Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 17 de Noviembre de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución:17 de Noviembre de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral
 
CONTENIDO

VISTOS: El D.J.F.P., actuando en representación de G.A.S.M., ha interpuesto ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de indemnización, para que se condene al Estado panameño, al pago de trescientos cincuenta y dos mil novecientos quince con treinta y seis centésimos (B/.352,915.36), en concepto de daños y perjuicios, materiales y morales causados por infracciones incurridas, por conducto del Ministerio Público y/o Policía Nacional. La demanda incoada, se admitió por medio de la resolución de 25 de enero de 2010 (Cfr. foja 135), ordenándose el envío de la copia de la misma al Director de la Policía Nacional y la Procuradora de la Nación, a efectos de rendir el informe explicativo de conducta, según lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 33 de 1946; y, se le corrió igual traslado al traslado al Procurador de la Administración, para la contestación de la misma. I. LO QUE SE DEMANDA En el libelo de demanda, la parte actora solicitó entre otras cosas que, por tratarse de una Acción de Reparación Directa Indemnizatoria, solicita a la S. que las entidades demandadas sean condenadas al pago de una indemnización por daños y perjuicios causados a la persona del demandante. Así las cosas, el mismo hizo un desglose de los daños y perjuicios sufridos, entre los cuales se refiere a D.s materiales; daños físicos; daños morales y lucro cesante. En base a lo que en su demanda expuso y detalló, solicitó que se condene al Ministerio Público y/o Policía Nacional, al pago de una indemnización de B/.352,915.36, a favor del licenciado G.A.S.M.. II.HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA DEMANDA Dentro del número plural de hechos u omisiones de la acción al que hizo mención, el apoderado judicial concluyó que en general su representado tuvo daño económico producto de la afectación de su patrimonio; la pérdida de oportunidades debido a sus lesiones, convalecencias y limitación en la movilidad física. Gastos de hospitalización y por la compra de medicinas, el pago de la rehabilitación física, abogados, documentos legales para los trámites y gestiones de reclamación. Lesiones personales, como fractura del fémur izquierdo lo que implicó retiro del clavo bloqueado y colocación de un nuevo clavo bloqueado, sujetado por cuatro tornillos, dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Agrega que, hubo que retirar un tornillo de la parte inferior porque el mismo se estaba saliendo. Comenta respecto a secuelas debido a que con motivo del accidente y la fractura su apoderado utilizó una silla de ruedas, posteriormente unas muletas y anda con bastón de madera, cojea y hay una disminución de la longitud de su pierna izquierda con respecto a la pierna derecha, lo cual hará que el mismo quede con esa afectación física para el resto de su vida. Respecto del daño moral ocasionado por la afectación psicológica de su defendido por su condición actual y futura constatada con su vida activa y personal antes del accidente, lo cual ha mermado su autoconfianza. Y por último, en lo que respecta al daño psicológico hay una afectación en la psiquis, pensamiento, interés por la profesión y su propia persona en virtud de la idea de discapacidad que actualmente sufre el demandado. III. DISPOSICIONES LEGALES QUE SE ESTIMAN VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LAS MISMAS El apoderado judicial de la parte actora, estima vulnerados los artículo 1644 y 1645 del Código Civil, que guardan relación con la responsabilidad extracontractual del Estado. IV. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN Por su parte, la Procuraduría de la Administración, contestó la demanda mediante Vista Nº.1284 de 12 de noviembre de 2010 (Cfr. fojas 176 a 184), refiriéndose entre otras cosas que luego de analizados los planteamientos hechos por el Procurador General de la Nación, Suplente, permiten concluir que la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, carece de toda responsabilidad en el caso bajo análisis, factor que debe ser considerado al decidirse sobre el fondo de este proceso. Con relación a la responsabilidad que se le atribuye a la Policía Nacional, indica el funcionario del Ministerio Público, que a la fecha en que se dieron los hechos generadores de la acción bajo examen, estaba vigente el artículo 126 del Código Penal de 1982, que le atribuía responsabilidad subsidiaria al Estado en el evento que el servidor público encontrado culpable no quisiera o no pudiera asumir el monto de la indemnización. V. DECISIÓN DE LA SALA Verificados los trámites establecidos por Ley, la S. Tercera de lo Contencioso Administrativo procede a resolver la presente controversia. Primeramente hay que advertir, que la S. Tercera es competente para conocer de este tipo de negocios jurídicos, en virtud de lo estipulado en el artículo 97, numerales 8, 9 y 10 del Código Judicial, los cuales señalan entre las atribuciones a ella adscritas, las siguientes: "A la S. Tercera les están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. En consecuencia, la S. Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: ... 8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma S. reforme o anule. 9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. 10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos; ...". Luego de leído detalladamente los antecedentes y las pruebas aportadas en la presente acción contencioso administrativa de Indemnización, a la S. no le queda duda que, yerra el apoderado judicial y no le asiste la razón al demandante. Veamos: En reiteradas ocasiones la S. ha señalado que, según lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, para que surja la responsabilidad extracontractual del Estado, resulta imprescindible la concurrencia de: la falta del servicio público por irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; el daño o perjuicio; y, la relación de causalidad directa entre la falla del servicio público y el daño. Cabe entonces en el caso que nos ocupa, determinar si realmente estos elementos se encuentran presentes en la situación bajo examen. Y si la responsabilidad por falla ha de considerarse como actuación irregular de la administración, es decir, reprochable no solo social sino jurídicamente, es preciso afirmar, que debemos identificarla con la culpabilidad, por cuanto en esta se evidencian las formas de actuación irregular de la administración a que se ha hecho referencia. Dicho en otras palabras, cuando se hace referencia a la responsabilidad por falla del servicio público por irregularidad, o la existencia de una conducta culposa o negligente, es necesario probar la misma, lo cual implica demostrar que la administración actuó de manera contraria a la regularidad administrativa, que lo hizo de manera ilegal, contrariando postulados de buen servicio público o adecuada función administrativa; lo que significa, que la responsabilidad subjetiva comporta un sinnúmero de circunstancias que la determina, y de esta manera, es preciso indicar que la doctrina tradicional planteada por P.D. (Tratadista y jurista francés; especialista en derecho público y profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la ), en el sentido que la anormalidad en el actuar de la administración se evidencia en que la misma actuó mal, tardíamente o no actuó, debe ser superada y hablarse que la existencia de actuaciones irregulares de las entidades públicas; lo cual implica, la posibilidad de extender los eventos de falla del servicio, por cuanto en la irregularidad es posible involucrar toda actuación de las personas jurídicas públicas, que se aleje del buen servicio, siempre que se identifiquen parámetros mínimos de correcta actividad administrativa. En este sentido, cuando nos referimos a la falta o falla del servicio público debemos enfocarlo --cuando se dé--, en el hecho dañoso causado por la violación del contenido obligacional a cargo del Estado, contenido obligacional que se puede derivar de textos específicos como los son las leyes, reglamentos o estatutos que establecen las obligaciones y deberes del Estado y sus servidores, también de deberes específicos impuestos a los funcionarios y el Estado, o de la función genérica que tiene éste y se encuentra consagrada en la Constitución Política en el artículo 17, el cual establece "Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley". Este elemento es de vital importancia razón por la cual el afectado al momento de pretender una indemnización, debe probar la ocurrencia de dicha falla, pues en caso de que no lo haga, sus pretensiones serán desechadas y no logrará la indemnización. Es un requisito muy exigente, que el actor suministre la prueba plena de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos que se suponen fueron la causa del perjuicio, es decir, el demandante no sólo debe probar cómo se produjeron los hechos que supone constitutivos de la falla, sino cuándo y dónde ocurrieron ellos. Respecto del ya mencionado "DAÑO o PERJUICIO" causado al demandante, también alegado por el activista, consideramos que es este, otro de los elementos necesarios que debe existir y probarse su constitución, para que se configure la supuesta responsabilidad extracontractual del Estado. En ese sentido debemos indicar que dentro de nuestro derecho patrio, existen normas que advierten sobre el tema de la responsabilidad de las autoridades públicas y del Estado. Una de estas es el artículo 2464 del Código Judicial, al referirse a los procesos contra los Servidores Públicos, y que reza así: "2464. Se sujetarán a los trámites ordinarios los procesos que se sigan contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, para el efecto de imponerles la sanción correspondiente, y de que resarzan los perjuicios que hayan causado con sus abusos y omisiones, con excepción de los que tiene señalado un procedimiento especial en este Código". Se desprende con meridiana claridad que, tres son los requisitos que consagra el ut supra citado artículo para exigir del Estado la indemnización de los perjuicios que por su acción u omisión haya causado a los particulares, a saber: a) La existencia de un daño antijurídico; b) Que dicho daño haya sido ocasionado por la acción o la omisión de la autoridad pública (nexo causal); c) Que dicho daño sea imputable al Estado. · D. Antijurídico Para algunos autores, este concepto fue desarrollado principalmente por la doctrina Española; la calificación de un principio en justo o injusto depende de la existencia o no de causas de justificación (civil) en la acción personal del sujeto a quien se impute tal perjuicio. La causa de justificación ha de ser expresa y concreta y consistirá siempre en un título que legitime el perjuicio contemplado. Otros apuntan a que el daño o perjuicio es aquél provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo; no obstante, en el caso que nos ocupa, en el que el demandante alega supuestos daños materiales, físicos y morales sufridos como consecuencia del accidente donde resultó lesionado el señor G.S.M., no obedece a la actividad de los miembros de la Policía Nacional, sino únicamente al cabo segundo B.C.. · Causalidad Material (Nexo causal) Para que el Estado indemnice los perjuicios causados por ese daño, es necesario que además de ser antijurídico, este haya sido causado por una acción u omisión de las autoridades públicas, esto es, que el daño se produjo como consecuencia de una conducta desarrollada por la autoridad pública o como consecuencia de una omisión o ausencia en el cumplimiento de sus funciones, es decir, que la administración haya dejado de actuar cuando su obligación era hacerlo y por tal razón genera un daño. En este sentido, para que proceda un reclamo indemnizatorio como el que hoy nos ocupa, también debe estar plenamente acreditada la relación de causalidad directa entre la acción u omisión de la Administración y el daño generado. Todo obedece únicamente a la responsabilidad del señor C. lo que se infiere que no existe un nexo causal entre el daño causado y la conducta omisa o culposa atribuible a la Policía Nacional o alguno de sus funcionarios. · Imputabilidad al Estado Como anteriormente se anotó, este es otro de los requisitos o elementos necesarios para conseguir del Estado la indemnización de los perjuicios que su acción u omisión cause. Entre la actuación imputable a la administración y el daño causado, debe existir una relación de causalidad, lo cual quiere decir que el daño debe ser el efecto o el resultado de aquella actuación; no obstante para que exista esa relación de causalidad, el hecho o actuación debe ser apto o idóneo para causar dicho daño. Así las cosas, como consecuencia de la necesidad de este nexo, si el daño no pude imputarse a la actuación de la administración, no habrá responsabilidad de ella, como sucede cuando el daño es producido por fuerza mayor o caso fortuito, por el hecho de un tercero o por culpa de la víctima. Al no constituirse ni probarse los supuestos cargos de ilegalidad señalados por el demandante y, ante la ausencia de una falla en la prestación del servicio público que la Ley le atribuye a la Policía Nacional y de una relación de causalidad directa entre las acciones u omisiones alegadas por el recurrente y el hecho generador del daño sufrido, lo procedente es negar la indemnización solicitada por la parte que demanda. Ahora bien, dentro del mérito que debe analizarse a las pretensiones reclamadas por el demandante, este despacho comparte los señalamientos que, mediante Informe Explicativo PGN-SECAL-INF-EXPLI-01-10 calendado 9 de febrero de 2010, emitió el Procurador General de la Nación, al sostener que, mediante Resolución No.201 de 7 de agosto, dictada por la Fiscalía Especial en Delitos Relacionados con Drogas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, se concedió la custodia del vehículo marca Mitsubishi, Modelo IO, color champaña, con placa No.023436, el cual se encontraba en buen estado; y que de acuerdo con el último párrafo del artículo 29 de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, a quien se le concede la custodia de este bien, está obligado a cumplir con todos los deberes de un buen padre de familia, siendo responsable del deterioro o daño sufrido por culpa o negligencia. Así mismo y, de acuerdo con la Resolución citada, la custodia del bien implica el cuidado físico y mecánico del bien, imponiéndose con ello el deber de mantenimiento y su buen funcionamiento, así como la responsabilidad que preceptúan los numerales 2 y 3 del artículo 327 de Código Penal. Y por último, que en esta Resolución también se advirtió al Jefe de la Subdirección de Información e Investigación Policial de C. que adquiere el compromiso de colocar una póliza de seguros que cubra los daños a la estructura del vehículo a favor de terceros. Así las cosas, advierte el Procurador General de la Nación que mediante memorial de 25 de enero de 2008, la Subdirección Nacional de Información e Investigación Policial de la Zona de Policía de C. del Ministerio de Gobierno y Justicia, comunica al Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, lo siguiente: "Así mismo tengo a bien comunicarle que, el vehículo en mención está cubierto por la póliza de seguro 02B133701 de 2007, bajo la unidad de riesgo 3170 de la compañía de seguros ASSA". Por consiguiente el Ministerio Público no es responsable de los perjuicios y daños ocasionados a G.A.S.M., toda vez que el automóvil conducido por el cabo B.C., funcionario de la Policía Nacional se encontraba asegurado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, razón por la cual estima que la demanda debe encausarse contra aquella dependencia ministerial y no contra esta institución, ya que el funcionario que ocasionó perjuicios a terceros pertenece a la Policía Nacional. Por su parte, el Procurador de la Administración consideró en su Vista Fiscal No.1284 de 12 de noviembre de 2010, que con relación a la responsabilidad que se le atribuye a la Policía Nacional, resulta importante advertir que a la fecha en que se dieron los hechos generadores de la acción bajo examen estaba vigente el artículo 126 del Código Penal de 1982, que le atribuía responsabilidad al Estado en el evento que el servidor público encontrado culpable no quisiera o no pudiera asumir el monto de la indemnización. Agrega el representante del Ministerio Público que: "es por tal razón, que le corresponde al cabo segundo B.C.L. la responsabilidad de asumir el resarcimiento de los daños materiales y morales que G.A.S.M. reclama al Estado. Tales circunstancias, concluyen que la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, no son responsables del pago de la suma de B/.352,915.36, que corresponde a la indemnización que reclama G.A.S.M., producto de los daños y perjuicios, morales y materiales, sufridos por él como consecuencia del hecho de tránsito ocurrido el 25 de octubre de 2007. Ahora bien, respecto de la Excepción de petición alegada por el señor Procurador de la Administración, mediante su Vista No.1284 de 12 de noviembre de 2010, basado en su interpretación que el actor señaló en el hecho séptimo de su demanda, que al momento de la presentación de la misma aún no había concluido el proceso penal que se le sigue a B.C.L., puesto que estaba pendiente de resolver el recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, la S. considera necesario explicar lo siguiente: El Código Judicial panameño, adscribe la competencia de la responsabilidad del Estado, a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, S. que ostenta la resolución de conflictos en materia de legalidad de las actuaciones administrativas. El artículo 97 del Código de Procedimiento, señala esta atribución de la siguiente manera: "A la S. Tercera les están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. En consecuencia, la S. Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente: ... ... 8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma S. reforme o anule. 9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. 10. De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos;..." Así las cosas, no compartimos la opinión del Procurador de la Administración cuando sostiene en su Vista 1284 de 12 de noviembre de 2010, mediante la cual solicita a este Tribunal declare probada la Excepción de petición antes de tiempo, basado según él, que en el hecho séptimo de la demanda, el apoderado judicial de G.A.S.M., señaló que al momento de la presentación de la misma (la demanda), aún no había concluido el proceso penal que se le sigue a B.C.L., puesto que estaba pendiente de resolver el recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia. El error del representante del Ministerio Público en considerar que tal situación trae como consecuencia la imposibilidad de poder determinar si los hechos que, según alega el actor, son generadores de responsabilidad para la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional, causaron o no el perjuicio que este alega haber sufrido, queda totalmente desvirtuado, considerando lo expresamente señalado por el apoderado judicial del señor G.S.M., y así lo reconoció en su RECURSO DE APELACIÓN contra el escrito de OPOSICIÓN del Propio Procurador de la Administración visible a fojas 157 y ss, que a la letra dicen: "RAZONES DE NUESTRA OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN: PRIMERO: No es cierto que de la demanda interpuesta no se pueda deducir cual es el numeral del Artículo 97 del Código Judicial en que se fundamentan nuestras pretensiones. Para entenderlo hay que leer la demanda y comparar los hechos y el concepto de la violación en ella invocados para tener claro el numeral aplicable del Artículo 97 del Código Judicial. De acuerdo al numeral 8 del Artículo 97 del Código Judicial, la S. Tercera de la Corte Suprema conocerá de las indemnizaciones que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños y perjuicios causados actos que la propia S. reforme o anule. La demanda presentada en ninguna de sus partes señala responsabilidad personal de funcionario alguno del Estado por razón de acto reformado o anulado por la propia S.. De acuerdo al numeral 9 de la misma norma, tampoco hemos identificado en nuestra demanda que se trate de una indemnización por responsabilidad del Estado por daños y perjuicios originados en infracción en que incurrió en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas un funcionario o una entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. Nuestra demanda solo puede tener fundamento en el numeral 10 del Artículo 97 del Código Judicial. Este numeral es el único que puede ser sustento posible de nuestra demanda porque es claro que no hacemos referencia a ningún tipo de acto en la misma. Según los numerales 8 y 9 del Artículo 97 del Código Judicial debe existir como presupuesto de su aplicabilidad o un acto reformado o anulado por la propia S. (numeral 8) o una acto proferido por un funcionario o entidad. En nuestra demanda desde el principio (introducción), y luego en los hechos, y por último en el concepto de la violación, hemos hecho referencia a un accidente de tránsito, y lo hemos identificado como un hecho administrativo, tal como se puede observar en la expresión del Artículo 1644 del Código Civil como norma violada, y en el concepto de la violación. La demanda por nosotros incoada en ninguna de sus partes permite colegir que estamos invocando los numerales 8 ó 9 del Artículo 97 del Código Judicial, pero si el numeral 10 ya que es el único que no condiciona su aplicación a la concurrencia de un acto, entiéndase administrativo. En derecho administrativo los mecanismos de actuación de la administración pública son cinco: a.)actos, b.)hechos, c.)omisiones, d.)operaciones y e.)vías de hecho. Por lo tanto el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial es el único de posible aplicación al accidente ocurrido al Licenciado SIMEÓN MARTINEU, pues se trata de una indemnización directa en contra del Estado por el mal funcionamiento de un servicio público, lo que por su amplitud permite claramente reclamar daños y perjuicios por hechos u omisiones, lo que no sucede en el caso de los numerales 8, 9 y 10 por estar condicionados a la existencia de un acto administrativo. ............" Luego de este análisis jurídico, se desprende con claridad que, el activista no dependía en ningún momento de la finalización de un proceso en la esfera penal en contra del señor B.C.L., para poder acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa, pues el mismo lo hizo a través de una acción de reparación directa o indemnización (Cfr. Artículo 97, numeral 10 del Código Judicial). Por lo expuesto, la S. Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de petición antes de tiempo, interpuesta por el Procurador de la Administración, y NO ACCEDE a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el licenciado J.F., en representación de G.A.S.M. para que se condene al Estado panameño, al pago de la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE CON TREINTA Y SEIS CENTÉSIMOS (B/.352,915.36), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por la Procuraduría General de la Nación y/o Policía Nacional y declara que el Estado panameño, NO ES RESPONSABLE a pagarle a la parte actora la suma reclamada. N., N.C. DE PAREDES E.C.T.C. --A.A.Z. (Salvamento De Voto ) KATIA ROSAS (Secretaria) Con el debido respeto, me veo en la necesidad de expresar que si bien estoy de acuerdo con declarar no probada la excepción de petición de antes de tiempo, interpuesta por el Procurador de la Administración, no estoy de acuerdo con la decisión de mayoría que resuelve no acceder a las pretensiones contenidas en la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el D.J.F. en representación de G.A.S.M., para que se condene al Estado panameño, al pago de la suma de trescientos cincuenta dos mil novecientos quince balboas con treinta y seis centésimos (B/. 352, 915.36), en concepto de daños y perjuicios causados por infracciones incurridas por la Procuraduría General de la Nación y/o Policía Nacional y asimismo declara que el Estado panameño, no es responsable a pagarle a la parte actora la suma reclamada, por los siguientes motivos: El fallo sustenta que al no constituirse, ni probarse los supuestos cargos de ilegalidad señalados por el demandante y, ante la ausencia de una falla en la prestación del servicio público que la Ley le atribuye a la Policía Nacional y de una relación de causalidad directa entre las acciones y omisiones alegadas por el recurrente y el hecho generador del daño sufrido, lo procedente es negar la indemnización solicitada por la parte demandante. Por otra parte, la decisión de mayoría señala que acoge los argumentos planteados por el Procurador de la Administración en la Vista Fiscal No. 1284 de 12 de noviembre de 2010, en donde indica que "a la fecha que se dieron los hechos generadores del daño estaba vigente el artículo 126 del Código Penal de 1982, que le atribuía responsabilidad al Estado en el evento que el servidor público encontrado culpable no quisiera o no pudiera asumir el monto de la indemnización, por tales circunstancias la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Procuraduría General de la Nación, y la Policía Nacional no son responsables". Ante tales hechos, primeramente debo señalar que, en atención a la diversidad de supuestos que generan responsabilidad patrimonial del Estado por daños y perjuicios, y los elementos particulares que en cada uno deben acreditarse o probarse para que se configure la responsabilidad, la jurisprudencia de esta S. ha señalado como requisito esencial para la admisión de este tipo de demanda, que la parte actora indique el fundamento legal de la responsabilidad que se le atribuye al Estado, ya que sobre ella debe girar el análisis de la demanda planteada, a efectos de determinar la procedencia de las pretensiones de la parte actora. En este sentido, lo decidido en el fallo referente que no se configura la responsabilidad subsidiaria del Estado, no resulta procedente, ya que no fue alegada por la parte como sustento de su demanda, con lo cual no procede analizar las pretensiones sobre supuestos no planteados por la parte, y mucho menos como fundamento para negar lo solicitado, ya que reiteramos si bien es cierto el actor no especifico en su demanda el fundamento de indemnización, mediante Auto de 12 agosto de 2010, este Tribunal estableció que la presente acción se subsume en el numeral 10 del artículo 97 del Código Judicial, "De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos...". Ahora bien, el hecho generador del daño cuya reparación se solicita, son los daños y perjuicios causados, como consecuencia del accidente de tránsito en el cual el agente de policía B.C., el día 25 de octubre de 2007, quien fue declarado penalmente responsable como autor del delito de homicidio M.D.L.M. (Q.E.P.D), y lesiones culposas en perjuicio de D.B.S. y G.S.M., y se le condena a la pena de veinticuatro (24) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un año a computarse la pena principal de prisión mediante Sentencia Condenatoria No. 63 de 9 de marzo de 2009. Por consiguiente, la responsabilidad patrimonial exigida al Estado es de naturaleza extracontractual, y basados en que la Resolución de 12 de agosto de 2010 emitida por la S. Tercera, la acción ejercida se subsume en el numeral 10 del artículo 97, que asigna las funciones de la S. Tercera Contencioso Administrativo cuyo texto dice así: "De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos." (Por lo tanto la competencia es de esta S. Tercera) Frente a la obligación que se reclama, corresponde entonces establecer la responsabilidad extracontractual u objetiva del Estado que será, siempre que en el desarrollo de una función pública se produzca un hecho dañoso en perjuicio de un particular. Cabe manifestar, mediante Sentencia de 24 de mayo de 2010 y 20 de noviembre de 2009, al conceptuar sobre el sentido y alcance del artículo 1644 del Código Civil en particular, que el Tribunal señaló que para que se configure el mal funcionamiento del servicio público deben acreditarse los siguientes elementos: "La existencia de una conducta culposa o negligente. La presencia de un daño directo, cierto y susceptible de ser cuantificado; y La demostración del nexo de causalidad entre el resultado dañoso y la conducta del agente provocador del evento." Por tales motivos, se tiene que examinar los presupuestos de responsabilidad que están planteados en la demanda, a la luz del marco jurídico señalado; debemos iniciar el análisis de la existencia del daño, y posteriormente, se entrará a estudiar los demás elementos enunciados, toda vez que el daño es el primer elemento del estudio de la responsabilidad extracontractual del Estado, y que se resume en el hecho que sin daño no hay indemnización. a. El daño D. ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo. Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio. (Colombia, Sección Tercera, Sentencia 2 de junio de 1994, expediente 8998, Colombia, Sección Tercera, Sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333, Colombia, Sección Tercera, Sub-sección C, Sentencia de 5 de julio de 2012, expediente 31148). Así pues, daño antijurídico ha de entenderse como la "lesión", "menoscabo", "detrimento" o "afectación" cierta, personal, directa, que puede ser presente o futura, determinada o determinable, a un derecho, bien o interés jurídicamente tutelado" de una persona, producto de una acción, omisión o inactividad de la "administración pública" o de un "particular" en ejercicio de funciones públicas (administrativas, judiciales, legislativas, constituyentes) que la "víctima no está en el deber de soportar". Y en este caso en particular como lo vamos a señalar el daño fue causado por un agente del Estado, Policía Nacional, causando un daño que debe repararse al que accionó ante esta jurisdicción competente y especial. La Corte Constitucional de Colombia, mediante Sentencia C-254 de 2003, señaló que la antijuricidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima. En ese sentido, G. de Enterría hace una distinción entre lesión y perjuicio, señalando que para que exista una obligación de indemnizar debe haberse producido una lesión o daño antijurídico, entendida como: "...es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño, y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, estos es, si el mismo puede, o no calificarse cono (sic) antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...., y por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto elaborado. ....De manera tal que la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria a derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable, lo cual significó un giro copernicano en el fundamento de la responsabilidad estatal, tal cual ya no reposa en la -calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación de daño que ella causa- ...En síntesis, puede afirmare que la labor analítica del juez en asuntos de esta naturaleza, se reduce a simple y llanamente a la constatación del daño como entidad, que es un dato objetivo o de conocimiento dado por la experiencia; a la posición axial frente al mismo por parte del juez, lo que imprime el sello de antijurídico o jurídico, y una vez estructurado aquel -daño antijurídico-, coprográmaticamente mirar la posibilidad de imputación del mismo a una entidad de derecho público." (E., G.B., T. de Responsabilidad Extracontractual del Estado, Jurisprudencia 1991-2011, Tomo I, Editorial Temis S.A., Colombia, página 11-12) (Lo resaltado es de la S.) En el presenta caso se tiene acreditado el daño consistente en las lesiones personales causadas al señor G.S.M. como resultado del accidente de tránsito ocurrido el día 25 de octubre de 2007, las cuales según Informe de evolución de las lesiones confeccionado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, como consta a fojas 128 del cuadernillo del proceso penal, admitido como prueba se determinó lo siguiente: " ...Sufrió hecho de tránsito (colisión), el día 25 de octubre de 2007. Antecedentes médicos y quirúrgicos: Niega Examen físico actual: Alerta, orientado, eupneico Deambulando con muletas para apoyo y sostén. Lesiones Encontradas: Cuello: Edema moderado con leve limitación a la flexión-rotación de región cervical posterior, mide 6 x3 cm. Extremidades: Herida post quirúrgica reciente, ubicada en cara externa de muslo izquierdo, mide 45 x 0.4 cm. Herida post quirúrgica reciente, ubicada en tercio medio y tercio distal de muslo izquierdo, mide 5 x 0.4 cm. Edema moderado con leve limitación a la flexión-extensión de rodilla izquierda, mide 6 x3 c, N. distal conservado en ambas extremidades inferiores. Documentos adjuntos: Doce (12) radiografías de columna cervical, tórax y extremidades inferiores, con sus datos personales y fecha 26 de octubre de 2007, donde se observa multifragmentaria de fémur izquierdo. INCAPACIDAD PROVISIONAL: Ciento cincuenta días a partir del 31 de enero de 2008, al final de los cuales debe regresar para un nuevo examen médico legal, el día 28 de junio de 2008, con un nuevo oficio de su despacho. " De allí entonces que el daño ocasionado al prenombrado es cierto, personal, directo, y de naturaleza antijurídica porque el señor G.S.M. no estaba llamado a soportarlo como una carga ordinaria, ni siquiera extraordinaria, en atención al respeto de su dignidad humana y de sus derechos constitucionales a su vida e integridad personal, que es incuestionable en un Estado de Derecho. Luego de determinar que existe un daño antijurídico, se debe examinar si la producción de dicho daño se afirma o no la existencia de una conducta culposa o negligente. b. La existencia de una conducta culposa o negligente y su nexo con el daño. Bajo esta premisa, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1644 del Código Civil la conducta generadora de daño antijurídico requiere de la culpa o negligencia, esto es, que el sujeto con su actuar o con la omisión, viole deberes preexistentes, máxime de los deberes especiales que en una situación en concreto establece el ordenamiento jurídico. En atención a los hechos planteados en la demanda, y las demás piezas procesales presentes en el proceso, lo procedente es determinar si efectivamente el Estado, es responsable de los daños que se le imputan. Por tales razones, soy de la opinión que desde la perspectiva de la causalidad se debe establecer ¿qué causó el daño?, en el presente proceso. El autor O.V. Posada, en su obra titulada, Responsabilidad Civil Extracontractual, ha señalado que "Como en todo tipo de responsabilidad el nexo causal ha de estar presente, debe existir una relación de causalidad entre la situación imputable al Estado y el daño causado, lo que indica que el daño debe ser efecto o resultado de aquel hecho. (O.V. Posada, en su obra titulada, Responsabilidad Civil Extracontractual, Segunda Edición, Editorial Temis Obras Jurídicas, página 151, 2013) Es decir, la falla del servicio público surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación- conducta activa u omisiva- del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, en este caso de la Policía Nacional y la Procuraduría de la Nación, según la parte actora Alega el demandante que el día 25 de octubre de 2007 ocurrió un accidente de tránsito en donde resultó lesionado su representado G.A.S.M., como consecuencia de que la Policía Nacional asignó al agente de policía, B.C.L. para que trasladará de la provincia de C. a la ciudad de Panamá, un vehículo, marca Mitsubishi, con placa 023436, con el objetivo que le hiciera un cambio de llantas, a pesar que dicho vehículo no contaba con las condiciones mecánicas óptimas para ser utilizado, y que dicho agente no había dormido o descansado lo suficiente para cumplir con la tarea asignada el día de los hechos. Continua señalando que, el vehículo con placa 023436 utilizado por el agente C. en el día de los hechos, era de propiedad de Rosibeth del Carmen Cortes, y estaba fuera de circulación por inhabilitación por la Fiscalía Segunda Especializada de Delitos Relacionados con Drogas, según Oficio No. 1329 de 20 de diciembre de 2005. Razón por la cual, debía permanecer en resguardo en el Centro de Custodia de Bienes Cautelados del Ministerio Público, y no en uso o a la disposición de la Policía Nacional, y en la provincia de C.. Aunado al hecho, que no contaba con placa durante los años 2005, 2006, ni seguro de responsabilidad civil como establece el artículo 236 Reglamento de Tránsito. Por tales motivos, la Policía Nacional y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Segunda Especializada de Delitos Relacionados con Drogas, es responsable de los daños y perjuicios ocasionados a su representado en el día 25 de octubre de 2007, aunado al hecho que a través de la Sentencia Condenatoria No. 63 de 9 de marzo de 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Circuito Judicial de C., Ramo Penal, se declaró responsable al agente B.C.L. del accidente de tránsito ocurrido el día 25 de octubre de 2007, en perjuicio de G.A.S.M., y Otros. Ahora bien, en primer lugar se observa que consta en autos a fojas 249-252, el Decreto de Personal No. 168 de 10 de junio de 1996, y el Acta de Toma de posesión No. 247 de 1 julio de 1996, mediante los cuales se nombra a B.C. como agente de la policía nacional, así como la copia autenticada de la Sentencia Condenatoria No. 63 de 9 de marzo de 2009 dictada por el Juzgado Segundo de Circuito Judicial de C., en el cuadernillo del proceso penal. Luego de analizados los hechos y las constancia procesales, existe una relación de causalidad entre la situación imputable a la Policía Nacional, y el daño causado, porque el daño alegado por el actor es resultado de la conducta negligente de esta entidad, al designar a un agente de la policía nacional, B.C., a utilizar un vehículo que según consta en autos, mediante Resolución No. 201 de 7 de agosto de 2007, visible a foja 142-143, el F.S. Especial en Delitos Relacionados con Drogas, resolvió conceder en calidad de custodia: "Un vehículo, marca Mitsubishi, modelo, color Champaña, placa No. 023436, motor no visible, chasis No. JMYLNH76W1Y000146, correspondiente a las sumarias seguidas a Rosibeth del Carmen Cortez (Exp- 1515) sindicados por el delito contra la salud pública, al Jefe de la Sub Dirección de Información e Investigación Policial de C., quien en iguales condiciones que las que establece el último párrafo del artículo 21 de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, está obligado a cumplir respecto a dichos bienes todos los deberes de "un buen padre de familia" siendo responsable del deterioro o daño sufrido por culpa o negligencia." Toda vez que, el deber de cuidado que tiene la Policía Nacional implicaba el cuidado físico y mecánico del bien, imponiéndole como señala la precitada resolución, el deber de mantenimiento y buen funcionamiento del vehículo, así como adquirir el compromiso de colocar una póliza de seguros que cubriera los daños a la estructura del vehículo y a favor de terceros. Es decir, la Policía Nacional podía utilizar dicho bien siempre y cuando cumplirá con su deber de buen padre de familia, y una vez que prescindía de su uso debía ser remitido a la Fiscalía correspondiente para luego ser entregado a la Custodia de Bienes Cautelados del Ministerio Público. Sin embargo, como se desprende de la declaración indagatoria del agente B.C., este señaló que cuando se encontraba en las oficinas del Sub- Dirección de Investigación e Información Policial de C.,terminando unas entrevistas a unos detenidos como resultado de un operativo anti pandilla realizado el día 24 de octubre de 2007, su jefe inmediato, el mayor D., le ordenó ir a la ciudad de Panamá a retirar un cheque y cambiar las llantas del vehículo que iba a utilizar. Advierte que, como no había podido dormido el día anterior por el operativo, se quedó dormido manejando de regresó a C., y ocasionó el accidente de tránsito el día 25 de octubre de 2007, donde resultaron lesionados varias personas. (Visible a fojas 253-258 del expediente penal) Igualmente, manifiesta y se desprende en la Sentencia Condenatoria No. 63 de 9 de marzo de 2009, que cuando se le concedió la palabra a la licenciada Bolivia Jaén abogada de la defensa del señor C. indicólo siguiente: "En todo momento el señor C. ha aceptado los hechos como se dieron, lo explicó, era una persona que estaba agotada en donde su estado de vigilia le estaba fallando por exceso de trabajo". De allí entonces que, la actuación negligente por parte de la Policía Nacional al designar al agente B.C. el 25 de octubre de 2007 para realizar una diligencia institucional, cuando éste no se encontraba en las condiciones psicofísicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes a su cargo en ese momento, constituye una falla en el servicio público prestado por esta entidad del Estado. La Policía Nacional está llamada a garantizar la paz, la seguridad ciudadana, el cumplimiento y la observancia de la Constitución Política de la República, como lo establece la Ley Orgánica de la Policía, lo cual implica cuidar y proteger la vida, honra, integridad física, derechos, libertades y bienes de los asociados, por tanto debe evitar que casos semejantes se repitan. Ante estas circunstancias, el Estado, a través de la Policía Nacional se encuentra llamado a responder patrimonialmente por los daños y perjuicios causados al demandante, G. A.S.M., y los mismos se le ocasionaron por el accidente de tránsito ocurrido el 25 de octubre de 2007, siendo responsable el agente de la Policía Nacional B.C.. Por otra parte, respecto a la responsabilidad del Ministerio Público con el hecho dañoso a través de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, esta S. estima que no existe nexo causal, toda vez que, cuando ocurrieron los hechos, en materia de vehículos recuperados en delitos relacionados con drogas no existía ninguna normativa que establecería el procedimiento al cual deba ceñirse la conservación de estos bienes muebles. Se encontraba vigente, la Ley No. 13 de 27 de julio de 1994, en concordancia con la Resolución No. 101 de 29 de agosto de 1994, que facultada a la agencia de instrucción aprehender todos los instrumentos, dineros, valores, y demás bienes empleados en la ejecución de delitos relacionados con drogas, así como los bienes presumiblemente derivados del ilícito. La asignación de vehículos recuperados por los agentes de instrucción, como lo ha señalado anteriormente la S. mediante Resolución de 1 de febrero de 2007, obedece a la necesidad de garantizar el mejor cuidado y conservación posible, circunstancia que en algunas ocasiones no puede proveer a cabalidad el despacho de instrucción y es encomendada a diversas agencias estatales que coadyuvan en el desempeño de las funciones que desarrollan las autoridades del Ministerio Público. Aunado al hecho que, el F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, atendiendo al deber de cuidado y protección que le atañía con relación a los vehículos que habían sido recuperado por su despacho, elaboró las resolución respectiva otorgando dicho bien mueble en custodia provisional al Jefe de la Sub Dirección de Información e Investigación Policial de C., como consta en la Resolución No. 201 de 7 de agosto de 2007, institución que presta colaboración en las diligencias de investigación de los delitos, con el compromiso de que los mismos se mantuvieran en buenas condiciones, tanto físicas como mecánicas, y asumiendo aquéllos los gastos de mantenimiento y conservación de dicho vehículo. En consecuencia, el Estado, a través de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, no se encuentra llamado a responder patrimonialmente por los daños y perjuicios causados al actor, G. A.S.M., pues su relación al proceso no le acredita responsabilidad por las explicaciones antes expuestas en cuanto a la incautación del vehículo; que fuere entregado a la policía. c. Las sumas reclamadas y sus pruebas El principio fundamental del derecho a la indemnización es el resarcimiento económico, pago o compensación por un daño o perjuicio causado. Como hemos señalado anteriormente, el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y el juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta de autor resultará necio e inútil. (Citado por J.C.H., en su obra El D., Universidad Externado de Colombia, Segunda Impresión, Colombia, 2007, página 36) En ese sentido, el autor K.L., en su obra Derechos de daños ha manifestado que, el daño es "...el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya que en sus bienes vitales o naturales ya en su propiedad o en su patrimonio." (Citado por A.D.A., en su obra El D. y su Cuantificación Judicial, Editorial AbeledoPerrot S.A., Segunda Edición, Argentina, 2011, página 6) De lo anterior se desprende que, el daño resarcible como el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo componen (daño patrimonial o material), y también la lesión de sentimientos, al honor o las afectaciones (daño moral). Bajo ese marco de ideas, en cuanto al elemento de presencia de un daño directo, cierto y susceptible de ser cuantificado, se observa que el demandante alega que sufrió fractura fragmentada de su fémur izquierdo, por la cual tuvo que ser operado, y se le colocó un clavo bloqueado y cuatro tornillos para sujetarlo. Dicho clavo bloqueado se rompió (refractura) lo que requirió una nueva intervención quirúrgica de su representado. Posteriormente, se le salió el tornillo ubicado en la parte inferior del clavo bloqueado que se le colocó en el fémur izquierdo, en la segunda intervención. Es decir ha sido operado en tres ocasiones por la misma lesión, y aún no ha sanado. La cuantía de la indemnización pretendida por el actor asciende a la suma de trescientos cincuenta y dos mil novecientos quince dólares con treinta y seis centavos (B/.352.915.36), en concepto de indemnización, desglosados de la siguiente forma: D. Material..........B/.15,052.61 D. Físico.............B/. 13,787.29 Lucro Cesante.......B/. 124,075.46 D. Moral............B/. 200,000.00 Total.......................B/. 352,915.36 A.D. Patrimonial En su obra Derecho de D.s, Textos y Materiales, los autores E.R.T., y M.N., han señalado que daño patrimonial o material consiste: en la disminución del patrimonio de la víctima causada por el evento dañoso. (Citado por E.R.T., y M.N. en su obra Derecho de D.s, Textos y Materiales, Editorial Tirant Lo Blanch, Sexta Edición, España, 2011, página 199) Por otra parte, el jurista G.M.R., quien describe el lucro cesante, en su obra "Responsabilidad Civil Extracontractual", estableciendo que estos implican daños patrimoniales o materiales. El autor en mención señala que: "El daño emergente es: "el empobrecimiento directo incluyen de patrimonio del perjudicado...lo conforma lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender el daño y sus efectos o consecuencias. Por su parte, considera que lucro cesante es "la frustración o privación de un aumento patrimonial. La falta de rendimiento, de productividad, originada por los hechos dañosos." (G.M.R., Responsabilidad Civil Extracontractual, 8ªedición, Biblioteca Jurídica Diké, 1995, págs 194 y 195) Se advierte que en el daño patrimonial la parte actora solicita el pago por los daños y perjuicios causados, bajo los siguientes conceptos: daño material, daño físico y lucro cesante. No obstante, en primer lugar, la S. entrará a analizar el daño emergente (daño material y físico), los cuales se desglosan de la siguiente manera: a.1 D. Emergente D. Material • Nissan, modelo sentra B15, color plateado, placa 494166, motor No. QG18-6002755, adquirido en marzo de 2005, en la Compañía Panamá Motor S.A., el cual por el accidente quedó pérdida total. Dicho vehículo fue adquirido por financiamiento del Banco General, como consta en Escritura Pública No. 4,454 de 25 de febrero de 2005, por la suma de B/. 10,944.90, abonando su representado la suma de B/.1,305.51. • Póliza de Seguro del Vehículo adquirida en el año 2007, por un monto de B/. 423.97 • Derecho de circulación de placa y paz y salvo del año 2007 del Vehículo Nissan...... B/.29.00 • Revisado correspondiente al año 2007 del Vehículo....... B/.15.75 • Pago mensual de la hipoteca del Banco General, la cual al mes de octubre de 2007 ...................................B/.4,310.93 • El señor G.S. adquirió un vehículo marca Toyota, modelo yaris, año 2006, placa 477557.............B/. 9, 400.00 • Gastos de traspaso y paz y salvo del vehículo marca Toyota, modelo yaris, año 2006, placa 477557...................B/. 424.21 • El señor G.S. estuvo sin carro e incurrió en gastos de taxi, y razón de B/3,50 diarios por 22 días al mes por 8 meses............B/. 616.00 D. Físico • Uso de instalaciones para rehabilitación física............B/.142.80 • Sesiones terapéuticas para rehabilitación física..........B/. 91.35 • Sesiones terapéuticas de rehabilitación física........B/. 91.35 • Compra de instrumento para terapias................B/.15.21 • Compra de medicamento.......................B/. 25.05 • Cuenta de Hospitalización...................B/. 12, 642.16 • Gastos médicos..................B/. 150.00 • Gastos médicos...............B/. 139.86 • Compra de medicamentos.....B/. 81.59 • Compra de medicamentos.......B/. 51.73 • Compra de medicamentos.......B/6.88 • Compra de medicamentos.....B/. 15.57 • Gasto por consulta médica.....B/. 18.00 • Gasto por consulta médica....B/. 18.00 • Gastos por servicios médicos....B/.37.60 • Gastos por servicios médicos....B/.39.40 • Gastos por servicios médicos....B/.12.00 • Gastos por servicios médicos....B/.3.00 • Gastos por servicios médicos....B/.107.20 • Gastos por servicios médicos....B/.26.80 • Compra de pesas.............B/. 16.75 • Gastos por servicios médicos....B/.20.00 • Gastos por servicios médicos....B/.37.60 • Gastos por servicios médicos....B/.39.40 • Gastos por servicios médicos....B/.18.00 Total.......................................B/.13, 787.29 Fijación del monto de la indemnización solicitada De allí que, se debe proceder a examinar las constancias procesales, así como los informes periciales que reposan dentro del expediente, dado que esas pruebas resultan de trascendental importancia para establecer el monto de los daños patrimoniales. Según la doctrina son daños patrimoniales aquéllos que afectan a bienes para los que existe un mercado de intercambio que permite valorar objetivamente el impacto económico de bien o derecho afectado por el accidente. El carácter patrimonial de un daño supone que existe un mercado que lo valora, pero también que lo produce y suministra. Los daños patrimoniales son, por tanto daños o bienes reemplazables. (G.P., F. y M.G., I.. El daño moral y su cuantificación. Editorial W.K.S.A., Primera Edición 2015, página 36) Por tales razones, considero preciso que se debe realizar una ponderada valoración de las pruebas de conformidad con la sana crítica y con sujeción a las pautas consagradas en el artículo 980 del Código Judicial que indica: "Artículo 980: La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso". En cuanto a las pautas que debe seguir el Tribunal para la apreciación probatoria de los dictámenes periciales con arreglo a las reglas de la sana crítica, la doctrina nacional ha enumerado un elenco de factores que deben ser tomados en cuenta, como se observa a continuación: "ELEMENTOS CONCRETOS DE VALORACIÓN. La experiencia demuestra que existen ciertos elementos y criterios relevantes de apreciación probatoria que debe tomar en cuenta el juez en la valoración de la prueba pericial. Son estos, entre otros: 1. Competencia y especialización profesional del perito en relación con la materia que dictamina (como regla, y sin perjuicio de otros elementos, mayor valor probatorio tiene un perito experto e independiente, que varios mediocres). 2. Precisión, coherencia y grado de certeza del dictamen. 3. Método de investigación y exposición. 4. Fuentes y datos que sirven de base al dictamen. 5. Principios técnicos en que se funda el dictamen. 6. Contestación a las repreguntas del opositor. 7. Comportamiento del perito en el proceso. 8. Prestigio, especialmente en los círculos profesionales y en los tribunales. 9. Sana crítica. 10. Concordancia con el resto de las pruebas".(J.F.P., MEDIOS DE PRUEBA, Editorial Plaza & Janés, Bogotá, 2001, Tomo II, segunda edición, corregida y aumentada, págs533 y 534. En ese orden de ideas, en cuanto a los dictámenes periciales, se le debe otorgar valor probatorio respecto a los puntos en discusión, y le corresponderá al Tribunal, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, asignarles el debido valor de los dictámenes de cada perito, tomando en consideración su competencia; que se encuentran sustentados en principios científicos; guarden relación con los elementos de convicción que consten en autos, y la uniformidad de sus opiniones. Cabe señalar que mediante Resolución de 17 de abril de 2006, este Tribunal ha señalado que "más allá de que en la práctica se consideren auxiliares de la parte que los designa, de acuerdo a nuestra legislación son verdaderos auxiliares del Tribunal, y es el juzgador quien se beneficia al contar con los conocimientos técnicos y científicos que los expertos aportan al proceso, para facilitar una mejor apreciación y entendimiento de los hechos controvertidos." Igualmente, la S. ha señalado que en la doctrina se ha considerado que para la eficacia probatoria de un dictamen pericial se hace necesario que concurren ciertos elementos, entre los cuales cabe destacar: a. Que el dictamen esté debidamente fundamentado; b. Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos; c. Que la conclusión sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles; y d. Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto."(Sentencia de la S. de 23 de febrero de 1995, Sentencia de la S. de 22 de noviembre de 2000) Se advierte que consta dentro del expediente como prueba para establecer los daños patrimoniales ocasionados al señor G.S.M., dictámenes periciales contables de los cuales se desprenden que existen diferencias evidentes respecto al dictamen pericial contable presentado por la Procuraduría de la Administración, y la parte actora. Luego de realizar una apreciación integral de los citados dictámenes periciales rendidos durante el curso del proceso, arrojan que en cuento al rubro de daño material y físico, el peritaje confeccionado por el licenciado F.E.C., y la licenciada M.M.V. de P., perito de la parte actora, luego de las valoraciones que ordena el artículo 980 del Código Judicial, revelan, a juicio de esta S., que merecen fe probatoria respecto a los puntos en discusión. Lo anterior es así por las siguientes razones: 1-El dictamen está debidamente fundamentado, toda vez que se observa que al momento de determinar los daños materiales y físicos, se estableció en dicho informe cuales fueron las pruebas utilizadas para constituir el monto de cada rubro. 2- La conclusión del dictamen es clara, firme y tiene una consecuencia lógica de sus fundamentos, toda vez que dicho informe fue realizado en base la documentación encontrada en el expediente principal, y en los cuadernillos de facturas, antecedentes y gastos médicos, al igual que aportó los documentos utilizados para llegar al monto de los daños. 3-No exista otra prueba que desvirtúe el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Aunado al hecho que, como consta a fojas 316-324 del expediente que al momento que se les realizó el examen a los peritos contables de la Procuraduría de la Administración ambos señalaron que laboraban en la Policía Nacional, y que no tenían experiencia en la elaboración de informes periciales sobre la reparación de daños y perjuicios. Por tales motivos, basados en la sana crítica y lo estipulado en el artículo 971, que los empleados públicos no podrán actuar como peritos en los casos en que el Estado sea parte o tenga interés, no le dará valor a dicha prueba. Cabe señalar en este punto que, el doctor J.P.Q. en su obra titulada Manual de Derecho Probatorio, indicó que: "El dictamen pericial es un medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada e la materia de que se trate hace dilucidar la controversia, aporte que requiere de especiales conocimientos. ...... El juez debe analizar el dictamen de los peritos, y si lo convence, puede tenerlo en cuenta para edificar sobre él, en todo o en parte, la decisión que tome; así mismo debe examinar los fundamentos y las conclusiones, y si les halla mérito lo que tiene como base para fallar; caso contrario, debe desecharlo." (J.P.Q., Manual de Derecho Probatorio, Librería Ediciones del Profesional Ltda, Bogotá, Colombia, Decimoctava Edición, 2011, página 585, y 605) Así que basados en el peritaje de la parte actora, y en el sustento probatorio aportado para estos conceptos dentro del expediente, podemos llegar a la conclusión que los daños materiales y físicos ocasionados al señor G.S. consisten en B/. 6,829.75, y B/. 11,213.26 respectivamente desglosados de la siguiente manera, respectivamente: D. Material •Abono para la compra del vehículo Nissan Sentra.....................................B/.2,050.10. •Pago de póliza de seguro No. 01-0739448.................................B/. 423.97 •Placa y derecho de circulación Nissan Sentra...........................................B/. 29.00 •Revisado correspondiente al año 2007...........................................B/. 15.75 •Suma pagada desde marzo 2005 hasta 25 de octubre de 2007. Valor de la Hipoteca B/10, 944.90 menos cancelación de la Compañía Generalli.....................................B/.6, 633.97 D. físicos • Radiografías y Laboratorios ..........................B/.231.26 • Fisioterapia....................................................B/. 1,433.61 • Magnoterapia................................................B/. 1, 211.26 • Cirugía por fractura del fémur izquierdo.........B/. 6,967.19 • Compra de medicamentos..............................B/. 814.14 • Gastos por consultas médicas..........................B/. 437.00 • Otros gastos médicos.......................................B/.118.80 a.2 Lucro Cesante El lucro cesante consiste en la ganancia que supuestamente dejó de percibir el señor G.S.M., por el accidente de tránsito ocurrido el día 25 de octubre de 2007, toda vez que se le causó lesiones personales que le impidieron realizar sus actividades diarias, en consecuencia se le ocasionó una pérdida patrimonial. Cabe señalar que, la ganancia frustrada no es preciso que se fundamente en un título que exista en el patrimonio del acreedor en el momento del daño. Esto es, no resulta imprescindible que en el momento en el que se produce el hecho dañoso el incremento patrimonial susceptible de integrar el lucro cesante ya se haya concretado, sino que basta que se pudiera razonable haber llegado a concretar en el futuro. (J.F.G.M., La Prueba del Lucro Cesante, en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros) Es decir, no basta la simple posibilidad de realizar ganancia, sino que ha de existir una cierta probabilidad objetiva que resulte del trascurso normal del tiempo de las cosas. Las ganancias que pueden reclamarse son aquellas en las que concurre verosimilitud suficiente para poder ser reputadas como muy probables, en la mayor aproximación a su certeza efectiva. (J.F.G.M., La Prueba del Lucro Cesante, en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros) Establecido el concepto de lucro cesante, es preciso valorar si la pérdida alegada por el demandante merece o no de reparación, en ese sentido, observa que éste alega que el señor G.S.M., es abogado y el único socio, asalariado de la firma forense S. y Asociados, según declaraciones de renta de la firma correspondiente al período 2006-2007. Agrega que, brindaba servicios legales en asuntos de tránsito en la ciudad de C. a las compañías de seguros Internacional de Seguros S.A., y ASSA Compañía de Seguros S.A., lo cual por motivo del accidente dejó de continuar de brindar sus asesorías. Para ASSA Compañía de Seguros S.A., durante los años 2006 y 2007 indica el demandante, que su representado le facturó a la empresa un total de B/. 20,555.00, los cuales considera que divididos en 22 meses en los cuales prestó sus servicios legales, da un promedio de B/.934.31 mensual, y por 27 meses que dejó de laborar corresponde a un lucro cesante de B/. 25,226.37. Respecto a Internacional de Seguros S.A., durante los años 2006 y 2007 facturó un monto de B/. 7,765.00, los cuales considera que divididos en 22 meses en los cuales prestó sus servicios legales, da un promedio de B/. 352.95 mensual, y por 27 meses que dejó de laborar corresponde a un lucro cesante de B/. 9,529.65. Igualmente alega que el licenciado G.S. recibía B/ 400.00 balboas mensuales como salario dentro de la firma S. & Asociados, y dicha firma generó B/. 66, 959.59 balboas en total de ingresos brutos del año 2006 y 2007, los cuales divididos entre 24 meses da un promedio de B/ 2, 789.98 balboas mensuales, lo que genera un total de B/.3,189.98 balboas de ingreso mensual. Por lo cual considera que basados que el ingreso promedio mensual era de B/.3,189.98 balboas, y que de acuerdo al criterio médico el licenciado S. estará otros 6 meses de incapacidad, el total de meses de incapacidad serían de 28 meses, lo que da un total de B/. 89,319.44. Se advierte que, cuando se les realizó el examen a los peritos licenciada M.V., y el licenciado F.E. estos manifestaron al momento de ser interrogados cuál fue el método utilizado pata determinar el monto del rubro de lucro cesante, que basados en las declaraciones de renta de los años 2006 y 2007, en base al salario recibido por el señor S. declarado en la planilla de la Caja de Seguro Social, bajo la sociedad civil de abogados S. &A., se estableció que el monto dejado de percibir por las lesiones causadas consisten en B/.32,263.25, está acreditado en la renta gravable más el salario promedio anual, declarado a la Caja de Seguro Social por la cantidad de meses de incapacidad que constan en el expediente. De allí que, luego de constatados con las pruebas aportadas en autos, y que esta S. basada en la sana critica le dio valor al peritaje presentado por la parte actora, es de la opinión que se el monto de lucro cesante se encuentra acreditada por un monto de B/.32,263.25, toda vez que, existía una probabilidad razonable de que tales resultados se pudieran producir. B.D. Moral El Diccionario Jurídico de M.O., en su 23ª edición, 1996, manifiesta que el daño moral o agravio moral: "Consiste en el desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, que cuentan con protección jurídica, y se atiende a los efectos de la acción antijurídica, el agravio moral es el daño no patrimonial que se inflige a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley." Tanto la doctrina como la jurisprudencia de Santiago, Chile han sostenido que el daño moral, a diferencia de lo que sucede con el daño material, no necesita de ninguna clase de prueba, toda vez que, parten de la premisa que el carácter espiritual y subjetivo del daño extrapatrimonial hace no sólo innecesario, sino imposible la acreditación de su existencia. El daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se centra en la propia naturaleza afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre en un hecho externo que afecta la integridad moral del individuo y por lo tanto la apreciación de éste debe considerarse entregada al juez, pues dada su índole es inconcuso que no puede no requiere ser acreditado. Esta categoría abarca aquellos perjuicios que afectan el aspecto personal o emotivo, derivado de la violación de los derechos inherentes a la personalidad, como son el honor, la reputación, la fama, el decoro, la vida, entre otros, y la describe el Código Civil de la siguiente manera: "Artículo 1644-A. Dentro del daño causado se comprende tanto los materiales como los morales. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en materia de responsabilidad contractual, como extracontractual. Si se tratare de responsabilidad y existiere cláusula penal se estaría a lo dispuesto en ésta. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quién incurra en responsabilidad objetiva así como el Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio y sus respectivos funcionarios, conforme al Artículo 1645 del Código Civil. Sin perjuicio de la acción directa que corresponda al afectado la acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la indemnización lo determinará el Juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso... Artículo 1645. La obligación que impone el artículo 1644 es exigible no solo por los actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder... El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones." La citada norma establece como regla para fijar el monto indemnizatorio, que el juzgador considere los factores descritos en la norma, los cuales recaen en la naturaleza del derecho lesionado, el grado de responsabilidad del sujeto generador del daño, la situación económica del responsable y de la víctima así como las demás circunstancias relativas al perjuicio reclamado. Estos factores constituyen una herramienta de ayuda para la formación del criterio del juez, el cual debe basarse esencialmente en el principio de la sana crítica, toda vez que goza de amplios poderes discrecionales en materia de tasación de daños y perjuicios. La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que para determinar el monto de indemnizatorio por daño moral debe hacerse de conformidad con las pruebas aportadas por el damnificado. No obstante, reconoce también que, a falta de elementos que ayuden a precisar el monto de reparación, el Tribunal puede de forma discrecional, razonable y fundada, adentrarse a su fijación tomando en cuenta aquellos factores o elementos que consten en autos. (Sentencia de 19 de agosto de 2008) Sobre este tema el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lastimosamente ya fallecido D.E.A.S., en su ponencia titulada "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre D. Moral", señaló lo siguiente: "...En cuanto a la reparación del daño se indica: "..... En la reparación del daño moral se conjugan o sintetizan la naturaleza resarcitoria que para la víctima tiene la reparación, con la naturaleza sancionatoria que con respecto del ofensor le impone a éste el deber de reparar las consecuencias del acto ilícito del cual es responsable. También es cierto que la reparación del agravio o daño moral debe guardar relación con la magnitud del perjuicio, el dolor o la afección que haya causado, sin dejar de tomar en consideración el factor subjetivo que pudo haberle servido de inspiración al infractor cuando cometió el ilícito. Son esos los factores recogidos por el artículo 1644A del Código Civil cuando señala: `El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso´. Encontrar una adecuada proporción o equivalencia entre la reparación y el daño tratándose de la afectación de bienes extrapatrimoniales ofrece, como es natural, serias dificultades y exige del juzgador poner en juego sus facultades discrecionales de la manera más seria y prudente posible. Para, comenzar se debe considerar la gravedad objetiva de la ofensa y la extensión palpable del agravio. En ese sentido no puede pasar inadvertido que en el presente caso la difamación alcanzó niveles nacionales de divulgación, hasta el punto de que no es extraño ni exagerado pensar que las acusaciones hechas contra el demandante continúan siendo hoy consideradas por muchas personas como ciertas y verdaderas." Se observa que el actor requiere el pago de doscientos mil dólares (B/.200,000.00) en concepto de daño moral, ya que sostiene que la fractura y refractura del fémur izquierdo, se traduce en dolor, angustia, incertidumbre, desasosiego, afectación familiar, profesional y social, y para acreditar su pretensión presentó una prueba pericial contable, el testimonio del doctor H.U., y documentales. Por otra parte, el doctor H.A. médico ortopeda y traumatólogo, con 18 años de experiencia, señaló que operó al señor G.S. el día 26 de octubre de 2007, porque presentaba una fractura del tercio medio del fémur multifragmentada, con un tercer fragmento en mariposa de forma semicircular que había rotado 180 grados, dirigida hacia la piel, la parte medular. Añade que, en los meses posteriores a la cirugía y considerando la severidad de la fractura, el proceso de consolidación fue lento, al punto que un fémur normalmente consolidado demora entre los 6 y 9 meses, y la fractura no presentaba signos radiográficos de consolidación a las 9 meses post cirugías. Igualmente advierte que el doctor A. señaló que el señor S. estuvo incapacitado por 2 años y durante el tratamiento utilizó silla de rueda, bastón andadera, y a la fecha que rindió declaración jurada el 16 de marzo de 2011 el prenombrado no había sido dado de alta, toda vez que tuve que ser operado por una refractura en septiembre de 2008, y el 29 de mayo de 2009 para removerle un clavo bloqueado ubicado en la parte inferior del fémur izquierdo que se estaba saliendo. (Visible a fojas 242-246) Así como, que en la última evaluación del señor S. realizada el día 15 de marzo de 2011, su fémur presentaba 80% de consolidación, y existe la posibilidad que el clavo que posee sea removido posteriormente, también existen posibilidades de refractura, lo que implicaría volver a operar, y como resultado de las operaciones le quedaron cicatrices y quedar con una pierna más corta que la otra. (Visible a 242-246) De lo anterior se desprende que los daños y perjuicios ocasionados al señor G.S., a raíz del accidente de tránsito ocasionado el día 25 de octubre de 2007, le produjeron una fractura grave por lo que fue operado en 3 ocasiones, y estar limitado en el movimiento por el tiempo que estuvo incapacitado para realizar su jornada cotidiana como profesional, esposo y padre de dos niñas menores de edad como consta dentro del expediente a fojas 40-42. Por otro lado, no consta en autos una prueba psicológica o psiquiátrica que ayuden acreditar el daño moral causado al actor, sin embargo, consta el peritaje contable aportado por la parte actora, el cual consiste en doscientos mil balboas (B/. 200.000.00) sin establecer como llegaron a dicho monto. Cabe señalar en este punto que los daños no patrimoniales son los que afectan a bienes o derechos que carecen de un mercado que lo valora, pero también que lo produce y suministra. Los daños morales son siempre no patrimoniales. Así lo impone el carácter de los bienes y derechos cuyo perjuicio define la existencia de un daño moral. No obstante, el sufrimiento de un daño moral puede tener incidencias patrimoniales en la víctima del daño. (J.F.G.M., La Prueba del Lucro Cesante, en la Revista de Responsabilidad Civil y Seguros) Ante tal escenario, este Tribunal es del criterio que basados en el testimonio del médico, que el señor G.S. antes del accidente era una persona que no padecía ninguna condición física, como actualmente lo sufre a raíz de la lesiones ocasionadas, por el agente de policía B.C., y por lo cual ha tenido que sufrir un largo período de recuperación de dichas lesiones, ese "precio del dolor", como sostiene Díaz-Picazo "debe reducirse al sufrimiento o perturbación de carácter psicológico en el ámbito de la persona". Para establecer el quantum indemnizatorio se debe realizar una ponderación de las lesiones ocasionadas al actor, así como el dolor que ha tenido que vivir, y que pueden quedar secuelas de las mismas así como las demás circunstancias del caso, como viene estipulado en el artículo 1644-A del Código Civil, en consecuencia, considera que por los perjuicios morales causados al señor G.S.M., como consecuencia del hecho dañoso que no debía ser soportado por la víctima, basados en la sana crítica estima que por compensación de daños morales asciende a la suma de cincuenta mil balboas (B/.50,000.00). Esto es así, porque si bien es cierto G.S.M. sufrió un daño, y que ese daño le ocasionó un dolor, tanto físico como moral, ese daño moral ha tenido un mejoramiento porque la propia condición de él como abogado litigante, le ha permitido continuar con el ejercicio de la profesión, y ello es un motivo, una zona límite en la función reparadora frente la pretendida solicitud del monto por el demandante. El monto del daño moral debe regularse prudencialmente estableciendo una suma fijada en un límite a compensar para que la misma no se constituya en una enriquecimiento sin causa, por esa razón dentro del marco de las pruebas periciales y documentales que obran en el proceso, que una prudente fijación en ese monto es la de establecer una adecuada indemnización conforme al mérito de lo que hemos señalado que obra en el expediente y la recuperación que ha tenido el señor G.S.M.. Además, la dificultad que ofrece demostrar el dolor, las aflicciones, el desprestigio o la indignidad provocada, no significa no quiere decir que tales padecimientos no sean susceptibles de apreciación pecuniaria, sin que ello implique que tal reparación equivalga a una compensación propiamente dicha. (Citado por E.A.S., en su ponencia titulada "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre D. Moral".) De allí entonces que, los daños y perjuicios causados al señor G.S. consisten ciento cincuenta mil trescientos un balboa con 26/100 (B/.100,301.26), desglosados de la siguiente forma: cincuenta mil trescientos un balboas con 26/100 (B/. 50,301.26), en concepto de daño material, y cincuenta mil balboas con 00/100 (B/.50,000.00) en concepto de daño moral. En mérito de lo expuesto, lo que procedía en base a las anteriores consideraciones, era acceder a las pretensiones formuladas en la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el apoderado legal de G.S.M., y condenar a la Policía Nacional, al pago de cien mil trescientos un balboa con 26/100 (B/.100,301.26), en concepto de daños y perjuicios morales y materiales causados, y negar las pretensiones formuladas en la demanda contencioso administrativa de indemnización, interpuesta por el apoderado legal de G.S.M., contra el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por tales razones, SALVO EL VOTO. Fecha ut supra, Abel Augusto Zamorano Katia Rosas (Secretaria)