Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Enero de 2021

PonenteCecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución29 de Enero de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Cecilio A. Cedalise Riquelme

Fecha: 29 de enero de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 806-2020

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en su calidad de apoderada especial de C.B. LAMEIRO, contra el Auto No. 332-17 de 16 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Décimo Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de Nulidad presentado por la amparista en el Proceso Ordinario de mayor cuantía entablado por MAPFRE PANAMÁ, S.A. contra C.B. LAMEIRO.

La decisión atacada vía A. de Garantías Constitucionales es del tenor siguiente:

Auto No. 332-17

EXPEDIENTE NO. 62283-16

JUZGADO DÉCIMO OCTAVO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. Panamá, dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

VISTOS:

(...)

En mérito de lo antes expuesto, la suscrita JUEZ DÉCIMO OCTAVA, RAMO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA (denominado por Falta de Jurisdicción) Y LITISPENDENCIA promovido por la apoderada judicial de la señora C.B. LAMEIRO, dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía entablado por MAPFRE PANAMÁ, S. en contra de C.B. LAMEIRO, por las consideraciones que se han expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

SE CONDENA EN COSTAS a la incidentista, las cuales se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

Ejecutoriada la presente resolución judicial, ADJÚNTESE el cuadernillo al expediente principal.

Derecho: Artículos 159, 674, 733 y 1228 del Código Judicial.

N..

...

(fs. 26-34)

  1. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia de 15 de septiembre de 2020, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional, en primera instancia, No Concede la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en su calidad de apoderada especial de C.B. LAMEIRO, contra el Auto No. 332-17 de 16 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Décimo Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de Nulidad presentado por la amparista en el Proceso Ordinario de mayor cuantía entablado por MAPFRE PANAMÁ, S. contra C.B.L..

    El Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial como Tribunal de A. A quo, luego de ponderar el escenario fáctico y jurídico procesal, fundamentó su decisión en los siguientes términos:

    (...)

    Pese a que se tata de un elemento de admisibilidad procede este Tribunal de A., a señalar que la legitimidad en la causa de C.B. LAMEIRO, se encuentra debidamente sustentada en su condición de parte demandada dentro del proceso ordinario del cual conoce el Juzgado Décimo Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, aclaración que estimamos necesaria porque su condición de beneficiaria principal de las pólizas de vida tomada por G.A. NÚÑEZ TESTA (q.e.p.d.), la pierde al momento que fueron cedidas a BANESCO S., como acreedor hipotecario; por lo que el alcance de la decisión sobre reconocimiento o no de la validez de las pólizas de vida contratadas por G.A. NÚÑEZ TESTA (q.e.p.d.) necesariamente no incide en la persona de la amparista.

    En cuanto al estudio de la infracción directa por omisión a la garantía del debido proceso, tras revisión del apartado correspondiente en el libelo (sic) demanda, a este Tribunal de amparo le está vedado incursionar en su estudio, debió, a que se convertiría en una tercera instancia en la medida (sic) argumentaciones planteadas como infracciones constitucionales, no lo son, y por el contrario constituyen una réplica al enjuiciamiento de la primera instancia -confirmado en segunda instancia- de atribuir a la jurisdicción civil ordinaria el conocimiento de una materia que no está comprendida dentro de la especialidad de la Ley No. 45 de 31 de octubre de 2007 reformada por la Ley 29 de 2 de junio de 2008 en su artículo 129.

    Tampoco corresponde al Tribunal de A., examinar si convergen o no los requisitos de la litispendencia entre la demanda ordinaria presentada por MAPFRE PANAMÁ, S. contra C.B.L.; y la demanda de protección al consumidor donde son partes C.B. LAMEIRO, los menores C.G.N.B. y M.C.N. como demandantes contra MAPFRE PANAMÁ, S., como demandada. Ni tampoco revisar, si es la misma pretensión que se debate en ambos procesos.

    La apoderada de la amparista, interpreta que ambas demanda (sic) se fundamentan en una misma pretensión, ello no se trata más que de una especulación basada en el criterio de la amparista, mismo que tampoco corresponde revisar en atención que no se trata de una infracción constitucional y en cuanto a la posibilidad a que se emitan fallos contradictorios, resulta otra especulación, porque pasa por alto la posibilidad de aplicar el artículo 471 del Código Judicial, mismo que no puede ser aplicado de materia supletoria por los juzgados civiles de libre competencia y asuntos del consumidor, en caso de no estar regulada la misma en la Ley 45 de 31 de octubre de 2007.

    No se logra demostrar la infracción al artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, en la medida que el derecho de tutela judicial efectiva, opera en dos vías, el accionante que concurre al reconocimiento de un derecho consagrado en la Ley, en contraposición a quien es requerido para hacer frente a la reclamación; escenario que deberá desarrollarse dentro del debido proceso.

    Al no acreditarse que la orden demandada, infringe las garantías fundamentales de la amparista, debemos proceder a la declaración de lugar.

    (fs. 301-310)

  2. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

    Dentro del término de ejecutoria de la Sentencia de 15 de septiembre de 2020, mediante la cual el Tribunal A quo no concede la Acción de A. de Garantías Constitucionales, la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en su calidad de apoderada especial de C.B. LAMEIRO, anunció y presentó libelo de Recurso de Apelación, en el que sostuvo, en síntesis, que su desavenencia con lo resuelto en primera instancia radica en que "la Orden impugnada está permitiendo que una parte promueva, por separado del Juez Competente, una segunda controversia en la que se discute la misma cuestión", por tanto, considera una infracción a la garantía constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

    Puntualizó la recurrente, que la violación al artículo 32 de la Constitución Política es notoria, tomando en cuenta que "MAPFRE PANAMÁ, S., a pesar de que sabe que hay un litigio en la Jurisdicción de Consumo ha promovido la misma discusión en la esfera ordinaria desconociendo las reglas legales de competencia y obligando a nuestra representada a llevar, en dos (2) juzgados diferentes, la tutela de sus intereses afectando evidentemente su Derecho de Defensa, que también forma parte esencial de la Garantía Constitucional del Debido Proceso".

    Por ello, a juicio de la recurrente, la resolución apelada es altamente desfavorable e inconveniente porque promueve, sin sentido, una duplicidad de litigios entre las mismas partes y sobre la misma cosa, lo que implica un inútil dispendio de recursos y, además, puede dar lugar a fallos contradictorios.

    En ese sentido, manifiesta la propulsora constitucional que el acto atacado ha incurrido en violación de los preceptos que rigen la competencia, toda vez que:

    "a) MAPFRE PANAMÁ, S. es un proveedor de servicios, conforme a la definición del artículo 33 de la Ley 45 de 2007, ya que es un agente económico que, a título oneroso o con un fin comercial proporciona a otra persona un servicio de manera profesional y habitual.b) Existe una relación de consumo entre MAPFRE PANAMÁ, S. y la señora C.B.L., como beneficiaria de las pólizas.c) La controversia planteada es un conflicto que surge de una reclamación individual que emana de una relación de consumo, a tenor de lo dispuesto en la Ley no. 45 de 2007 y de la Ley 12 de 2012.d) Lo que se reclama se encuentra dentro del ámbito y competencia exclusiva y privativa de los Juzgados de Protección al Consumidor".

    Sigue señalando la recurrente, que el desconocimiento de la competencia exclusiva y privativa de los juzgados de protección al consumidor constituye una violación al debido proceso, máxime cuando la verdadera intención del demandante es evitar la Jurisdicción de Protección al Consumidor, so pretexto que esta "limita su derecho de defensa... que mantiene reglas procesales limitadas y dentro de la cual no se pueden elevar excepciones clara y viables tal cual si lo permite la jurisdicción civil ordinaria".

    De igual forma considera la recurrente, que se ha desconocido el trámite de litispendencia, ya que han quedado acreditado los presupuestos para la configuración de esta figura; sin embargo, agrega que la juzgadora primaria erróneamente sostiene que se trata de pretensiones distintas, cuestión que adversa en la medida que convergen las mismas partes, la misma causa de pedir; es decir, la suscripción y declinatoria, solo que en un proceso se pide que se declaren válidas y vigentes y en el otro proceso se persigue que se declaren nulas; lo que, según la apelante, puede traer como resultado decisiones contradictorias.

    Finalmente, la firma forense apoderada judicial de C.B. LAMEIRO, solicita en su recurso de apelación que se revoque la Resolución fechada 15 de septiembre de 2020, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, en su lugar, conceda el A. de Garantías Constitucionales interpuesto contra el Auto No. 332-17 de 16 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Décimo Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

  3. OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

    La firma forense MORGAN & MORGAN, actuando en su condición de apoderada especial de MAPFRE PANAMA, S., presentó escrito de oposición al recurso de apelación en el que solicita que se confirme la Resolución apelada.

    Centra su oposición en que la pretensión perseguida a través del Proceso Ordinario Declarativo promovido por MAPFRE PANAMÁ, S. contra C.B. LAMEIRO, no es de aquellas de competencia de los Tribunales de Comercio, ya que no se encuentra listada en el artículo 124 de la Ley No. 45 de 2007 y, además, no se fundamenta en una relación de consumo, sino que la misma se fundamenta en la solicitud de declaratoria de nulidad de dos Pólizas de Seguro de Vida, las cuales fueron otorgadas al señor G.A.N.T. (q.e.p.d.), en virtud de declaraciones falsas e inexactas.

    Explica la opositora al recurso de apelación, que la pretensión ejercitada por MAPFRE PANAMÁ, S., no puede ser considerada como un tipo de controversia que emana de una relación de consumo ni mucho menos que sea de conocimiento de los Tribunales de Comercio, ya que el conflicto gira en torno a la declaratoria de nulidad de dos Contratos de Seguros de Vida que fueron otorgados en virtud de vicios de consentimiento y declaraciones falsas e inexactas acerca del estado de salud del contratante, por ende, el escenario donde debe ventilarse éste asunto lo es la Jurisdicción Ordinaria Civil y no la Jurisdicción de Protección al Consumidor, como erradamente pretende la amparista.

    De igual forma, advierte que, contrario a lo que infundadamente alega la amparista, el hecho que el contrato sobre el cual gravita la controversia sea un contrato de adhesión, no implica que estemos frente a un asunto o controversia de Protección al Consumidor, si ello fuera así, destaca la opositora, todos los contratos bancarios y sus controversias tendrían que ser debatidos en la esfera de los Juzgados de Circuito de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.

    En cuanto al tema que existe litispendencia respecto del Proceso Ordinario Declarativo promovido por MAPFRE PANAMÁ, S. contra C.B., con el Proceso de Protección al Consumidor propuesto por C.B. y Otros contra MAPFRE PANAMÁ, S., estima la oponente, que estos procesos contienen hechos distintos y distintas causas de pedir; es decir, no reúnen los requisitos para que se configure la figura de Litispendencia. Agrega que, para que tenga lugar la litispendencia los dos procesos deben ser ventilados en la misma jurisdicción, situación que, a su criterio no se presenta en el caso en estudio.

    Concluye la apoderada judicial opositora, que la presente demanda de A. de Garantías Constitucionales no tiene asidero jurídico y, por ende, debe ser negado.

  4. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

    Corresponde en esta etapa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, en relación con la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en su calidad de apoderada especial de C.B. LAMEIRO, contra el Auto No. 332-17 de 16 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Décimo Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente y a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional.

    La Acción de A. de Garantías Constitucionales, es el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado Democrático y Social de Derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho o garantía fundamental infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión que, siendo emitido por servidor público, contravenga las normas fundamentales reconocidas en el sistema constitucional panameño.

    Bajo ese prisma, observa el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que la violación constitucional argüida por la amparista en su libelo de A. va dirigida a la infracción de los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.

    En relación con este derecho y garantía del debido proceso, la jurisprudencia, así como los Tratados y Convenios Internacionales lo han reconocido, como parte del derecho al debido proceso, del cual las partes gozan de una serie de garantías procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los tribunales de justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgados en un proceso previamente determinado por la ley y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado en el proceso, la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la ley, de tal manera que puedan hacer valer sus derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos.

    Sobre la vigencia e importancia de estos elementos o garantías procesales que componen el derecho constitucional al debido proceso, el D.A.H., ha expresado:

    "...si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional." (H., A.. El Debido Proceso, Editorial Temis, S., Santa Fe de Bogotá Colombia, 1996, pág.89-90) (El resalto es del Pleno)

    Es así como, la Acción de A. de Garantías Constitucionales por violación a alguno de los elementos del debido proceso procederá cuando los hechos que constituyen la infracción efectivamente impidan el goce y ejercicio inmediato de los mismos.

    Tal como se expuso en párrafos precedentes, el acto atacado a través de la presente acción constitucional está contenida en el Auto No. 332-17 de 16 de febrero de 2017, que declara no probado el Incidente por Falta de Competencia y Litispendencia propuesto por la amparista, C.B. LAMEIRO, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía incoado en su contra por parte de MAPFRE PANAMÁ, S.D. que fue impugnada y mediante Resolución de 19 de septiembre de 2017, fue confirmada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. (fs. 36-47)

    De acuerdo con lo expuesto por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, actuando en nombre y representación de C.B. LAMEIRO, al acudir a esta vía constitucional, la violación al debido proceso en este caso se produjo, de manera directa por omisión, ya que el acto impugnado le atribuye el conocimiento de una causa a una autoridad que no es competente y da lugar a que se realice un juzgamiento apartado de los trámites legales. Además, que la orden demandada viola de manera directa por omisión el artículo 17 de la Constitución Política, porque se le desconoce a C.B. LAMEIRO el derecho de tutela judicial efectiva.

    En ese sentido esgrime la amparista, que el acto demandado lesiona la garantía del debido proceso, porque se desconoce el trámite señalado en los artículos 124, 190 y 194 de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que fija en los Juzgado de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, el conocimiento de la pretensión que MAPFRE PANAMÁ, S., ha incoado contra la amparista y por desconocer además, la figura de la litispendencia; razones que llevan a la apoderada a sostener que la funcionaria demandada conduce el proceso sin apego a los trámites legales.

    Señala la activadora constitucional, que la pretensión de nulidad de las pólizas de vida otorgadas por MAPFRE PANAMÁ, S., al señor G. NÚÑEZ TESTA (q.e.p.d.) es una controversia inmersa en una relación de consumo nacida de contratos de adhesión que debe ser resuelta de manera privativa y exclusiva de los juzgados adscritos a la Jurisdicción de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor; por tanto, a criterio de la accionante, hay un desconocimiento de la competencia exclusiva que tienen los juzgados de libre competencia y asuntos del consumidor.

    Para determinar si la decisión adoptada por el Tribunal de A. en primera instancia se ajusta a lo previsto en las normas legales vigentes aplicables a la situación planteada en el A. de Garantías Constitucionales que nos ocupa, en el sentido que si ocurrieron o no las violaciones argüidas por la amparista, es necesario realizar un examen detallado de la actuación adelantada por el Juez de la Causa en el Incidente de Nulidad por falta de Jurisdicción y Litispendencia, los cuales no fueron considerados violatorios a los derechos constitucionales de la actora, por parte del Tribunal de Primera Instancia.

    Ahora bien, observa el Pleno que, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, utilizó entre sus fundamentos para denegar la Acción de A. promovida, aspectos de admisibilidad de la acción, con base en que ésta no es una tercera instancia para dirimir un tema ya ventilado en primera y segunda instancia por los tribunales correspondientes, cuando ya esta etapa se encontraba superada al ser admitida la Acción en estudio.

    Es oportuno reiterar que ha sido una posición asumida por este Pleno en los últimos años, el deber de pronunciarse sobre el fondo de los casos en el que luego de la admisión de la Acción se advierta la concurrencia de defectos que la hubieren hecho inadmisibles, posición que es cónsona con los principios de buena fe, transparencia en las actuaciones judiciales y de tutela judicial efectiva, que implican no sólo el derecho de la parte a acceder al sistema de justicia, sino también el derecho de recibir una respuesta oportuna y congruente luego que se le dé curso a su actuar. (Cfr. Sentencia de 15 de septiembre de 2010)

    Ante los señalamientos de la recurrente, tanto en su escrito de A. como en la sustentación del Recurso de Apelación, quien indicó le fue vulnerado el debido proceso, ante la falta de cumplimiento de los trámites legales en cuanto a la competencia y litispendencia por parte de la funcionaria demandada en detrimento de la amparista, debemos acotar que la Acción de A. fue diseñada por el constituyente para salvaguardar los derechos fundamentales, y sobre todo, para garantizar la efectiva intervención judicial a favor de la restauración del derecho vulnerado, por lo que conforme las últimas posturas jurisprudenciales que ha tenido esta Máxima Corporación de Justicia, se ha dado preponderancia a la supremacía de la Constitución Política, a través de los mecanismos de control, y en Sentencia de 28 de abril de 2015, este Tribunal ha señalado:

    ...En efecto, la Constitución reconoce (no otorga) una serie de derechos fundamentales que, incluso, se encuentran ampliados y complementados en Convenciones Internacionales sobre derechos humanos. La vigencia de tales derechos, que solo tiene lugar cuando existe un sistema de protección judicial que los tutele efectivamente, es lo que permite que la normatividad de la constitución tenga vigencia, con lo cual se asegura el mantenimiento de la supremacía constitucional y se preserva el Estado de Derecho.

    El sistema de protección no consiste exclusivamente en la incorporación al ordenamiento jurídico de normas dirigidas a garantizar el reconocimiento y la vigencia de los derechos fundamentales.

    La tutela judicial efectiva se consigue cuando se logra el reconocimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en las leyes, de manera que los mismos puedan ser restaurados cuando han sido lesionado.

    Y es que, conforme los artículos 17 y 206 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, está instituida para asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, como garante de la integridad de la norma suprema, es decir: los Tribunales, y máxime el Tribunal Constitucional tienen el deber de garantizar la protección de los derechos fundamentales.

    Luego de esbozado lo anterior, y estando este asunto en la etapa de apelación de la decisión de fondo, debe el Pleno pronunciarse sobre la objeción de la actora respecto a la decisión adoptada por la primera instancia, en la que no se avala el cargo de violación al debido proceso, en el que insiste la demandante en su apelación.

    Luego del recorrido procesal realizado al cuaderno constitucional y a sus antecedentes, esta Corporación de Justicia constata que el acto impugnado tiene su origen a partir del proceso ordinario que, ante el Juzgado Décimo Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, propuso la aseguradora MAPFRE PANAMÁ, S. contra C.B.L., el 3 de junio de 2016. Con dicha demanda, se persigue que la Juzgadora declare que las pólizas de vida emitidas por MAPFRE PANAMÁ, S. a favor de G.A. NÚÑEZ TESTA (q.e.p.d.) son nulas debido a las declaraciones falsas e inexactas que éste ofreció sobre su estado de salud al momento de contratar dichas pólizas.

    En los hechos de la demanda se señala que la hoy amparista C.B.L. fue designada beneficiaria principal de la póliza de vida VITR-01300000000013 de 17 de octubre de 2011 y póliza de vida VITR-0120000002118 de 28 de abril de 2013.

    A foja 109 del expediente contentivo del proceso ordinario incorporado como antecedente a este negocio constitucional, el Pleno observa que la demanda ordinaria fue admitida mediante Auto No. 408 de 17 de junio de 2016, y surtida la diligencia de notificación y traslado a la señora C.B. LAMEIRO, por conducto de sus apoderados judiciales, el 1 de septiembre de 2016, dan contestación a la demanda y presentan incidente por falta de jurisdicción y litispendencia.

    Cabe agregar, que la juzgadora demandada al resolver la incidencia examinó las reglas de competencia asignadas a los juzgados civiles especializados en asuntos del consumidor de acuerdo con la Ley 45 de 2007, las confronta con las declaraciones solicitadas por la demandante MAPFRE PANAMÁ, S., concluyendo que la determinación o no de declaraciones falsas e inexactas y la nulidad de los contratos de seguro, es materia de conocimiento de los Tribunales de Circuito Civil.

    Por otro lado, en cuanto a la litispendencia, señaló que el proceso ventilado en el Juzgado Décimo Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá no reúne los requisitos necesarios para concluir la litispendencia porque a pesar de la identidad de partes, los hechos y la causa de pedir son distintos.

    Ahora bien, dicho lo anterior, es necesario acotar que las pretensiones o declaraciones formuladas en la demanda ordinaria presentada por MAPFRE PANAMÁ, S. en contra de C.B. LAMEIRO, a la que accede el Incidente de Nulidad por Falta de Jurisdicción y Litispendencia, fundamentalmente, es la nulidad de las pólizas de vida No. VITR-01300000000013 de 17 de octubre de 2011, por la suma de B/.562,500.00 y la No. VITR-0120000002118 de 28 de abril de 2013, por la suma de B/.475,000.00, expedidas a favor de G.A. NÚÑEZ TESTA (q.e.p.d.), al incurrir en declaraciones falsas e inexactas de hechos y circunstancias que influyeron, de modo directo, en la emisión de dichas pólizas.

    Cabe entonces citar, el artículo 124 de la Ley 45 de 2007, reformado por el Artículo 15 de la Ley No.29 de 2 de junio de 2008, que dispone lo siguiente:

    Artículo 124. Competencia. Se crean tres juzgados de circuito del ramo civil en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se denominarán Juzgados Octavo, Noveno y Décimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito en Colón. Adicionalmente, se crea un juzgado de circuito del ramo civil en Coclé, en Chiriquí y en Los Santos, que se denominarán Juzgado Segundo de Coclé, Juzgado Cuarto de Chiriquí y Juzgado Segundo de Los Santos, respectivamente, para conocer de estas causas en sus respectivos distritos judiciales. Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes:

    1. En materia de práctica monopolísticas, las controversias que surjan como consecuencia de reclamaciones individuales o colectivas y/o que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley.

    2. En materia de protección al consumidor, las controversias que surjan como consecuencia de cualquier pretensión individual o colectiva que emane de una relación de consumo nacida dentro o fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley.

    3. Controversias relacionadas con la propiedad intelectual, que incluyen, entre otras, las relativas a Derechos de Autor y Derechos Conexos, marcas de productos o de servicios y patentes.

    4. Controversias relativas a las relaciones de agencia, representación y distribución.

    5. Controversias relativas a los actos de competencia desleal.

    6. Acciones de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior al menoscabo, y el resarcimiento pecuniario del daño globalmente producido a la colectividad interesada.

    7. Conceder autorizaciones a la Autoridad para que practique diligencias probatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que esta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el aseguramiento de pruebas.

    8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley, y decretar la suspensión de los actos infractores.

    9. Decretar las medidas cautelares que soliciten la Autoridad o los demandantes particulares.

    De los procesos que se instauren en el resto del territorio nacional conforme a esta Ley, conocerá el juzgado de circuito correspondiente que tenga a su cargo la atención de los negocios civiles. Las controversias que surjan en materia de propiedad industrial, Derechos de Autor y Derechos Conexos, o cuando los bienes o las relaciones sobre los que recaiga la reclamación hayan circulado, en todo o en parte, en la circunscripción del Primer Distrito Judicial de Panamá, los juzgados creados por esta Ley serán competentes a prevención, a elección del demandante, junto con el juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera de las causas anteriores. Se exceptúan los casos exclusivamente asignados a la Autoridad.

    Al confrontar las pretensiones de la demandante, señaladas en párrafos precedentes, con la norma citada, se desprende que, en efecto, lo solicitado por MAPFRE PANAMÁ, S., a través del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía, promovido contra C.B.L., son competencia de la esfera civil y no de los Tribunales de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Y es que, lo que se pide en el proceso ordinario, en estudio, es la nulidad del acto contenido en un contrato de seguro, por haberse otorgado con vicios del consentimiento bajo declaraciones falsas e inexactas, acerca del estado de salud del contratante, y no el cumplimiento de una reclamación derivada del vínculo proveedor-consumidor.

    Respecto al tema de la litispendencia, también invocada por la amparista, nos remitimos a los antecedentes de la presente acción constitucional, y logramos extraer parte de lo señalado por la Juez Décimo Octava de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, cuando señaló lo siguiente:

    "De una interpretación de la norma anterior (Art. 674 del C.J.) en confrontación con las pruebas que reposan en el cuadernillo de incidente, esta administradora de justicia infiere, que el proceso ventilado en el Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil (Protección al Consumidor), no reúne los requisitos necesarios que permitan concluir que ha ocurrido la figura de Litispendencia. Cabe advertir, que a pesar de existir identidad de partes, los hechos y la causa de pedir (pretensión) son distintos.

    Y es que de la prueba de informe allegada a los autos puede colegirse, sin mayor esfuerzo, que lo pretendido en el Tribunal de Protección al Consumidor, se circunscribe, a la reclamación de un servicio deficiente por parte del agente económico, mientras que lo pretendido en esta dependencia, se limita a determinar -como ya se indicó- la incursión de la demanda en declaraciones falsas e inexactas y la nulidad de dos (2) contratos de seguros descritos con la demanda.

    ...

    Por lo anterior señalado, y toda vez que no concurren los requisitos previstos en la norma, para que se reconozca la existencia de la litispendencia, es decir, sobre una misma cosa, mismos hechos y misma pretensión, se procederá a (sic) también a desestimar esta causa.

    (fs. 33-34)

    En cuanto a la figura jurídica de Litispendencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 12 de marzo de 2019, señaló lo siguiente:

    (...) Entendida la litispendencia como un fenómeno jurídico que está regulado como una excepción innominada en nuestro medio jurídico procesal, estableciendo como remedio un efecto excluyente de ulteriores procesos sobre idéntica cuestión litigiosa. En un sentido estricto, el concepto de litispendencia se utiliza para aludir a la situación que se produce cuando existen varios procesos sobre una misma cuestión litigiosa. El principio general que se aplica a estas situaciones es el que un proceso no debe desarrollarse y, en cualquier caso, no debe terminar con un pronunciamiento de fondo, si existe otro proceso pendiente sobre el mismo objeto, tal como se desprende a continuación:

    "Así, de la litispendencia, entendida como una situación jurídica que se produce cuando existe un proceso pendiente sobre determinado objeto proceso, se puede predicar una eficacia excluyente, que se proyectaría sobre cualquier proceso posterior con idéntico objeto, dando lugar, de ser posible, a su inmediata finalización y, en cualquier caso, a que concluya sin una decisión de fondo." (J.V.T. (catedrático de la Universidad de La rioja, "LA EFICACIA EXCLUYENTE DE LA LITIS PENDENCIA", pág. 170)

    El fundamento de la exclusión de la pendencia simultánea de varios procesos sobre un mismo asunto, se relaciona con la función negativa de la cosa juzgada material, debido a que ambas instituciones procesales tiene idénticos fundamento y finalidad:

    "Es usual relacionar la eficacia excluyente de la litispendencia con la función negativa de la cosa juzgada material, atribuyendo a ambas instituciones procesales idénticos fundamentos y finalidad. Se dice, en este sentido, que existe hoy litis pendencia donde mañana existirá cosa juzgada." (R.S. y otros, "DERECHO PROCESAL PRÁCTICO", Madrid, 1998, Vol. II, pág. 294. En: J.V.T., Ibidem)

    En tal sentido el artículo 674 del Código Judicial regula la figura de la litispendencia y dispone con claridad que:

    Propuesta una demanda, no podrá iniciarse un nuevo proceso entre las mismas partes, sobre la misma pretensión y los mismos hechos, cualquiera que sea la vía que se elija, mientras esté pendiente la primera.

    El Juez ordenará de oficio o a petición de parte el rechazo de la segunda demanda, comprobada la existencia de la anterior y que en estas figuren las mismas partes y versa sobre la misma cosa y sobre los mismos hechos.

    Ahora bien, se infiere que la Juez Décimo Octava de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, valoró lo señalado por las partes con respecto a la Litispendencia, decisión que no fue arbitraria sino debidamente motivada, razonada, fundamentada y con observancia del trámite legal contemplado en la norma que regula la litispendencia, por lo que no prospera el cargo de afectación del derecho alegado por la amparista, máxime cuando consta en el expediente, que tuvo la oportunidad de apelar dicha decisión, siendo confirmada mediante Resolución de 19 de septiembre de 2017, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

    Establecido todo lo anterior, el Pleno considera que contrario a lo señalado por la apelante, la actuación demandada en acto de A., en modo alguno, afecta la garantía del debido proceso, ni la tutela judicial efectiva; en consecuencia, lo procedente es confirmar la Sentencia de 15 de septiembre de 2020, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, venida en grado de apelación ante esta Máxima Superioridad.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de 15 de septiembre de 2020, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, que NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, en su calidad de apoderada especial de C.B. LAMEIRO, contra el Auto No. 332-17 de 16 de febrero de 2017, proferido por el Juzgado Décimo Octavo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Incidente de Nulidad presentado por la amparista en el Proceso Ordinario de mayor cuantía entablado por MAPFRE PANAMÁ, S. contra C.B.L..

    N., -

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS(Abstención De Voto)-- L.R.F.S.-.M.C.B.-.O.A.O.-.A.R.D.C.-.C.A.V. REYES -- J.E.A.P.C..

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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