Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 3 de Enero de 2015

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución 3 de Enero de 2015
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Ha ingresado a esta S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en grado de consulta, el expediente contentivo del Conflicto de Jurisdicción nacido en el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil de la Provincia de Chiriquí, para que, y conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Código Agrario, esta Superioridad decida a cuál Tribunal corresponde el conocimiento del Proceso Ejecutivo Prendario promovido por los señores G.A. (NOMBRE LEGAL) O G.S.A. (NOMBRE USUAL), contra D.A.S. DE SIBAUSTE. ANTECEDENTES La licenciada Y.R.P.C., apoderada judicial del señor G.A. (NOMBRE LEGAL), G.S.A. (NOMBRE USUAL),propuso Proceso Ejecutivo Prendario contra D.A.S. DE SIBAUSTE a fin que ésta sea condenada a pagar la suma de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00), que constituye el capital e intereses, a partir de 23 de agosto de 2000 y se le ejecute jurídicamente por esa suma de dinero. La referida demanda se fundamenta en los siguientes hechos: "PRIMERO: A través de Escritura Pública N° 1699 de 23 de agosto de 2000, se estableció que D.A.S. DE SIBAUSTE, recibió de G.A. (NOMBRE LEGAL) ó G.S.A. (NOMBRE USUAL), un préstamo por CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00). SEGUNDO: Se estableció que los CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.50,000.00), deberían pagarse en el término de ochenta (80) meses, de lo que se desprende que la deudora debió terminar de pagar el día veintitrés (23) de abril de dos mil siete (2007). TERCERO:La deudora no ha pagado y la deuda está de plazo vencido y es exigible. CUARTO: El préstamo se otorgó con garantía prendaria consistente en la cosecha de plátanos existentes en la finca N° 457, inscrita a folio 468, tomo 45 del Registro Público." (fs. 2-4) Recibida la demanda descrita, el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil, de la Provincia de Chiriquí, emitió Auto No. 219 de 1 de marzo de 2012, por medio del cual "SE ABSTIENE de conocer la Demanda Ejecutiva interpuesta por G.A. (NOMBRE LEGAL), G.S.A. (NOMBRE USUAL),contra D.A.S. DE SIBAUSTE, por considerar que ésta debe ser conocida y tramitada por la jurisdicción agraria, específicamente por el Juzgado Agrario de la Provincia de Chiriquí y DISPONE remitir este negocio al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, para que en su condición de superior común, decida a quien le corresponde el conocimiento del Presente Proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 199, ordinal 8 y 92, ordinal 3 del Código Judicial. Artículos 166, ordinal 15, 189 y 256 de la Ley N° 55 de veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011), que adopta el Código Agrario de la Republica de Panamá y el artículo 13 del Código Civil (fs.9-14). Mediante Auto Civil de 29 de junio de 2012, dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, DISPONE devolver el presente proceso al lugar de origen, a fin que el juzgador primario proceda como en derecho corresponda; por estimar que la S. primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, es a quién le corresponde el conocimiento del asunto, según lo establecido en el artículo 189 de la Ley 55 de 23 de mayo de 2011, que adopta el Código Agrario de la República de Panamá (fs. 20-21). En virtud de lo anterior, se dictó el Auto No. 892 de 25 de julio de 2012, proferido por el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil, de la Provincia de Chiriquí, SE ABSTIENE de conocer la Demanda Ejecutiva interpuesta por G.A. (NOMBRE LEGAL), G.S.A. (NOMBRE USUAL),contra D.A.S. DE SIBAUSTE, por considerar que ésta debe ser conocida y tramitada por la jurisdicción agraria, específicamente por el Juzgado Agrario de la Provincia de Chiriquí y DISPONE remitir este negocio a la S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que decida a quien le corresponde el conocimiento del asunto, es decir, para que decida o resuelva el conflicto de jurisdicción que se ha planteado, de conformidad con lo establecido en el artículo 199, ordinal 8 del Código Judicial. Artículos 166, ordinal 15, 189 de la Ley N° 55 de veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011), que adopta el Código Agrario de la Republica de Panamá y el artículo 210 de la Constitución Política de la República de Panamá (fs. 25-28). CRITERIO Y DECISIÓN DE LA SALA De los hechos expuestos en la demanda interpuesta por G.A. (NOMBRE LEGAL), G.S.A. (NOMBRE USUAL),esta S. de lo Civil estima que lo procedente es Inhibirse de conocer el presente Conflicto de Jurisdicción y D. al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, para que este decida a cuál tribunal corresponde el conocimiento del asunto, en atención a las siguientes razones jurídicas: Mediante la demanda propuesta, el demandante pretende esencialmente, que previo a los trámites de Ley, se libre mandamiento de pago a su favor y en contra de la demandada, hasta la concurrencia de cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00) en concepto de capital e intereses y se declare embargo de la cosecha de plátanos dada en prenda, que se encuentra en la finca No. 457, inscrita al tomo 45, folio 468, de la sección de la propiedad, Provincia de Bocas del Toro, del Registro Público. En los hechos segundo y cuarto del libelo de demanda, se observa que el dinero requerido por la parte demandada al señor G.A. (NombreL., G.S.A. (NombreU., mediante el contrato de préstamo con garantía prendaria, tenía por finalidad principal dar en garantía los cultivos o cosechas de plátanos que se realizan sobre ciento veintidós (122) hectáreas de la finca No. 457, inscrita al tomo 45, folio 468, del Registro Público. Lo antes señalado, pone de manifiesto que no se equivocó el Juez Tercero de Circuito, Ramo Civil, de la Provincia de Chiriquí, cuando se abstuvo de conocer el presente Proceso, por considerar que el mismo es competencia de la Jurisdicción Agraria, señalando como norma aplicable a la controversia planteada, el numeral 15 del artículo 166 del Código Agrario. Sobre el particular, es oportuno traer a colación el reciente fallo proferido por esta S. Primera de lo Civil de 28 de junio de 2012, en el cual sobre este tema dejó sentado el siguiente criterio: "...es necesario precisar que si bien en el artículo 189 del Código Agrario previamente citado, se estableció que fuera la S. Primera de lo Civil la autoridad encargada de decidir a cuál Tribunal correspondería la competencia del asunto, fue porque al momento de redactarse la norma se concibió el Conflicto con la existencia de una jurisdicción agraria completa en todas sus estructuras, es decir, con Tribunal Superior Agrario y Jueces Agrarios a nivel nacional. Sin embargo, mientras no se cree el Tribunal Superior Agrario y exista un Conflicto de Competencia o Jurisdicción entre Jueces, ya sea civiles o agrarios, que tienen un superior común, deberá ser este superior común y no la S. Primera de lo Civil, la autoridad que deberá resolver el Conflicto suscitado, en atención a lo dispuesto en los artículos 92, numeral 3 y 129 numeral 1 del Código Judicial." (Lo resaltado es nuestro) En virtud de las consideraciones expuestas y del precedente antes citado, al igual que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 92 y los artículos 228 y 229 del Código Judicial, es por lo que esta S. reitera y concluye, que en efecto, es en el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial sobre el cual recae la competencia para decidir el Conflicto de Jurisdicción entre el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Civil, de la Provincia de Chiriquí y el Juzgado Agrario, toda vez que al no existir el Tribunal Agrario, el superior común de los Juzgados Civiles y Agrarios, es el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y no la S. Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, tal cual como lo señala el numeral 3 del artículo 92 del Código Judicial, el cual establece que la S. Primera de lo Civil conocerá de la competencia en materia civil entre los Tribunales que no tengan superior común, pero en este caso en particular existe un superior común. En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer el presente Conflicto de Jurisdicción y en consecuencia, lo DECLINA en el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, para que decida a cuál Tribunal corresponde el conocimiento del asunto, ya que es el Superior común de ambos Juzgados. N., OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. (Salvamento De Voto) SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria) SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HARLEY J.M.D. En virtud de la decisión del resto de los Magistrados que componen la S. Civil, de inhibierse de conocer el presente conflicto de jurisdicción, y declinar en el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, declaro que SALVO MI VOTO, por las razones que se expresan a continuación. La resolución que decide el conflicto de jurisdicción planteado por el Juzgado Tercero del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, está fundamentado en criterios que, aunque atendibles para otros fines, contravienen lo dispuesto en el artículo 189 del Código Agrario. En efecto, el fallo de mayoría se sustenta en una resolución de 28 de junio de 2012 de esta S. de la Corte, según la cual es competente el Tribunal Superior y no la S. Civil, por ser este el superior común de los juzgados civiles y agrarios, ello, con fundamento en los artículos 92, numeral 3, y 129, numeral 1 del Código Judicial. Como primer punto, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 256 del Código Agrario, que a la letra dice: "Artículo 256. El Código Judicial y el Código Civil serán normas supletorias para todo asunto y actuación no regulados en este Código, siempre que no sean incompatibles con él." (Enfasis del suscrito). La situación que se presenta es la de una demanda presentada ante un juez civil, el cual estima que es competente para su conocimiento un juzgado agrario, asunto perfectamente regulado en el artículo 189 del Código Agrario, por lo que sobra remitirse a las disposiciones del Código Judicial, respecto de este punto. Por otra parte, el artículo 9 del Código Civil preceptúa: "Artículo 9. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento." En la resolución que le sirve de fundamento al fallo de mayoría, se expresa lo que el legislador, o el redactor del Código Agrario tenía en mente al momento de redactar o aprobar la disposición en cuestión, y en ese querer del legislador, en esa intención o espíritu de los redactores, es que se fundamenta aquella resolución, así como el fallo de mayoría, para arribar a una disposición opuesta a lo que dispone la ley. Ello sólo es dable, como bien se aprecia de la lectura del artículo 9 arriba transcrito, cuando la norma adolezca de oscuridad o insuficiencia, lo que no se presenta en este caso. Continuando, el artículo 14 del Código Civil dispone: "Artículo 14. Si en los códigos de la República se hallaren disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1. La disposición relativa a un asunto especial, o a negocios o casos particulares, se prefiere a la que tenga carácter general. 2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo Código, se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior, y si estuviere en diversos códigos o leyes, se preferirá la disposición del Código o ley especial sobre la materia de que se trate." El caso que se presenta, es el de un juez civil que estima que la demanda presentada ante el tribunal a su cargo, debe ser de conocimiento de un juzgado agrario, lo cual coincide de manera exacta con el supuesto de hecho previsto en el artículo 189 del Código Agrario, por lo que es esta la disposición que ha de preferirse, por ser especial, en lugar de la más general contenida en el numeral 1 del artículo 129 del Código Judicial. Amen de lo anterior, este caso específico y especial está previsto y regulado en las disposiciones especiales sobre procedimiento en el Código Agrario, y no entre las disposiciones generales del Código Judicial. Ahora bien, es el criterio del suscrito que el conflicto de jurisdicción que se presenta debería ser de competencia de los tribunales superiores, mas no habiendo norma que así lo disponga, y existiendo otra que le atribuye la competencia a la S. Primera de la Corte, corresponde a esta Corporación, y no a otro tribunal, el conocimiento de dicho conflicto de jurisdicción. Es decir, el artículo 189 del Código Agrario, obsta la aplicación del artículo 129 del Código Judicial. Por las razones expuestas, SALVO MI VOTO, dado que es nuestro criterio que el conflicto de jurisdicción que se presenta debe ser de conocimiento de la S. Civil de la Corte. Panamá, fecha ut supra. HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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