Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Octubre de 2014

Ponente:Victor L. Benavides P.
Fecha de Resolución: 6 de Octubre de 2014
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: Ante la secretaría de esta S. de la Corte Suprema de Justicia, se presentó el veintinueve (29) de enero de 2007, la Licenciada B.C.C.S. de CANDANEDO, con cédula Nº4-267-332, actuando en representación de la firma forense CANDANEDO CORREA, apoderada judicial especial de la sociedad denominada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE), cuyo R.L. lo es el señor R.M.J., con cédula NºPE-8-524; a fin de interponer, como en efecto lo hizo, formal DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, con el propósito que se ORDENE al ESTADO PANAMEÑO, por conducto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE ORIENTE -esto es, bajo el tenor de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 97 del C.J. , a pagar los daños y perjuicios que se dice se derivaron del hecho de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 2005, en la Vía Panamericana, Corregimiento de Santa Lucía, Distrito de R., Provincia de Chiriquí, República de Panamá, entre el vehículo con matrícula 745446 y un semoviente que no sólo se dice lucía la marca o ferrete "ME42", sino que era de propiedad del Colegio o Instituto Profesional y Técnico de Oriente, dependencia del Ministerio de Educación de la República de Panamá (véase de fojas 22 a 26 del Exp. P..). Admitida la demanda, esto es, el cinco (5) de marzo de 2007, se corrió en traslado a la Procuraduría de la Administración (el 21 de septiembre de 2007), tal como lo prevé el artículo 58 en concordancia con el 100 de la Ley Nº135 de 30 de abril de 1943. Asimismo y bajo el amparo de lo previsto en el artículo 57 de la citada excerta legal se le solicitó a la entidad demandada rindiera el informe explicativo de conducta de lugar (véase las fojas 28 y 29 del Exp. P..). I. PRETENSIÓN DE LA DEMANDANTE: El representante legal de la COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE), pretende que esta S. le reconozca mediante sentencia, la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS ($7,679.19), misma que espera le sea pagada por el Colegio o Instituto Profesional y Técnico de Oriente, dependencia del Ministerio de Educación de la República de Panamá, luego de la condena debida. II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA: Expone la parte demandante, en calidad de hechos de la demanda, que todo dimana de la colisión ocurrida el 27 de diciembre de 2005, entre el vehículo Toyota, Land Cruiser, camioneta, año 1999, color chocolate, con matrícula única 745446, conducida por A.L.B.T., con cédula de identidad Nº4-732-1421 y; un semoviente vacuno (toro), identificado con ferrete ME42, propiedad del Colegio Instituto Profesional y Técnico de Oriente. Hecho que, se dice, tuvo su escenario a eso de las nueve de la noche (9:00 P.M.) en la Vía Panamericana, a la altura del Escodú, Corregimiento de Santa Lucía, Distrito de R., Provincia de Chiriquí. Asimismo, que en razón de tal colisión, el Alcalde del Distrito de R., como autoridad competente y conocedora del caso en comento, dictó la Resolución Nº224 de 31 de enero de 2006, con la cual condenó al Colegio Instituto Profesional y Técnico de Oriente al pago de los daños y perjuicios causados a dicho vehículo, el cual es de propiedad de la sociedad ADELTA, S.A. Aunado a lo anterior, también manifiesta que el precitado vehículo (con matrícula única Nº745446), constaba asegurado para el día 27 de diciembre de 2005, por la COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE), según Póliza de Automóvil Nº02-01-0263429-1, emitida el 16 de septiembre de 2005, lo que en calidad de aseguradora le llevó a enfrentar o asumir el coste de todos los daños materiales ocurridos a dicho vehículo. Que de acuerdo al ordenamiento civil y el reglamento de tránsito vigente, el propietario del semoviente vacuno, es responsable de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al vehículo asegurado por ADELTA, S.A., los cuales ascienden a la suma de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECNUEVE CENTAVOS (U.$.7,769.19), suma de dinero que busca le sea pagada en calidad de demandante, puesto que, con el pago que realizara la COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE), a la sociedad denominada ADELTA, S.A., por razón de los daños ocasionados al vehículo con matrícula 745446, conducido por A.L.B.T., le da derecho a subrogarse en los derechos que tendría ADELTA, S.A. de reclamar a los responsables de tales daños y perjuicios. III. NORMAS LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: Anota la apoderada judicial de la parte actora que las violaciones a las que hace alusión en su libelo de demanda, se dicen configuradas en los artículos 29 del Decreto Ejecutivo Nº160 de 7 de junio de 1993 "Por el cual se expide el Reglamento de Transito Vehicular de la Republica de Panamá"y, 1647 del Código Civil. Ello es así, pues considera: "... que de haberse tomado las debidas medidas de cuidado en cuanto a la posesión de ganado en soltura, se hubiese evitado el accidente de tránsito en comento y el mismo no sería compelido al pago de daños y perjuicios causados al vehículo Toyota, Land Cruiser, camioneta, año 1999, color chocolate, matrícula 745446, conducido por A.L.B.T. y propiedad de la sociedad ADELTA, S.A., derecho que por subrogación le corresponde a nuestra representada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. ..." IV. INFORME DE CONDUCTA: Al ser requerido mediante Oficio Nº247 de 5 de marzo de 2007 (véase la foja 29 del Exp. P..) el Informe de Conducta de lugar al ESTADO PANAMEÑO, por conducto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE ORIENTE, requeridos por razón de los daños y perjuicios demandados; se expuso, entre otras cosas, que: .../ Que tal como lo establece la Resolución Nº24 de 31 de enero de 2006, se exoneró al I.P.T. de Oriente al pago de multa por considerase un caso fortuito el accidente de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 2005. Que la resolución aludida en ninguno de sus apartes resolutivos indica quien o quienes deben pagar los daños ocasionados al vehículo involucrado en este hecho fortuito de tránsito por lo que mal puede el Estado por conducto del Ministerio de Educación abrogarse el pago al que no ha sido condenado. Que en ningún momento ni A.L.B.T., conductora del vehículo, ni la Empresa Adelta, S.A. propietaria, y Compañía Nacional de Seguros presentaron al Ministerio de Educación, ya fuese por conducto de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí o a la Dirección Nacional de Administración una cotización de los daños ocasionados o el monto a cubrir por los mismos. Que la demanda Contencioso Administrativa de Indemnización por daños y perjuicios se presenta casi catorce meses después de emitida la Resolución que ordena el pago, acción esta que claramente cae dentro de los presupuestos que establece el Artículo 1706 del Código Civil vigente y que hace referencia a la prescripción en el término de un año, contado a partir de que lo supo el agraviado, término que está vencido con creces por parte de los actores de la pretensión Contencioso Administrativa interpuesta en Su Augusta S.. En virtud de la claridad de la norma civil supra citada, el Ministerio de Educación, considera prescrito el término para el reclamo por lo que solicita a la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia emita una declaración en ese sentido y ordene el archivo del expediente. .../. (Véase la foja 40 del Exp. P..). V. CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN: La Procuraduría de la Administración, mediante Vista Nº666 de 21 de septiembre de 2007 (visible de fojas 42 a 45 del Exp. P..), si bien, por una parte, ha aceptado tres de ocho hechos que son los que conforman la demanda que nos ocupa; por la otra, en lo medular de su escrito, ha manifestado que: ... Del análisis de las piezas procesales este Despacho observa que mediante resolución 224 de 31 de enero de 2006, la Alcaldía Municipal del Distrito de R., provincia de Chiriquí, resolvió exonerar del pago de la multa al Colegio IPT de Oriente, como propietario del semoviente, marcado a fuego ME42 por considerar el accidente como "caso fortuito". (Cfr. Foja 3 del expediente judicial). .../. Aunado a lo anterior, enuncia tal aspecto también fue exaltado en el Informe de Conducta presentado por la Directora Regional de Chiriquí del Ministerio de Educación, quien además manifestó que: ... la resolución aludida no señala en su parte resolutiva quién o quiénes deben pagar los daños ocasionados al vehículo asegurado por la parte actora, razón por la cual mal puede el Estado por conducto del Ministerio de Educación abrogarse el pago al que no ha sido condenado. .../. Habida cuenta entonces, que a juicio de la Procuraduría de la Administración el Ministerio de Educación NO ES RESPONSABLE de pagar la suma demandada, en concepto de daños y perjuicios, por razón del hecho de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 2005, en la Vía Panamericana, a la altura del Escodú, Corregimiento de Santa Lucía, Distrito de R., Provincia de Chiriquí. VI. COMPENDIO, RAZONAMIENTO Y DECISIÓN DE LA SALA: Luego del recorrido procedimental y procesal realizado sobre los elementos y actuaciones de cada una de las partes en juicio y de esta S., propiamente, consideramos los integrantes de ésta última que es oportuno externar algunas consideraciones que servirán de perspectiva a cada lector de este veredicto, claro está, previa consideración también, de que se han surtido todas las fases del proceso, con la debida atención al fundamento de cada pretensión y hecho que conforma la demanda en cuestión, aunado a la constancia oportuna que se deja de que la fase de alegatos de conclusión precluyó sin que fuera aprovechada oportunamente. Compendio: Observamos que la sociedad denominada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE), pretende que la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONDENE al Estado Panameño, por conducto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE ORIENTE, al pago de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECNUEVE CENTAVOS (U.$.7,769.19), por razón de los daños ocasionados al vehículo con matrícula 745446, conducido por A.L.B.T., el cual, si bien, es propiedad de la sociedad denominada ADELTA, S.A., se encontraba asegurado por CONASE para el 27 de diciembre de 2005, fecha en que ocurrió una colisión entre el vehículo Toyota, Land Cruiser, camioneta, año 1999, color chocolate, con matrícula única 745446, conducida por A.L.B.T. y un semoviente vacuno (toro), identificado con ferrete ME42, propiedad del Colegio Instituto Profesional y Técnico de Oriente. Hecho que tuvo su escenario a eso de las nueve de la noche (9:00 p.m.) en la Vía Panamericana, a la altura del Escodú, Corregimiento de Santa Lucía, Distrito de R., Provincia de Chiriquí. En complemento de lo anterior, manifiesta dos cosas, la primera de ellas, es que en razón del aludido hecho de tránsito que el Alcalde del Distrito de R., dictó la Resolución Nº224 de 31 de enero de 2006, con la cual condenó al Colegio Instituto Profesional y Técnico de Oriente al pago de los daños y perjuicios causados a dicho vehículo, el cual es de propiedad de la sociedad ADELTA, S.A. y; la segunda, que ella como compañía aseguradora del vehículo en comento, se vio precisada a asumir el coste de todos los daños materiales que le ocurrieron al tiempo de la colisión, esto es, el 27 de diciembre de 2005. Además, infiere la actora por conducto de su apoderada judicial, que se han infringido los artículos 29 del Decreto Ejecutivo Nº160 de 7 de junio de 1993 "Por el cual se expide el Reglamento de Transito Vehicular de la Republica de Panamá"y, 1647 del Código Civil. Ello por el hecho de que considera: "... que de haberse tomado las debidas medidas de cuidado en cuanto a la posesión de ganado en soltura, se hubiese evitado el accidente de tránsito en comento y el mismo no sería compelido al pago de daños y perjuicios causados al vehículo Toyota, Land Cruiser, camioneta, año 1999, color chocolate, matrícula 745446, conducido por A.L.B.T. y propiedad de la sociedad ADELTA, S.A., derecho que por subrogación le corresponde a nuestra representada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. ..." Por su parte, la Procuraduría de la Administración, atendiendo el contenido de los elementos documentales probatorios que conforman el presente expediente y sus antecedentes administrativos, es decir, los correspondientes a la colisión que se dice ocurrida entre el vehículo con matrícula única 745446, conducido por A.L.B.T. y un semoviente vacuno (toro), identificado con ferrete ME42, a eso de las nueve de la noche (9:00 p.m.) en la Vía Panamericana, a la altura del Escodú, Corregimiento de Santa Lucía, Distrito de R., Provincia de Chiriquí; considera que el Estado Panameño por conducto del Ministerio de Educación NO ES RESPONSABLE de pagar la suma demandada, en concepto de daños y perjuicios, por razón del hecho de tránsito ocurrido el 27 de diciembre de 2005, puesto que, "... mediante resolución 224 de 31 de enero de 2006, la Alcaldía Municipal del Distrito de R., provincia de Chiriquí, resolvió exonerar del pago de la multa al Colegio IPT de Oriente, como propietario del semoviente, marcado a fuego ME42 por considerar el accidente como "caso fortuito". (Cfr. Foja 3 del expediente judicial). .../.". De hecho, enuncia que tal aspecto también fue exaltado en el Informe de Conducta presentado por la Directora Regional de Chiriquí del Ministerio de Educación, quien además manifestó que: ... la resolución aludida no señala en su parte resolutiva quién o quiénes deben pagar los daños ocasionados al vehículo asegurado por la parte actora, razón por la cual mal puede el Estado por conducto del Ministerio de Educación abrogarse el pago al que no ha sido condenado. .../. Razonamiento: Visto el cúmulo de argumentos expuestos por cada uno de los comparecientes, y como ya ha enunciado esta M. en líneas previas, procederemos a compartir con nuestros lectores -para que sirva, no sólo de guía, sino de docencia- cómo es que se ha logrado sin tanta locuacidad esquematizar la elucidación que reviste la estructura de esta sentencia, la cual no es más que el resultado del consenso de nuestros respectivos criterios, mismos que al paso son dimanantes del caso que hoy nos ocupa. Para ello, partiremos anotando lacónicamente cómo transcurrieron los términos legales y procesales de este proceso, desde la admisibilidad de la demanda hasta que ingresó al Despacho del Magistrado Sustanciador para elaborar el proyecto de lo que ahora es este veredicto, mismo que concluye con la configuración de una excepción que esta S. reconoce oficiosamente y que seguidamente declarará, como veremos. Así tenemos que, la demanda fue presentada ante la Secretaría de esta S., el lunes veintinueve (29) de enero del año 2007 (véase de fojas 22 a 26 del Exp. P..), misma que contenía la petición de emisión de la certificación de que trata el artículo 669 del Código Judicial, certificación que al efecto se emitió y ello es corroborado con la publicación de lugar que realizara la parte interesada el miércoles treinta y uno (31) de enero de 2007, en el Diario La Estrella, según Página E5 (véase la foja 26 del Exp. P..). Bien, seguidamente tenemos, que el cinco (5) de marzo de 2007, esta S. también dictó una resolución con la cual ADMITIÓ la demanda en comento, resolución que le fue notificada a la Procuraduría de la Administración el viernes veintiuno (21) de septiembre de 2007 (véase la foja 28 del Exp. P..) y a la apoderada judicial de la parte demandante, el miércoles veinticuatro (24) de septiembre de 2008 (véase la foja 49 del Exp. P..), lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 1022 del Código Judicial, en concomitancia con la jurisprudencia de esta S. y del contenido del 57 de la Ley 135 de 30 de abril de 1943, modificada por la Ley Nº33 de 11 de septiembre de 1946, dio lugar a que el término de apertura a pruebas corriera así: · Para presentar pruebas, cinco (5) días hábiles, los cuales corrieron del jueves veinticinco (25) de septiembre al miércoles uno (1) de octubre de 2008. · Para presentar contrapruebas, tres (3) días hábiles, los cuales corrieron del jueves dos (2) al lunes seis (6) de octubre de 2008. · Para presentar objeciones, tres (3) días hábiles, los cuales corrieron del martes siete (7) al jueves nueve (9) de octubre de 2008. El martes diecisiete (17) de febrero de 2009, se dictó la resolución de admisibilidad de pruebas (véase la foja 50 del Exp. P..), la cual quedó en firme y debidamente ejecutoriada a las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día jueves 12 de marzo de 2009, considerando que la Procuraduría de la Administración fue notificada de tal resolución el martes diez (10) de marzo de 2009. Cabe señalar también, que la resolución referida en el párrafo anterior, concedió un término de diez (10) días para la práctica de pruebas, el cual precluyó el martes veinticuatro (24) de marzo de 2009, dando ello paso a que el término de que trata el artículo 1269 del Código Judicial, es decir, para la presentación Alegatos de Conclusión, corriera del miércoles veinticinco (25) de marzo al martes siete (7) de abril de 2009. En fin, vemos que el miércoles veinticinco (25) de noviembre de 2009, se prosiguió secretarialmente a confeccionar el Informe de lugar y remitirse al Despacho del Magistrado Sustanciador el expediente contentivo de la demanda en comento, a efectos de elaborar el presente acto jurisdiccional. Bien, ahora retomaremos en sí el tópico que motiva nuestro razonamiento y es entonces cuando decimos que, a pesar de las exposiciones realizadas por la entonces sociedad denominada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE), hoy HSBC SEGUROS (Panamá), S.A., se ha podido ver que no puede tener lugar el acceder a la pretensión dicha parte, pues esta M. ha podido colegir tres cosas, la primera de ellas, que el proceso en sí adolece de medulares elementos, tanto de forma, como probatorios que de haberse anotado claramente y aportado o insertado oportunamente en el presente dossier contencioso administrativo, pudieren haber permitido una mejor concepción de lo que pide quien demanda, lo cual da paso a la segunda de las cosas que se dice se desprenden del presente caso, como veremos seguidamente. En sustento de lo anotado en líneas previas, listaremos cuáles son las falencias a que nos referimos. Así tenemos que, no se ha expuesto claramente en el libelo de demanda las normas que se dicen infringidas y el concepto de la -supuesta- violación, elemento esencial que debe contener toda demanda incoada ante esta jurisdicción y así lo ha sostenido la doctrina y esta alta Corporación de Justicia en sendas jurisprudencias previamente dictadas. Ello es así, pues si damos un ligero vistazo podremos colegir que la parte demandante al tiempo de invocar las normas que dice se han infringido, simplemente se ha limitado a manifestar en la categoría de alegaciones que: "... de haberse tomado las debidas medidas de cuidado en cuanto a la posesión de ganado en soltura, se hubiese evitado el accidente de tránsito en comento y el mismo no sería compelido al pago de daños y perjuicios causados al vehículo Toyota, Land Cruiser, camioneta, año 1999, color chocolate, matrícula 745446, conducido por A.L.B.T. y propiedad de la sociedad ADELTA, S.A., derecho que por subrogación le corresponde a nuestra representada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. ..." Como vemos, en la forma en que se ha expresado la demandante para exponer el concepto de la supuesta violación, en este caso, de los artículos 29 del Decreto Ejecutivo Nº160 de 7 de junio de 1993 "Por el cual se expide el Reglamento de Transito Vehicular de la Republica de Panamá"y, 1647 del Código Civil, no ha hecho otra cosa que desatender abiertamente el contenido del numeral 4 del artículo 43 de la Ley Nº135 de 1943, modificada por la Ley Nº33 de 1946 que dice: "Artículo 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo contendrá: ... 4. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación." (El subrayado, la negrilla y cursiva son de esta S.). Por otro lado, vemos que no se ha acreditado mediante elementos idóneos: · Que el semoviente vacuno (toro), identificado con ferrete ME42, fuere de propiedad del Ministerio de Educación (indistintamente del Centro educativo que tuviere su custodia). · Que -el supuesto- celador (cuyo nombre se desconoce) del Colegio Instituto Profesional y Técnico de Oriente hubiere comparecido a rendir declaración testimonial, donde expusiere o sostuviere las alegaciones que hiciere A.L.B.T., en el acto de audiencia que concluyó con la Resolución Nº224 de 31 de enero de 2006, dictada por el Alcalde del Distrito de R., provincia de Chiriquí. Claros entonces de que la carga de la prueba, en relación a los puntos anotados era de la parte demandante y, que al no constar en el expediente las pruebas a que hemos hecho referencia en dichos puntos, deja de lado la posibilidad de que esta S. pudiere tenerlas como elementos probatorios vinculantes y por ende, viables para determinar, respectivamente, no sólo la legitimidad pasiva para estar en juicio de quienes hoy se tienen como partes demandadas, sino para poder determinar que efectivamente recae sobre ellos algún grado de responsabilidad u obligación que tuviere que enfrentarse por razón del hecho o colisión que se dice ocurrió el 27 de diciembre de 2005, entre el vehículo con matrícula única 745446, conducido por A.L.B.T. y un semoviente vacuno (toro), identificado con ferrete ME42, a eso de las nueve de la noche (9:00 p.m.) en la Vía Panamericana, a la altura del Escodú, Corregimiento de Santa Lucía, Distrito de R., Provincia de Chiriquí. Lo expuesto en el párrafo anterior, no sólo lleva a la constitución de la tercera de las cosas que se dice se desprenden del presente caso, sino a la configuración de lo que se denomina excepción de falta de legitimación pasiva, respecto de quienes se tiene como demandados (el Estado Panameño, por conducto del Ministerio de Educación y del Instituto Profesional y Técnico de Oriente), misma que esta Corporación de Justicia pasará a reconocer de oficio, atendiendo lo previsto en el artículo 693 del Código Judicial, que dice "... Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en el fallo, una vez surtida la tramitación del proceso y decidir el pleito en consonancia con la excepción reconocida; .../" (El subrayado, la negrilla y cursiva son de esta S.). Así las cosas, y como quiera que, por una parte, en la presente causa se han agotado todas las fases procesales y procedimentales previstas por la ley, es decir, que dicho proceso se encuentra en la etapa de dictar la sentencia de fondo, es por lo que procede hacer alusión al reconocimiento de la excepción en comento y; por la otra, que si bien es cierto, en la parte resolutiva de la Resolución Nº224 de 31 de enero de 2006, dictada por el Alcalde del Distrito de R. se dijo que "... 1. SE ORDENA EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES OCASIONADOS AL VEHÍCULO TOYOTA, CAMIONETA COLOR CHOCOLATE, PLACA Nº745446, AÑO 99, PROPIEDAD DE LA EMPRESA ADELTA, S.A. .../.", no es por ello que, en efecto el Estado Panameño, por conducto del Ministerio de Educación y el Colegio Instituto Profesional y Técnico de Oriente, deba abrogarse el pago de tales daños y perjuicios, si como bien lo ha anotado la Directora Regional de Chiriquí del Ministerio de Educación, en su Informe de Conducta, la resolución en comento no hace alusión a quien o quienes deben responder por los daños ocasionados al vehículo con matrícula única 745446, conducido por A.L.B.T., por tanto, es perfectamente viable el reconocimiento de la aludida excepción. Como corolario a lo expuesto, encontramos propicio transcribir literalmente lo que al respecto nos dice J.D.D., en su obra, "CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, en la Doctrina y en la Jurisprudencia", específicamente en lo atinente a la FALTA DE PERSONERÍA y a la FALTA DE PERSONERÍA PARA OBRAR (Véase las Págs. 57 y 127 a 129): ... La personería puede definirse como la calidad jurídica o atributo inherente a la condición de personero o representante de alguien (Couture); también, equivalente de personalidad procesal, es decir, capacidad legal para estar en juicio o mandato (o suficiente mandato) para actuar en representación de alguna persona individual o jurídica. Trátase tanto de la aptitud para ser sujeto activo (actor) o pasivo (demandado) en un juicio. Para que un proceso se constituya regularmente es menester, pues, que tanto el actor como el demandado posean capacidad civil para obrar en un juicio (legitimatio ad processum) y, en el supuesto de actuar por mandatario, que éste tenga un poder suficiente y válido. (El subrayado y la negrilla son de la S.). ... La legitimación para obrar consiste en la cualidad que tiene una persona para reclamar respecto de otra por una pretensión en el proceso y la falta de legitimación para obrar existe cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso. La excepción de falta de legitimación para obrar manifiesta se diferencia sustancialmente de la falta de personería, pues mientras en esta última se tiende a denunciar que no existe capacidad civil para estar en juicio o la insuficiencia o falta de representación, aquélla tiene por objeto poner de manifiesto que no media legitimación procesal, es decir, la circunstancia de no ser el actor o el demandado las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir tales cualidades con referencia a la concreta materia sobre la que verse el proceso. La falta de legitimación se puede presentar en las siguientes hipótesis: 1) Cuando el actor o el demandado no son los titulares de la relación jurídico-sustancial (El subrayado, la negrilla y cursiva son de esta S.). .../. Después de tan certeros criterios anotados por el referido autor, los cuales son oportunos y compatibles con la situación que nos ocupa, donde no se ha acreditado debidamente la legitimidad o legitimación pasiva para estar en juicio que se pretende atribuir, esto es, en relación a quienes se tienen como demandados (el Estado Panameño, por conducto del Ministerio de Educación y del Instituto Profesional y Técnico de Oriente); no nos queda otra cosa más que abstenernos, tanto de ver en que consistían las pretensiones de la parte demandante, como de resolver en el fondo el presente proceso y, en su lugar, pronunciarnos como veremos seguidamente; pues, todo lo hasta ahora expuesto nos lleva a entender que la entonces COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE) (hoy) HSBC SEGUROS (Panamá), S.A., además de no haber probado la legitimación en comento, no ha siquiera demostrado fehacientemente mediante mecanismos o elementos idóneos la supuesta vinculación del semoviente que se dice formó parte en la colisión tantas veces mencionada. Es más, vale decir que no se ha dicho nada de la existencia, estado y/o destino del semoviente con ferrete ME42. En fin, de la Resolución Nº224 de 31 de enero de 2006, dictada por el Alcalde del Distrito de R., se desprende con claridad que el semoviente con ferrete ME 42, no consta registrado en los libros que lleva el Municipio donde ocurrió el hecho o colisión tantas veces citado. De hecho, también es posible observar en el referido acto administrativo que, si bien, se ordenó el pago de los daños materiales ocasionados al vehículo con matrícula única Nº745446, propiedad de la empresa ADELTA, S.A., no así, que tal orden fuere dirigida al Ministerio de Educación o al Instituto Profesional y Técnico de Oriente, por tanto, lo propio viene a ser el entrar a ver el fondo de la demanda y sus pretensiones y, en su lugar reconocer oficiosamente que se ha configurado la denominada excepción de falta de legitimación pasiva, por no haberse probado al menos la vinculación o simplemente que la entidad estatal demandada fuere responsable de pagar suma alguna de dinero, como en efecto se hará seguidamente. Decisión de la S.: Por lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECONOCE OFICIOSAMENTE que, dentro del PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, interpuesto por la sociedad denominada -antes- COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. (CONASE) (hoy) HSBC SEGUROS (Panamá), S.A., cuyo propósito o pretensión consiste en que esta S. ORDENE al ESTADO PANAMEÑO, por conducto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN y del INSTITUTO PROFESIONAL Y TÉCNICO DE ORIENTE, el pago de la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS ($7,679.19), en concepto de daños y perjuicios, derivados del hecho de tránsito o colisión ocurrido el 27 de diciembre de 2005, entre el vehículo con matrícula única 745446, conducido por A.L.B.T., con cédula de identidad Nº4-732-1421 y un semoviente vacuno (toro), identificado con ferrete ME42; se ha configurado la denominada EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, en relación a quienes se tiene como demandados, por tanto, una vez en firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente que la contiene. N., VICTOR L. BENAVIDES P. LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ALEJANDRO MONCADA LUNA KATIA ROSAS (Secretaria)