Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 15 de Octubre de 2019

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

S.: Tercera de lo Contencioso Administrativo

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 15 de octubre de 2019

Materia: Acción contenciosa administrativa

Plena Jurisdicción

Expediente: 777-17

VISTOS:

La firma Broce & Asociados, Abogados, S.P.C., actuando en representación A.E.A.L., interpuso ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, emitido por la Autoridad Nacional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, así como su acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

1. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

   A través del acto impugnado, el Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, la referida entidad le indicó al representante legal de la sociedad demandante que en de junio de 2017, la Autoridad Nacional de Aduanas, Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, resolvió:

   NEGAR la solicitud presentada por el Licenciado C.A.B.C., en su condición de apoderado judicial del señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N° 8-718-1856, respecto de la devolución de la suma ciento siete mil quinientos dólares (US$ 107, 500, 00) que le fue retenida el día de su ingreso a territorio panameño el dos (2) de noviembre de 2011.

   DEJAR sin efecto el Proveído N° 013 de tres ( 3) de mayo de 2017, que dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público el proceso que se siguió en la instancia aduanera en contra del señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula 8-718-1856.

   DEJAR sin efecto la medida cautelar impuesta al señor A.E.A. LEONES de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N° 8-718-1856, consistente en la prohibición de abandonar el territorio de la República de Panamá sin autorización judicial.

   ........

   En este sentido, la parte actora mediante la presente demanda pretende que la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia declare:

   La nulidad por ilegal del Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, emitido por la Autoridad Nacional de Aduanas y su acto confirmatorio contenido en la Resolución N°910-04-56- CDA, de 31 de agosto de 2017 dictado por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, de la Autoridad Nacional de Aduanas. Y en consecuencia de esta declaración, ordene a la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, le devuelva a A.E.A.L. la suma de ciento ocho mil dólares (B/.108, 000.00) moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, suma de dinero que le fue retenida el pasado 2 de noviembre de 2011, cuando ingresaba al territorio de la República de Panamá (cfr. fs.: 4, 5, 12 - 19 del expediente Contencioso).

   · SUPUESTAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO

   DE SU INFRACCIÓN

   El demandante señala como normas infringidas los artículos 375-A del Código Penal, según fue adicionado por la Ley 30 de 16 de junio de 2010, la cual dispone lo siguiente:

   "Artículo 375-A: Quien, al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas (B/.10, 000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados.

   En caso de que se trate de un ciudadano de nacionalidad extranjera, se ordenará, además del decomiso, su deportación inmediata y el impedimento de entrada al país de manera permanente, una vez haya cumplido la pena establecida en el párrafo anterior".

   Expresa la firma apoderada judicial de A.E.A.L., que la norma arriba transcrita ha sido violada en forma directa por omisión, por cuanto por cuanto el funcionario demandado dejó de aplicar la disposición legal transcrita al caso concreto, en virtud que la conducta del demandando queda inmersa en el tipo penal del artículo 375- A del Código Penal, cuya pena principal, es de hasta cuatro años de prisión , siendo entonces los Jueces Municipales, los competentes para imponer sanciones a los infractores del artículo 375- A del Código Penal, en virtud del literal A, del artículo 174 del Código Judicial que el atribuye competencia a los Jueces Municipales para conocer de los delitos penados por la ley con pena privativa de libertad que no exceda de cuatro años.

   Otra de las normas que se señala como vulnerada es el artículo 1976 del Código Judicial, el cual dispone lo siguiente:

   "Artículo 1976: Las cosas retenidas que no estuviesen sujetas a comiso, restitución, secuestro o embargo serán devueltas a quienes se le ocuparon. Cuando hay controversia respecto a la propiedad de las cosas, se dispondrá que los interesados concurran a la vía civil. Si la controversia se suscitase respecto de la restitución, el juez penal, dispondrá que los interesados concurran a la vía incidental

   El demandante alega que la norma transcrita ha sido violada de forma directa por omisión, por cuanto el funcionario demandado dejó de aplicar la disposición legal transcrita al caso concreto, en vista que la norma es clara al indicar que las cosas retenidas que no estuvieran sujetas a comiso, serán devueltas a quien se le ocuparon, no obstante la entidad demandada se ha abrogado el derecho de comiso del dinero ocupado a A.E.A.L. en abierta violación al texto señalado. En este sentido señala, que esta figura fue elevada a la categoría de delito a través de la Ley 30 de 16 de junio de 2010, específicamente en el artículo 24 que introduce al artículo 375- A en el Código Penal vigente que disponía: "Quien, al momento de ingresar al país, omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas (B/.10, 000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años". Dicha ley no contemplaba la disposición final del dinero retenido como se puede observar, fue posteriormente que se aprobó la Ley 67 de 26 de octubre de 2010 que modificó artículos del Código Penal vigente y en ese sentido el contenido del artículo 4 de la referida ley dispone: " Artículo 375- A: Quien, al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas (B/.10, 000.00) será sancionado con prisión de dos a cuatro años" . Señala el demandante que la modificación introducida además de declarar punible la acción de ingresar al país con cifras de dinero no declarados, declara punible también la acción de salir del país, sin embargo nada dice del dinero no declarado, cuando es aprendido por parte de las autoridades. Que posteriormente este vació fue llenado con la implementación de la Ley N°40 de 4 de julio de 2012, por lo que señala, que según el artículo 17 de esta ley, la pena consistente en el decomiso del dinero así como la deportación inmediata y el impedimento de entrada al país deberán aplicarse a los hechos punibles a partir de la introducción de la Ley 40 de julio de 2012.

   Por lo que señala que, para los efectos configurados en el tipo penal aludido antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 40 de 4 de julio de 2012, debe aplicarse el tenor del artículo 375- A, que sólo aplicaba punibilidad de 2 a 4 años de prisión a quien ingresaba o saliera del territorio nacional sin declarar o declare cifras superior a los diez mil balboas (B/.10, 000.00).

   Y agrega el demandante, en cuanto al decomiso realizado por la Autoridad Nacional de Aduanas, recordemos que con la entrada en vigencia de la Ley 30 de 2010, que formalmente regula la configuración de la conducta descrita, la misma sale del ámbito meramente administrativo para ser elevada a la categoría de delito con todas las implicaciones del caso, por lo que en cuanto al dinero aprehendido resulta que la Ley 40 de 2012, viene a establecer la pena del decomiso por ende sólo corresponde a la jurisdicción penal ordinaria determinar el destino de los bienes o dineros no declarados superiores a diez mil balboas (B/10.000, 00) sin embargo antes de la entrada en vigencia de la Ley, ni la propia ley 30 de 2010, ni la modificación introducida por la Ley 67 de 2010, regularon la disposición final de los dineros no declarados.

   Finalmente sostiene que para la fecha en que se produjo el hecho y sancionado por el Juzgado Cuarto Municipal Penal, dos (2) de noviembre de 2011, no era dable al Tribunal de Instancia, de conformidad con la ley vigente al tiempo de la comisión del hecho, ordenar el comiso de los dineros aprendidos, pues esta pena accesoria fue establecida a partir de la Ley 40 de 4 de julio de 2012, que no es aplicable al caso, con fundamento en el principio de la retroactividad de la Ley penal, siendo así, mucho menos puede abrogarse el derecho de comiso, el cual está al margen de la ley, la Autoridad Nacional de Aduanas, Administración Regional Zona Aero- Portuaria, tanto más cuanto ha quedado establecido en fallo del Tribunal Superior que no es competente para juzgar el caso.

   Por otra parte, en la fase de alegatos, la parte actora, reitera y refuerza los hechos y consideraciones expuestos al sustentar y refutar respectivamente su postura expresada al momento de presentar su demanda. (fj. 140 a 143 del expediente Contencioso).

   III.INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

   En este sentido, de acuerdo a lo contemplado con el artículo 33 de la Ley 1946, mediante escrito visible a fojas 60 a 65 dicho funcionario, rinde el informe explicativo de conducta, haciendo un recuento cronológico de su actuación frente a la solicitud presentada por el demandante.

   En forma medular, sostiene la Autoridad demandada para la fecha de dos (2) de noviembre del año dos mil (2011), el Señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N°8-718-1856, ingresa a territorio panameño con la cantidad de ciento ocho mil balboas (B/.108.000.00).

   Expresa que por tal hecho la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, Zona Aeroportuaria (D.P.F.A.), dispuso iniciar la correspondiente instrucción sumarial por el delito de defraudación aduanera, según lo tipificado en el artículo 18, numeral 5, de la Ley 30 de 1984, y recibirle declaración indagatoria al señor A.E.A.L., quien de manera puntual señala que no declaró en el documento denominado Declaración Jurada del Viajero el dinero que traía y que dicho dinero no era suyo, visible a fjs. 18-22.

   Se deriva de dicho Informe Explicativo de Conducta, que dentro del proceso seguido a A.E.A.L., se dicta la Resolución N° 930-04-031- AS- AZA de 23 de febrero de 2016, a través del cual se declaró responsable del delito de defraudación aduanera y se le sanciona con un año de prisión y al pago de ciento noventa y seis mil balboas (B/.196, 000.00) en concepto de multa correspondiente a dos (2) veces la suma considerada el objeto material del delito aduanero, según lo establecido en el artículo 24 de la Ley 24 de 30 de 1984 y se decreta decomiso definitivo de noventa y ocho mil balboas (B/.98, 000.00), que era el excedente de lo no declarado, sobre lo cual no estaba obligado a declarar. Se ordenó la devolución de nueve mil quinientos balboas (B/.9, 500.00), una vez cancelara la multa. Dicha Resolución fue confirmada en segunda instancia por la Comisión de Apelaciones Aduaneras mediante la Resolución N° 910-04-12- CDA del once ( 11) de abril de 2016.

   Sigue señalando la entidad demandada que la defensa legal de A.L., posteriormente presentó un amparo contra la Resolución N°930-04-031- AS- AZA de 23 de febrero de 2016, mediante el cual el Juzgado Decimocuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través de la Sentencia N° 40 de 30 de junio de 2016, resolvió no conceder el amparo y que luego de apelada dicha sentencia, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante fallo de 6 de abril de 2017, se concede el amparo y revoca la sentencia del Juzgado Civil y la Resolución N°930-04-031- AS- AZA de 23 de febrero de 2016, dictada por la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria.

   Como consiguiente de lo actuado, se presenta ante esta Administración Regional de Aduanas una solicitud de devolución del dinero retenido al señor A.E.A.L., así como el levantamiento de toda medida cautelar impuesta en su contra. Tal solicitud fue resuelta mediante Auto mediante N° 040 de 12 de junio de 2017, ahora objeto de la demanda Contencioso Administrativa, que resolvió negar lo solicitado por la defensa legal del señor A.L., en cuanto al dinero retenido, pero concediéndosele el levantamiento definitivo de la medida cautelar de impedimento de salida del país (fjs. 199-200). Dicho Auto fue confirmado en seguida por la Comisión de Apelaciones Aduanera mediante Resolución N° 910-04-56 . CDA de treinta y uno ( 31 ) de agosto de 2017, quedando debidamente notificada el día ( 13) de septiembre de 2017, conforme al Edicto N° 045 de 5 de septiembre de 2017 ( fjs. 218-222 y 225).

   De igual forma, la entidad demandada señala que la demanda está dirigida contra Auto N°040 de doce (12) de junio de 2017, que ha sido dictado por la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en los artículos 9, 21 y 33 del Decreto Ley 1 de 13 de febrero de 2008. En consecuencia dicha decisión jurisdiccional no es atacable por la vía Contencioso Administrativa.

4. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

   A través de la Vista Nº 657 de 28 de mayo de 2018, tal y como se deja ver de fojas 66 a 75, la Procuraduría de la Administración, solicitó a la S. que no se accediera a las pretensiones de la parte actora, toda vez que no le asiste la razón en su pretensión, toda vez que queda claro que la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, actuó conforme a derecho, porque la solicitud de la devolución del dinero, que según manifiesta el recurrente le pertenece, es una petición administrativa que deber ser tramitada como tal. En este sentido, no cabe duda que ante las actuaciones de A.E.A., respecto a la introducción de dinero al territorio panameño sin la debida declaración, corresponde a los funcionarios del entidad demandada, llevar a cabo los controles de rigor, respecto a los valores introducidos al país de manera ilegal y que siendo el demandante tripulante de cabida de una aerolínea, con nueve años de servicio, se constituye en uno de los sujetos pasivos de la regulación aduanera, por lo que estaba obligado a declarar la totalidad del dinero que estaba ingresando al país, lo que no ocurrió en el caso que nos ocupa.

   Por lo que al no acreditarse la violación de las normas señaladas como vulneradas, el Procurador de la Administración solicita que los Magistrados de esta S., se sirvan declarar que NO ES ILEGAL el Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, dictado por el Administrador Regional de Aduanas Zona Aeroportuarias, ni su acto confirmatorio.

   Finalmente, se advierte de igual forma el alegato de conclusión en la Vista N° 040 de 8 de enero 2019, en el cual reafirma los argumentos planteados con anterioridad. (Ver fs. 144 a 151).

5. ANTECEDENDES DE LA DEMANDA

   Tal como se ha dejado anotado en líneas precedentes, en la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción incoada, se solicita se declare la ilegalidad de la Resolución N° 040 de 12 de junio de 2017, emitida por la Autoridad Nacional de Aduanas y su acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 910-04-56- CDA, de 31 de agosto de 2017 dictado por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, de la Autoridad Nacional de Aduana. Dicho acto resuelve "Negar la solicitud presentada por el Licenciado C.A.B.C., en su condición de apoderado judicial del señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N° 8-718-1856, respecto de la devolución de la suma ciento siete mil quinientos dólares (US$ 107, 500, 00) que le fue retenida el día de su ingreso a territorio panameño el dos ( 2) de noviembre de 2011. De igual forma, deja sin efecto el Proveído N° 013 de tres ( 3) de mayo de 2017, que dispuso poner en conocimiento del Ministerio Público el proceso que se siguió en la instancia aduanera en contra del señor A.E.A.L., de nacionalidad panameña, con cédula 8-718-1856. Así como también deja sin efecto la medida cautelar impuesta al señor A.E.A. LEONES de nacionalidad panameña, con cédula de identidad personal N° 8-718-1856, consistente en la prohibición de abandonar el territorio de la República de Panamá sin autorización judicial.

   Es así como de los antecedentes se desprende que para la fecha del 2 de noviembre de 2011 A.E.A.L. de nacionalidad panameña, ingresó al territorio panameño a través del Aeropuerto de Tocumen la suma de ciento ocho mil dólares (B/.108, 000.00), dinero que no fue declarado. De este dinero, según el auto demandado, se le entregó la suma de quinientos dólares (B/. 500.00), quedando retenida a suma de ciento siete mil quinientos dólares (B/. 107, 500,00), que fueron depositados en el Banco Nacional de Panamá. Ante tal hecho se le siguió un proceso por el delito de defraudación aduanera que concluyó mediante la Resolución N° 930-04-031- AS-AZA de 23 de febrero de 2016, en la que la Administración Regional de Aduanas, Zona Portuaria, resuelve declarar a A.E.A.L., responsable del delito de defraudación aduanera tipificado en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley 30 de 1984 y en consecuencia lo sancionó a un año de prisión. Y al pago de ciento noventa y seis mil dólares (B/. 196, 000.00), en concepto de multas, y como consecuencia de la pena principal aplicada se decretó el comiso definitivo de la suma aprehendida, es decir noventa y ocho mil dólares (B/. 98, 000) y se le levantó la retención la retención provisional del dinero restante, objeto de la demanda que asciende a nueve mil quinientos dólares (B/.9.500.00) y la consecuente devolución, previo cumplimiento de la sanción impuesta, decisión esta que fue conformada por la Comisión de Apelaciones a través de la Resolución No. 910-04- 12 CDA de 11 de abril de 2016.

   Posteriormente, se advierte que contra la Resolución N° 930-04-0031- AS- AZA de 23 de febrero de 2016, el demandante presentó una Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, la cual fue resuelta por el Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través de la Sentencia N° 40 de 30 de junio de 2016, la cual resolvió no conceder la acción. Luego el Primer Tribunal Superior de Justicia revoca la misma a través del Fallo de 6 de abril de 2017, concediendo el amparo y en consecuencia revocó la Resolución No. 930-04 -031-AS- AZA de 23 de febrero de 2016, dictada por la Administración Regional de Aduanas. ( fs. 195 - 201, 225-231 de los antecedentes)

   Se observa que en virtud que el Primer Tribunal Superior revocó la Resolución No. 930-04 -031-AS- AZA de 23 de febrero de 2016, dictada por la Administración Regional de Aduanas, el señor A.L. quedó liberado de las medidas sancionatorias que se le habían impuesto por parte de la jurisdicción aduanera, con excepción de la devolución del dinero que le fue retenido.

   En consecuencia de lo anterior, el demandante presenta ante la Administración Regional de Aduanas una solicitud de devolución del dinero retenido, así como el levantamiento de toda la medida cautelar impuesta en su contra. Es así que mediante Auto N° 40 de 12 de junio de 2017, la Administración Regional de Aduanas, resolvió negar lo solicitado en cuanto al dinero retenido, pero concediéndole el levantamiento definitivo de la medida cautelar de impedimento de salida del país posteriormente, la misma fue confirmada por la Resolución N° 910-04-56 CDA de 31 de agosto de 2017.

   Es así como subsiguientemente, la firma Broce & Asociados, Abogados, S.P.C., actuando en representación A.E.A.L., presenta Demanda Contencioso de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Auto N° 40 de 12 de junio de 2017, expedido por la Administración Regional de Aduanas y en consecuencia de esta declaración, ordene la S. Tercera a la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, le devuelva a A.E.A.L. la suma de ciento ocho mil dólares (B/.108, 000.00) moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, suma de dinero que le fue retenida el pasado 2 de noviembre de 2011, cuando ingresaba al territorio de la República de Panamá ( cfr. foja 5 del expediente Contencioso).

6. DECISIÓN DE LA SALA

   Como quiera que el presente proceso ha quedado pendiente de resolver el fondo de la controversia, esta Superioridad pasa a hacer las siguientes consideraciones

   Ahora bien, el demandante considera que el acto impugnado vulnera los artículos 375 - A del Código Penal, que tipifica como delito la no declaración o declaración falsa de dinero, valores o documentos negociables de cantidades superiores a diez mil balboas (B/.10, 000.00). Así también el artículo 1976 del Código Judicial que trata de las cosas retenidas que no estuviesen sujetas a comiso, restitución, secuestro o embargo serán devueltas a quienes se le ocuparon. Cuando hay controversia respecto a la propiedad de las cosas, se dispondrá que los interesados concurran a la vía civil.

   Consideramos, que si bien el origen de la demanda que hoy nos ocupa tiene su origen en una instrucción sumarial por el delito de defraudación aduanera, según lo tipificado en el artículo 18, numeral 5, de la Ley 30 de 1984. No obstante, el acto contenido en el Auto 040 de 12 de junio de 2017, dictado por el Administrador Regional de Aduanas Zona Aeroportuarias de 12 de junio de 2017 y objeto de impugnación a través de la presente demanda, constituye una petición o solicitud administrativa, que puede ser revisada, en cuanto a su legalidad o no, ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, toda vez que estamos frente a un acto administrativo en ejercicio de la función administrativa que ejerce el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, lo cual hace que esta demanda sea revisable por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

   En este sentido es importante destacar, que a través del Decreto Ley 1 de 13 de febrero de 2008, se crea la Autoridad Nacional de Aduanas, mediante el cual se señalan sus funciones y atribuciones de la misma y se dictan disposiciones en cuanto a su organización administrativa. Dicha normativa en su artículo 1, establece su objetivo que es regular el ejercicio de la potestad aduanera, las relaciones jurídicas entre la entidad regente de la actividad aduanera nacional, los auxiliares, los intermediarios de la gestión pública aduanera, las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, salida de mercancías, personas y medios de transporte en el territorio nacional, así como los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías y las operaciones aduaneras.

   En este mismo orden de ideas, el artículo 4 ibídem, establece que "están obligados al cumplimiento del presente Decreto Ley quienes importen o exporten en cualquiera de sus modalidades bienes al territorio nacional, ya sean consignantes, consignatarios, propietarios, destinatarios, remitentes, agentes corredores de aduana, transportistas, operadores de transporte multimodal, servidores públicos de aduana o cualquier otro que tenga intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenamiento y manejo de bienes que sean objeto de tráfico internacional, incluyendo a los viajeros". Así también los artículos 9, 15 y 35 señalan:

   "Artículo 9: Administraciones Regionales.

   Para los fines jurisdiccionales, la entidad regente de la actividad aduanera nacional ejerce su competencia por zonas territoriales, a través de Administraciones Regionales. El servicio aduanero también se puede prestar a través de servidumbres, aduanas yuxtapuestas y aduanas periféricas.

   .........

   Las personas, los vehículos, las unidades de transporte, las mercancías y el dinero en efectivo que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias de la entidad regente de la actividad aduanera nacional y a las disposiciones especiales que, con relación a estos elementos, se encuentren vigentes. Asimismo, las personas que crucen la frontera aduanera, con mercancías o sin ellas, o las que conduzcan vehículos a través de ella, estarán sujetas a las disposiciones del régimen jurídico aduanero".

   Artículo 15: Control aduanero. El control aduanero es el ejercicio de las facultades de la entidad regente de la actividad aduanera nacional en la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de este Decreto Ley, de sus reglamentos y demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías, medios de transporte y personas del territorio nacional, así como de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de comercio exterior.

   A tal efecto la entidad regente de la actividad aduanera nacional, para el control en el arribo, ingreso, permanencia, traslado, traspaso y salida de mercancías, personas, dinero en efectivo y medios de transporte del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zonas francas y zonas de tributación especial, aplicará parámetros de gestión de riesgos a todo lo largo de la cadena logística, y podrá decidir sobre el no arribo, la no circulación, despacho o salida de las mercancías o los medios de transporte, así como hacer uso de equipos de inspección no intrusiva.

   Para el caso del control aduanero en los aeropuertos, las medidas sobre impedimento de arribo, circulación, despacho o salida de mercancías o medios de transporte antes mencionadas deberán tomarse por conducto y en coordinación con la Autoridad Aeronáutica Civil.

   "Artículo 35: Obligación del personal aduanero. El personal aduanero está obligado a conocer y aplicar la legislación referente a la actividad aduanera. En el desempeño de sus cargos, los servidores públicos aduaneros serán personalmente responsables, ante La Autoridad, por las sumas que deje de percibir por acciones u omisiones dolosas o por culpa grave o por negligencia, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal en que incurran con ocasión del servicio que prestan."

   Conforme a las normas antes transcritas, se establece con claridad que las personas, el dinero en efectivo que se ingrese o salga del territorio aduanero nacional, estarán sujetos a medidas de control propias de la entidad regente de la actividad aduanera nacional y a las disposiciones especiales y vigentes. Y que corresponde al control aduanero en el ejercicio de las facultades de la entidad regente de la actividad aduanera nacional en la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones de este Decreto Ley, de sus reglamentos y demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías. De mismo modo, la entidad regente de la actividad aduanera nacional, para el control en el arribo, ingreso de dinero en efectivo, entre otros, aplicará parámetros de gestión de riesgos a todo lo largo de la cadena logística, y podrá decidir sobre el no arribo, la no circulación, despacho o salida de las mercancías o los medios de transporte, así como hacer uso de equipos de inspección no intrusiva.

   En razón de lo anterior, en el presente caso, al demandante A.E.A.L., según las constancias del proceso introdujo dinero al territorio panameño sin la debida declaración y correspondía a la Autoridad demandada, frente al ingreso al país de manera ilegal de tales valores, realizar las diligencias de control correspondientes. Y es que de conformidad a los artículos 111 y 112 del Decreto Ley 1 de 2008, con la declaración de mercancía se aceptan las obligaciones impuestas por el régimen aduanero y las personas están obligadas a declarar toda la mercancía que ingrese a zona franca del territorio nacional, por lo que deben cumplir con las regulaciones tributarias o no tributarias exigidas. Así textualmente dice la normativa:

   Artículo 111: Declaración de mercancías. Con la declaración de mercancías se expresa, libre y voluntariamente el régimen aduanero al cual se someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que éste impone.

   La declaración de mercancías se entenderá efectuada bajo la gravedad del juramento.

   Artículo 112: Obligación de declarar. Las personas están obligadas a declarar toda la mercancía que se importe, transite, deposite, ingrese a zona franca o exporte del territorio nacional, debiendo cumplir en todos los casos con las regulaciones tributarias o no tributarias exigidas.

   En este mismo orden de ideas, se aprecia del Informe de Decomiso de Dinero, visible a foja 1 y siguientes de los antecedentes, que el demandante, para la fecha de 2 de noviembre de 2011 ingresaba al territorio panameño la suma ciento ocho mil balboas (B/.107, 500.00), en calidad de tripulante de cabina, sin embargo el dinero no fue declarado y siendo un sujeto pasivo de la regulación aduanera estaba obligado a presentar la declaración del dinero que estaba introduciendo al país. Vale aclarar que toda vez que se le entregó al tripulante B/. 500.00 para sus gastos temporales, se le retuvo el resto del dinero, siendo la suma retenida la de ciento siete mil, quinientos balboas ( B/. 107, 500.00)

   Además de ello, se aprecia de las constancias procesales que el demandante no aportó al proceso constancia que el dinero ingresado era de su propiedad, aun cuando le fuera otorgado por la autoridad demandada los plazos procesales correspondientes. Esto se corrobora cuando en las sumarias de investigación, en su declaración jurada visible a fojas 18 y 19 de los antecedentes, el hoy demandante contestó a la pregunta de cuál era la procedencia del dinero objeto de la investigación, respondiendo: "Señor instructor, un cobro de un mensajero de SASA CORPORATION que hizo una escala en Guatemala me entrega el dinero y posteriormente yo me regreso a Panamá. Por la premura del tiempo dicho mensajero tenía otros compromisos en otro país de Centro América y me entrega el dinero a mí ya que yo venía en un vuelo directo a Panamá". Y luego agrega "Una vez estando en Panamá pensé que la empresa presentaría toda la explicación y procedencia del dinero".

   Razón por la cual considera esta S. que la Autoridad ha actuado de conformidad al derecho y conforme a sus atribuciones y no se aprecia actividad probatoria aportado por el recurrente que desmerite o debilite la actuación administrativa demandada, contrario a lo expuesto por el demandante, no se ha comprobado que el dinero es de su propiedad, pues según su propia declaración, el dinero le pertenece a SASA CORPORATION. Por otro lado, al ingresar el dinero a territorio panameño no realizó la debida declaración, introduciéndolo de forma ilegal, por lo que estimamos no se ha configurado la violación de los artículos 1076 del Código Judicial ni del artículo 375-A del Código Penal.

   En ocasión de que la parte actora no ha probado que se hayan producido las infracciones imputadas al acto demandado, corresponde a la S. desestimar su ilegalidad.

   En mérito de las consideraciones antes expuestas, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Auto N° 040 de 12 de junio de 2017, emitido por la Autoridad Nacional de Aduanas, así como su acto confirmatorio en esta Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción presentada por la firma Broce & Asociados, Abogados, S.P.C., actuando en representación A.E.A.L..

   Notifíquese;

   LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

   ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

   KATIA ROSAS (Secretaria)