Ley Nº 79 de 9 de noviembre de 2011, SOBRE TRATA DE PERSONAS Y ACTIVIDADES CONEXAS.

Se crea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, en adelante la Comisión Nacional, como un organismo técnico administrativo, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Seguridad Pública.

La Comisión Nacional estará exenta del pago de toda clase de impuestos, timbres y tasas y de cualquier otra forma de tributación y tendrá en los juicios en que sea parte el mismo tratamiento que las entidades públicas.

La Comisión Nacional tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar la Política Nacional contra la Trata de Personas, promover su aprobación y adoptar las medidas necesarias para la gestión integrada de las instituciones públicas relacionadas a la prevención, atención y represión del delito de trata de personas.

2. Proponer, dirigir, impulsar, divulgar, coordinar y supervisar la elaboración, seguimiento, ejecución y actualización del Plan Nacional contra la Trata de Personas.

3. Recomendar la suscripción y ratificación de acuerdos, convenios o tratados y otras gestiones que se requieran para fortalecer la cooperación internacional contra la trata de personas.

4. Verificar el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales que la República de Panamá haya suscrito en materia de derechos humanos relacionados con la trata de personas.

5. Participar en las reuniones de los organismos internacionales relacionados con la trata de personas y actividades conexas y designar a los representantes en dichas reuniones.

6. Brindar asistencia técnica a organismos públicos y privados que desarrollen programas, proyectos o cualquier otro tipo de actividades de prevención, atención y protección a las víctimas de la trata de personas, previa coordinación con las instituciones rectoras involucradas al efecto.

7. Impulsar la profesionalización, la sensibilización y la capacitación de su personal, así como de los funcionarios públicos y privados de los organismos relacionados con el Plan Nacional contra la Trata de Personas.

8. Establecer mecanismos para la identificación de posibles víctimas de trata de personas y situaciones de vulnerabilidad.

9. Colaborar con el Sistema Integrado de Estadística Criminal en la elaboración de los informes estadísticos sobre trata de personas.

10. Dirigir las campañas de prevención del delito de trata de personas y delitos conexos y promover medidas para la atención y protección a las víctimas de este delito.

11. Celebrar acuerdos de cooperación con organismos públicos o privados nacionales para la atención de las víctimas del delito de trata de personas.

12. Adquirir bienes y contraer obligaciones necesarias para su funcionamiento.

13. Administrar sus bienes y recursos.

14. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención, detección y lucha contra la trata de personas en Panamá.

15. Alinear los procedimientos entre las instituciones en las que sea requerido para una mejor coordinación y colaboración interinstitucional en la lucha contra la trata de personas.

16. Colaborar en la protección y atención de la persona víctima y sus personas dependientes o relacionadas con estas, y de los testigos del delito que se encuentren bajo amenaza o riesgo, en los casos requeridos, así como favorecer la reintegración social de la persona víctima y sus personas dependientes.

17. Replicar los procesos, los procedimientos y los avances en la lucha contra la trata de personas en todas las provincias y territorios donde la institución u organización miembro de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas tenga presencia, incluyendo áreas rurales, comarcas e islas.

18. Promover la elaboración de diagnósticos periódicos que proporcionen información sobre los posibles subregistros del delito de trata de personas en Panamá, a través de encuestas de victimización, estudios de casos u otro tipo de métodos, que faciliten la línea base para la elaboración de los planes nacionales contra la trata de personas.

19. Mejorar el procesamiento estadístico de los datos asociados al delito de trata de personas en cada institución, con el asesoramiento del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, para fines de crear una sinergia en la gestión de la data, incluyendo aclarar la geolocalización de los lugares de captación y lugares de explotación, que mejore la lucha contra el delito y posibilite el sustento de políticas públicas preventivas basadas en evidencia y dirigidas a todos los grupos poblacionales, en especial los detectados como de mayor riesgo para ser víctima de trata.

20. Ejercer cualquier otra función prevista en esta Ley y en su reglamento.

La Comisión Nacional está estructurada así:

1. El Consejo Directivo.

2. La Secretaría General.

3. Las Comisiones Técnicas.

4. Las Unidades Técnicas.

El Consejo Directivo es el órgano máximo de decisión de la Comisión Nacional, funcionará ad honorem y estará integrado por los siguientes miembros:

1. El ministro de Seguridad Pública, quien lo presidirá.

2. El ministro de Gobierno.

3. El ministro de Relaciones Exteriores.

4. El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

5. El ministro de Desarrollo Social.

6. El ministro de Educación.

7. El ministro de Salud.

8. El ministro de la Mujer.

9. El ministro de Economía y Finanzas.

10. El presidente de la Corte Suprema de Justicia.

11. El presidente de la Asamblea Nacional.

12. El procurador general de la nación.

13. El defensor del pueblo.

14. El director general de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

15. El director general de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

16. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá.

17. El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

18. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.

19. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil.

Los miembros del Consejo Directivo podrán hacerse representar en las sesiones de la siguiente manera: en el caso de los ministros, por el viceministro o el secretario general del respectivo ministerio; en el caso del procurador, por el secretario general; en el caso del defensor del pueblo, por el defensor adjunto; en el caso de directores, por el subdirector, y en el caso de presidentes, por el vicepresidente.

Para tal efecto, deberá remitirse al Consejo Directivo nota firmada por el ministro, presidente, procurador, administrador o director respectivo, en la cual se comunique el nombre y cargo de la persona que lo representará en las sesiones del Consejo.

En el caso del representante de las organizaciones de la sociedad civil, se reglamentará la forma de su escogencia en un plazo máximo de un año, contado desde la promulgación de esta Ley. Hasta que esté reglamentada, y de manera transitoria, será escogido de manera directa por libre designación por la Secretaría General de la Comisión Nacional.

Podrán asistir como invitados especiales a las sesiones del Consejo Directivo, los representantes de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales. El reglamento de la Comisión Nacional regulará la participación de tales representantes.

Son funciones del Consejo Directivo:

1. Establecer la Política Nacional contra la Trata de Personas diseñada por la Comisión Nacional.

2. Establecer convenios de cooperación y colaboración con autoridades administrativas y judiciales, nacionales e internacionales, así como con organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.

3. Crear las comisiones y unidades técnicas que sean necesarias y convenientes para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional.

4. Crear y modificar la estructura administrativa de la Comisión Nacional.

5. Administrar y disponer del patrimonio de la Comisión Nacional.

6. Nombrar al secretario o secretaria general y al subsecretario o subsecretaria general de la Comisión Nacional.

7. Aprobar la memoria anual y los estados financieros de la Comisión Nacional.

8. Resolver los asuntos que le sean sometidos por la Secretaria General o alguno de los miembros de la Comisión Nacional para su estudio.

9. Resolver los recursos promovidos contra las decisiones adoptadas por la Secretaría General de la Comisión Nacional.

10. Establecer las funciones y protocolo de operación de las comisiones y de las unidades técnicas.

11. Presentar a los titulares de la iniciativa legislativa las propuestas de cambios a la legislación nacional que estime necesarios para lograr los objetivos establecidos en esta Ley y en el Plan Nacional contra la Trata de Personas.

12. Velar por el cumplimiento de los fines de la Comisión Nacional.

13. Aprobar el reglamento interno de la Comisión Nacional.

14. Certificar a las organizaciones de la sociedad civil que, previa verificación, por su trayectoria ética y profesional, podrán colaborar en la atención a medio plazo de manera directa a las personas víctimas y sus dependientes, así como estar más involucradas en la lucha contra el delito de trata de personas y actividades conexas.

15. Reconocer públicamente, y con difusión en los distintos medios de comunicación social, cada año en el mes conmemorativo contra la trata de personas, a la institución que más avances haya realizado en la lucha contra este delito. Para tal efecto, se realizará, previamente, un proceso de definición de criterios, postulación y decisión.

16. Identificar y promover la adhesión de las entidades responsables a la política de Estado, tanto en el sector público como privado, que incidan en la lucha contra el delito de trata de personas y actividades conexas, incluyendo las necesarias para la detección e investigación del delito de trata de personas en su accionar financiero y telemático.

17. Ejercer las demás funciones que le establezcan esta Ley y sus reglamentos.

El Consejo Directivo será convocado por la Secretaría General y se reunirá, en forma ordinaria, por lo menos una vez cada tres meses. También podrá reunirse extraordinariamente, cuando el presidente o presidenta del Consejo lo convoque previamente según se establezca en el reglamento.

Los acuerdos en el Consejo Directivo se tomarán por mayoría absoluta en primera convocatoria y en la segunda convocatoria con el voto de la mayoría de los miembros presentes en la sesión.

La Secretaria General es un órgano subordinado al Consejo Directivo y estará a cargo de un secretario o secretaria general y de un subsecretario o subsecretaria general.

El secretario o secretaria general es el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía de la Comisión Nacional y le corresponde la dirección y administración de esta, de acuerdo con los lineamientos dictados por el Consejo Directivo.

El nombramiento del secretario o secretaria general y del subsecretario o subsecretaria general corresponderá al Consejo Directivo por el voto favorable de la mayoría absoluta por un período de cinco años.

El secretario o secretaria general o el subsecretario y subsecretaria general del Consejo Directivo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser de nacionalidad panameña.

2. Ser mayor de edad.

3. Poseer el grado académico de licenciatura.

4. Poseer experiencia amplia y comprobada en el campo relacionado con la trata de personas de, por lo menos, tres años de trabajo continuo en este campo.

5. No haber sido condenado por delito doloso.

6. Ser de reconocida solvencia moral.

Son funciones de la Secretaría General en relación al Consejo Directivo de la Comisión Nacional:

1. Colaborar, en forma inmediata, con el Consejo Directivo en la planificación, la organización y el control de la Comisión Nacional.

2. Colaborar, en forma inmediata, con el Consejo Directivo en la formalización, la ejecución y el seguimiento de sus políticas.

3. Fijar las fechas de reuniones del Consejo Directivo.

4. Actuar como secretario o secretaria del Consejo Directivo.

5. Proponer al Consejo Directivo el nombramiento del personal de la Comisión Nacional.

6. Promover las acciones judiciales en la defensa de los derechos de la Comisión Nacional cuando lo determine el Consejo Directivo.

7. Ejercer las demás tareas que le atribuya el reglamento.

Son funciones de la Secretaría General relacionadas a la administración de la Comisión Nacional las siguientes:

1. Velar por el cumplimiento de las leyes relacionadas con el tema de trata de personas y actividades conexas.

2. Velar por el cumplimiento de los reglamentos y las resoluciones del Consejo Directivo.

3. Informar al Consejo Directivo de los asuntos de interés para la Comisión Nacional y proponer los acuerdos que considere convenientes.

4. Aplicar las medidas disciplinarias al personal de la Comisión Nacional que establezca el reglamento interno.

5. Presentar al Consejo Directivo los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario para el periodo fiscal correspondiente y las modificaciones respectivas y, una vez aprobados, vigilar su correcta aplicación.

6. Coordinar el trabajo de la Comisión Nacional con los representantes del Gobierno, sus dependencias e instituciones y las demás entidades, nacionales o extranjeras.

7. Atender las consultas, peticiones y quejas que se presenten a la Comisión Nacional.

8. Nombrar y remover el personal administrativo adscrito a la Comisión Nacional.

10. Evaluar anualmente el cumplimiento de los avances del Plan Nacional contra la Trata de Personas y de las funciones generales atribuidas a las instituciones u organizaciones miembros de la Comisión Nacional y a las entidades responsables, así como reportar dicho informe anual de avances del Plan y de evaluación de las funciones a la Comisión Nacional.

11. Proponer, posterior a un proceso de definición de criterios, nominación y decisión, a las instituciones que hayan contribuido en el fortalecimiento en la lucha contra el delito, para que el Consejo Directivo de la Comisión Nacional realice la escogencia de una de ellas y le haga un reconocimiento público anual en el mes conmemorativo en la lucha contra la trata de personas.

12. Custodiar y gestionar el acceso a la información contenida en los expedientes que reposan en su organismo técnico administrativo.

13. Representar a la Comisión Nacional ante instancias regionales de coordinación en materia de trata de personas.

14. Elaborar y gestionar la notificación que ponga en conocimiento al país destino de la persona víctima de trata repatriada, retornada o reasentada del fin del periodo de protección y atención por parte de la Comisión Nacional en Panamá, para que asuma su rol de garante de la seguridad a partir de ese momento.

15. Ejercer las demás funciones y facultades que le asignen esta Ley y los reglamentos de la Comisión Nacional.

El subsecretario o subsecretaria general reemplazará al secretario o secretaria general en sus ausencias temporales y, en los casos de ausencias definitivas, lo reemplazará mientras el Consejo Directivo realice el nombramiento del titular.

Para el cumplimiento de sus tareas, la Comisión Nacional contará con las comisiones y unidades técnicas encargadas de realizar el análisis de temas relacionados con la trata de personas a nivel nacional e internacional.

Las comisiones y unidades técnicas son instancias operativas de la Comisión Nacional y serán designadas por el Consejo Directivo.

Las comisiones técnicas estarán integradas por profesionales especializados en las diferentes áreas de la trata de personas que formen parte de las instituciones y organismos representados en el Consejo Directivo. Los miembros de las comisiones técnicas realizarán su trabajo ad honórem.

La Comisión Nacional contará, por lo menos, con las siguientes unidades técnicas:

1. La Unidad de Administración, encargada de la administración del Fondo para Víctimas de Trata de Personas.

2. La Unidad de Identificación y Atención de Víctimas, encargada de la identificación y atención primaria de las posibles víctimas de trata de personas.

3. La Unidad de Asesoría Legal, encargada de promover el cumplimiento de las disposiciones normativas asociadas a la trata de personas en el marco de las labores de la Comisión Nacional y sus unidades técnicas, para maximizar la lucha contra el delito y velar por la garantía de los derechos de las personas víctimas en todos los procesos y procedimientos.

Víctima del delito de trata de personas es toda persona que haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de este delito o de las actividades conexas. También se consideran víctimas las personas dependientes o relacionadas con la víctima.

La condición de víctima es independiente de que se haya abierto proceso contra las personas responsables de la comisión del delito.

La víctima de la trata de personas tendrá los siguientes derechos irrenunciables e indivisibles:

1. A la protección de su integridad física y emocional.

2. A la protección de su identidad, ubicación y privacidad, así como al respeto de su personalidad.

3. A recibir información clara y comprensible sobre los derechos que le asistan y los mecanismos de apoyo por parte de la Comisión Nacional, en un idioma o medio que comprenda acorde con su nacionalidad o cultura, edad, grado de madurez o discapacidad.

4. A ser informada de su derecho de ponerse en contacto con representantes diplomáticos y consulares del Estado de su nacionalidad.

5. A recibir información clara y comprensible sobre su situación legal y migratoria, en un idioma o medio que comprenda acorde con su nacionalidad o cultura, edad, grado de madurez o discapacidad, así corno a tener acceso a servicios de asistencia y representación legal gratuita.

6. A recibir alojamiento apropiado, accesible y seguro, así como cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta e higiene, para la persona víctima y sus dependientes o personas relacionadas.

7. A recibir asistencia médica y psicológica, incluyendo terapias y medicamentos.

8. A la protección migratoria, incluyendo el derecho a permanecer en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en esta Ley.

9. A la repatriación voluntaria y segura a su país de origen o al país donde estuviera su domicilio.

10. Al respeto a la autoidentificación y expresión como perteneciente a un determinado grupo étnico, cultural o religioso.

11. Al acceso a la justicia, al respeto y protección de todas las garantías procesales. Entre estos, el derecho a ser oída en tiempo oportuno, cuando sea probable que no pueda recibirse su testimonio durante el juicio.

12. El derecho a recibir una indemnización justa.

En el caso de víctimas menores de edad o con discapacidad, además de los derechos establecidos en este artículo, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales resultantes de su condición y se procurará su reintegración al núcleo familiar cuando esto sea seguro.

El proceso de atención estará destinado a lograr la reintegración social completa y se mantendrá, al menos, hasta que la persona víctima y sus dependientes puedan sostenerse económicamente en libertad, a no ser que voluntariamente la persona víctima renuncie a este proceso o esté fuera del país.

La víctima de la trata de personas no podrá ser detenida, imputada, acusada ni en general procesada ni sancionada, por haber entrado o residir de manera irregular en el territorio nacional, por no portar adecuada documentación ni por haber participado en actividades ilícitas o delictivas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de víctima.

En los casos de condena por los delitos de trata de personas y actividades conexas, el juez competente ordenará que se indemnice a la víctima por:

1. Los costos del tratamiento médico o psicológico.

2. Los costos de la terapia y rehabilitación fisica y ocupacional.

3. Los costos del transporte, de la vivienda provisional y del cuidado de menores que sean necesarios.

4. Los ingresos perdidos o lucro cesante.

5. La perturbación emocional, daño psíquico y moral, el dolor y el sufrimiento.

6. Los honorarios de los abogados.

7. Los honorarios de los peritos, cuando sean requeridos.

8. Cualquier otra pérdida o daño sufrido por la víctima, incluyendo daño al proyecto vital, o cualquier otro aspecto o costo que estime pertinente el juzgador.

Para el pago de esta indemnización, se aplicará, con prelación, el producto de los bienes decomisados y se ordenará que el pago se haga en el menor tiempo posible. Esta orden de indemnización a la persona víctima será preferente a cualquier orden o multa, excepto pensión de alimentos. Podrá ser obtenida del producto de los bienes decomisados y de cualquier otra forma que estime el juez.

El retorno de la víctima a su país de origen o cualquier otra ausencia de ella de la jurisdicción nacional no perjudicará su derecho a recibir indemnización.

Si la víctima muere antes de recibir la orden de indemnización o compensación, será dada a sus hijos si los tuviera, o pariente más cercano que le correspondiera o legítimos herederos. Si no tuviera a nadie, esta orden de compensación o indemnización se depositará o continuará, según sea el caso, en el Fondo Especial para las Víctimas de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas y pasará a estar a disposición para su uso por la Comisión Nacional.

Toda la información y actividad administrativa o judicial relacionada con el ámbito de protección de las personas víctimas del delito de trata de personas, sus dependientes y personas relacionadas con ella y los testigos del delito, será de carácter confidencial. Su utilización estará reservada exclusivamente para los fines de la investigación o del proceso respectivo.

Para el cumplimiento de la disposición anterior, la Comisión Nacional deberá mantener en estricta confidencialidad la información de las investigaciones relacionadas con la trata de personas y velará por asegurar el respeto del derecho de intimidad de las víctimas.

Esta obligación se extiende a todas las instancias judiciales y administrativas, tanto públicas como privadas, que tomen contacto con dicha información.

Solo se permitirá gestionar información de los casos de delitos de trata de personas, protegiendo los datos personales, para fines de investigación académica o de mejora de la seguridad, a través de estudios de casos, o para el procesamiento de la información en estadísticas y geolocalización del delito que mejoren la prevención del delito.

Para lo anterior, se requerirá autorización previa por parte de la Secretaría General de la Comisión Nacional.

Se considerará primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas víctimas del delito de trata de personas, los testigos del delito y las personas dependientes o relacionadas con la víctima, sin distingo de raza, sexo, edad, religión, orientación sexual o política, nacionalidad, posición económica o condición social o migratoria.

Esta protección será brindada antes, durante y después del proceso sin que medie obligación de la víctima para colaborar con la investigación como requisito para que se le otorgue. Cuando la víctima sea una persona menor de edad deberá tomarse en cuenta el interés superior de esta, el respeto a sus derechos y la protección adecuada.

En los procesos de trata de personas con fines de explotación sexual, el juez podrá ordenar que el juicio se desarrolle a puertas cerradas al público.

En los procesos que regula esta Ley, debe evitarse toda acción u omisión que lesione el estado físico, mental o psíquico de la víctima, incluyendo la exposición ante los medios de prensa. También se tomarán las medidas necesarias para evitar que la víctima de trata de personas se exponga a situaciones de vulnerabilidad que permita su re- victimización.

El Estado, a través de la Comisión Nacional, procurará las siguientes medidas de atención inmediata a la víctima de la trata de personas:

1. Alojarla en instalaciones adecuadas y seguras. No se alojará a las víctimas de trata de personas en cárceles, celdas, establecimientos penitenciarios, policiales o administrativos destinados al alojamiento de personas detenidas, procesadas o condenadas. El Estado creará instalaciones especializadas para la atención física y psicológica de las víctimas.

2. Proveer el personal técnico interdisciplinario para su atención integral en los albergues en que sea alojada.

3. Brindar asesoría jurídica para representar sus intereses en cualquier investigación penal y en el desarrollo del proceso, incluida la obtención de la compensación del daño sufrido por los medios que establezca la ley, cuando proceda, y para regular su situación migratoria cuando corresponda, u otros procesos legales que sean requeridos para su restitución de derechos.

4. Proporcionar los servicios de traducción e interpretación de acuerdo con su nacionalidad, costumbres y condición.

Cuando corresponda, también se proporcionará asistencia a las personas dependientes y relacionadas con la víctima.

Cuando un servidor público por razón de sus funciones o cualquier persona tenga motivos razonables para creer que una persona es víctima de trata de personas comunicará el hecho inmediatamente a la Policía Nacional, al Ministerio Público o a la Secretaría General de la Comisión Nacional, los cuales procurarán brindarle a la víctima las medidas de atención inmediata a las que hace referencia esta Ley.

Dichas entidades dispondrán, en la brevedad de lo posible, el traslado de la víctima a la Unidad Técnica de Identificación y Atención de Víctimas de la Comisión Nacional, para los respectivos trámites de identificación preliminar.

Para la identificación de la persona víctima de trata, la Unidad Técnica de Identificación y Atención de Víctimas emitirá, a la mayor brevedad, un informe preliminar sobre la determinación de que una persona es víctima probable de trata de personas, a partir del momento en que realizó la entrevista de la persona afectada. Se asegurará la atención y protección inmediata de las personas víctimas y sus personas dependientes y relacionadas, desde el momento de la detección, aunque todavía no se hayan evaluado.

El informe deberá contener el criterio técnico que respalda la identificación preliminar y las medidas de asistencia y protección inmediata recomendadas. Dicho informe preliminar será remitido inmediatamente al Ministerio Público.

El informe de identificación plena de una persona como víctima de trata de personas se rendirá en un plazo máximo de noventa días, siempre que se cuente con los argumentos técnicos necesarios para emitir criterio. Este informe contendrá las medidas de atención y protección secundaria que se determinen.

La identificación de personas se realizará mediante un procedimiento técnico establecido y por profesionales especialmente capacitados para este efecto.

La Unidad Técnica de Identificación y Atención de Víctimas conformará los equipos técnicos evaluadores que sean necesarios para realizar las entrevistas y estudios que estimen convenientes de acuerdo con el método de identificación que se aplique.

El Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas, realizarán todas las gestiones necesarias para determinar la identidad de la víctima extranjera y sus dependientes cuando no se cuente con la documentación que acredite su identidad.

En el caso de víctimas nacionales, se requerirá a la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral la identificación de la víctima.

La ausencia de documentos de identificación de identidad no impedirá que la víctima y sus dependientes tengan acceso a las medidas de atención inmediata establecidas en la presente Ley.

El Servicio Nacional de Migración, en atención al informe preliminar que rinda la Comisión Nacional dentro del proceso de identificación, otorgará a la víctima de trata de personas y sus dependientes un permiso temporal humanitario de protección, por un periodo no menor de noventa días, para su recuperación física y emocional y para que decida sobre su intervención en el proceso penal en el que figura como víctima, si aún no ha tomado esa decisión.

Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior y conforme al informe de identificación plena que rinda la Comisión Nacional en el proceso de identificación que determine a una persona como víctima de trata de personas, el Servicio Nacional de Migración otorgará a la víctima de trata de personas y sus dependientes un permiso temporal humanitario de protección de un año de duración, con posibilidad de prórroga por el mismo periodo, hasta un máximo de seis años, independientemente de si esta colabora o no con el proceso.

No se exigirá la inscripción de las víctimas de trata de personas en un registro especial, ni la aplicación de medidas o acciones que obliguen a poseer un documento que la identifique expresamente como víctima de trata de personas o el cumplimiento de algún requisito con fines de vigilancia y notificación.

En adición a las medidas establecidas en la ley, cuando la víctima sea una persona menor de edad, se aplicarán las siguientes medidas especiales:

1. Atención y cuidado especial, sobre todo cuando se trate de lactantes.

2. En caso de que la edad de la víctima sea incierta y existan razones para presumir que se trata de un menor de edad, se tendrá como tal hasta tanto se realice la verificación correspondiente.

3. Asistencia proporcionada por profesionales capacitados para tal efecto y en atención a las necesidades especiales de la víctima, fundamentalmente en lo que respecta a alojamiento, educación y cuidados.

4. En caso de no estar acompañada de un adulto responsable, se gestionarán todas las diligencias necesarias para establecer su nacionalidad e identidad y la localización de su familia cuando sea seguro o ello redunde en el interés del menor.

5. Cuando no se cuente con representación legal adecuada, la víctima quedará bajo la representación legal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las medidas de asistencia, protección e incidencias del proceso serán informadas a la víctima en un idioma y lenguaje que sea le sea comprensible.

Las entrevistas, exámenes y otras formas de investigación, así como la aplicación de las medidas previstas en esta Ley para las personas menores de edad, estarán a cargo de profesionales especialmente capacitados para tratar con menores de edad víctimas de trata de personas.

Las diligencias y medidas se realizarán en un ambiente adecuado, en presencia de los padres o tutor legal del menor, de ser posible, o, en caso contrario, en presencia de la persona que ostente la representación legal del menor. En cualquier caso, siempre será necesaria la presencia de un funcionario de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Los procedimientos judiciales se efectuarán en audiencia privada fuera de la presencia de los medios de comunicación y del público en general. La víctima menor de edad rendirá testimonio ante el tribunal sin la presencia de las personas imputadas.

En los casos en los que haya sospecha o duda de algún grado de participación en el delito por parte de los progenitores o tutores legales, o que debido a la situación de victimización que estos han padecido también pudieran interferir en la entrevista, examen o testimonio de la persona menor de edad, se optará preferentemente por la representación legal de un funcionario de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Las diligencias, medidas y procedimientos a los que se refiere este artículo se realizarán atendiendo el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Panamá.

En adición a las medidas establecidas en la ley, se aplicarán las siguientes medidas especiales a las víctimas de trata de personas con discapacidad:

1. Respeto a su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas.

2. Respeto de su identidad, dignidad, autonomía individual, libertad en la toma de decisiones propias e independientes.

3. Respeto a la evolución de sus facultades y capacidades.

4. Atención y cuidado especial en razón del tipo de discapacidad, incluida la provisión de ayuda técnica o equipo auxiliar.

5. Acceso, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones y a los servicios e instalaciones previstos en esta Ley para personas víctimas de trata de personas.

6. Protección prioritaria a la víctima en situaciones de riesgo.

7. Facilidad de movilidad personal en la forma y en el momento que lo soliciten.

8. Servicio de apoyo personalizado acorde con su condición.

9. Acceso a la justicia mediante los medios adecuados a su condición de discapacidad que faciliten sus actuaciones como interviniente directo e indirecto, incluida la declaración como testigos en los procedimientos judiciales.

Cuando la víctima sea menor de edad, la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la entidad encargada de suministrar la atención y asistencia requeridas, para lo cual tendrá en cuenta los derechos y necesidades específicas del menor de edad víctima de trata.

Si se trata de víctimas mujeres mayores de edad, la asistencia corresponderá al Ministerio de la Mujer. Si la víctima es persona mayor de edad con discapacidad, corresponderá a la Secretaria Nacional de Discapacidad. Si la víctima es una persona adulta mayor, corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Migración facilitarán la repatriación de víctimas de trata de personas nacionales que se encuentren en el extranjero, sin demora indebida o injustificada, con respeto a sus derechos y dignidad, previa determinación de su condición de nacional. De igual forma se procederá con las personas extranjeras en territorio nacional que opten por retornar a su país de origen o de residencia permanente, incluida la preparación de los documentos de viaje necesarios.

Los representantes diplomáticos o consulares de Panamá en el extranjero informarán y adoptarán medidas temporales para garantizar la seguridad de la víctima, salvaguardar su vida, integridad y libertad personal y apoyarla en las gestiones ante las autoridades del país extranjero.

Además, deberán asistir a los ciudadanos panameños que, por encontrarse fuera del país, resulten víctimas de los delitos de trata de personas y facilitarán su retorno al país en caso de que estas lo soliciten.

La Comisión Nacional deberá reservar, por lo menos, el 25% de los fondos que reciba anualmente, según lo establecido en el artículo 30 de esta Ley, y de los que reciba en concepto de donaciones provenientes de la cooperación nacional e internacional y de los que obtenga a cualquier título, para constituir el Fondo para la Asistencia de Víctimas de Trata de Personas.

Las sumas de dinero que correspondan al Fondo se depositarán en el Banco Nacional de Panamá, en una cuenta separada de los recursos de la Comisión Nacional, autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, identificada como Fondo Especial para Víctimas de Trata de Personas de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas.

De igual forma, en esta cuenta bancaria también estarán custodiados los productos de la venta de todos los bienes aprehendidos o comisados derivados o relacionados con el delito de trata de personas en la forma prevista en el Código Procesal Penal.

Cuando los medios probatorios demuestren que ya no sea posible solicitar la acción civil resarcitoria sobre ellos, estos productos custodiados de los bienes comisados pasarán a estar a disposición para el uso de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas para los fines de esta Ley.

Los recursos del Fondo provenientes de los bienes comisados custodiados serán destinados para las indemnizaciones de las personas víctimas que dictaminen los jueces competentes y, una vez aseguradas estas, cuando estén en disposición de uso por la Comisión Nacional, para la atención integral y reintegración social de las víctimas de trata de personas y actividades conexas, conforme a las recomendaciones de los especialistas de la Comisión Nacional sobre medidas aplicables en cada uno de los casos en particular.

Los recursos del Fondo a los que se refiere el presente artículo y que sean distintos a los bienes comisados custodiados serán destinados prioritariamente para la atención integral y reintegración social de las víctimas de trata de personas y actividades conexas, conforme a las recomendaciones indicadas en el párrafo anterior y al artículo 31.

En los casos en que una víctima del delito de trata de personas y actividades conexas tenga una orden de indemnización y/o compensación de un juez competente y se demuestre que no existe posibilidad razonable de cubrir la totalidad de esta o parte de ella, se podrán utilizar para ello los recursos que estén a disposición de uso del Fondo.

Los recursos del Fondo serán inembargables para todos los efectos legales, y no podrán tener un uso diferente al previsto en el artículo anterior.

El artículo 179 del Código Penal queda así:

Se deroga el artículo 181 del Código Penal.

Se deroga el artículo 183 del Código Penal,

Se adiciona el Capítulo IV, Delitos contra la Trata de Personas, al Título XV. Libro Segundo del Código Penal, contentivo de los artículos 456-A, 456-B, 456-C, 456-D y 456-E, así:

El artículo 1956 del Código Judicial queda así:

Se adiciona el numeral 8 al artículo 2173 del Código Judicial, así:

El artículo 2530 del Código Judicial queda así:

El artículo 2532 del Código Judicial queda así:

El artículo 2533 del Código Judicial queda así:

Se adiciona el artículo 2534-A al Código Judicial, así:

El Ministerio Público podrá realizar operaciones encubiertas en el curso de sus investigaciones e instrucción de los sumarios con el propósito de identificar los autores y partícipes, o para esclarecer los hechos relacionados con actividades de delincuencia organizada, o por los delitos mencionados en el Título III, Capítulos I, II y VIII del Título IX, y en los Capítulos I y IV del Título XV todos del Libro Segundo del Código Penal.

Cuando existan indicios graves de la comisión de algunas de las conductas delictivas mencionadas en el artículo anterior, y de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política, la Procuraduría General de la Nación podrá solicitar a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la autorización judicial para la intercepción y registro de las comunicaciones telefónicas, correos electrónicos o el contenido de foros de conversación a través de la red en las que participen las personas investigadas, con el objeto de recabar elementos de prueba relativos a tales delitos. Las transcripciones de las grabaciones constarán en un acta en la que solo se incorporará aquello que guarde relación con el caso investigado, la cual será refrendada por el funcionario encargado de la diligencia y por su superior jerárquico.

Cuando existan circunstancias que ameriten la inmediata intercepción y registro de las comunicaciones telefónicas, de correo electrónico o del contenido de foros de conversación a través de la red, la Procuraduría General de la Nación elevará la solicitud correspondiente a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Para la resolución de las solicitudes a las que hace referencia este artículo, la Corte Suprema de Justicia dispondrá de una instancia de tumo, la cual funcionará de forma permanente fuera del horario establecido en el Código Judicial.

Serán aprehendidos provisionalmente por el agente instructor los

instrumentos, los bienes muebles e inmuebles, valores y los productos derivados o

relacionados con la comisión de delitos contra la trata de personas y delitos conexos.

Los bienes aprehendidos quedarán a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas en la forma prevista en el Código Procesal Penal. El producto de su venta o administración, así como el obtenido de su comiso, serán puestos a disposición de la Comisión Nacional para la indemnización a la persona víctima y los demás fines de esta Ley.

Se establece la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, dentro del Ministerio Público, con sede en la ciudad de Panamá, con competencia y jurisdicción en el territorio nacional.

Corresponderá a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, iniciar de oficio, por denuncia o por querella, las investigaciones e instrucción sumarial, así como el ejercicio de la acción penal, por los siguientes delitos:

1. Trata de personas delitos conexos.

2. Terrorismo.

3. Blanqueo de capitales, cuando el conocimiento del hecho no haya sido asumido por otra fiscalía especializada en los delitos precedentes al blanqueo de capitales.

4. Los cometidos por los miembros de las organizaciones criminales nacionales o internacionales cuyo conocimiento no corresponda otra agencia de instrucción.

5. Los que se le sean asignados por el procurador o procuradora general de la Nación mediante delegación. También corresponderá a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada diligenciar las asistencias judiciales internacionales cuando se invoque la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.

El Fiscal Especializado contra la Delincuencia Organizada será nombrado en la forma establecida en la ley para el nombramiento de los Fiscales Superiores, con las mismas atribuciones, derechos, obligaciones y emolumentos que correspondan a estos.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada contará con el personal y las unidades especializadas y técnicas que determine el procurador general de la Nación para el cumplimiento de sus fines.

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada asumirá y continuará las investigaciones y las acciones penales que, al momento de la entrada en vigencia de esta Ley, adelante la agencia de instrucción homónima creada mediante resolución del Ministerio Público.