Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 31 de Mayo de 2013

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución31 de Mayo de 2013
EmisorPleno

VISTOS: En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense H., Sucre-Robles & Asociados, en nombre y representación de Y.R.L. de González, contra el Auto N°.1541 de 27 de septiembre de 2012, dictado por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, confirmado por el Auto N°.1617 de 12 de octubre de 2012, mediante el cual se admitió la corrección de la demanda de reconvención presentada por E.G.G., dentro del Proceso de Divorcio que le sigue Y.R.L.; se dispuso correrla en traslado a la prenombrada por el término de tres (3) días a efectos de su contestación, de conformidad con el artículo 780 del Código de la Familia; y suspendió la audiencia programada para el día veintisiete (27) de septiembre de 2012 a las 8:30 de la mañana. I. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En este apartado, el Pleno entra a citar las razones expuestas por el Tribunal de A. de primera instancia, para no conceder la acción de amparo que nos ocupa: "Ahora bien, la materia objeto del amparo está regulada por el Artículo 779 del Código de la Familia que se refiere, específicamente, al momento en que puede corregirse la demanda en un procedimiento común u ordinario que es el que se aplica a los divorcios... Teniendo el marco jurídico de referencia entiende el tribunal de amparo que conforme a las reglas de interpretación y aplicación de la ley (artículo 14 del Código Civil), las normas aplicables al tema en debate deben ser las que regulan la materia especial de familia. Y es que, tratándose de la corrección de la demanda o en este caso en particular de la demanda de reconvención, la norma arriba transcrita, preve (sic) que el juez puede ordenar la corrección de la demanda, en momentos específicos, tales como: Ø Antes de la audiencia, en cuyo caso el juzgador podrá corregir de oficio u, ordenar al interesado que la corrija; Ø Al momento de iniciar ésta; Ø Antes de su vencimiento; y, Ø Antes de iniciar el periodo (sic) para practicar las pruebas. Se colige, entonces, que la juez actuó conforme a los trámites legales establecidos para los procesos orales de divorcios, en los que la normativa legal permite la corrección de la demanda o en este caso, de la demanda de reconvención, que puede efectuarse hasta antes de iniciarse el periodo (sic) de practica (sic) de pruebas. Partiendo de lo dicho se observa que la demanda de reconvención fue corregida antes de iniciarse la audiencia, que estaba programada para el 27 de septiembre de 2012, por ende, en el término que le faculta el artículo 779 del Código de la Familia. Siendo ello así, la juez de la causa al admitir la demanda de reconvención corregida, a través del Auto 1541 de 27 de septiembre de 2012, lo hizo cumpliendo con los trámites legales para este caso, por ende, no era extemporánea. En síntesis, la operadora de justicia no infringió la garantía del debido proceso legal, pues, contrario a ello, aplicó los trámites especiales para procesos de divorcios, por lo que a esta C. no le queda más que denegar la acción de amparo de garantías constitucionales impetrada en contra del Auto N°.1541 de 27 de septiembre de 2012". II. CONSIDERACIONES DEL APELANTE. Frente a la decisión proferida por el Tribunal de A. de primera instancia, la firma forense H., Sucre-Robles & Asociados, en su calidad de apoderada judicial de la amparista, promovió y sustentó recurso de apelación, tal cual se aprecia de fojas 166 a 171 del dossier. Requiere, en lo medular, que se conceda la acción de amparo de garantías constitucionales y que, en consecuencia, se revoque el Auto N°.1541 de 27 de septiembre de 2012, proferido por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, así como las actuaciones subsiguientes a ésta. Estima que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 673 del Código Judicial, la oportunidad procesal para que E.G.G. corrigiera la demanda de reconvención ya había precluido a la fecha en que la presentó, el 26 de septiembre de 2012 y que, por ende, la Juez Segunda Seccional de Familia omitió los trámites legales correspondientes, dentro del Proceso de Divorcio en que son partes Y.R. y E.G., en violación de la norma constitucional que consagra el debido proceso. Relata que formalizó una acción de amparo contra el Juez Segundo Seccional de Familia, por haber admitido, de forma extemporánea, una corrección de demanda de divorcio en reconvención. Prosigue indicando que, si bien se trata de una orden emanada dentro de un proceso de divorcio, ante los vacíos en materia de procedimiento de familia, se aplicarán las normas del Código Judicial. Señala que el Tribunal Constitucional primario aplicó indebidamente el artículo 779 del Código de la Familia. Sustenta así su posición: "El Primer Tribunal Superior al resolver la acción de garantía, lo hizo al amparo del artículo 779 del Código de la Familia, mismo el cual hace referencia a la orden de corrección de la demanda por parte del Juzgador; sin embargo, en este caso, nos encontramos frente a la corrección de la demanda de reconvención sin haber sido ordenada por el juzgador, motivo por el cual es aplicable el artículo 673 del Código Judicial, norma que regula la situación controvertida, la cual NO se encuentra regulada desde ninguna perspectiva en el Código de la Familia; pues una cosa es que el juzgador ordene la corrección de la demanda, y otra, que la parte utilice la facultad que la ley le otorga de corregirla, que es precisamente lo que sucedió en éste (sic) caso. Olvidó la juzgadora que el artículo 673 del Código Judicial contempla que en aquellos procesos en los que no se tiene prevista la apertura del proceso a pruebas (por medio de providencia), el derecho . ...Olvidó la juzgadora que el artículo 673 del Código Judicial contempla que en aquellos procesos en los que no se tiene prevista la apertura del proceso a pruebas (por medio de providencia), el derecho de las partes de variar la demanda se extenderá hasta que se notifique la providencia que ordena el trámite siguiente a la admisión de la demanda; por tanto, al encontrarnos frente a un proceso de divorcio, en cuyo trámite no se tiene prevista la APERTURA DEL PROCESO A PRUEBAS (por medio de providencia), pues las mismas se presentan y aducen en el acto de audiencia (oral), el derecho a variar la demanda realmente debe durar hasta que se notifique la providencia que ordena el trámite siguiente a la admisión de la demanda. (Artículo 673 del Código Judicial). La interpretación que le dio la juzgadora a la norma y los Magistrados del Primer Tribunal Superior, en el sentido de que la etapa probatoria es aquella en que las partes presentan pruebas en la audiencia, es a todas luces errado y contrario al criterio seguido por la honorable Corte Suprema de Justicia, pues como antes se esbozó, no en todo proceso hay etapa probatoria y al referirse a etapa probatoria, se alude a aquella que está establecida en cuanto a sustanciación, mediante providencia, la cual no existe en los procesos de divorcio. Entender que es la etapa probatoria aquella que se surte en audiencia, implicaría que el mismo día de la audiencia, e incluso habiendo iniciado y estando en la fase de advenimiento (sic), las partes puedan presentar una corrección a la demanda, lo cual es violatorio a los derechos de las partes, habida cuenta que para ese momento se debe haber trabado la litis y se debe haber establecido qué puntos son los que constituyen el objeto de la controversia, ya que de lo contrario las partes se encontrarían en un limbo jurídico. ...al haberse presentado una solicitud de medida cautelar, la cual forma parte del proceso de divorcio que nos ocupa, se debieron considerar como parte del trámite las notificaciones surtidas dentro del cuadernillo que lo cursa; así las cosas, dentro del proceso de divorcio existió adicional a la providencia que fijó fecha de audiencia, otro trámite que fue notificado antes de que la corrección de la demanda de reconvención fuera presentada, como lo fue la concesión del recurso de apelación formalizado en contra del AUTO N°.1039 de 16 de agosto de 2012, mediante providencia de 11 de septiembre de 2012, notificada mediante Edicto 2101 de 12 de septiembre de 2012, desfijado el 19 de septiembre de 2012; es decir, en este caso también el término procesal para corregir la demanda por parte de la reconvencionista prescribió el 19 de septiembre de 2012. (Foja 59 y 60 del cuadernillo de medida cautelar)". Sostiene, por último, que con antelación a la presentación de la demanda de reconvención (corregida), se habían notificado diversos trámites y los enumera y describe. III. CONSIDERACIONES DEL OPOSITOR. El opositor requiere la confirmación, en todas sus partes, de la resolución impugnada vía vertical. En respaldo de su posición, señala que, en el caso que nos ocupa, no existe vacío en materia de procedimiento y que resulta evidente que el Código de la Familia le da facultad a la Juez Segunda Seccional de Familia a ordenar la corrección de la demanda de divorcio, de manera oficiosa o a petición de parte. Indica que, con la resolución del Primer Tribunal Superior de 25 de enero de 2013, quedó demostrado que, por tratarse de un proceso oral, no existe término preciso para corregir la demanda, pudiendo hacerse hasta antes de iniciarse el período de práctica de pruebas; que, en este caso, es en el acto de la audiencia. Concluye su intervención afirmando que la apelante cae "en el error de querer suplir vacíos inexistentes señalando que la Juez Segunda Seccional de Familia, y el Primer Tribunal Superior de Justicia, desconocen el procedimiento, al admitir la corrección de la demanda de reconvención de manera extemporánea"; "siendo ella (la apelante) quien insiste en desconocer el derecho especial de familia que rige el divorcio, a través de lo normado en el Código de la Familia y no en el Código Judicial". IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM. Agotado el recorrido procesal correspondiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entrará a resolver la alzada en la presente acción de A. de Garantías Constitucionales, para lo cual es preciso dejar constancia de las siguientes consideraciones: La amparista Y.R.L. de González censura, a través de esta acción constitucional, la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto N°1541 de 27 de septiembre de 2012 (F.13 del cuaderno de amparo); la cual fue confirmada por el Auto N°.1617 de 12 de octubre de 2012, de ese mismo Juzgado (Fs.14.16). La decisión primigenia admitió lacorrección de demanda presentada por E.G.G., dentro del Proceso de Divorcio que le sigue Y.R.L.; dispuso correrla en traslado a la prenombrada por el término de tres (3) días a efectos de su contestación, de conformidad con el artículo 780 del Código de la Familia; y suspendió la audiencia programada para el día veintisiete (27) de septiembre de 2012 a las 8:30 de la mañana. Reprocha que se haya admitido la demanda de divorcio corregida, en reconvención, pese a que, según lo dispuesto por el artículo 673 del Código Judicial, la estima presentada extemporáneamente. En respaldo de su postura, prosigue señalando que, tratándose de un proceso de divorcio cuyo trámite no tiene prevista la apertura del proceso a pruebas, sino que las mismas se presentan y aducen en el acto de audiencia oral, el derecho a variar la demanda subsiste hasta que se notifique la providencia que ordena el trámite siguiente a la admisión de la demanda. De ahí concluye que la oportunidad procesal del reconvencionista para corregir la demanda prescribió el 19 de septiembre de 2012, día en que quedó debidamente notificada la nueva fecha de audiencia; que estima es el trámite subsiguiente a la presentación de la demanda dentro de los procesos de divorcio. Añade que otro trámite también fue notificado antes de la presentación de la corrección de la demanda de reconvención: la concesión de recurso vertical contra el Auto N°.1039 de 16 de agosto de 2012, mediante providencia de 11 de septiembre de 2012, notificada mediante Edicto 2101 de 12 de septiembre de 2012, desfijado el 19 de septiembre de 2012. Para admitir la demanda de reconvención corregida, el Tribunal de la causa se basó en consideraciones que quedaron plasmadas en el auto que resolvió la reconsideración (N°.1617 de 12 de octubre de 2012), de la siguiente manera: "...solamente se puede corregir, enmendar o adicionar la demanda hasta antes de notificar la providencia que abre el proceso a pruebas; sin embargo en el caso objeto de nuestro estudio, no se emite una providencia propiamente tal para abrir el periodo (sic) de pruebas. En los procesos de Divorcio es en el acta de audiencia oral donde se cumple con esta finalidad, etapa en la cual las partes tienen la oportunidad procesal para presentar todo el caudal probatorio y acreditar su pretensión. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 788 del Código de la Familia... Observamos que es en el acto de audiencia oral donde las partes aducen o presentan sus pruebas, por lo que la corrección de demanda es admisible hasta antes de realizada la diligencia de Acta de Audiencia Oral. Discrepamos con lo señalado por el recurrente en el sentido que el mismo considera que como en el proceso de divorcio no se tiene previsto la apertura a etapa a pruebas, lo procedente es admitir la corrección de demanda hasta que haya quedado notificada la providencia que ordena el trámite siguiente al Auto de admisión. Debemos hacer énfasis que en el proceso de Divorcio si (sic) hay etapa de Pruebas, mismas que se surten en el acto de audiencia y de ahí que la corrección de demanda es admisible hasta antes de realizar dicha diligencia de audiencia". De una revisión minuciosa de los hechos de la demanda y del propio acto atacado, se deduce que la pretensión va encaminada a que se revise en sede extraordinaria, por medio de esta acción constitucional y como si de un remedio adicional se tratase, agravios procesales supuestamente cometidos por la autoridad jurisdiccional, para cuya tramitación el ordenamiento jurídico prevé mecanismos. La activadora constitucional Y.R.L. ha utilizado esta vía para impugnar el criterio y la interpretación de la ley que llevaron a la juzgadora a arribar a su decisión, entre otras cosas, de admitir mediante Auto N°.1541 de 27 de septiembre de 2012, la demanda de reconvención corregida. En ese sentido, reiterada ha sido la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia que señala que la acción de amparo no es una instancia más, ni es una instancia revisora, ni una tercera instancia para resolver asuntos de fondo dentro del proceso, ni el medio impugnativo idóneo para considerar si la interpretación de las normas y valoración de las pruebas hechas por el Juez de la causa ha sido correcta o no. (Énfasis suplido). De acuerdo a las facultades otorgadas por la Constitución y las normas procesales al Tribunal de A., a esta acción tuteladora de derechos fundamentales se le atribuye exclusivamente el examen de infracciones a garantías constitucionales, mas no así el de la legalidad; siendo que el examen de la decisión proferida por un funcionario en respuesta a solicitud formulada, se encuentra estrictamente dentro del plano legal y no dentro del constitucional. Tampoco cabe cuestionar vía constitucional de amparo el juicio de valor mediante el cual, en un acto de soberanía jurisdiccional, el Juzgador ha arribado a una determinada conclusión y ha adoptado una decisión en consecuencia. Al respecto, esta C., en resolución de 6 de junio de 2005, expresó lo siguiente: "La jurisprudencia sentada por el Pleno de esta Corporación de Justicia ha sido inflexible en cuanto a la improcedencia de la acción de amparo para objetar errores de juicio. Así lo ha dejado expuesto la Corte en numerosos fallos (entre ellos, los fallos de 9 de enero de 2002; 28 de diciembre de 2001; 25 de mayo de 2001 y 23 de noviembre de 2001), en los que en términos generales se ha dicho que el amparo de garantías constitucionales no constituye una tercera instancia en los procesos ni un medio de impugnación para obtener la revisión de resoluciones cuando éstas, en apreciación del accionante, se han dictado mediando, por parte del juzgador, errores de juicio o procedimiento, cuestionando la valoración probatoria o la interpretación de la ley, en este caso, laboral". En torno al tema, este Pleno considera oportuna la reproducción de un extracto de la Sentencia de 28 de junio de 2012, cuyo tenor es el siguiente: "...Manifiesta además que, no comparte los motivos que sirven de sustento a la negativa de admitir determinados medios probatorios, ya que son contrarios a las disposiciones legales que regulan la materia de pruebas para la segunda instancia. Este análisis integral ha permitido al Pleno de la Corte apreciar que, más que invocarse la violación de alguno de los componentes del debido proceso legal, los razonamientos del amparista están orientados a objetar el juicio de valor expuesto por el Primer Tribunal Superior al declarar la inadmisión de unas pruebas. Ello es así, ya que el argumento principal expuesto en el libelo de demanda, se encuentra en el plano de la legalidad y revela el interés de introducir al Pleno de esta Corporación de Justicia en el análisis de un fallo judicial, que rebasa el interés y objeto del amparo de garantías constitucionales, el cual se resume en verificar si un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna ha sido quebrantado por una autoridad con mando y jurisdicción; todo lo cual agota la posibilidad de convertir al Pleno en una tercera instancia". Cita fallo de 27 de septiembre de 2005 el cual recoge, textualmente, fallo de 30 de octubre de 1998, que a la letra dice: "...la acción extraordinaria de amparo no es un mecanismo procesal que pueda ser utilizado para activar una tercera instancia, de manera que se pueda obtener de la jurisdicción constitucional un nuevo análisis de los elementos de convicción propios de la causa, o que se adentre en consideraciones sobre interpretación de la ley, tareas que corresponden exclusivamente al juez de la causa y al tribunal ad quem, en los términos que establece la ley". En torno al mismo tema, a continuación se transcribe pronunciamiento plasmado en la Sentencia de este Pleno de 1°. de mayo de 2012 que, en cuanto resulta de interés al caso, así señala: "Al decir del amparista, se vulneró el artículo 32 de la Constitución Política, al habérsele declarado extemporáneo su Recurso de Apelación, en una mala aplicación e interpretación de la ley por parte del Tribunal de la causa, lo cual deja en indefensión a su representada. A criterio del amparista lo correcto era retrotraer el expediente al momento en que se presentó el escrito de desistimiento de las pruebas. ...Se hace la salvedad que si bien, contra la Resolución objetada no procede medio impugnativo alguno en sede judicial, no puede perderse de vista que lo alegado por el amparista conlleva a que el Tribunal de A. retrotraiga los términos del proceso, para que su recurso no fuera considerado extemporáneo, lo que se aleja de la finalidad de la acción de A., consistente en la reparación rápida, inmediata y efectiva de algún derecho fundamental consagrado en la Constitución que haya sido lesionado o vulnerado con la expedición del acto u orden por parte de la autoridad demandada. Esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que cuando dentro de un Proceso una de las partes se sienta afectada por alguna actuación del Juez o de la Autoridad Administrativa en este caso, la cual considere errónea, tendrá la oportunidad de advertirla, para que sea subsanada o enmendada dentro del mismo Proceso, a través de los Recursos previstos en la Ley, salvo casos excepcionales en la (sic) que se demuestra una evidente y flagrante vulneración de los derechos fundamentales, por lo que la no admisión del A. puede ocasionar un daño irreversible o muy difícil de reparar. Por ello, la Acción de A. no constituye un medio de impugnación más dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente. Su uso se encuentra limitado a toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales, que no es el caso objeto de análisis..." En su momento, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en Sala Unitaria, decidió admitir de manera preliminar esta acción de amparo de garantías constitucionales con el propósito de recabar mayores elementos de juicio que le permitiesen considerar la posible violación de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política y aducidos por el demandante. Conceder o no una acción de amparo de garantías constitucionales conlleva necesariamente la confrontación de los cargos con las normas de carácter constitucional que se aducen infringidas. No obstante, del examen exhaustivo del negocio se advierte la existencia de elementos que imposibilitan un pronunciamiento de mérito, tal cual se desprende del desarrollo efectuado. Siendo ello así, el Tribunal Constitucional Primario no debió entrar siquiera a debatir sobre los cargos de fondo contra la resolución impugnada, sino declarar la no viabilidad de la acción. Lo anteriormente expuesto, obliga a esta Superioridad a enmendar el error en que incurrió la resolución apelada; de forma que procederemos a negarle viabilidad a la acción constitucional de amparo, previa revocatoria de la decisión primigenia, sin mayores consideraciones de fondo. En consecuencia, el Pleno de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia de 25 de enero de 2013, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. En su lugar, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense H., Sucre-Robles & Asociados, en representación de YARA RODRÍGUEZ LUQUE DE GONZÁLEZ, contra el Auto N°.1541 de 27 de septiembre de 2012, dictado por el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá. N., JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS VICTOR L. BENAVIDES P. -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ M. -- WILFREDO SÁENZ F. -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario)