Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Diciembre de 2014

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 4 de Diciembre de 2014
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El resto de los Magistrados integrantes de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia , en calidad de Tribunal de Segunda Instancia, concoen del recurso de apelación interpuesto por la firma R. y R. en representación de GRANJAS ATUNERAS PANAMÁ, S.A., contra el Auto de 21 de julio de 2014, mediante el cual el Magistrado Sustanciador, decidió NO ADMITIR la demanda contencioso administrativa de indemnización en comento. Observa este Tribunal de Segunda Instancia que el Sustanciador decidió no admitir la presente demanda primero, por el hecho de que la parte actora no estableció en cual de los tres numerales del artículo 97 del Código Judicial, sobre las indemnizaciones, fundamenta su pretensión; y en segundo lugar, que de conformidad con el artículo 1761 del Código Civil la demanda en cuestión, se encuentra prescrita, por cuanto que la parte actora tenía que presentar su reclamación en el término de un año contado a partir de que conociera la ocurrencia del daño, lo que no se dió en este caso. FUNDAMENTO DEL RECURSO La apoderada judicial de la parte actora sustenta el referido recurso, medularmente en que, el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, en ninguno de sus numerales exige que se identifique la norma legal que le otorga competencia a esta S. sobre las indemnizaciones, advirtiendo que cuando el numeral 4 de la mencionada norma lo que exige es que se citen las normas legales violadas que son las normas que otorgan el derecho subjetivo reclamado. Sobre el mismo punto sostiene que, de acuerdo con el artículo 2636 del Código Judicial, una vez que entró en vigencia dicho Código, quedaron derogadas todas las leyes preexistentes relativa a las materias que en este Código se trata; y que de conformidad con el artículo 57C de la Ley 135 de 1943, los vacíos en el procedimiento contencioso administrativo se llenan con el Código Judicial y las leyes que lo adicionan y reformen. Y que en tal sentido el artículo 686 de dicho cuerpo legal dispone, que cuando la demanda adoleciera de algún defecto le corresponder al Tribunal prevenir al demandante para que corrija o complete el escrito otorgándole el término de cinco (5) días. Igualmente, que con los hechos de la demanda se precisa que los daños y perjuicios a la parte actora derivan de un contrato de concesión con el Estado, en el cual se autoriza realizar la actividad de cría de atún en área del Mar Pacífico; sin embargo, el Órgano Ejecutivo, emitió decretos ejecutivos prohibiendo dicha actividad en un área que incluye el pacífico, tratándose entonces, de actos del Estado en ejercicio del poder público, lo que se enmarca en el numeral 9 del artículo 97 del Código Judicial, referente a las indemnizaciones por razón de responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños y perjuicios ocasionados en que incurran en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerla cualquier funcionario que haya proferido el acto administrativo impugnado. Con relación a la prescripción de la demanda, que según el Sustanciador se surte en este caso, el apelante considera que es un asunto que se debe examinar cuando se emita la sentencia de fondo. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA Encontrándose el proceso en este estado, corresponde al resto de los Magistrados que integran la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo, resolver la apelación planteada con base a las consideraciones siguientes: Esta Superioridad no coincide con el criterio extereorizado por el Sustanciador respecto a que la demandante no fundamenta su pretensión en ninguna de las causales establecidas en el artículo 97 del Código Judicial, por cuanto que al examinar el libelo de la demanda observamos que la demandante ha explicado de manera clara y amplia, la forma en que supuestamente se produjo una actuación dañosa por parte de la administración pública, a través de las actuaciones del Estado que le impiden realizar una actividad autorizada por medio de un contrato de concesión. Cabe señalar que, si bien esta Superioridad ha sostenido que la viabilidad de darle curso normal a una demanda de indemnización depende de que la parte recurrente señale como se enmarca la responsabilidad del Estado en las causales establecidas en el artículo 97, ese criterio no se ciñe únicamente a la indicación abstracta de la norma, sino también al sustento enmarcado en dicha norma. En este sentido, no podemos soslayar que al revisar el libelo de la demanda se observa claramente que la acción indemnizatoria en cuestión, está encaminada a obtener la indemnización por daños y perjuicios causados por un funcionario en el ejercicio de sus funciones o so pretexto de ejercerla, enmarcándose el sustento en el numeral 9 de la norma en mención. Con relación al tema de la prescripción, este Tribunal debe advertir que la empresa demandante solicitó una addenda al contrato de concesión, recibiendo una respuesta definitiva en virtud de la emisión del Decreto Ejecutivo No. 239 de 15 de julio de 2010, lo que generó la Nota No. ARAP-DR-CH-073-14 de 27 de enero de 2014, informando que las jaulas flotantes de GRANJAS ATUNERAS DE PANAMA S.A., deberían ser removidas, porque constituían un obstáculo para las operaciones de las naves de PETROTERMINAL DE PANAMÁ, S.A., lo que a nuestro criterio requerirá un análisis más detallado de los elementos probatorios para definir este tema. En consecuencia, el resto de los Magistrados de la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, disponen REVOCAR, el auto de 21 de julio de 2014, y en consecuencia, ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de por reparación directa, interpuesta por la firma R. y R., en representación de GRANJAS ATUNERAS PANAMÁ, S.A., para que se condene al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, al pago de ocho millones setenta mil setenta y ocho balboas con 34/100 (B/. 8,070.078.34) en concepto de daños y perjuicios. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO VICTOR L. BENAVIDES P. KATIA ROSAS (Secretaria)