Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 21 de Julio de 2019

PonenteAsunción María Alonso Mojica
Fecha de Resolución21 de Julio de 2019
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Cursa ante esta Superioridad, el recurso de revisión presentado por el Licenciado L.T.M.L., en nombre y representación de H.D.J.G., contra la Sentencia de 12 de enero de 2015, expedida por la S. Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso penal seguido al prenombrado, por delito Contra la Salud Pública.

Con el propósito de determinar la viabilidad del recurso, la S. procede al examen del libelo de formalización, apreciando de manera inmediata que el escrito se dirige al Magistrado Presidente de la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo lo prescrito por el artículo 101 del Código Judicial.

En cuanto a los presupuestos formales del recurso, se observa que el artículo 193 del Código Procesal Penal exige al recurrente, indicar en el memorial contentivo del recurso, la sentencia cuya revisión se demanda, el Tribunal que la expidió, el delito que haya dado motivo a ella, la clase de sanción impuesta, la indicación de la causal o causales que la sustentan y los fundamentos de hecho y Derecho en que se apoya la solicitud, además de aportar las pruebas de los hechos fundamentales o indicar las fuentes de éstas.

Los referidos requerimientos fueron parcialmente atendidos por el recurrente, en el escrito que se somete a escrutinio.

Nótese que el recurrente no aportó la prueba relativa a un requisito de esencial importancia para la admisión del recurso, como es el exigido por el artículo 191 del Código Procesal Penal, esto es, que la sentencia contra la cual se interpone, se encuentre en firme y ejecutoriada. Ello es así porque las revisiones penales deben dirigirse contra sentencias condenatorias injustas, cuyo soporte ha sido una historia totalmente alejada de la verdad. De allí que el recurso de revisión, a través del cual se pretende remover el estado de cosa juzgada, exige que la sentencia cuya revisión se pide se encuentre en firme y ejecutoriada.

Esta particularidad – sentencia en firme y ejecutoriada – debe ser probada por el recurrente ante el Tribunal de Revisión, al momento de presentar las pruebas que acompañan el libelo del recurso, situación que no se evidencia en esta ocasión y que, por sí sola, impide la admisión del mismo.

Éste ha sido el criterio sostenido en múltiples fallos de esta S., como el que se observa a continuación, fechado 10 de marzo que 2007 que, a la letra, reza:

"El recurso de revisión es un proceso extraordinario que puede dirigirse contra sentencias condenatorias dictadas por cualquier tribunal las que deben tener la particularidad de hacer tránsito de cosa juzgada, estar en firme y ejecutoriadas. No existe término para su interposición y persigue como propósito fundamental reconstruir o invalidar un proceso, tutelar la inocencia de personas que han sido injustamente condenadas o atacar la cosa juzgada cuando ésta se aparta de la verdad histórica".

Nótese que, aunque el revisionista aportó copia de la sentencia recurrida – la cual, por tratarse de una sentencia emitida en sede de casación, no admite ningún otro recurso, salvo el de revisión, y sólo en algunas circunstancias –, se desconoce si la misma ha adquirido firmeza, en virtud del agotamiento de todos los trámites procesales requeridos para tales efectos, es decir, la notificación de todas las partes. Sólo habiéndose comprobado la culminación de dichos trámites, es posible afirmar con toda certeza, que el recurso de revisión se ha interpuesto contra una sentencia condenatoria, en firme y ejecutoriada.

En ese orden de ideas, no se aportó certificación expedida por la Secretaría Judicial del Juzgado Undécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá que haga constar que la condena impuesta a H.D.J.G.O. se encuentra en firme y ejecutoriada.

Por el transcurso del tiempo, pareciera poder deducirse que la sentencia hoy recurrida en revisión ha adquirido firmeza; empero – reitera la S. –, por tratarse de un recurso que pretende remover, nada más y nada menos que, el estado de cosa juzgada, el recurrente debe actuar con mayor diligencia y aportar cada una de las pruebas que sustentan o apoyan la situación fáctica que da lugar a la causa de pedir, lo que no ha hecho en esta oportunidad. No es tarea de la S. inferir, presumir o entender; es deber del recurrente probar y presentar la prueba preconstituida, como se exige para la admisión del recurso extraordinario de revisión.

Y tocando el tema de la prueba preconstituida, también observa la S. que la copia que se aportó de la sentencia recurrida ni siquiera puede considerarse copia auténtica, pues sólo goza de un sello fresco que aparentemente corresponde al Juzgado Undécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, pero no ostenta firma responsable del Secretario Judicial de dicho Tribunal, que vendría a ser el que constate o certifique que dicho documento es fiel copia de su original (Cfr. Fs. 13 a 63).

Esta exigencia no es antojo de la S., sino un imperativo que nace del artículo 833 del Código Judicial, a efectos de que la copia aportada, sea susceptible de valoración probatoria.

Aunque los defectos antes advertidos nos relevarían de seguir analizando el libelo, la S. no renuncia a ese ejercicio, a través del cual advierte que el recurrente aduce como causal de revisión aquella prevista por el numeral 5 del artículo 2454 del Código Judicial, misma que el censor enuncia así:

Existencia de Nuevos hechos que por sí solos dan lugar a la absolución del señor H.G., como consecuencia de un acto nulo emitido por un Tribunal incompetente. (Numeral 5 del artículo 2454 del Texto Único del Código Judicial).

(F. 6) (Énfasis suplido).

A este respecto, la S. realizará dos consideraciones de relevancia.

La primera de ellas guarda relación con que se observa que, de manera deliberada, el censor ha trastocado a su antojo y conveniencia, la esencia de la causal, transformándola en una que no ha sido promulgada por el legislador y, por ende, inexistente en el catálogo de causales susceptibles de ser invocadas en revisión. Nótese que la verdadera causal establecida en el numeral 5 del artículo 2454 del Código Judicial, se da “Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa”.

De otra faz, por invocada una causal de revisión contenida en el artículo 2455 del Código Judicial, es preciso señalar que la Corte ha venido sosteniendo que es un hecho notorio que el Libro Tercero del Código Judicial – donde se encuentra enmarcada la misma – no se encuentra vigente desde el 2 de septiembre de 2016, en virtud de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en todo el país, debiéndose aclarar que, aun cuando el artículo 554 del citado Código preceptúa que “Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación”, se debe entender que “el Recurso de Revisión, a diferencia del Recurso de Casación, no produce la continuación del proceso ni se ejerce dentro del mismo, pues versa sobre sentencias ejecutoriadas, es decir, procede con posterioridad al proceso, lo cual implicaría, de ser procedente, un nuevo proceso que puede afectar la condición de cosa juzgada “ (Auto de 10 de agosto de 2017).

Así las cosas, el hecho de haber invocado como causal de revisión, la contenida en una norma derogada, se erige por sí mismo en un factor de inadmisión del recurso, por no cumplir éste los presupuestos de ley, en este caso, los requisitos previstos en los artículos 191 a 197 del Código Procesal Penal.

Aun así, es importante destacar que, si bien la causal invocada por el recurrente encuentra su símil en una de las previstas por el numeral 3 del artículo 191 del Código Procesal Penal, en el caso que nos ocupa, el recurrente aduce como “hecho novedoso” que incide en la declaración de responsabilidad penal de su mandante, el haber sido juzgado en grado de casación por un Tribunal incompetente, cuya actuación debe ser decretada nula y, en consecuencia, ordenar el archivo del proceso.

Sin embargo, reiterada jurisprudencia de esta S., así como la doctrina, han señalado que hecho nuevo es "aquel que no fue conocido por el sentenciador, pues, por cualquier circunstancia, no obró en el proceso. Se trata de una prueba que no se incorporó al proceso, que se logró después de la condena y que establece una verdad histórica desconocida en las instancias" (énfasis suplido); en tanto, el autor E.V. afirma que los hechos nuevos deben "demostrar el error cometido en cuanto a que el hecho punible por el cual se procesó al sentenciado, nunca existió o que la persona condenada no cometió tal delito", nada de lo cual es aquello a lo que apunta el hoy revisionista.

Así las cosas, es evidente que, en realidad, nos encontremos ante un incidente de nulidad y no ante un recurso de revisión, tal como lo reconoce el propio recurrente, quien, incluso, se atreve a incursionar en el alegato relativo a la oportunidad procesal para invocar la nulidad, sin considerar que los incidentes son cuestiones accidentales que se presentan y se discuten en el curso de un proceso, y ante la respectiva instancia, soslayando también que el proceso penal seguido a su mandante cuenta con una sentencia condenatoria que, por ahora, se presume ejecutoriada, y sólo se presume, porque el recurrente ha incumplido su deber de acreditar fehacientemente este extremo.

Sin embargo, el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación, sometido a la escogencia y sustentación de una o varias causales que deben ser probadas, sin que el censor tenga la facultad de incursionar en la labor que, por Constitución, se halla reservada al legislador, haciendo gala de creatividad al aducir y pretender la revisión de una sentencia, con base en una causal de revisión inexistente y, por ende, insustentable.

Por todas las consideraciones expuestas, se procederá sin más demora a la inadmisión de la iniciativa procesal propuesta.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anteriormente expuesto, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el Licenciado L.T.M.L., en representación de H.D.J.G.O., contra la Sentencia de 12 de enero de 2015, dictada por esta S., por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículos 2454 y 2455 del Código Judicial.

N.,

ASUNCION ALONSO MOJICA

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)