Ley Nº 12 de 3 de abril de 2012, QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE SEGUROS Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES.

Superintendente.

El superintendente será el representante legal de la Superintendencia, tendrá a su cargo la administración y manejo de las gestiones diarias de esta y ejercerá las atribuciones que la ley le confiere.

El superintendente de Seguros y Reaseguros será designado por el presidente de la República para un periodo de cinco años, concurrente con el periodo presidencial. El superintendente ejercerá como servidor público de tiempo completo y devengará un salario y gastos de representación, de conformidad con lo que disponga el Organo Ejecutivo, los cuales no serán inferiores a los que correspondan a funcionarios de igual jerarquía.

El superintendente de Seguros o Reaseguros deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano panameño.

2. Observar buena conducta y no haber sido condenado por la comisión de delito alguno.

3. Tener título universitario y por lo menos diez años de experiencia en la actividad aseguradora, reaseguradora o de corretaje de seguros o reaseguros.

4. No tener participación directa ni indirecta en empresa privada que se relacione con las actividades o personas supervisadas ni con el ejercicio de sus funciones.

5. Ser ratificado por la Asamblea Nacional.

El superintendente participará con derecho a voz, en las reuniones de la Junta Directiva.

En caso del cese anticipado en el cargo del superintendente, su reemplazo temporal será el subdirector hasta que el nuevo superintendente sea designado por el presidente de la República.

Excepción. (Derogado).

Requisitos del subdirector.

El subdirector de Seguros y Reaseguros será nombrado por el superintendente y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano panameño.

2. Tener título universitario.

3. Observar buena conducta y no haber sido condenado por la comisión de delito alguno.

4. Tener por lo menos cinco años de experiencia en la actividad aseguradora, reaseguradora o de corretaje de seguros o reaseguros.

5. No tener participación directa ni indirecta en empresa privada que se relacione con las actividades o personas supervisadas ni con el ejercicio de sus funciones.

Funciones técnicas del superintendente.

Serán funciones de carácter técnico del superintendente, además de las señaladas específicamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

1. Fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo de la industria de seguros y reaseguros en general y un mercado de seguros inclusivo.

2. Publicar o difundir entre las personas supervisadas los procedimientos para cumplir los requisitos de esta Ley o sus reglamentos, así como los criterios administrativos técnicos o jurídicos e interpretaciones que sobre la presente Ley o sus reglamentos emita la Superintendencia o los reglamentos que adopte la Junta Directiva.

3. Elevar a la Junta Directiva para su autorización las solicitudes que se formulen ante la Superintendencia, conforme a esta Ley, para operar en la República de Panamá como aseguradora.

4. Autorizar, negar o suspender las licencias para el ejercicio de actividades supervisadas, excepto de aseguradora, así como cancelar las inscripciones, conforme a las disposiciones de esta Ley, y conducir o prescribir las actividades que propicien la mayor idoneidad y capacidad de las personas supervisadas.

5. Aplicar las sanciones que procedan de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

6. Velar para que todas las personas supervisadas cumplan las normas legales y reglamentarias a que están sujetas, debiendo ejercer para ello el más amplio control y seguimiento, ejecutando la fiscalización mediante inspecciones de sus actividades, operaciones y negocios.

7. Velar y exigir que las aseguradoras establecidas o que se establezcan en el país mantengan siempre el capital mínimo pagado requerido por esta Ley.

8. Determinar y velar que las aseguradoras cumplan con los indicadores de solvencia y liquidez requeridos, y que el capital pagado se ajuste a los requerimientos de dichos indicadores.

9. Cuidar y exigir que todas las personas supervisadas mantengan sus reservas y garantías que requieran de conformidad con esta Ley.

10. Proponer a la Junta Directiva con base en esta Ley y su reglamentación la solicitud de reorganización, transferencia de cartera, liquidación forzosa y cancelación de las licencias de las aseguradoras.

11. Decidir y ordenar la regularización y toma de control administrativo y operativo de las aseguradoras, en los casos en que sea necesario.

12. Exigir que las personas supervisadas cumplan las disposiciones legales y reglamentarias sobre gobierno corporativo, prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, así como sancionar las infracciones e incumplimientos de estas, en el ámbito de su competencia.

13. Publicar periódicamente estadísticas amplias sobre el desenvolvimiento de las operaciones de las personas supervisadas.

14. Velar para que las personas supervisadas suministren a los contratantes información veraz y suficiente sobre los contratos de seguros ofrecidos.

15. Ejercer la facultad de inspeccionar, comprobar e investigar, cuantas veces lo estime conveniente, las operaciones comerciales y prácticas profesionales de las personas supervisadas, y podrá, para estos efectos, examinar sus libros y archivos, ordenar correcciones y ajustes, solicitar y obtener balances, estados financieros, memorias e informes y, en general, realizar las gestiones y actuaciones sean necesarias para garantizar el cumplimiento de esta Ley.

16. Informar a todas las personas supervisadas el resultado de las inspecciones practicadas.

17. Admitir, dar seguimiento y pronunciarse sobre las quejas o reclamos presentados por los contratantes, asegurados, beneficiarios y terceros con un interés legítimo que aleguen que alguna de las personas supervisadas ha violado alguna norma de esta Ley en su perjuicio. Las decisiones que al respecto adopte la Superintendencia tendrán carácter vinculante.

18. Promover la celebración de convenios, acuerdos de cooperación e intercambios de información con otros organismos nacionales e internacionales, que puedan fomentar el mejoramiento de las actividades supervisadas.

19. Elaborar, desarrollar y publicar estudios, investigaciones y estadísticas sobre materias de su competencia.

20. Conocer y resolver los recursos de reconsideración presentados contra las resoluciones dictadas por la Superintendencia.

21. Actuar, de oficio o a solicitud de parte interesada, cuando tenga conocimiento de que alguna persona natural o jurídica esté infringiendo esta Ley, y dar traslado a las autoridades competentes.

22. Realizar los actos y adoptar las medidas necesarias que se deriven de su condición de autoridad de regulación y supervisión y que resulten pertinentes, de conformidad con el principio de estricta legalidad, esta Ley y su reglamentación, para el cumplimiento de sus fines y la debida tutela del interés público.

23. Proponer las fórmulas para el cálculo de los márgenes de solvencia y liquidez de las aseguradoras para la consideración de la Junta Directiva.

24. Dictar la adopción de medidas necesarias para que las personas naturales y jurídicas supervisadas cumplan las disposiciones legales y reglamentarias sobre prevención del delito de blanqueo de capitales.

25. Presentar las acciones penales en los casos que corresponda.

Funciones administrativas del superintendente.

Serán funciones de carácter administrativo del superintendente, además de las señaladas específicamente en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

1. Presentar a la Junta Directiva informes trimestrales de desempeño en el desarrollo de sus funciones, programas y proyectos.

2. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, el informe anual de las actividades y proyectos de la Superintendencia y someterlos a la consideración y aprobación de la Junta Directiva.

3. Adquirir los bienes y contratar los servicios que sean necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia y para ejecutar o realizar las funciones que le han sido encomendadas por esta Ley y sus reglamentos.

4. Fijar los sueldos, escala salarial y demás emolumentos, así como seleccionar, nombrar, trasladar, ascender, conceder licencias y destituir a los empleados y funcionarios de la Superintendencia y aplicarles las sanciones disciplinarias que correspondan de acuerdo con el procedimiento interno.

5. Velar por la ejecución y eficiente administración del presupuesto anual de la Superintendencia.

6. Aprobar las contrataciones directas que requiera la Superintendencia, por sumas inferiores a treinta mil balboas (B/.30,000.00), de acuerdo con lo que establece esta Ley y conforme con las causales de excepción del procedimiento de selección de contratista previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamentación.

7. Celebrar los contratos y demás actos requeridos para el normal desarrollo de las actividades de la Superintendencia, según lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas.

8. Elaborar el código de ética aplicable a los servidores de la Superintendencia.

9. Presentar a la Junta Directiva los estados financieros no auditados de la Superintendencia, dentro de los dos meses siguientes al cierre del primer semestre de cada año fiscal.

10. Presentar a la Junta Directiva los estados financieros de la Superintendencia debidamente auditados por contadores públicos autorizados independientes, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada año fiscal.

11. Resolver todo asunto administrativo que no esté asignado a la Junta Directiva o a otra autoridad.

12. Ejercer las demás que le señale esta Ley.

Causales de remoción del superintendente.

Una vez nombrado, el superintendente no podrá ser removido, sino por las causales establecidas en este artículo, según decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dictada conforme al proceso previsto en el artículo 290 del Código Judicial. Está legitimado para solicitar dicha remoción únicamente el Organo Ejecutivo. Las causales de remoción son las siguientes:

1. Incapacidad manifiesta para cumplir sus funciones.

2. Declaración de quiebra, concurso de acreedores o estado de insolvencia manifiesta del superintendente.

3. Incumplimiento de los requisitos establecidos para su escogencia.

4. Negligencia o falta de probidad comprobada mediante los procedimientos legales pertinentes en el desempeño de sus funciones.

5. Incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que le impone esta Ley.

Confidencialidad.

La información obtenida por la Superintendencia en el ejercicio de sus funciones, relativa a los contratantes, asegurados, beneficiarios, terceros con un interés legítimo y clientes de las personas supervisadas deberá mantenerse bajo estricta confidencialidad y solo podrá ser revelada cuando sea requerida por autoridad competente, conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Superintendencia, incluyendo a todo su personal y a los auditores externos, asesores, administradores interinos, reorganizadores y liquidadores designados por ella, deberá guardar la debida confidencialidad sobre toda información que le haya sido suministrada o que haya obtenido conforme a esta Ley. En consecuencia, no podrá revelarla a terceras personas, salvo que le fuera requerida por autoridad competente conforme a lo dispuesto en este artículo. Se exceptúan de esta disposición los informes o documentos que, de conformidad con esta Ley y por su naturaleza, tienen carácter público y los que deba suministrar en cumplimiento de leyes sobre prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados.

Los servidores públicos que con motivo de los cargos que desempeñen tengan acceso a la información de que trata este artículo quedarán obligados a guardar la debida confidencialidad, aun cuando cesen en sus funciones.

Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo la información que, por razón de la supervisión consolidada, la Superintendencia deba compartir con entes supervisores extranjeros.

Determinación del ejercicio de una actividad supervisada.

Corresponderá a la Superintendencia determinar si una persona, empresa o entidad debe ser considerada como persona supervisada y si una persona natural o jurídica está ejerciendo actividades supervisadas.

Conformación.

La Junta Directiva actuará como máximo órgano de consulta, regulación y fijación de políticas generales de la Superintendencia y estará compuesta por siete directores con derecho a voz y voto.

Cinco de los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por el Organo Ejecutivo de acuerdo con los requisitos dispuestos en el artículo 18 y, de entre estos, se elegirá a un presidente y un secretario, quienes ejercerán el cargo por el término de un año. Dicho término podrá ser prorrogado por igual periodo.

Los otros dos directores serán designados por las juntas directivas de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Superintendencia de Bancos de Panamá, respectivamente, de entre sus propios miembros, por el término de dos años, prorrogable.

Los directores no recibirán remuneración ni gastos de representación, salvo dietas que fijará la Junta Directiva por su asistencia a las reuniones o por su participación en misiones oficiales.

Cuando en las reuniones de la Junta Directiva se traten temas sobre los cuales algún director o el superintendente pudieran tener conflictos de intereses, dicho director o el superintendente deberá abstenerse de participar en la reunión. A falta de abstención voluntaria, la Junta Directiva podrá solicitar formalmente al director o al superintendente, según el caso, que se abstenga de participar en la reunión y, por ende, en la decisión en cuyo caso actuará su suplente.

Requisitos para ser director.

Los miembros de la Junta Directiva deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser ciudadano panameño domiciliado en la República de Panamá.

2. No haber sido condenado por delito doloso.

3. No tener parentesco entre sí dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni con el superintendente o el subdirector.

4. Los directores independientes no podrán desempeñar simultáneamente cargo público a tiempo completo, excepto el de profesor en establecimientos de educación universitaria.

5. Poseer título universitario y experiencia mínima de cinco años en el sector de seguros, reaseguros, en el financiero o en otros afines que le califiquen para aportar efectivamente a la supervisión técnica y financiera de la actividad aseguradora.

6. No haber sido inhabilitado por la Superintendencia para ejercer alguna de las actividades supervisadas o como directivo o empleado de una reaseguradora o una aseguradora cautiva.

7. No haber sido declarado en quiebra ni en concurso de acreedores ni encontrarse en estado de insolvencia manifiesta

8. No ejercer alguna de las actividades supervisadas ni ser accionista que posea directa o indirectamente más del 5% de las acciones de una persona supervisada, director, empleado o tener participación en los beneficios de alguna de las personas supervisadas.

9. No tener parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con accionistas de personas supervisadas o en reaseguradoras o aseguradoras cautivas o cualquiera otra sometida a la regulación de esta Ley.

Duración en el cargo.

Los directores independientes de la Junta Directiva ejercerán sus cargos por un término de siete años, contado a partir de su nombramiento.

No obstante, a fin de permitir la renovación escalonada de los cargos de dichos directores de la Junta Directiva, en la designación inicial, se nombrarán dos directores por el término de cuatro años, un director por el término de cinco años y dos directores por el término de siete años.

Los directores designados por la Superintendencia de Bancos y por la Superintendencia del Mercado de Valores ejercerán sus cargos por un periodo de dos años.

Funciones.

Como ente superior jerárquico de la Superintendencia, corresponderá a la Junta Directiva el ejercicio de las siguientes atribuciones:

1. Discutir, aprobar y modificar el presupuesto anual de ingresos, gastos e inversiones de la Superintendencia.

2. Decidir la reorganización y liquidación forzosa así como la cancelación de las licencias de las aseguradoras.

3. Conocer, resolver y decidir las apelaciones promovidas contra las resoluciones y actuaciones del superintendente.

4. Aprobar normas de carácter general para que las empresas aseguradoras y reaseguradoras adopten y pongan en práctica reglas sobre gobierno corporativo, conforme a principios y estándares internacionales.

5. Aprobar normas generales para la identificación y supervisión de grupos económicos de los cuales las personas supervisadas forman parte.

6. Aprobar normas de aplicación general sobre valoración de activos y pasivos, sobre transferencias de cartera y fusión de empresas aseguradoras y reaseguradoras.

7. Aprobar normas de aplicación general sobre transferencia de cartera y fusión de las sociedades de corretaje de seguros, corredores de reaseguros y las sociedades de ajustadores de seguros y/o inspectores de averías.

8. Aprobar el diseño y la ejecución de sistemas, programas preventivos y correctivos para el control y supervisión de las personas naturales y jurídicas establecidas en esta Ley.

9. Aprobar la adopción de medidas necesarias para que las personas naturales y jurídicas supervisadas cumplan las disposiciones legales y reglamentarias sobre prevención del delito de blanqueo de capitales, así como sancionar las infracciones e incumplimientos es estas, en el ámbito de su competencia.

10. Aprobar el código de ética aplicable a los funcionarios de la Superintendencia.

11. Emitir opinión previa en el dictamen de las reglamentaciones de las disposiciones de esta Ley.

12. Promover actividades en concordancia con esta Ley que estimulen el crecimiento de la industria de seguros a nivel nacional e internacional.

13. Asesorar al superintendente y orientar su gestión.

14. Evaluar los informes trimestrales de desempeño en el desarrollo de las funciones del superintendente y la ejecución de los programas y proyectos de la Superintendencia.

15. Trazar la política de la Superintendencia sus metas y objetivos.

16. Actualizar o modificar los montos a que hacen referencia los artículos 41, 236 y 251.

17. Evaluar, aprobar, rechazar o modificar las fórmulas para el cálculo de los márgenes de solvencia y liquidez de las aseguradoras que presenta a su consideración el superintendente.

18. Evaluar, aprobar, rechazar o aplazar la aprobación de solicitudes de licencia para ejercer como aseguradora y reaseguradora.

19. Reglamentar mediante acuerdo de sus miembros las disposiciones técnicas de esta Ley.

20. Ampliar o excluir de la lista del artículo 53 productos de seguros, riesgos y/o coberturas de la comercialización a través de los canales de comercialización.

21. Aprobar las contrataciones mayores de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00).

22. Ejercer las demás que le señale la ley.

Remoción de directores.

Una vez nombrados, los directores no podrán ser removidos sino por las causales establecidas en esta Ley, según decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dictada conforme al procedimiento previsto en el artículo 290 del Código Judicial. Está legitimado para solicitar la remoción de directores únicamente el Organo Ejecutivo. Son causales para solicitar la remoción de directores las siguientes:

1. Incapacidad manifiesta para cumplir sus funciones.

2. Declaración de quiebra, concurso de acreedores o estado de insolvencia manifiesta del director.

3. Incumplimiento de los requisitos establecidos para su escogencia.

4. Negligencia o falta de probidad comprobada mediante los procedimientos legales pertinentes en el desempeño de sus funciones.

5. Inasistencia reiterada a las reuniones de la Junta Directiva.

6. Incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones que le impone esta Ley.

Principios de la Carrera.

Se crea la Carrera del Supervisor de Seguros, que se desarrollará mediante un sistema de administración de recursos humanos para estructurar, sobre la base del mérito y la eficiencia, las normas, los procedimientos y el plan de compensación aplicables a los servidores públicos al servicio de la Superintendencia.

Objetivos.

Son objetivos primordiales de la Carrera:

1. Garantizar que la administración de los recursos humanos de la Superintendencia se fundamente estrictamente en el desempeño eficaz y eficiente del funcionario, en su desarrollo profesional integral y en la remuneración adecuada a las necesidades y realidad financiera de la Superintendencia.

2. Garantizar el trato justo de los funcionarios, sin discriminación alguna por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

3. Garantizar la igualdad de las oportunidades de promoción.

4. Lograr el incremento de la eficiencia de los funcionarios y de la Superintendencia.

5. Garantizar dentro del servicio de la Superintendencia un ambiente de trabajo exento de presiones y temores políticos.

6. Promover la diversidad y la fluidez de ideas que permitan contar con funcionarios dignos, con conciencia de su papel al servicio de la sociedad y garanticen la adecuada competitividad de la Superintendencia.

7. Promover el ingreso y la retención de funcionarios que se distingan por su idoneidad, competencia, lealtad e integridad, cualidades necesarias para ocupar cargos dentro de la Superintendencia

En caso de que alguna norma de esta Sección no sea clara, se interpretará con base en estos propósitos.

Organos de la Carrera.

Los órganos superiores de la Carrera del Supervisor de Seguros son:

1. La Junta Directiva, que será la instancia competente para adoptar las disposiciones, el reglamento interno de trabajo, los manuales y las políticas necesarios para poner en ejecución las normas de la Carrera del Supervisor de Seguros.

2. El superintendente.

3. El Departamento de Recursos Humanos de la Superintendencia.

La Junta Directiva funcionará como organismo normativo y el resto de las instancias funcionará como organismo ejecutivo de las políticas de recursos humanos de la Superintendencia establecidas en esta Sección, y ajustarán su actuación a las disposiciones de la Constitución Política, de esta Ley y de los reglamentos internos y políticas que se dicten para su desarrollo.

Funciones de la Junta Directiva como miembro del Comité de Carrera.

Son atribuciones de la Junta Directiva, en función de Comité de Carrera, las siguientes:

1. Actuar como organismo consultivo de los órganos ejecutivos de la Carrera en lo concerniente a la aplicación y desarrollo de esta Ley.

2. Resolver en segunda instancia las apelaciones propuestas contra las sanciones de los funcionarios de Carrera.

3. Desarrollar el funcionamiento del Comité de Carrera mediante resolución de la Junta Directiva.

Servidores de Carrera.

Son funcionarios de Carrera los servidores que ingresen en un futuro a la Carrera del Supervisor de Seguros, según los procedimientos establecidos en esta Sección. El subdirector y demás funcionarios que determine la Junta Directiva son de libre nombramiento y remoción.

Servidores elegibles para ingresar a la Carrera.

El servidor que ingrese a la Superintendencia de acuerdo con las normas de reclutamiento y selección establecidas en esta Sección y en las normas adoptadas para poner en ejecución la Carrera adquirirá la calidad de funcionario de Carrera cuando cumpla un periodo de prueba no menor de dos años continuos, con una evaluación satisfactoria.

Los procedimientos de selección se diseñarán, al menos, con base en la competencia profesional, la preparación académica, la experiencia y la moral, aspectos que se comprobarán mediante instrumentos válidos de medición, previamente preparados y aprobados de acuerdo con lo establecido en esta Sección. Las personas que, al momento de

la entrada en vigencia de esta Ley, sean funcionarios de la Superintendencia serán acreditadas como funcionarios de Carrera, siempre que tengan al menos tres años continuos de laborar para la Superintendencia y, previa evaluación, cumplan con todos los requisitos y el perfil requerido para el cargo que ocupan.

Derechos mínimos del servidor de Carrera.

Los funcionarios de Carrera tendrán los derechos establecidos en esta Sección, en los reglamentos internos de la Superintendencia y principalmente, pero no con exclusividad, los siguientes:

1. Estabilidad en su cargo.

2. Ascensos y traslados.

3. Bono por antigüedad.

4. Licencias con sueldo o sin sueldo.

5. Indemnización por despido sin causa justificada

6. La estabilidad de los funcionarios de Carrera estará condicionada al desempeño eficaz, productivo, honesto, ágil y responsable, así como a la atención igualitaria, imparcial y respetuosa a los usuarios y ciudadanos.

Bono por antigüedad.

Los funcionarios de Carrera, al momento de cesar su relación laboral con la Superintendencia, tendrán derecho a un bono por antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, hasta un máximo de diez meses de salario. En caso de que algún año de servicio no se cumpla entero, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente.

Se tomará como base para el cálculo la última remuneración devengada. Solo recibirán el bono por antigüedad los funcionarios de Carrera que dejen su puesto por renuncia, despido injustificado, reducción de fuerza o invalidez.

En caso de fallecimiento del funcionario de Carrera, el bono por antigüedad será pagado en beneficio de la persona que resulte declarada por autoridad competente como heredera, de acuerdo con el procedimiento que dispone la Ley 10 de 1998.

Manual de acciones de personal.

La Superintendencia deberá preparar, con base en las normas adoptadas por la Junta Directiva, un manual detallado que defina las acciones de recursos humanos y los procedimientos que deben seguirse para tramitarlas.

Manual de clasificación y descripción de cargos.

La Superintendencia elaborará un manual de descripción y clasificación de cargos. Cada cargo tendrá la descripción específica de las tareas inherentes y los requisitos mínimos para ocuparlo. Las descripciones deberán ser revisadas y actualizadas periódicamente.

La clasificación de cargos tendrá su correspondiente nomenclatura, de acuerdo con la definición de los deberes, responsabilidades y requisitos mínimos. Cada puesto tendrá un grado asignado según su complejidad y jerarquía.

Administración de la retribución.

La Superintendencia diseñará una escala salarial que tome en cuenta la clasificación, la realidad financiera de la Superintendencia, las condiciones del mercado de trabajo y los estándares salariales de la plaza del sector financiero panameño.

La Superintendencia revisará, al menos cada dos años, la política de retribución para garantizar al funcionario de Carrera un salario que le permita mantener una condición de vida digna y decorosa, así como el respeto al principio de que por igual trabajo corresponde igual salario.

Incentivos.

La Superintendencia establecerá políticas o programas de motivación para los funcionarios de Carrera, a efecto de incentivar su productividad, eficiencia y competitividad, así como de mejorar su desarrollo moral, social, cultural y su espíritu de trabajo.

Las políticas o programas motivacionales establecerán incentivos económicos, morales y socioculturales, basados estrictamente en el desempeño y cumplimiento de objetivos del funcionario.

Evaluación del desempeño.

La Superintendencia establecerá un sistema de evaluación del desempeño y rendimiento que sirva de base a los sistemas de retribución, incentivos y capacitación.

El sistema de evaluación del desempeño y rendimiento constituye un conjunto de normas y procedimientos para evaluar y calificar el rendimiento de los funcionarios. La evaluación y la calificación se basarán únicamente en el desempeño y rendimiento, sin perjuicio de ninguna índole. Este sistema de evaluación será adoptado por la Junta Directiva.

Capacitación.

La Superintendencia establecerá las políticas de adiestramiento procurando dar preferencia a los cursos de capacitación dictados por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. No obstante, la Superintendencia en sus políticas y programas de capacitación actuará con plena autonomía y sin estar sometida a la aprobación de ninguna otra entidad.

Desvinculación del servidor.

El funcionario cesará su relación de trabajo con la Superintendencia en los casos siguientes:

1. Renuncia escrita, debidamente aceptada.

2. Reducción de personal.

3. Destitución.

4. Invalidez declarada de conformidad con los servicios de salud pública.

5. Desvinculación por efecto de evaluación del desempeño.

6. Fallecimiento.

Indemnización por desvinculación sin causa.

El servidor de Carrera, no obstante el derecho a la estabilidad que en esta Sección se le concede, podrá ser cesado en su cargo por el superintendente, en cualquier momento y por cualquier causa, siempre que se le pague, sin perjuicio del pago del bono por antigüedad, una indemnización calculada a razón de una semana de salario por cada año de trabajo, hasta un máximo equivalente a diez meses de salario. En caso de que el funcionario no complete el último año, el cálculo se hará en forma proporcional para dicho periodo.

Se tomará como base para el cálculo la última remuneración devengada. La Superintendencia cancelará esta indemnización por despido injustificado en un término no mayor de sesenta días laborables desde que se produzca el derecho.

Contradicción con otras normas.

Para los efectos exclusivos de esta Sección, en caso de contradicción entre las disposiciones que en esta se establecen y desarrollan y otras normas, se aplicará lo establecido en esta Ley y en las normas que precisen y fijen, en el ámbito administrativo, su interpretación y alcance.

Aprobación previa.

Cualquiera aseguradora podrá decidir voluntariamente su liquidación o disolución, para cuyos efectos deberá contar previamente con la aprobación de la Superintendencia, que la concederá siempre que la aseguradora solicitante posea suficientes activos para hacer frente a sus obligaciones.

Requisitos.

La aseguradora que solicite ante la Superintendencia su disolución o liquidación voluntaria deberá adjuntar los originales o copias autenticadas de los siguientes documentos:

1. Resolución de la Junta de Accionistas en la que se aprueba el acuerdo de disolución de la sociedad.

2. Copia autenticada del acuerdo de disolución o liquidación.

3. Certificación del Registro Público en la que conste la existencia de la sociedad, sus directivos y representante legal.

4. Estados financieros de los últimos cinco años.

5. Plan de atención de siniestros pendientes, devolución de primas y pago de acreencias.

6. Cualquiera otra información o documentación que requiera la Superintendencia.

Efectos de la liquidación.

Una vez concedida la aprobación por parte de la Superintendencia, la aseguradora solicitante cesará sus operaciones, por lo cual se procederá a revocar la autorización para operar en el ramo de seguros y sus facultades quedarán limitadas a las estrictamente necesarias para efectuar la liquidación, cobrar sus créditos, reembolsar a los contratantes, pagar a sus acreedores y, en general, finiquitar todos sus negocios.

Publicación de la resolución.

Autorizada la disolución o la liquidación, la aseguradora publicará en tres diarios de circulación nacional en la República, por cinco días consecutivos, la resolución emitida por la Superintendencia. A su vez, deberá remitir a cada contratante, acreedor o persona interesada que lo solicite el aviso de la disolución o liquidación de la empresa.

Prohibición de distribución de activos.

La aseguradora que decida su liquidación o disolución voluntaria no podrá hacer ninguna distribución del activo entre sus accionistas sin que previamente se haya cumplido con todos los contratantes y demás acreedores, siguiendo el acuerdo de disolución o liquidación aprobado por la Superintendencia.

Obligaciones especiales del liquidador.

Durante el periodo de liquidación voluntaria, los liquidadores estarán obligados a:

1. Informar a la Superintendencia sobre el curso de la liquidación con la periodicidad que esta determine.

2. Notificar a la Superintendencia si sus activos no son suficientes para cubrir sus pasivos, en cuyo caso se procederá a la toma del control administrativo de la empresa, de conformidad con lo establecido en la Sección 3ª.

Normas aplicables.

La liquidación o disolución voluntaria de una aseguradora se ajustará a lo establecido en su pacto social y al procedimiento señalado por la Ley de Sociedades Anónimas y el Código de Comercio, sin perjuicio de la fiscalización que efectúe la Superintendencia.

Situaciones de regularización.

En los casos en que la Superintendencia detecte, mediante el análisis de la información o en las visitas de inspección que efectúe, que la aseguradora se encuentra en algunas de las situaciones que se detallan en los numerales de este artículo, la someterá a un proceso de regularización como medida de alerta temprana para evitar que los contratantes, asegurados, beneficiarios, acreedores y demás interesados sufran perjuicios mayores. Las situaciones aludidas son:

1. Que no exista una íntegra y adecuada cobertura de las reservas que establece la ley o que no exista la paridad requerida con los activos admitidos.

2. Que su patrimonio neto ajustado no alcance el margen de solvencia mínima, la liquidez mínima requerida o ninguna de las dos.

3. Que de acuerdo con la tendencia de los resultados netos de la aseguradora se prevea objetivamente que se presentará en el año siguiente un déficit del patrimonio neto ajustado.

4. Que haya presentado a la Superintendencia información no fidedigna, adulterada o falsa.

5. Que los auditores contables externos o los actuarios externos se hayan abstenido de emitir opinión sobre los estados financieros o reservas matemáticas y técnicas, que su opinión sea negativa o que la entidad haya omitido la publicación del informe de auditoría externa con arreglo a las disposiciones que dicte la Superintendencia.

6. Que existan prácticas de gestión que pongan en grave riesgo los recursos e intereses de los contratantes o asegurados.

7. Que no se cuente con coberturas de reaseguro que respondan a las necesidades de retención.

8. Que exista incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones escritas de la Superintendencia orientadas a corregir o superar deficiencias.

Asesor.

En los casos previstos en el artículo anterior, la Superintendencia podrá, sin perjuicio de las medidas inmediatas que exija a la aseguradora, ordenarle la designación de una o varias personas que reúnan la preparación y experiencia adecuadas para que la asesore sobre las medidas específicas o de carácter general que debe tomar para subsanar la deficiencia.

El superintendente fijará la remuneración que la aseguradora pagará al asesor.

En ningún caso, el asesor podrá ser director, dignatario, miembro o empleado de una empresa de auditoría externa que haya efectuado una inspección a la aseguradora o que haya refrendado sus estados financieros, dentro de los cinco años anteriores a su designación. Los funcionarios de la Superintendencia, así como las personas naturales que hayan practicado una inspección, sus socios o empleados, si los tuviera, quedarán igualmente impedidos para actuar como asesores de la aseguradora. El asesor estará obligado a guardar estricta confidencialidad en relación con la información y documentación a que tenga acceso en el ejercicio de sus funciones.

Notificación del proceso de regularización.

En las situaciones descritas en el artículo 85, la Superintendencia, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan conforme a esta Ley, convocará a la gerencia general y junta directiva de la aseguradora para notificarles el inicio de un proceso de regularización obligatoria, indicando los hechos que lo motivaron.

Atribuciones del asesor.

Cuando haya sido designado un asesor, este tendrá las facultades que determine el superintendente por escrito, al momento que ordene su designación o en fecha posterior, y las que sean inherentes a la tarea que se le encomiende. En cualquier caso, queda entendido que el asesor tendrá acceso a todos los documentos, actas, correspondencia y registros de la aseguradora, a fin de efectuar una evaluación cabal de aquellos aspectos irregulares o de otra índole que la afecten operativa, administrativa o financieramente que hayan motivado el proceso de regularización.

Por iniciativa propia o mientras dure la asesoría, el superintendente podrá tomar u ordenar medidas preventivas, restrictivas o limitativas en beneficio de los intereses de los contratantes, asegurados, beneficiarios, acreedores y demás interesados y podrá delegar estas facultades al asesor.

Plan de regularización.

El Consejo de Administración o la Junta Directiva de la aseguradora, obligatoriamente, elaborarán y presentará a la Superintendencia un plan de regularización en el plazo no mayor de treinta días calendario a la fecha de la notificación.

El plan establecerá necesariamente la regularización de los hechos que lo motivaron. El periodo de regularización y el del asesor, en los casos en que se haya designado, no podrá ser mayor de tres meses prorrogables por un periodo igual, pero podrá terminar antes del plazo fijado cuando la aseguradora demuestre, a satisfacción de la Superintendencia, que enmendó y corrigió los hechos que originaron la regularización o cuando la aseguradora incurraen alguna de las causales de toma de control administrativo previstas en esta Ley. La Superintendencia podrá, en caso de que resulte necesario y de acuerdo con las constancias que emanen de la regularización, prorrogar de oficio el término para completarla.

Durante la vigencia del proceso de regularización, la aseguradora no podrá distribuir, directa o indirectamente, utilidades o excedentes.

Contenido del plan de regularización.

La Superintendencia establecerá los parámetros que debe contener el plan de regularización, de acuerdo con la gravedad de los hechos que motivaron el proceso de regularización.

El plan de regularización establecerá las condiciones, procedimientos, metas e indicadores de medición para verificar su cumplimiento. Además, la presentación del plan deberá ir acompañada de una declaración jurada conjunta de los consejeros o directores y la gerencia general de la aseguradora en la que se comprometen a ejecutar el plan presentado.

Informes del asesor.

Cuando se haya designado un asesor, este rendirá informes al superintendente, con copia a la aseguradora, con la frecuencia que considere necesaria, los cuales deben contener como mínimo una relación detallada y precisa de la situación de la aseguradora con respecto a las irregularidades que motivaron su designación. Cualquier acto u omisión de los empleados de la aseguradora que obstaculice la labor del asesor, según este determine, o la ejecución del plan de regularización aprobado por la Superintendencia dará lugar al despido inmediato de dichos empleados, sin perjuicio de otras sanciones administrativas que el superintendente imponga a la aseguradora a su discreción.

Terminación de la regularización.

Al vencimiento del término del plan de regularización, el asesor emitirá un informe final que contendrá su opinión sustentada con respecto al estado de la aseguradora y las circunstancias que motivaron la regularización.

Causales de toma de control administrativo y operativo.

El superintendente, mediante resolución motivada, podrá decidir la toma de control administrativo y operativo de una aseguradora, incluyendo la posesión de sus bienes y el ejercicio de su administración, para la mejor defensa de los intereses de los contratantes, asegurados y acreedores, por cualquiera de las siguientes causas:

1. Por solicitud fundada de la propia aseguradora.

2. Si la aseguradora no cumple a satisfacción de la Superintendencia, dentro del plazo fijado, con el plan de regularización a que hubiera sido sometida.

3. Si la aseguradora incumple el capital mínimo requerido, o el nivel de las reservas se encuentren por debajo de lo requerido por la ley.

4. Si la aseguradora realiza sus operaciones de modo ilegal, negligente o fraudulento.

5. Si la aseguradora no puede proseguir sus operaciones sin que corran peligro los intereses de los contratantes.

6. Si el activo de la aseguradora no es suficiente para satisfacer íntegramente su pasivo.

7. Si la solvencia y/o liquidez de la aseguradora son insuficientes de forma que se pongan en peligro los derechos y patrimonios de los contratantes, acreedores y personas interesadas.

8. Si la Superintendencia lo juzga conveniente, por haber demorado sin justificación la liquidación o disolución voluntaria.

Notificación de la resolución.

En la resolución que decrete la toma de control administrativo, la Superintendencia ordenará la fijación de una copia de esta en un lugar público y visible del establecimiento principal de la aseguradora. En esta se señalará la hora en que entró en vigor la toma de control, la cual en ningún caso será anterior a la fijación del aviso y permanecerá fijado por tres días hábiles, al término de los cuales se entenderá hecha la notificación. Esta resolución deberá publicarse por tres días consecutivos, de manera simultánea a la fijación del aviso de notificación, en tres diarios de circulación nacional.

Medio de impugnación.

La resolución que decrete la toma de control administrativo y operativo dictada por el superintendente es susceptible del recurso de apelación ante la Junta Directiva, el cual será concedido en el efecto devolutivo. Bajo ninguna circunstancia, se suspenderán los efectos de la resolución que ordene la toma de control administrativo y operativo.

La resolución que decida el recurso de apelación será notificada por edicto que se fijará por tres días consecutivos en un lugar público de la Superintendencia, y contra ella cabe únicamente el recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción. El término para presentar la demanda correspondiente será de diez días hábiles, contado a partir de la fecha en que se desfijó el edicto mencionado.

La interposición de la demanda contencioso-administrativa no suspenderá, en modo alguno, los efectos de la intervención ni habrá lugar a que se decrete la suspensión provisional de dicha orden.

Designación del administrador interino.

En la resolución que decrete la toma de control administrativo, la Superintendencia designará el administrador interino, a fin de que ejerza privativamente la representación legal, administración y control de la aseguradora a nombre de la Superintendencia, y, en consecuencia, deberá responder e informar del progreso de su gestión a esta.

Facultades y obligaciones del administrador interino.

El administrador interino tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

1. Suspender o limitar el pago de las obligaciones de la aseguradora intervenida, por un plazo que en ningún caso excederá el término de la toma de control.

2. Contratar al personal auxiliar necesario y remover o destituir a los empleados cuyos servicios a su juicio no sean estrictamente necesarios y a aquellos cuya actuación dolosa o negligente haya sido causa de la intervención.

3. Iniciar, defender y proseguir acciones judiciales, administrativas o de arbitraje.

4. Ejercer cualquiera otra facultad que, previa solicitud fundada del administrador o administradores interinos, sea autorizada por la Superintendencia para un propósito determinado.

5. Atender la correspondencia y otorgar cualquier otro documento a nombre de la aseguradora.

6. Presentar a la Superintendencia en un término no mayor de treinta días hábiles un informe de toma de control, en el cual detallará los aspectos relevantes de su gestión y recomendará a la Superintendencia la reorganización, la liquidación forzosa, la devolución de la administración y control de la empresa a sus directores o la venta o transferencia de cartera.

7. Realizar un inventario del activo y pasivo de la aseguradora, y remitir copia de este a la Superintendencia.

8. Presentar un informe final detallado al culminar el periodo de toma de control administrativo y operativo.

9. Determinar el patrimonio real de la empresa, conforme con las normas de valuación establecidas por la Superintendencia. Además, están facultados para cancelar las obligaciones o pérdidas surgidas, con cargo a las reservas legales y facultativas o de libre disposición y, en su caso, al capital social.

10. Cumplir las instrucciones dictadas por la Superintendencia.

Requisitos del administrador interino.

Para ser administrador interino se requerirá tener título universitario y un mínimo de cinco años de experiencia gerencial administrativa en la industria aseguradora.

Duración de la toma de control administrativo.

El periodo de toma de control administrativo será hasta por treinta días hábiles, prorrogable por una sola vez hasta por sesenta días hábiles más.

Plazo de decisión.

La Superintendencia dispondrá de un plazo de treinta días calendario para decidir sobre la recomendación del administrador interino.

Protección de la aseguradora.

La aseguradora en este estado no será sujeta de secuestro, embargo o retención ni procederá solicitud alguna de quiebra o de liquidación forzosa. Así mismo, se suspende la prescripción de los créditos y deudas de esta.

Tampoco podrán pagarse, sin la autorización de la Superintendencia, deudas de la aseguradora, originadas con anterioridad a la toma de control administrativo ni podrán celebrarse o contratarse negocios nuevos.

Suspensión de la toma de control administrativo.

Si durante el periodo de la toma de control administrativo y operativo se subsana la causa que la originó, el administrador o administradores interinos podrán solicitar su suspensión a la Superintendencia, la cual contará con un plazo de quince días calendario para aprobar o negar tal solicitud. En caso de ser aprobada, se devolverá la administración y control de la aseguradora a sus directores.

Contenido del plan de reorganización.

Si dentro del plazo que establece el artículo 100, la Superintendencia decide que es conveniente la reorganización de la aseguradora, con el propósito de que se tomen las medidas y se adopten los cambios que sean necesarios para proteger los mejores intereses de los contratantes, asegurados y acreedores, elaborará un plan de reorganización que contendrá lo siguiente:

1. La designación de un Comité Ejecutivo integrado por el número de personas que estime necesario, que no tengan relación directa ni indirecta con la aseguradora. El Comité Ejecutivo ejercerá privativamente la administración y control de la aseguradora mientras dure la reorganización y responderá a la Superintendencia. El Comité estará compuesto por personas con un mínimo de cinco años de experiencia administrativa en el ramo de seguros a que se dedique la aseguradora en reorganización. Dichas personas serán designadas por la Superintendencia, previa consulta con la asociación o asociaciones nacionales de aseguradores. A su vez, este Comité Ejecutivo dictará su propio reglamento para la celebración de sesiones y toma de decisiones.

2. Las pautas generales, en cuanto al método de reorganización para lograr que la aseguradora vuelva a tener una operación eficiente y segura, teniendo en consideración el interés de los asegurados, acreedores, accionistas o socios.

3. Las instrucciones para la remoción de cualquier director, dignatario, ejecutivo, administrador u otro empleado, cuya actuación dolosa o negligente haya sido causa total o parcial de la intervención y reorganización de la compañía.

4. El periodo dentro del cual se deberá completar la reorganización, que podrá ser prorrogado hasta por igual duración por la Superintendencia, con base en solicitud motivada del Comité Ejecutivo.

La Superintendencia tendrá amplias facultades para conducir la reorganización de la aseguradora de acuerdo con los términos que establecen esta Ley y su reglamentación.

Protección de la aseguradora.

La puesta en vigor del plan de reorganización será precedida de su publicación por tres días consecutivos en tres diarios de circulación nacional y, mientras esté vigente, será obligatorio para todos los acreedores de la aseguradora y no procederá causa alguna de declaratoria de quiebra ni de liquidación forzosa, ni secuestro, ni embargo alguno sobre los bienes resultantes de obligaciones adquiridas con anterioridad al plan de reorganización. Así mismo, se suspende la prescripción de los créditos, deudas y los términos en los juicios o procedimientos en los que la aseguradora sea parte. Dichos términos se mantendrán suspendidos hasta que termine la etapa de reorganización, salvo que se ordene de inmediato la liquidación forzosa, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 112.

Facultades del reorganizador.

El reorganizador o el Comité Ejecutivo de Reorganización tendrá amplias facultades para conducir la reorganización de la aseguradora.

Entre estas facultades se encuentran:

1. Fijar el valor de las acciones en ese momento.

2. Nombrar nuevos administradores.

3. Autorizar la emisión de nuevas acciones de la aseguradora, así como su venta a terceros, al precio que el reorganizador o el Comité Ejecutivo de Reorganización determine.

4. Gestionar y ejecutar la fusión o la consolidación de la aseguradora con una o más aseguradoras, la transferencia forzosa de la cartera, la venta o liquidación parcial de sus activos o la constitución de gravámenes sobre estos, según los criterios que sean desarrollados por la Superintendencia.

5. Recomendar a la Superintendencia el proceso de liquidación forzosa.

6. Ejercer cualesquiera otras facultades que, previa solicitud fundada del reorganizador o la junta de reorganización, sea autorizada por el superintendente para un propósito determinado.

7. Ejercer las funciones adicionales que la Superintendencia considere necesarias.

Transferencia forzosa.

En caso de que el Comité Ejecutivo o el reorganizador proponga la transferencia forzosa de la cartera como medida necesaria dentro del proceso de reorganización, la Superintendencia " dictará resolución fundada que contendrá los criterios que deberá seguir el reorganizador o el Comité. Para tales efectos, la Superintendencia estará dotada con las facultades de enajenación que las leyes de sociedades anónimas o el Código de Comercio confieren a los accionistas o directores, según sea el caso, que podrán ser delegadas en el reorganizador o el Comité Ejecutivo, para los [mes del numeral 4 del artículo anterior.

Informe del reorganizador.

El Comité Ejecutivo o el reorganizador rendirá un informe mensual de su gestión a la Superintendencia, que incluirá un informe financiero con la misma fecha de cierre que el informe mensual correspondiente. Además, el Comité Ejecutivo rendirá los informes adicionales que solicite la Superintendencia

Medio de impugnación.

La resolución del superintendente que ordena la reorganización podrá ser impugnada mediante recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley. Contra la resolución del superintendente que ordena la reorganización de la aseguradora no cabrá la suspensión del acto administrativo.

Terminación de la reorganización.

De concluir satisfactoriamente la gestión de reorganización, la Superintendencia devolverá la administración y control de la aseguradora a sus directores o representantes legales, según sea el caso.

Procedencia de la liquidación forzosa.

Al vencimiento del periodo de reorganización o de su prórroga, de no haberse completado satisfactoriamente la reorganización, o en cualquier momento en que el Comité Ejecutivo lo considere necesario por encontrarse la aseguradora en estado de insolvencia o por cualquier otro motivo que haga imposible o extremadamente difícil su recuperación, la Superintendencia dará por terminada la reorganización e iniciará el proceso de liquidación forzosa de la aseguradora, que se establece en esta Ley. También se procederá de esta manera, cuando medie solicitud en tal sentido de los acreedores, contratantes y asegurados de las aseguradoras que representen una mayoría de las deudas pendientes de pago, sean o no de plazo vencido, y del valor de las pólizas vigentes emitidas por la aseguradora.

Costos de la reorganización.

Los costos que cause la reorganización, incluyendo los emolumentos del reorganizador o de los miembros del Comité Ejecutivo, según sean fijados por la Superintendencia, serán con cargo a la aseguradora en reorganización. En ningún caso estos emolumentos excederán los que perciben los gerentes y demás personal ejecutivo de la organización.

Oportunidad para decretar la liquidación forzosa.

Si durante o como resultado de la reorganización o dentro del término del artículo 100, la Superintendencia juzga que procede la liquidación forzosa de la aseguradora, dictará una resolución motivada en la que ordenará su liquidación administrativa y designará a uno o más liquidadores que deberán reunir los mismos requisitos que los establecidos para actuar como administrador interino de una aseguradora.

Notificación de la resolución.

El superintendente ordenará la fijación de un aviso que contendrá la transcripción de la resolución que dispone la liquidación forzosa de la aseguradora en un lugar público y visible del establecimiento principal de esta y sus sucursales.

La resolución señalará la hora en que entrará en vigor la orden de liquidación, la cual en ningún caso será anterior a la hora de fijación del aviso.

El aviso de que trata el párrafo anterior permanecerá fijado por un término de cinco días hábiles. Vencidos los cinco días hábiles a partir de la fijación del aviso en el establecimiento principal de la aseguradora, se entenderá hecha la notificación. Este aviso deberá permanecer fijado durante todo el periodo de la liquidación.

Una vez fijado el aviso, la resolución deberá publicarse por cinco días hábiles en un diario de circulación nacional.

Designación del liquidador.

La Superintendencia designará, según sea el caso y a su discreción, dependiendo de la complejidad de la aseguradora, a un liquidador o a una junta de liquidación conformada por hasta tres miembros cuyos integrantes no tengan relación directa ni indirecta con la aseguradora o entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad. El liquidador o la junta de liquidación ejercerá privativamente la menos uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. El superintendente designará a la persona encargada de presidir la junta de liquidación. representación legal, administración y control de la aseguradora, y responderá al superintendente. En caso de un solo liquidador, este deberá contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el sector de la industria de seguros y si se tratara de una junta de liquidación, al

El liquidador o la junta de liquidación dependerá funcionalmente del superintendente de Seguros y Reaseguros, y dará cuenta de sus actuaciones a la Junta Directiva por medio del superintendente. Además, deberá llevar cuenta ordenada y comprobada de su gestión.

El liquidador o la junta de liquidación orientará la marcha del proceso de liquidación forzosa tomando en cuenta los siguientes criterios:

1. La celeridad que debe revestir el proceso a fin de hacer líquidos con la mayor prontitud posible, y atendiendo las normas que en ese sentido desarrolle la Superintendencia, los bienes de la aseguradora para satisfacer las acreencias que hubiera.

2. La diligencia, simplicidad y transparencia en el trámite.

3. El respeto de los derechos y prelaciones que reconozca esta Ley.

Medio de impugnación.

La resolución que ordena la liquidación forzosa podrá ser impugnada por el afectado mediante recurso contencioso-administrativo de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la ley, dentro de los diez días hábiles siguientes a la última publicación del aviso de que trata esta Sección. Contra la resolución de la Superintendencia que ordena la liquidación forzosa de la aseguradora no cabrá la suspensión del acto administrativo.

Suspensión de términos.

Cuando una aseguradora se encuentre en estado de liquidación forzosa, se entenderán suspendidos hasta por seis meses los términos de prescripción de todo derecho o acción de que sea titular la aseguradora y los términos en los procesos administrativos en los que esta sea parte y no podrá ejecutarse sentencia en su contra. Se excluyen los procesos que persigan la ejecución de una prenda, hipoteca u otra garantía real. La aseguradora podrá renunciar a este derecho en los casos en que lo considere ventajoso para la liquidación.

Suspensión de intereses.

A partir de la resolución que ordene la liquidación forzosa, cesarán de correr los intereses sobre las obligaciones de la aseguradora en liquidación, salvo que se trate de obligaciones garantizadas con prenda o hipoteca sobre bienes de esta, en cuyo caso los acreedores podrán exigir los intereses corrientes de su acreencia hasta donde alcance el producto de la cosa gravada.

Convocatoria de acreedores.

La resolución que ordena la liquidación requerirá a los contratantes, beneficiarios y demás acreedores que comparezcan a la aseguradora a presentar sus acreencias. Estos podrán comparecer en cualquier momento hasta que el liquidador o la junta de liquidación dicte el informe de que trata el artículo siguiente, término que en ningún caso será menor de treinta días hábiles o mayor de sesenta días hábiles, contado a partir de la última publicación a que se refiere el artículo 113. No obstante, la falta de comparecencia no afectará las obligaciones debidamente comprobadas en los registros de la aseguradora.

Informe preliminar del liquidador.

El liquidador o la junta de liquidación elaborarán un informe preliminar, que contendrá la siguiente información:

1. Nombre de los acreedores de la aseguradora.

2. Título o prueba de las acreencias y su prelación.

3. Identificación de los deudores de la aseguradora.

4. Balance general, determinando las pérdidas.

El liquidador publicará una lista de deudores y acreedores a efecto de que comparezcan a la liquidación, por un periodo de tres días hábiles en un diario de circulación nacional y en la página web de la aseguradora y de la Superintendencia, en la que la información debe mantenerse accesible durante el periodo de liquidación. Los acreedores tendrán un término de treinta días hábiles, contado a partir de la última publicación, para solicitar las aclaraciones o formular las objeciones que tengan a bien.

Resoluciones del liquidador.

Vencido el término de treinta días a que se refiere el artículo anterior, el liquidador o la junta de liquidación dictará las resoluciones motivadas que estime necesarias, en las que resolverá las objeciones formuladas y dispondrá lo siguiente:

1. Identificación de los bienes que integran la masa de la liquidación.

2. Inventario de las acreencias y demás obligaciones que fueron aceptadas y las que fueron rechazadas, señalando su naturaleza y su cuantía.

3. Orden de prelación con que las obligaciones de la aseguradora serán pagadas.

De igual forma, en cuaderno separado, el liquidador o la junta de liquidación dictará una resolución que contendrá la lista de los bienes excluidos de la masa de la liquidación.

Cada una de las resoluciones de que trata este artículo deberá ser publicada en un diario de circulación nacional por cinco días hábiles y podrá ser impugnada por la vía incidental ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la última publicación. La sustanciación se surtirá ante el liquidador o la junta de liquidación que, a su prudente arbitrio, podrá ordenar la acumulación de los incidentes que tengan causa, partes o pretensión común.

Surtido el trámite, el liquidador o la junta de liquidación enviará a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia los distintos cuadernos, junto con un informe explicativo de su resolución, con el propósito de que los incidentes sean decididos. En consideración al carácter de interés social que debe tener la liquidación forzosa administrativa, las impugnaciones remitidas por el liquidador o la junta de liquidación a la Sala Tercera deberán ser resueltas con prelación a cualquier otro proceso contencioso-administrativo.

Bienes de la masa activa.

Integran la masa de la liquidación todos los bienes y derechos presentes y futuros de la aseguradora en liquidación.

No forman parte de la masa de la liquidación las especies identificables que aunque encontrándose en poder de la aseguradora pertenezcan a otra persona, lo que se deberá acreditar con pruebas suficientes. Tampoco podrán formar parte de la masa de la liquidación los dineros o bienes remitidos a la aseguradora en desarrollo de una comisión, mandato o fideicomiso siempre que haya prueba escrita sobre la existencia del contrato a la fecha en que se decretó la liquidación. La administración de los fideicomisos podrá ser delegada a terceros debidamente autorizados para ello.

El liquidador o la junta de liquidación deberá devolver a sus dueños los bienes que no forman parte de la masa tan pronto sea razonablemente posible, una vez identificados. El liquidador devolverá los bienes de conformidad con los registros de la aseguradora.

Deudas de la masa. Se consideran deudas de la masa:

1. Las que provengan de gastos judiciales u operaciones extrajudiciales incurridos en el interés común de los acreedores para la comprobación y liquidación del activo y pasivo de la liquidación, para la administración, conservación y realización de los bienes de la aseguradora y para la distribución del precio que produzcan, incluyendo los honorarios del liquidador o de la junta de liquidación y el fiduciario del que tratan los artículos 125 y 126, los salarios del personal que preste sus servicios en la liquidación y los gastos operativos de la aseguradora.

2. Las que resulten de actos o contratos legalmente ejecutados o celebrados por el liquidador o la junta de liquidación o el fiduciario.

3. Las sumas que la aseguradora deba devolver por haberse resuelto algún acto o contrato de la aseguradora y la indemnización debida al poseedor de buena fe de las cosas que la liquidación reivindique.

4. Los impuestos nacionales y municipales corrientes.

5. Las deudas de la masa deberán ser pagadas con prelación a otra obligación de la aseguradora, salvo por las obligaciones garantizadas con prenda, hipoteca u otros derechos reales de que trata el artículo 132.

Orden de prelación de créditos.

Salvo lo dispuesto en otros artículos de esta Ley, las obligaciones de la aseguradora serán pagadas durante la liquidación en el siguiente orden:

1. El Fondo de Ahorro y el Valor de Rescate de las pólizas de vida individual, pensiones, anualidades, rentas y rentas vitalicias. Estos pagos serán realizados a prorrata en proporción a la cuantía de tales valores desglosados e identificados.

2. Los siniestros autorizados y no pagados acaecidos antes de la entrada en vigor de la toma de control de la reorganización, hasta la suma de diez mil balboas (B/.10,000.00).

3. La prima pagada y no devengada, así como la reserva matemática de las pólizas de vida individual no consideradas en el numeral 1.

4. Las obligaciones de carácter laboral.

5. Las obligaciones a favor de la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas empleado-empleador de los empleados de la aseguradora.

6. Las obligaciones de carácter tributario con el Tesoro Nacional o los municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado.

7. Las demás obligaciones.

Las obligaciones comprendidas dentro de cada una de las categorías anteriores se pagarán a prorrata. Cada categoría excluye a las otras según el orden establecido en este artículo hasta donde alcancen los bienes de la aseguradora. No obstante, el privilegio de los ahorristas y rentistas será sobre las inversiones que el liquidador pueda identificar que respaldan el Fondo de Ahorro y el Valor de Rescate de dichas pólizas, según lo establece el numeral Luego de liquidadas y agotadas estas, sin que se haya saldado a todos los ahorristas y rentistas, estos tendrán la misma gradación que las obligaciones del numeral 6.

Las obligaciones reconocidas mediante sentencias o laudo arbitral serán pagadas en la categoría que corresponda, según su naturaleza y a prorrata.

No se aplicará al pago de las obligaciones de las aseguradoras el orden de prelación o de preferencia establecido en otras leyes.

Los acreedores domiciliados en Panamá por sus créditos convenidos en el país gozarán de preferencia sobre los bienes y derechos de la aseguradora situados en el territorio nacional.

Facultades del liquidador.

El liquidador o la junta de liquidación tendrá las siguientes facultades:

1. Suspender o limitar el pago de las obligaciones de la aseguradora y de las deudas de la masa según la disponibilidad de los recursos.

2. Emplear al personal necesario y separar del cargo a los empleados cuya actuación dolosa o negligente haya propiciado la liquidación, así como a los empleados que, por reducción de las actividades de la aseguradora, sean innecesarios.

3. Atender la correspondencia y otorgar cualquier documento a nombre de la aseguradora.

4. Administrar, controlar y custodiar los activos de la aseguradora.

5. Ceder o vender activos de acuerdo con su valor realizable, neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste que determine la Superintendencia, conforme a las normas y regulaciones prudenciales existentes.

6. Transferir total o parcialmente los activos y pasivos de la aseguradora a una entidad con licencia para ejercer el negocio de fideicomiso en Panamá, previa autorización de la Superintendencia.

7. Ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro de sus atribuciones que permitan el inicio, perfeccionamiento y ejecución de la liquidación a través del traspaso de activos y pasivos y del fideicomiso.

8. Establecer en el contrato de fideicomiso los mandatos, los términos y las condiciones para la conducente liquidación de activos y pasivos transferidos.

9. Ejercer cualquiera otra facultad que, previa solicitud fundada del liquidador o de la junta de liquidación, sea autorizada por el superintendente para un propósito determinado.

Autorización para crear un fideicomiso.

Cuando el superintendente considere que el valor realizable de los activos en la masa de liquidación y la oportunidad y probabilidad de recuperación de las acreencias no justifiquen los costos de la liquidación, podrá ordenar al liquidador o a la junta de liquidación la transferencia de los activos y pasivos remanentes de la aseguradora a una entidad fiduciaria.

Los activos transferidos se tomarán de acuerdo con su valor realizable, neto de provisiones, reservas y cualquier otro ajuste que determine el superintendente conforme a las normas y regulaciones prudenciales existentes.

Los pasivos transferidos se tomarán a prorrata de acuerdo con el valor realizable de los activos transferidos.

Obligaciones del fiduciario.

El fiduciario estará obligado a lo siguiente:

1. Emitir los certificados de participación negociables que atribuyen a sus titulares los derechos que en ellos se consignen y que serán representativos de la parte alícuota del patrimonio fideicomitido. Los certificados de participación serán emitidos de forma nominativa.

2. Pagar las obligaciones de la liquidación.

3. Gestionar la enajenación y realización de todos los bienes, derechos y demás activos de la aseguradora en las condiciones más ventajosas posibles.

4. Administrar la cartera de crédito y hacer las gestiones de cobro correspondientes.

5. Administrar, en general, los activos y pasivos transferidos.

6. Emitir informes mensuales requeridos por la Superintendencia.

7. Cumplir cualesquiera otras obligaciones que establezca la Superintendencia.

Excepción de aplicación de la Ley de Valores.

El fideicomiso a que se refiere el artículo 125, los certificados de participación negociables y la emisión de estos, señalados en el artículo anterior, no estarán sujetos a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 1 de 1999.

Terminación de la liquidación.

Una vez cumplidas las funciones para las cuales fue designado y habiendo traspasado todos los activos al fideicomiso, el liquidador o la junta de liquidación cesará en sus funciones.

Reanudación de la liquidación.

Si con posterioridad a la terminación de la liquidación de una aseguradora se tiene conocimiento de la existencia de bienes o derechos de propiedad de dicha aseguradora, el superintendente ordenará la reanudación del proceso de liquidación, designará un liquidador con el fin de inventariar tales activos y transferirlos al fideicomiso al que se transfirieron los activos y pasivos residuales de la liquidación.

Las personas que se consideren afectadas por la resolución podrán impugnarla mediante recurso de reconsideración ante el superintendente, o de apelación ante la Junta Directiva de la Superintendencia.

Resolución de contratos.

Desde la fecha en que quede ejecutoriada la resolución mediante la cual se ordene la liquidación forzosa, el liquidador o la junta de liquidación podrá dar por terminados los contratos de arrendamiento, de servicios, administrativos y operativos, incluyendo las cláusulas compromisorias o arbitrales contenidas en dichos contratos. A partir de la ejecutoria de la resolución, no podrá demandarse a la aseguradora en liquidación por el incumplimiento de dichos contratos y no aplicarán las cláusulas de penalidad pactadas en estos.

Inhibición de procesos.

Una vez ejecutoriada la resolución que ordena la liquidación de una aseguradora, esta no podrá ser demandada o llamada a ser parte en un proceso arbitral.

Obligaciones con garantías reales.

Las obligaciones garantizadas con prenda, hipoteca u otros derechos reales gozarán de preferencia sobre cualesquiera otras obligaciones respecto de los bienes gravados, hasta donde alcance su valor realizable, salvo las sumas adeudadas al fisco en concepto de impuesto de inmuebles sobre los bienes gravados.

Los acreedores podrán presentar dichos créditos en la liquidación o exigirlos por separado mediante el proceso judicial o extrajudicial correspondiente.

Arrendamiento financiero.

En relación con los bienes arrendados por la aseguradora de conformidad con un contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles, se observará lo dispuesto en el régimen legal que regula dicha materia.

Disolución de la aseguradora.

Concluida la liquidación, el liquidador o la junta de liquidación o el fiduciario, según sea el caso, deberá presentar, para la aprobación de la Superintendencia, en los términos establecidos por esta, el informe final de liquidación. Una vez aprobado, la Superintendencia ordenará la disolución de la aseguradora y enviará el oficio correspondiente al Registro Público.

En caso de una sucursal de aseguradora extranjera, se procederá a anular la inscripción correspondiente en el Registro Público.

Bienes inembargables.

Los bienes de una aseguradora en liquidación no son susceptibles de medidas cautelares o de embargos, salvo que estuvieran fundados en un derecho real. Las que fueron practicadas se levantarán en beneficio de la aseguradora en liquidación.

Apelación ante la Junta Directiva.

Las resoluciones que dicte el liquidador o la junta de liquidación que no sean susceptibles de ser impugnadas ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia serán apelables ante la Junta Directiva de la Superintendencia.

Ley aplicable.

Las aseguradoras que se encuentren en proceso de liquidación o de quiebra al entrar en vigencia esta Ley se regirán por el procedimiento establecido por la Ley 59 de 1996.

Improcedencia de la quiebra.

No se podrá solicitar la declaratoria de quiebra de las aseguradoras.

Costos de la liquidación.

Los costos que cause la liquidación, incluyendo los sueldos y emolumentos del liquidador o de la junta de liquidación, según sean fijados por la Superintendencia, serán con cargo a la aseguradora en liquidación.

Validez del contrato de seguro.

La validez del contrato de seguro estará sujeta al pago de la prima por parte del contratante, conforme a lo establecido en la póliza respectiva. La prima podrá ser pagada al contado o de manera fraccionada, según convengan la aseguradora y el contratante, acuerdo que se extiende a las renovaciones subsiguientes. Una vez convenida la forma de pago, solo podrá ser cambiada mediante acuerdo entre las partes.

Contenido mínimo de la póliza.

Los contratos de seguros deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 143.

Libertad de contratar.

Toda persona natural o jurídica tiene libertad de contratar los seguros directamente en las aseguradoras o por intermedio del corredor de seguros, agente de ventas de seguros, ejecutivos de cuentas de seguros o por medio de los canales de comercialización autorizados por esta Ley, así como el tipo de seguro, la prima, condiciones generales y particulares y cualesquier otros requisitos específicos según sus necesidades.

Los clientes de los bancos privados y estatales, empresas financieras, fiduciarias, crediticias, cooperativas y de agencias de automóviles tendrán la libertad para elegir y designar a sus aseguradoras, agente de ventas de seguros y a sus corredores de seguros (personas naturales o jurídicas) en las transacciones en las que se requiere la contratación de cualquier tipo de seguro.

Opción de afiliarse a seguro colectivo y opción de cesión de póliza individual.

Los clientes de los bancos privados y estatales, empresas financieras, fiduciarias, crediticias y cooperativas y agencias de automóviles también podrán optar por ingresar a los seguros colectivos que estas instituciones tengan en vigor o presentar el equivalente de seguro individual. Los clientes que opten por ingresar a los seguros colectivos en vigor deberán ajustarse a todas las condiciones contractuales previamente pactadas por la entidad, pero de optar por un seguro individual, no podrá condicionarse la cesión de una póliza de una aseguradora a dicha entidad a recargos o condiciones especiales en perjuicio del asegurado. En ningún momento, podrá penalizarse la escogencia del seguro individual antes señalado con recargos o condiciones desfavorables para el asegurado.

La Superintendencia dejará sin efecto cualquiera disposición contraria a lo dispuesto en este artículo.

Sanción.

A las empresas que violen lo dispuesto en el artículo anterior se les impondrán sanciones o multas, de conformidad con 10 establecido en el Título VII.

Obligatoriedad de contratar seguro con aseguradoras autorizadas en Panamá y sus excepciones.

Es obligatorio para las entidades, empresas y personas domiciliadas en la República de Panamá contratar con las aseguradoras autorizadas para operar en el país todos los seguros sobre bienes y personas situados en Panamá. Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación en los siguientes casos:

1. En aquellos en que le sea contrario a tratados, acuerdos o convenios internacionales en los cuales sea parte la República de Panamá.

2. Cuando se trate de seguros cuyas coberturas no existan en la República de Panamá.

3. Cuando sea imposible obtener dichos seguros, por haber sido rechazados por las aseguradoras autorizadas para operar en la República de Panamá.

La Superintendencia, previa comprobación de que no es posible obtener tales seguros en aseguradoras autorizadas para operar en el país, podrá autorizar su contratación en el exterior previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la Superintendencia y la ley, entre ellas la retención y pago del impuesto sobre la renta, según ordene el Derecho Fiscal.

A este efecto, tales entidades, empresas o personas deberán registrar en la Superintendencia las autorizaciones concedidas.

Causal de nulidad absoluta especial para los contratos de seguro.

Cualquiera que sea la forma de pago, el contratante deberá cumplir con el pago total o primer pago fraccionado a la emisión de la póliza. El incumplimiento del contratante de dicha obligación conllevará la nulidad absoluta del contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna, por lo que se entenderá que la póliza nunca entró en vigencia, aunque hubiera sido emitida en contravención de esta norma, por lo cual no se aplicará lo dispuesto en el artículo 998 del Código de Comercio.

Renovaciones de las pólizas.

Las aseguradoras podrán emitir las renovaciones de los contratos de seguros antes de haber recibido la prima correspondiente al nuevo periodo de cobertura, siempre que hubieran recibido la totalidad de la prima correspondiente al periodo anterior.

En los casos de renovación, los contratantes o sus corredores deberán recibir las renovaciones con un mínimo de treinta días calendario de anticipación a la fecha de inicio de vigencia.

En todo caso, la falta de pago de la prima o primera fracción de prima, según lo pactado en la póliza, conlleva la nulidad absoluta del contrato desde el inicio del nuevo periodo de vigencia, sin necesidad de declaración judicial alguna.

Suspensión de cobertura.

Cuando el contratante haya efectuado el pago de la primera fracción de la prima y se atrase por más del término del periodo de gracia estipulado en el pago de alguna de las fracciones de prima subsiguientes, conforme al calendario de pago establecido en la póliza correspondiente, se entenderá que ha incurrido en incumplimiento de pago, lo que tiene el efecto jurídico inmediato de suspender la cobertura de la póliza hasta por sesenta días.

La suspensión de cobertura se mantendrá hasta que cese el incumplimiento de pago, pudiendo rehabilitarse a partir del pago de la prima dejada de pagar durante dicho periodo o hasta que la póliza sea cancelada, conforme a lo que dispone el artículo 161.

Cuando se trate de seguros de salud o de vida individual, la aseguradora no podrá cancelar el contrato correspondiente hasta el vencimiento del periodo de suspensión de sesenta días.

Comprobación del pago oportuno de la prima.

Una vez haya transcurrido el periodo de gracia y exista constancia fehaciente de que el asegurado había pagado la prima pendiente antes del siniestro, estará incluido en la cobertura y, por tanto, habrá obligación para la aseguradora.

Inicio del cómputo del periodo de suspensión.

El cálculo del periodo de gracia o la suspensión de cobertura no podrá efectuarse en perjuicio del asegurado a favor de quien exista saldo de prima pagada no devengada.

En el caso de los seguros de vida individual que acumulan valores, la suspensión de cobertura procederá al vencer el periodo de gracia, el cual se comenzará a contar a partir del agotamiento de los valores acumulados, según los términos contractuales correspondientes.

En el caso de las fianzas, no serán aplicables las disposiciones de esta Ley relativas a morosidad, dado que el pago de la prima en este tipo de contrato será al contado, antes de extenderse el respectivo contrato.

Improcedencia de la suspensión de cobertura por causas imputables a la aseguradora.

En ningún caso surtirán efectos la cancelación o suspensión de la cobertura por incumplimiento en el pago de la prima, si se comprueba que dicho incumplimiento se dio por causas imputables a la aseguradora. En estos casos no procederá la negación del reclamo por incumplimiento en el pago de la prima. La Superintendencia queda facultada para recibir y tramitar las quejas relacionadas con el presente artículo.

Duración mínima del periodo de gracia.

Cuando la póliza no determine la existencia de un periodo de gracia, se entenderá por tallos treinta días calendario, siguientes a la fecha en que el contratante debió realizar el pago, según lo previsto en su póliza. En caso de diferencia entre el término de periodo de gracia establecido en la póliza y el esta Ley, se tendrá por válido aquel que sea más beneficioso al contratante.

Aviso de cancelación.

Todo aviso de cancelación de la póliza deberá ser notificado mediante envío al contratante a la última dirección física, postal o electrónica que conste en el expediente de la póliza que mantiene la aseguradora. Copia del aviso de cancelación deberá ser enviada al corredor de seguros.

Cualquier cambio de dirección del contratante deberá notificarlo a la aseguradora, de lo contrario se tendrá por válido el último que conste en el expediente de esta.

El aviso de cancelación de la póliza por incumplimiento de pago de la prima deberá enviarse al contratante por escrito, con una anticipación de quince días hábiles. Si el aviso no es enviado, el contrato seguirá vigente y se aplicará lo que al respecto dispone el artículo 998 del Código de Comercio.

Constitución de reservas.

Las aseguradoras que operen en la República de Panamá deberán constituir en su pasivo las reservas técnicas que en todo momento deben ser respaldadas con activos admitidos.

Los activos admitidos estarán afectos exclusivamente a tales reservas, en tanto que el asiento por medio del cual se constituyen las reservas será considerado como gasto deducible en la determinación de la renta neta gravable.

Conformación transitoria de las reservas técnicas.

Las reservas técnicas a que se refiere el artículo anterior se conforman de la siguiente manera:

1. Reserva matemática: para los seguros de vida individual, vida industrial, rentas vitalicias y planes de pensiones, se calculará el 100% de las reservas matemáticas sobre todas las pólizas vigentes según los principios actuariales generalmente aceptados. Se incluyen en este cálculo las reservas para dividendos a los asegurados, para los planes con participación.

2. Reserva técnica por riesgos en curso: para los seguros colectivos de vida, colectivo de crédito, colectivo de desgravamen hipotecario, accidentes personales, salud y transporte de mercancías, como mínimo el 10%, y para los seguros de ramos generales, incendio y líneas aliadas, marítimo (casco), automóvil, responsabilidad civil, robo, hurto, vidrio, mortuorio, aviación, coberturas diversas y fianzas en general, como mínimo el 35%. En ambos tipos de reservas, el cálculo se efectuará con base en las primas netas de cancelación retenidas en los doce meses anteriores a la fecha de valuación.

3. El 100% de la reserva de siniestros correspondiente al monto de las obligaciones por reclamos netos de reaseguros, pendientes de liquidar o pagar al finalizar el año fiscal considerado, avisados (Reservas de Siniestros Pendientes Reportados) y el 100% de la estimación de los siniestros por avisar (Reservas de Siniestros Ocurridos y No Reportados), más los gastos estimados que le correspondan.

4. Reserva de descalce, por los riesgos originados en el descalce de plazo, tasa de interés, moneda e instrumentos de inversión, entre los activos y pasivos de la aseguradora, sujeto a las normas que dicte la Superintendencia sobre los elementos que deben considerarse para su cálculo y constitución.

5. Reservas indicadas en casos específicos por la Superintendencia, cuando esta lo juzgue necesario para el buen funcionamiento de las compañías de seguros y que garanticen el resguardo del interés público.

Reservas catastróficas y de desviación.

Las aseguradoras también deberán constituir en su patrimonio las siguientes reservas de capital que en todo momento deben ser cubiertas con activos admitidos libres de gravámenes, las cuales estarán afectas exclusivamente a tales negocios, y cuyos cargos de constitución serán deducibles como gastos en la determinación de la renta neta gravable. Estas reservas son:

1. Reserva de previsión para desviaciones estadísticas y/o de contingencia, que se constituirán de las primas netas retenidas correspondientes, no menor de 1% y hasta un 2½% para todos los ramos.

2. Reserva para riesgos catastróficos y/o contingencias que se constituirán de las primas netas retenidas correspondientes, no menor de 1% y hasta un 2½% para todos los ramos.

3. Reservas indicadas en casos específicos por la Superintendencia, cuando esta lo juzgue necesario para el buen funcionamiento de las compañías de seguros y en resguardo del interés público.

Dichas reservas serán acumulativas. Su uso y restitución serán reglamentadas por la Superintendencia cuando la tasa de siniestralidad presente resultados adversos.

Facultad de la Superintendencia.

Para efectos de supervisión y control de la solvencia y liquidez u otros propósitos, la Superintendencia podrá dictar normas específicas para la determinación del cálculo de las reservas técnicas con carácter general y uniforme que le correspondan constituir a las empresas aseguradoras.

La Superintendencia también reglamentará las reservas que se trasladen o constituyan en el patrimonio, es decir, las reservas de capital, con el objetivo de compensar resultados adversos en las operaciones técnicas de las empresas.

Constitución de reservas con base en carteras locales.

Las reservas de capital, técnicas y de inversiones, de las sucursales de aseguradoras establecidas en la República de Panamá cuya casa matriz se encuentre en el extranjero serán medidas con base en sus carteras locales.

Reservas técnicas y contenido del dictamen del actuario externo.

El cálculo y la presentación de las reservas matemáticas y técnicas deberán ser certificados por actuarios externos, independientes e idóneos, que no tengan interés directo ni indirecto en la Superintendencia ni en la aseguradora para la cual prestan el servicio profesional.

El dictamen actuarial deberá contener:

1. Una explicación del método seguido.

2. La indicación sobre si se han seguido las mismas pautas que para el informe mensual, trimestral o anual inmediato anterior.

3. La cuantificación comparativa de los efectos de los cambios de criterio.

4. Una opinión fundada sobre la razonabilidad y veracidad de los resultados que detalladamente se indiquen para cada concepto de reserva, dejando expresa constancia en el dictamen de los valores brutos y netos de reaseguro.

Reglamentación de presentación de informes.

La Superintendencia establecerá con carácter general y uniforme las condiciones para la confección de los cuadros e informes correspondientes a:

1. Evolución de siniestralidad, por ramos y/o tipos de cobertura.

2. Exposición a riesgo, por ramos y/o tipos de cobertura.

3. Información sobre reclamos y juicios pendientes.

Reserva legal.

Además de las reservas de que tratan los artículos 207 y 208, las aseguradoras están obligadas a formar y mantener en el país un fondo de reserva equivalente a un 20% de sus utilidades netas antes de aplicar el impuesto sobre la renta, hasta constituir un fondo de dos millones de balboas (B/.2,000,000.00), y de allí en adelante un 10%, hasta alcanzar el 50% del capital pagado.

No se podrán declarar o distribuir dividendos ni enajenar de otra manera parte alguna de las utilidades, sino hasta después de hacer la provisión de que trata este artículo.

Activos admitidos.

Con el propósito de lograr la sana correspondencia en la relación de reserva de capital y técnicas versus activos admitidos y de acuerdo con la composición de la cartera de cada aseguradora y su respectivo perfil de riesgo, a corto plazo y a largo plazo, los activos admitidos deberán estar compuestos por inversiones fácilmente realizables para cubrir los riesgos asumidos en cada cartera.

Se entiende por inversión fácilmente realizable aquella que pueda convertirse en líquido con facilidad y agilidad previsiblemente sin pérdida sustancial de valor. La clasificación de las inversiones por parte de la aseguradora podrá hacerse según la madurez de la obligación que respalda.

Paridad de reservas e inversiones.

Las aseguradoras no podrán hacer efectiva distribución alguna de dividendos. directa ni indirectamente, ni préstamos ni adelantos a directores y/o accionistas, ni realizar inversiones no establecidas en esta Ley, en la medida en que ello pudiera afectar la cobertura permanente y la mínima paridad que deba existir entre las reservas matemáticas y técnicas y sus respectivos activos admitidos.

Reglamentación.

Para los efectos de la supervisión y control de la solvencia, liquidez u otros propósitos, la Superintendencia establecerá normas generales de aplicación obligatoria con respecto a:

1. Valuación de las inversiones, incluyendo valores de referencia a ser computados como máximos, los que deben formar parte de toda información requerida por la Superintendencia, para fines de valuación de niveles de liquidez, solvencia y otros indicadores establecidos por esta, que estarán contenidos en cuadros anexos o complementarios.

2. Requerimientos mínimos de calificación de riesgo de las inversiones por parte de agencias calificadoras de riesgo registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores para que una inversión pueda ser aceptada para la cobertura de reservas de capital y técnicas.

3. Criterios para la diversificación de riesgo, en sus aspectos de mercado, liquidez, crédito y jurisdicción territorial, pudiendo establecer adicionalmente limitaciones cuantitativas a la tenencia de inversiones por tipo de instrumento, jurisdicción territorial y emisor.

4. Limitaciones respecto de las inversiones que correspondan a empresas vinculadas, controladas y/o controlantes.

5. Informes, con carácter de cuadros anexos o información sujetos o no a los dictámenes de los auditores externos, relacionados con balance de reservas e inversiones, liquidez mínima requerida, estado de cobertura de compromisos exigibles y siniestros liquidados a pagar o con sentencia judicial firme o equivalente. Estos cuadros podrán tener una frecuencia de presentación a la Superintendencia mayor que la establecida para los estados financieros en general.

Lista de activos admitidos.

El 100% de los títulos representativos que documentan los activos admitidos que se detallan en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo anterior deben mantenerse en los custodios autorizados en Panamá o en jurisdicciones reconocidas que sean admitidos, por medio de reglamentación y de conformidad con esta Ley, por la Superintendencia. Son activos admitidos los que se enuncian a continuación, y deberán invertirse de la siguiente forma:

Un mínimo del 50% en:

1. Instrumentos de crédito emitidos o totalmente garantizados por el Estado panameño hasta por el 100% del valor de las reservas de capital y técnicas.

2. Instrumentos de crédito emitidos por bancos que cuenten con una licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, hasta por un monto no mayor del 60% del valor de las reservas capital y técnicas, con la excepción de depósitos a la vista y plazo en bancos de licencia general otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, para los cuales no aplica este límite. En ningún caso, los depósitos a la vista y plazo realizados en una sola institución bancaria podrán ser superiores al 30% del total de las reserva de capital y técnicas ni al 30% del patrimonio de dicha institución bancaria.

3. Instrumentos de crédito emitidos por personas jurídicas, salvo los emitidos por bancos, debidamente registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y que se negocien habitualmente en las bolsas de valores u otros mercados organizados autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, hasta por un monto no mayor del 50% del valor de las reservas de capital y técnicas.

4. Instrumentos de capital emitidos por personas jurídicas, registrados ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y que se negocien habitualmente en las bolsas de valores u otros mercados de jurisdicciones reconocidas, autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, así como instrumentos de capital de compañías establecidas en Panamá, que hayan registrado utilidades en los últimos tres años. En ningún caso, los montos invertidos en este rubro podrán ser superiores al 30% del valor de las reservas de capital y técnicas de la aseguradora ni al 30% del patrimonio de la persona jurídica en que se invierte.

5. Préstamos sobre pólizas de seguro, cuyos montos estén 100% garantizados por los respectivos valores de rescate, hasta por un monto no mayor del 50% del valor de las reservas de capital y técnicas.

6. Bienes raíces urbanos de renta situados en el país o utilizados para el funcionamiento de las aseguradoras, cuyas mejoras estén aseguradas por su valor de reposición, por una aseguradora distinta y que no pertenezca al mismo grupo económico, hasta por un monto no mayor de 30% del valor de las reservas de capital y técnicas. Esta inversión se considerará por su valor razonable o de mercado.

7. Préstamos garantizados con inversiones que reúnan los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, siempre que el capital por cobrar no exceda el 70% del valor de la inversión que le sirve de garantía, hasta por un monto no mayor del 50% del valor de las reservas de capital y técnicas.

8. Préstamos sobre bienes inmuebles urbanos de renta, situados en la República de Panamá, con garantía de primera hipoteca, hasta el 80% del valor de cada bien, según avalúo reciente, hasta por un monto no mayor del 30% del valor de las reservas de capital y técnicas.

9. Primas netas retenidas por cobrar, siempre que no tengan una morosidad mayor a noventa días, contados a partir de la fecha acordada para su pago, las primas netas retenidas por cobrar al Estado, así como las cuentas por cobrar al Estado, se consideran activos admitidos siempre que dichas cuentas hayan sido presentadas y tengan su fundamento en contratos o actos debidamente refrendados, reconocidos o admitidos.

La Superintendencia podrá autorizar cualquiera inversión en renglones no especificados en este artículo, previo estudio técnico que demuestre que dicha inversión es financieramente sana, que observa los principios universales de diversificación y administración de riesgo, y contribuye al desarrollo económico del país. En ningún caso, los montos invertidos en este rubro podrán ser superiores al 30% del valor de las reservas de capital y técnicas de la aseguradora ni al 20% del patrimonio ni de los pasivos de la empresa en que se invierte.

También se consideran activos admitidos las inversiones que se hayan considerado como tales al amparo de la Ley 59 de 1996. Las aseguradoras tendrán hasta el 31 de diciembre de 2014 para realizar las adecuaciones que correspondan, pero este plazo podrá ser prorrogado por la Junta Directiva de la Superintendencia, si previa verificación de las condiciones del mercado de capitales, determina que no hay oferta de inversiones con la diversidad, calidad y cantidad satisfactorias. No obstante, las inversiones que, a la entrada en vigencia de esta Ley, se encuentren registradas por las aseguradoras como inversiones en valores "mantenidos hasta su vencimiento" podrán seguir calificando como activos admitidos hasta su fecha de vencimiento.

El 50% restante de las reservas de capital y técnicas podrá invertirse en mercados de capital internacionales, en instrumentos similares a los establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4, que cuenten con un grado de inversión internacional mínima de BBB- o equivalente, otorgado por una calificadora de riesgos admitida por la Superintendencia.

En caso de tratarse de inversiones en instrumentos de capital similares a los señalados en el numeral 4, estos deberán ser habitualmente negociables en una o más bolsas de valores de jurisdicciones reconocidas.

El total de los activos admitidos no podrá rebasar los límites que para cada tipo de activo se establecen con anterioridad a este párrafo cuidando además que la concentración de inversión en un solo grupo económico no rebase el 40% de las reservas totales de la aseguradora, excepto para el caso de activos admitidos invertidos en los instrumentos del numeral 1 para los cuales no aplica este límite adicional.

Las aseguradoras deberán remitir los contratos de custodia celebrados con los custodios autorizados, con el fin de que la Superintendencia pueda verificar que observan las normas y procedimientos que ella adopte mediante reglamentación de esta Ley, y auditar su cumplimiento.

Estatus de las inversiones.

Las inversiones a que se refiere el artículo anterior deberán mantenerse en todo momento libre de gravámenes, de acuerdo con los principios universales de diversificación de riesgo y preservación de capital.

Las inversiones que respaldan las reservas a que se refiere esta Ley y el patrimonio técnico de las aseguradoras son inembargables, por lo tanto, se prohíbe establecer cualquier tipo de gravámenes, embargos, medidas preventivas, cautelares o de cualquiera naturaleza sobre estas.

Conversión de bienes en activos admitidos.

Si a una aseguradora o reaseguradora que no cumpla con la paridad entre activos admitidos y reservas de capital y técnicas le fueran traspasados en pago de deuda proveniente de sus negocios o por rentas debido a la ejecución de garantías bienes que no correspondan a los descritos en el artículo 217, deberá dar aviso de inmediato a la Superintendencia y enajenar dichos bienes en el término de seis meses. En casos justificados y para evitar serios perjuicios a la aseguradora, la Superintendencia podrá conceder prórrogas a dicho plazo.

Oportunidad para presentar estados financieros.

Dentro de los primeros cuatro meses de cada año fiscal, las aseguradoras deberán presentar a la Superintendencia los estados financieros auditados correspondientes al año inmediatamente anterior. Será obligatorio para las aseguradoras publicar en su página web sus estados financieros auditados completos, al igual que en un diario local de circulación nacional, durante los primeros seis meses del mismo año fiscal.

Las aseguradoras que formen parte de un grupo económico deberán remitir a la Superintendencia los estados financieros consolidados debidamente auditados completos del grupo económico al cual pertenecen, durante el primer semestre del año siguiente. Además, las aseguradoras que sean sucursales debidamente autorizadas en la República de Panamá están obligadas a presentar los estados financieros consolidados auditados de la casa matriz durante el primer semestre del año siguiente.

Estados financieros auditados y certificación del cálculo de las reservas técnicas por actuario independiente.

Los estados financieros deberán ser auditados por auditores independientes autorizados para operar en la República de Panamá, y el cálculo de reservas técnicas deberá ser certificado por un actuario externo independiente, que no tenga interés directo o indirecto en la respectiva aseguradora.

De igual forma, las aseguradoras deberán presentar a la Superintendencia, dentro de los noventa días calendario siguientes al cierre fiscal o dentro de los tres primeros meses de cada año, una certificación de los reaseguros o notas de coberturas y los últimos estados financieros auditados publicados por sus reaseguradoras.

Informe Unico de Seguros.

La Superintendencia establecerá la forma de elaboración, presentación y contenido bajo los cuales las aseguradoras deberán presentar información complementaria y demás reportes requeridos para fines estadísticos y de supervisión.

Criterios o certificación para la presentación de informes.

Para los fines de esta Ley, todo informe que deba ser presentado a la Superintendencia en virtud de normas legales, reglamentarias y resoluciones de esta se considerará hecho bajo la gravedad del juramento por la persona que lo suscribe y deberá cumplir con las condiciones siguientes:

1. El contrato de auditoría externa establecerá que los auditores externos deberán conservar en su poder, en forma íntegra y en buen estado, los papeles de trabajo de manera física o digitalizada, como evidencia del trabajo realizado, por un periodo mínimo de cinco años, contado a partir de la fecha de emisión del último informe vinculado con cada revisión.

2. Las personas supervisadas se asegurarán que en el contrato de auditoría externa se incluya una autorización para• que los auditores pongan a disposición de la Superintendencia, a su requerimiento, los papeles de trabajo, el programa de auditoría y cualquier otro respaldo documental que sea relevante para los efectos de la supervisión de seguros.

3. La Superintendencia podrá requerir informes en forma específica a una compañía o en general a todas, conforme con los contenidos que estime necesarios para la regulación y supervisión del mercado asegurador. También podrá requerir la actuación y dictamen del auditor externo contable independiente o actuario externo independiente sobre los contenidos del informe solicitado.

4. Todo informe, opinión, dictamen, certificación, refrendo o constancia de cualquiera actuación efectuada, que requiera de un actuario externo independiente, en forma individual o a nombre de una persona jurídica, requiere la rúbrica actuando por sí o en nombre de una persona jurídica.

5. Los estados financieros de las aseguradoras deberán ser auditados por auditores externos independientes, que deberán emitir sus dictámenes de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y sobre los informes que esta Ley y la Superintendencia establezcan, debiendo emitir opinión expresa sobre si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la aseguradora a la fecha correspondiente y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivos por el ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y sobre los otros informes de acuerdo con las disposiciones establecidas por la ley y la Superintendencia.

Las aseguradoras deben entregar el dictamen del auditor externo independiente y del actuario externo independiente junto con la entrega de sus estados financieros a la Superintendencia.

Exposición de los estados financieros en el establecimiento de la aseguradora.

Las aseguradoras exhibirán durante todo el año en un lugar accesible al público en cada uno de sus establecimientos en Panamá copia de sus últimos estados financieros auditados, con sus respectivas notas aclaratorias, si las hubiera.

Separación de la contabilidad.

Las aseguradoras que hubieren obtenido licencia de reaseguros conforme a lo establecido en la Ley de Reaseguros deberán llevar una estricta separación de contabilidad y fondos en relación con el negocio de seguros y reaseguros.

Designación de los auditores externos.

La aseguradora designará, dentro de los cuatro primeros meses de su año fiscal, los auditores externos que realizarán la función de auditoría externa para el nuevo periodo fiscal. La aseguradora notificará a la Superintendencia el nombre de la firma de auditores externos designados, lo cual se realizará dentro de los siete días calendario posteriores a su designación.

Adicionalmente, la aseguradora deberá enviar por escrito a la Superintendencia, dentro de los sesenta días anteriores al inicio de las funciones de auditoría anuales, el detalle de los auditores que componen el equipo de auditoría, así como cualquiera modificación del equipo, para los fines establecidos en este artículo.

Para asegurarse de la competencia de los auditores externos y la calidad de su trabajo, las aseguradoras solicitarán a estos la evidencia de control de calidad aplicado, además de sus políticas de independencia, evidencias que deberán remitir a la Superintendencia al momento del aviso de contratación.

Facultad de objeción de los auditores externos designados.

Las personas supervisadas deberán contratar auditorías externas que se ajusten a los más altos estándares de auditoría y ética, de acuerdo con el marco de referencia de información financiera establecido por las Normas Internacionales de Auditoría.

En el contrato suscrito entre las personas supervisadas y las firmas de auditores externos, estas deberán representar y garantizar que cuentan con sistemas de control de calidad que proporcionen seguridad razonable de que el auditor y su personal cumplen con los requisitos legales y de regulación, y que los informes emitidos son apropiados a las circunstancias de la persona supervisada. Estos documentos deberán estar disponibles durante todo el periodo en que se preste el servicio.

La Superintendencia tendrá la facultad de rechazar u objetar el nombramiento de los auditores externos, cuando el contrato de auditoría no cumpla con los requerimientos anteriormente expresados o cuando la aseguradora omita remitir las evidencias que comprueben que el auditor externo cumple con estándares de control de calidad de auditoría y las políticas de independencia.

La Superintendencia no aceptará los estados financieros a las aseguradoras que hayan sido elaborados en contravención a esta Ley.

Incompatibilidad del auditor externo.

Ningún contador público autorizado o firma de contadores públicos autorizados cuyos socios o trabajadores ostenten el cargo de director, dignatario o trabajador de una persona supervisada o tengan o adquieran calidad de accionista o socio de una persona supervisada podrá actuar como auditor externo de dicha persona supervisada.

Informaciones estadísticas.

Para efecto de supervisión y control, las aseguradoras mantendrán prácticas de presentación que reflejen apropiadamente la solvencia de la aseguradora y los resultados en cada ramo de seguros, separadamente.

Igualmente, llevarán las informaciones estadísticas que señale la Superintendencia y la remitirán a esta dentro de los primeros quince días de cada mes.

La Superintendencia señalará, por medio de resoluciones, los límites y lineamientos necesarios para cumplir con las disposiciones de este artículo.

Fórmula de cálculo del margen de solvencia y liquidez mínima requerida.

En las fechas periódicas que fije la Superintendencia, las aseguradoras deberán acreditarle la solvencia y/o liquidez, conforme a la fórmula de cálculo aprobada por la Superintendencia. Esta podrá modificar la fórmula del cálculo del margen de solvencia y liquidez cuando lo considere necesario, pero no más de una vez al año, y publicará trimestralmente esta información en un diario de circulación nacional.

Medidas correctivas.

Las aseguradoras cuyo margen de solvencia no alcance el mínimo requerido no podrán ampliar sus operaciones ni ofrecer nuevos productos mientras no acrediten tal margen. En estos casos, y aparte de las sanciones legalmente admisibles, el superintendente ordenará los incrementos de capital o un proceso de regularización necesarios para subsanar la insuficiencia del margen de solvencia y señalará el plazo para el cumplimiento de dicha acción.

El incumplimiento de la orden a que se refiere el párrafo anterior podrá ser causa de toma de control administrativo y operativo por parte de la Superintendencia, sin perjuicio de otras medidas legales que sean procedentes.

No se podrán declarar o distribuir dividendos ni enajenar de otra manera parte alguna de las utilidades corrientes o retenidas, si ello afecta el margen mínimo de solvencia requerido por la Superintendencia.

Auditoría in situ.

La Superintendencia tendrá amplia facultad para inspeccionar, sacar duplicados, examinar libros de contabilidad, de acciones, actas, registros y demás documentos que considere necesarios, el detalle de las inversiones, la correcta formación de las reservas, el pago de los honorarios a los corredores de seguros y las comisiones de los canales de comercialización. Sin embargo, para proteger el derecho a la intimidad de los asegurados y contratantes, en virtud de la reserva que merece la información suministrada al solicitar las pólizas, el examen de la Superintendencia no podrá incluir información, de ninguna índole, sobre la información confidencial que conste en los archivos individuales de los contratantes que mantienen las personas supervisadas. Para los efectos de este artículo, la Superintendencia podrá solicitar a la Contraloría General de la República los servicios de sus auditores.

Las personas supervisadas estarán obligadas a prestar todas las facilidades pertinentes a la Superintendencia y a los mencionados auditores, en su caso.

En caso de incumplimiento, a las personas supervisadas se les impondrán las sanciones establecidas en el Título VII.

Competencia privativa.

La protección al consumidor de los servicios de seguro se regirá por las normas especiales contenidas en este Título y la Superintendencia velará privativamente por su cumplimiento.

En consecuencia, tendrá la facultad de reglamentar y fijar el sentido, alcance e interpretación de sus normas en la forma que estime conveniente para dar cumplimiento a lo aquí establecido.

Por razón de la naturaleza de seguros, se otorga a la Superintendencia la competencia privativa para conocer y proteger los derechos del consumidor de seguros en la vía administrativa.

Nulidad en los contratos de adhesión.

En los contratos de seguro de adhesión, se considerarán nulas las estipulaciones que impliquen renuncia o disminución de un derecho reconocido en esta Ley y las normas que la desarrollan.

Causales de nulidad absoluta.

Son abusivas y absolutamente nulas las condiciones generales de los contratos de seguros que:

1. Restrinjan los derechos del asegurado, aunque tal circunstancia no se desprenda claramente del texto.

2. Favorezcan excesiva o desproporcionadamente la posición contractual de las empresas aseguradoras e importen renuncia o restricción de los derechos del asegurado.

3. Faculten a la compañía aseguradora para rescindir unilateralmente el contrato, modificar sus condiciones, suspender su ejecución, revocar o limitar cualquier derecho del asegurado derivado del contrato, excepto cuando la rescisión, modificación, suspensión, revocación o limitación esté condicionada a incumplimiento imputable al asegurado.

4. Obliguen al asegurado a la renuncia anticipada de cualquier derecho fundado en el contrato.

5. Impliquen renuncia del asegurado de las acciones procesales, los términos y las notificaciones establecidas en esta Ley.

6. Sean ilegibles.

Los aumentos de primas producto de las fluctuaciones de precios sobre los insumos, servicios y tecnologías necesarias no se considerarán cambios en las condiciones del contrato, si así ha sido pactado en él.

Se considerarán nulos los contratos de seguros redactados en idioma distinto al español, salvo que así lo solicite el consumidor del servicio de seguro y no se trate de documento público. Igualmente, se permitirá la redacción de un contrato de seguro en idioma distinto al español en los casos en que la naturaleza internacional del contrato así lo exija sin perjuicio de que se mantenga una copia traducida al idioma español.

Causales de nulidad relativa.

Son abusivas y relativamente nulas las cláusulas de los contratos de seguros que:

1. Confieran a las compañías de seguros, para la aceptación o rechazo de un contrato, plazos desproporcionados o

2. poco precisos.

3. Confieran a la aseguradora un plazo de mora desproporcionado para la ejecución de la prestación a su cargo.

4. Establezcan indemnizaciones o cláusulas penales desproporcionadas con relación a los daños por resarcir a cargo del asegurado.

Competencia para la declaración de nulidad.

La Superintendencia no podrá declarar la nulidad de una cláusula en un contrato de seguros de adhesión. Dicha facultad estará a cargo de las autoridades jurisdiccionales competentes.

Sistema de atención de quejas.

Todas las aseguradoras con licencia para los ramos de personas y generales contarán con un sistema administrativo acorde a sus actividades, responsable de conocer y atender en forma personalizada las quejas y controversias que surjan de la relación con los consumidores de seguros. Además, deben atender las reclamaciones relacionadas con honorarios presentadas por los corredores de seguros.

El ejecutivo responsable de este servicio responderá ante la gerencia de la aseguradora. Sus decisiones se darán en un término no mayor de treinta días calendario. La respuesta al consumidor de seguros será por escrito y vinculante para la aseguradora, además, deberá indicarle que en caso de inconformidad tiene un plazo adicional de noventa días hábiles para presentar la acción administrativa que corresponda ante la Superintendencia, según lo establece el artículo siguiente.

Las aseguradoras serán responsables de informar y señalar a sus clientes la ubicación del servicio de atención de quejas y controversias y del ejecutivo responsable. Las aseguradoras llevarán un registro detallado de los reclamos y controversias que le sean presentados.

Proceso administrativo de decisión de quejas y suspensión del término de prescripción.

El consumidor de seguros, los corredores de seguros y los terceros afectados por un asegurado con cobertura de riesgos de daños a terceros, en adición a lo dispuesto en el artículo anterior, tendrán derecho a ser atendidos por vía de reclamación administrativa por la Superintendencia, en lo que respecta a los temas establecidos en esta Ley.

Las acciones derivadas del contrato de seguro prescribirán en un año como lo establece el artículo 1651 del Código de Comercio. Cuando se inicie oportunamente la acción administrativa, el término de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, cualquiera que sea su naturaleza, se contará a partir de la ejecutoria de la resolución administrativa que decida el asunto.

Por su parte, la aseguradora tendrá la obligación de comparecer ante la Superintendencia cuando, por la vía administrativa, se presenten quejas y/o denuncias en su contra por la vulneración o incumplimiento de alguna disposición de esta Ley.

Factores de competencia.

La Superintendencia tendrá la facultad privativa de conocer y decidir en la vía administrativa las quejas y denuncias que, por violación a las normas establecidas en esta Ley, interpongan los consumidores de seguros en contra de las aseguradoras hasta por un monto de veinticinco mil balboas (B/.25,000.00), o aquellas quejas que, sin tener una cuantía determinada, guarden relación con el derecho a la información, o a prácticas inadecuadas de mercado que resulten en perjuicio del consumidor de seguros, salvo las que se refieran a publicidad inexacta o engañosa. Una vez la Superintendencia tome conocimiento de estas quejas y/o denuncias por incumplimiento de normas de seguro de protección al consumidor de seguros y por razón del interés que protege y la naturaleza de la actividad, no habrá intervención alguna, simultánea de otra autoridad.

La Junta Directiva tendrá la facultad de actualizar los montos establecidos en este artículo, cuando lo estime conveniente, tomando en cuenta, entre otros criterios, el índice de precios al consumidor.

Defensoría de Oficio.

Se crea la Defensoría de Oficio del Consumidor de Seguros dentro de la estructura de la Superintendencia, a fin de proveer de representación legal a los consumidores de seguros en los procesos que deban ventilarse ante la vía jurisdiccional.

Exclusión de la competencia de la Superintendencia.

La Superintendencia no conocerá de quejas y denuncias sobre las materias concernientes a las fianzas emitidas por aseguradoras. Las diferencias que surjan con ocasión de estas serán de competencia exclusiva de las autoridades jurisdiccionales.

Fuerza de las decisiones de la Superintendencia.

Las violaciones de los derechos y obligaciones establecidos en el Título VI se conocerán y resolverán mediante proceso administrativo ante la Superintendencia. Las resoluciones que al efecto se adopten son vinculantes, de obligatorio cumplimiento para las partes y prestarán mérito ejecutivo.

La Superintendencia podrá sancionar a cualquiera persona natural o jurídica que incurra en desacato al cumplimiento de alguna orden impartida dentro de cualquier procedimiento que sea de su competencia, con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a cien balboas (B/.100.00).

Esta multa será reiterativa y se causará por día hasta que se dé cumplimiento de la orden impartida o hasta que comparezca a la citación. En el caso particular de la renuencia de las aseguradoras a cumplir con las resoluciones que se dicten en estos procesos será considerada como una infracción a esta Ley, y en consecuencia podrán ser sancionadas de conformidad con el Título VII.

Condición previa para acudir al procedimiento administrativo.

La Superintendencia conocerá de las quejas y/o denuncias de los consumidores de seguros en contra de las aseguradoras en los siguientes casos:

1. Cuando la aseguradora no cumpla con resolver la queja del consumidor en un plazo de treinta días calendario y el consumidor decida interponer ante la Superintendencia la queja administrativa correspondiente.

2. Cuando la decisión de la aseguradora, aun siendo oportuna, no satisfaga al consumidor de seguros y este decida interponer la queja y/o denuncia ante la Superintendencia.

Término para iniciar el proceso administrativo.

El consumidor de seguros tendrá un plazo de noventa días hábiles, contado a partir de la fecha en que obtuvo respuesta formal por parte de la aseguradora, para presentar su queja y/o denuncia ante la Superintendencia.

En los casos previstos en el numeral 1 del artículo anterior, el término para presentar la queja y/o denuncia, se contará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que concluyan los treinta días calendario que tenia la aseguradora para responder.

Causales para iniciar un proceso administrativo en contra de un corredor de seguros.

La Superintendencia conocerá de las quejas de los consumidores de seguros en contra de los corredores de seguros (personas naturales o jurídicas), en los siguientes casos:

1. Cuando se retengan las primas por un tiempo mayor del establecido en el artículo 199.

2. Cuando se apropie de las primas cobradas a los asegurados.

3. Cuando infrinja cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 242.

4. Cuando se viole cualquiera de las normas de esta Ley, que guarden relación con la actividad del corredor de seguros.

Término para iniciar el proceso administrativo.

El consumidor de seguros tendrá un plazo de sesenta días hábiles, contado a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de la infracción, para presentar su queja o denuncia contra el corredor de seguros ante la Superintendencia.

Consultas.

Toda persona tiene derecho a elevar ante la Superintendencia consultas relativas al alcance, interpretación y aplicación de esta Ley.

Presentación de queja o denuncia.

Toda consulta, queja o denuncia deberá presentarse de manera respetuosa y no se podrán usar en los escritos respectivos, expresiones indecorosas, ofensivas o irresponsables.

Inicio de las investigaciones.

En ejercicio de sus funciones específicas, la Superintendencia podrá iniciar, de oficio o a petición de parte, investigaciones administrativas por posibles actos que vulneren los derechos de los consumidores de seguros y aplicar las sanciones correspondientes. Para brindar un carácter oficial a la actuación de los funcionarios que realicen inspecciones, auditorías o verificaciones, se les proveerá de carné de identificación numerado, que al efecto extenderá la Superintendencia y que deberá ser presentado al interesado antes de la inspección o cualquiera otra actuación que se realice.

Apertura del proceso.

Ante una denuncia o verificación de oficio, se procederá a la apertura del procedimiento, el cual podrá ser cerrado y archivado si se corrobora que ha sido infundada la denuncia En caso contrario, cuando se verifique que existen suficientes elementos que ameriten continuar con la investigación se expedirá boleta de citación por única vez, que podrá ser emitida por la Superintendencia o quienes esta designe.

Esta indicará el lugar, la fecha y la hora en que deberá presentarse a rendir descargo sobre la presunta infracción que motivó la actuación y será entregada al representante legal del supuesto infractor o al encargado que se encuentre en ese momento, de no hallarse el primero, con tres días de anticipación como mínimo a la fecha establecida para rendir el descargo.

Representación de la persona requerida.

El presunto infractor podrá comparecer y realizar todas sus gestiones de manera directa o mediante apoderado legal. Esto se entiende sin perjuicio del derecho de las partes de hacerse representar por apoderado, aun luego de que hayan comparecido ante la Superintendencia de manera directa, o a continuar el trámite de manera directa, aun cuando hayan comparecido mediante apoderado.

Las personas naturales podrán otorgar poder mediante carta o documento simple a quien lo representará en el procedimiento. Las personas jurídicas deberán ser representadas por quien acredite su calidad de apoderado legal o representante legal mediante los instrumentos correspondientes y con facultades suficientes.

Si la persona requerida no compareciera a la citación sin previa excusa justificada, la Superintendencia podrá declarar el desacato, según el caso. La justificación de la incomparecencia operará en una sola oportunidad.

Decisión del superintendente.

En la oportunidad señalada para rendir descargo, el presunto infractor podrá presentar todos los medios probatorios admitidos por el Código Judicial y con ello, las actuaciones pasarán al despacho del superintendente para su decisión.

La resolución será notificada al representante legal del investigado.

Si la parte que hubiera de ser notificada personalmente no fuera hallada en horas hábiles en la oficina, la habitación o el lugar designado por ella, en dos días distintos, será notificada por edicto de puerta y se dejará constancia en el expediente de dicha fijación.

Contra la decisión del superintendente se podrá interponer y sustentar, dentro de los cinco días de la notificación, recurso de apelación ante el Junta Directiva de la Superintendencia. El recurso de apelación se concederá con efecto suspensivo y agotará la vía gubernativa.

Las sanciones serán de acuerdo con la gravedad de la falta y el tipo de infracción cometida, de acuerdo con lo que dispone el Título VII.

Investigación.

La Superintendencia iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta Ley, las normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, por queja de quien invocara un interés particular o denuncia de quien actuara en defensa del interés general de los consumidores de seguro, sin perjuicio de las investigaciones de oficio que se originen por disposición de la Superintendencia.

Requisitos de los escritos presentados a la Superintendencia.

El consumidor de seguro afectado por una supuesta infracción a la Ley puede, por sí, por representante o apoderado, presentar una consulta, queja o denuncia dirigida a la Superintendencia que, como mínimo, deberá contener los siguientes requisitos, según sea el caso:

1. Nombre, apellido, cédula de identidad, domicilio y teléfono de quien efectúa la queja y en su caso de su representante o apoderado.

2. Domicilio que se fija a los fines del trámite dentro del radio de la localidad y agencia de la Superintendencia en que se presenta la queja.

3. Nombre y apellido o denominación social y domicilio de la persona supervisada presuntamente infractora.

4. Lo que se solicita o pretende.

5. Los hechos relatados en forma concreta y precisa.

6. La documentación que acredite la relación con la persona supervisada y demás que obre en poder de quien presenta la queja. En su defecto, deben indicarse los medios por los que se pretende probar la relación de las partes.

7. En ambos casos deberá aducir o acompañar los medios con los cuales pretende probar los hechos que originen la presentación de la queja.

8. Lugar, fecha y firma de la persona interesada.

Término para absolver las consultas.

Toda consulta formulada ante la Superintendencia, que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior, deberá ser absuelta dentro de los treinta días hábiles siguientes a su presentación, mediante nota u oficio en la que se expondrán los fundamentos de la opinión respectiva.

Trámite.

Si la queja cumple con los requisitos del artículo 259 será admitida a través de una resolución de mero trámite, con la indicación de la fecha y hora en que se realizará la audiencia, en la que se ordenará correr traslado a la parte presuntamente infractora, por el término de cinco días hábiles, para que la conteste y aduzca las pruebas que estime convenientes. Esta resolución se notificará al representante legal o encargado que se encuentre en ese momento, de no hallarse el primero.

Si la queja adolece de algún defecto, error u omisión, el funcionario así lo hará constar, y le concederá un término de cinco días hábiles al interesado para que subsane tal circunstancia bajo el apercibimiento de archivo.

Si la aseguradora o el corredor de seguro no compareciera a dos citaciones sin previa excusa justificada, la Superintendencia podrá declarar el desacato, si fuera el caso.

Legitimidad de las personas jurídicas.

Las personas jurídicas deberán ser representadas por quien acredite su calidad de apoderado o representante legal mediante los instrumentos correspondientes y con facultades suficientes para conciliar y transigir.

Audiencia de conciliación.

La audiencia de conciliación se celebrará en la fecha y hora fijadas, será oral y sin formalidades, la cual no excederá de diez días hábiles, contados a partir de que se celebre la primera audiencia de conciliación. El funcionario que presida el acto de audiencia informará a las partes lo que dispone la ley y propiciará un acuerdo. Cuando quien presenta la queja o su representante no comparece a dos audiencias, se entenderá que ha desistido de esta y se ordenará su respectivo archivo.

Si las partes llegaran a acuerdo, se levantará un acta de conciliación que haga constar los términos del acuerdo que prestará mérito ejecutivo y se ordenará el archivo del expediente.

Periodo probatorio.

Cuando no se llegue a acuerdo alguno, el funcionario actuante dejará constancia en el expediente del intento conciliatorio y continuará con el proceso, para lo cual señalará el término para la práctica de las pruebas que así lo requieran, que no será menor de ocho días hábiles ni mayor de veinte días hábiles. La Superintendencia estará facultada para adoptar todas las medidas que resulten necesarias para la comprobación de los hechos.

Término para culminar el trámite.

El proceso de queja deberá agotarse en un término no mayor de dos meses, contado a partir de la fecha de su admisión.

Notificaciones.

Las notificaciones se harán por medio de edicto fijado, por lo menos un día después de dictada la resolución respectiva, en un lugar público de la Superintendencia, por el término de cinco días hábiles, salvo la resolución de admisión.

Término para resolver.

Vencido el término de la investigación, incluyendo la práctica de las pruebas, deberá dictarse la resolución respectiva debidamente motivada en un periodo de quince días hábiles, con la cual se pondrá fin al proceso y cuya notificación será personal.

Contra dicha decisión se podrá interponer el recurso de apelación ante la Junta Directiva en efecto suspensivo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.