decimoséptima de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso de Sucesión Intestada de E.E.P. (q.e.p.d.). N., JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)