Código Electoral

Todo ciudadano tiene el deber de obtener su cédula de identidad personal y a su inclusión en el Registro Electoral. Así mismo, el Tribunal Electoral tiene la obligación de facilitar la expedición de cédulas de identidad personal y de incluir a los ciudadanos en el Registro Electoral.

Se prohíbe:

1. A las autoridades y a los empleadores la exacción, cobro o descuento de cuotas, o contribuciones para fines políticos a los servidores públicos y a los trabajadores, respectivamente, aun a pretexto de que son voluntarias.

2. Cualquier acto que impida o dificulte a un ciudadano obtener, guardar o presentar personalmente su cédula de identidad personal y otros documentos requeridos para el ejercicio del sufragio.

3. Obligar, directa o indirectamente, a los ciudadanos a inscribirse o renunciar a un determinado partido político para poder optar a un cargo público o permanecer en él; y, en el caso de los empleados o trabajadores, exigirles la afiliación o renuncia a un determinado partido político para poder optar a un puesto o poder permanecer en el mismo; o apoyar cualquier candidatura.

4. Todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, colocación o distribución de anuncios a afiches a favor de candidatos o partidos políticos en las oficinas, dependencias y edificios públicos, así como el uso de emblemas, símbolos, distintivos o imágenes de candidatos o partidos, dentro de los edificios públicos.

5. El uso indebido y no autorizado de los emblemas, símbolos, distintivos, colores, imágenes y similares del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral.

Todo ciudadano, ya sea a traves de un partido político o la libre postulació, podrá ser postulado a cualquier cargo de elección popular, siempre que cumpla con los requisitos y procedimientos establecidos en el presente Código.

Para todos los fines electorales se entiende por residencia electoral del elector se entenderá el lugar donde reside habitualmente.

Son electores los ciudadanos en ejercicio que hubieren obtenido cédula de identidad personal y se hallaren inscritos en el Registro Electoral.

Todos los ciudadanos que sean electores tienen el derecho y el deber de votar en las elecciones populares para presidente y vicepresidentes de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados de la República, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales. A fin de ejercer este derecho, el ciudadano deberá cerciorarse, oportunamente, de su inclusión en el respectivo Registro Electoral y votará en la mesa que, conforme a dicho Registro, le corresponda en el corregimiento de su residencia.

Para que los ciudadanos residentes en el extranjero ejerzan el sufragio en el territorio nacional, basta que soliciten su inscripción o se les mantenga en el Registro Electoral en el lugar de su última residencia. El día de las elecciones, si están en el país, podrán votar en la mesa respectiva en todos los tipos de elecciones.

Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos de libre postulación en las juntas de escrutinio y en las mesas de votación, los funcionarios electorales y los supervisores e inspectores electorales, los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral que estén de servicio el día de las elecciones, los funcionarios del Ministerio Público comisionados para la investigación de delitos electorales y los miembros de la Fuerza Pública, del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Cruz Roja Panameña y de las instituciones de Bomberos que cuiden las mesas de votación, que no hayan votado en la mesa que le corresponde según el Padrón Electoral, podrán depositar su voto en la mesa donde ejerzan sus funciones o en una ubicada en el lugar donde se encuentran por razón de su cargo, al final de la votación, únicamente para Presidente y Vicepresidente de la República.

Para ejercer el derecho a votar se requerirá:

1. Ser ciudadano panameño.

2. Aparecer en el Padrón Electoral Final de la mesa respectiva.

3. Presentar cédula de identidad personal.

4. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

No podrán ejercer el sufragio ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular, quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por:

1. Estar inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia ejecutoriada.

2. Haber renunciado a la nacionalidad panameña o adquirido otra nacionalidad a la que no tenían derecho a reclamar por nacimiento.

3. Entrar al servicio de un Estado enemigo.

4. Estar sujetos a interdicción judicial.

El voto adelantado consiste en el ejercicio del sufragio antes del día del evento electoral, a través de los mecanismos que reclamente el Tribunal Electoral, según su factibilidad técnica, y sólo será para el cargo de presidente de la República.

De igual forma, los partidos políticos podrán establecer en su reglamento de elecciones primarias e internas el mecanismo del voto adelantado.

Los votos emitidos por adelantado se escrutarán al mismo tiempo que el resto de los votos emitidos el día de la elección general.

Los ciudadanos que estén en el extranjero el día de las elecciones generales o consultas populares y los que estén de servicio en la Fuerza Pública, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y en el Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja Panameña, así como los delegados electorales y los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, podrán ejercer el sufragio mediante el voto adelantado sólo para el cargo de presidente de la República.

Todo ciudadano está obligado a empadronarse en el lugar de su residencia en los Censos Electorales que se realicen para la elaboración o actualización del Registro Electoral, de acuerdo con los procedimientos o modalidades que para tales efectos establezcan el Tribunal Electoral y la Contraloría General de la República.

Todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral deberá declarar oportunamente antes los funcionarios respectivos del Tribunal Electoral, bajo la gravedad de juramento, su cambio de residencia de un corregimiento a otro.

Cuando el trámite se haga ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, el cambio tendrá que hacerse ante el funcionario de la oficina distrital que corresponda al corregimiento de la nueva residencia del ciudadano.

El ciudadano que obtenga, renueve o tramite un duplicado de cédula de identidad personal, deberá declarar, bajo la gravedad del juramento, su residencia al momento de formular su solicitud respectiva, para los efectos de su inclusión o actualización del Registro Electoral.

El funcionario del Tribunal Electoral ante quien se haga este trámite, informará al ciudadano de las implicaciones de esta declaración y el Tribunal Electoral reglamentará la medida para hacerla efectiva.

Los reclamos que tienen derecho a interponer los ciudadanos en el proceso de la elaboración del Padrón Electoral para cada elección, deberán ser interpuestos dentro de los plazos a que se hace referencia en el artículo 25.

Al momento de entregar la cédula de identidad personal, el Tribunal Electoral informará al ciudadano la ubicación del centro de votación donde tentativamente le corresponderá votar.

Las instituciones públicas y las empresas y entidades particulares colaborarán con el Tribunal Electoral en la actualización de la declaración de residencia de los ciudadanos que se hallan bajo su dependencia o de los que, al utilizar sus servicios, deban manifestar su lugar de residencia.

La depuración del Registro Electoral es permanente y tiene por objeto actualizar los cambios de residencia y excluir las inscripciones que se refieren a:

1. Ciudadanos fallecidos.

2. Ciudadanos que hayan perdido la nacionalidad.

3. Nacionales mayores de edad que tengan suspendida la ciudadanía o los derechos ciudadanos.

4. Inscripciones repetidas.

Los tribunales y las autoridades competentes tienen la obligación de remitir al Tribunal Electoral una copia autenticada de las sentencias ejecutoriadas en las cuales se declare interdicción judicial, pérdida de la nacionalidad panameña por naturalización, o suspensión de los derechos ciudadanos.

El Tribunal Electoral, en los casos previstos en el articulo anterior y los demás supuestos que impliquen suspensión de los derechos ciudadanos, tomará las providencias para que las personas afectadas no sean incluidas en el Registro Electoral o, de oficio o a petición del Fiscal Electoral o de cualquier ciudadano, cancelará su nombre del Registro Electoral en el cual aparezca.

Los menores de edad que deban llegar a la mayoría de edad hasta el día anterior a unas elecciones generales, inclusive, y que deseen votar en ellas, deberán hacer su solicitud de cédula de identidad personal hasta el 15 de octubre del año anterior de las elecciones, para quedar incluidos en el Padrón Electoral.

El Tribunal Electoral determinará la fecha y forma de entrega de las respectivas cédulas, las que deberán expresar la fecha de vigencia que confirme la mayoría de edad que corresponda.

El Padrón Electoral deberá incluir:

1. Los ciudadanos empadronados en el último Censo Electoral.

2. Los ciudadanos que con posterioridad al Censo se hubiesen incorporado al Registro Electoral.

3. Los cambios de residencia oportunamente declarados al Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral excluirá del Padrón Electoral, previa publicación, a los ciudadanos que no hayan ejercido el derecho al sufragio en tres elecciones generales consecutivas, y que en ese periodo no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del Tribunal Electoral.

No obstante, el ciudadano así excluido podrá solicitarle al Tribunal Electoral su reinscripción hasta el 15 de octubre del año anterior a las elecciones generales.

Esta norma es de orden público y tiene efectos retroactivos.

Para elecciones generales, el Tribunal Electoral preparará y publicará un Padrón Electoral Preliminar y un Padrón Electoral Final. El primero será el correspondiente al registro de electores vigentes al 30 de abril del año anterior a las elecciones; y el segundo, el que contenga las correcciones hechas al primero, con base en las solicitudes de los ciudadanos, los partidos políticos y el Tribunal Electoral, de conformidad con el proceso de depuración, actualización e impugnación que señala este Código, así como las inclusiones hechas hasta el 15 de octubre del año anterior a las elecciones. El Padrón Electoral Final se publicará de manera definitiva a más tardar tres meses antes de las elecciones.

El 30 de abril del año anterior a las elecciones generales, se suspenderán los trámites de cambio de residencia en Registro Electoral y, a más tardar el 30 de mayo, el Tribunal Electoral publicará el Padrón Electoral preliminar en el Boletín Electoral. Sin embargo, los trámites de inclusiones podrán hacerse hasta el 15 de octubre del año anterior. A más tardar el 30 de octubre, el Tribunal Electoral publicará en el Boletín Electoral, la totalidad de las inclusiones hechas desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre.

El ciudadano que no hubiese efectuado oportunamente el cambio de residencia, o el que lo hiciera con posterioridad a la suspensión de los trámites de dicho cambio votará en la mesa que le correspondía según el Padrón Electoral, por razón de su residencia anterior.

El Padrón Electoral Preliminar será distribuido por el Tribunal Electoral a todas las oficinas de la institución en todos los distritos del país, a los Alcaldes, Concejales, Representantes de Corregimientos y Corregidores para su debida divulgación.

Estas autoridades quedan a obligadas a exhibir dicho Padrón, en sus respectivas oficinas públicas.

El Tribunal Electoral utilizará todos los medios a su alcance para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de su inclusión o no, en el Padrón Electoral. Además, durante el proceso de actualización previo a la suspensión de cambio de residencia e inclusiones, el Tribunal Electoral llevará a cabo una campaña por los medios de comunicación y colocará afiches en oficinas de servicios públicos, oficinas del Tribunal Electoral, despachos de alcaldías y corregidurías, para recordar a los electores que deben verificar su inscripción en el Padrón Electoral preliminar.

A cada partido político legalmente constituido y precandidato por libre postulación reconocido por el Tribunal, se le entregará oportunamente y en forma gratuita, una copia en medio digital del Padrón Electoral Preliminar, dividido en circunscripciones electorales indicando el centro de votación en que debe votar cada elector.

Entre el 16 de mayo y 15 de junio del año anterior a las elecciones, el Fiscal General Electoral o cualquier ciudadano o partido político legalmente constituido podrá impugnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular:

1. Los cambios de residencia hechos por los electores hacia un corregimiento donde no residen;

2. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen;

3. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos;

4. La inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial;

5. Los ciudadanos que tengan suspendida su inscripción de nacimiento.

   En este mismo período, podrán reclamar contra dicho Padrón:

1. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula o tramitado inclusión o cambio de residencia hasta el 30 de abril del año anterior a las elecciones y no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente.

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos ciudadanos, pero cuya sanción se hubiera cumplido.

   Entre el 1 y el 30 de noviembre del año anterior a las elecciones, el Fiscal General Electoral o cualquier ciudadano o partido político legalmente constituido, podrá impugnar las inclusiones hechas entre el 1 de mayo y el 15 de octubre de ese mismo año, con el fin de anular:

1. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen;

2. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos;

3. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial;

4. Los ciudadanos que tengan suspendida su inscripción de nacimiento.

5. La inclusión de los ciudadanos que fueron reinscritos en el Padrón Eletoral, según lo dispuesto en el artículo 20.

   En este mismo periodo podrán reclamar, por haber sido omitidas las personas que hayan tramitado inclusión entre el 1 de mayo y el 15 de octubre del año anterior a las elecciones y que no hayan aparecido en las inclusiones que debe publicar el Tribunal Electoral el 30 de octubre.

   Hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, el Tribunal Electoral excluirá del Padrón Electoral Final a las personas fallecidas de cuya defunción recibiera las pruebas pertinentes y a las que tengan supendidos sus derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, cuya prueba sea recibida oportunamente por el Tribunal Electoral.

   Todas las impugnaciones a que se refiere este artículo se tramitarán mediante procedimiento sumario, por intermedio de abogado, mientras que las reclamaciones se tramitarán sin necesidad de éste.

Para los efectos de la residencia electoral, tal como lo establece el artículo 4, el elector de la circusncripción donde aparezca registrado en el Padrón Electoral tiene que ser residente habitual de dicha circunscripción, la cual podrá corroborarse mediante certificación emitida por el juez de paz de donde manifiesta residir.

La certificación tendrá la calidad de declaración jurada, la cual servirá como prueba ante las autoridades correspondientes para proceder con la impugnación del elector y su eliminación del Padrón Electoral con las correspondientes sanciones electorales establecidas en este Código.

La certificación que emita el juez de paz será expedida sin costo alguno para el elector y para cualquier ciudadano que solicite una certificación o copia de esta con la finalidad de impugnar el registro que aparezca en el Padrón Electoral.

Resueltas definitivamente todas las reclamaciones e impugnaciones, el Tribunal Electoral actualizará el Padrón Electoral Preliminar, lo publicará en su versión final y lo entregará en medio digital a los partidos políticos legalmente constituidos y a los candidatos por libre postulación, según la circunscripción electoral, a más tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones generales.

El Padrón Electoral Final indicará, además del centro de votación, el número de la mesa de votación donde debe sufragar cada lector.

No son elegibles para cargos de elección popular, los servidores públicos que hayan ejercido en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección, los cargos o cargos equivalentes siguientes:

1. Ministro y Viceministro de Estado, Secretario General y Subsecretario General, Director y Subdirector General, Nacional, Regional y Provincial de ministerios, así como de cualquier secretaría del Estado.

2. Director y Subdirector, Secretario General y subsecretario general, Administrador y Subadministrador, Gerente, y Subgerente Nacional, General, Regional y Provincial, de las entidades autónomas y semiautónomas y empresas públicas.

3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral y los magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas y del Tribunal Administrativo Tributario.

4. Contralor y Subcontralor General de la República, Magistrado del Tribunal de Cuentas y Fiscal de Cuentas.

5. Defensor del Pueblo y su Adjunto.

6. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e Intendente.

7. Tesorero municipal en el distrito donde ejerce.

8. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce.

9. Miembros de la Fuerza Pública.

El servidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en responsabilidad penal o administrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de manera inmediata.

Esta renuncia se considera afectada de pleno derecho.

Los servidores públicos mencionados en este artículo, una vez hayan renunciado, no podrán ejercer ningún otro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha de las elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de docencia, que ejercían previamente.

En los casos antes señalados, los candidatos a las eleccciones primarias de los partidos políticos deberán renunciar al momento de su postulación.

Toda postulación que viole lo dispuesto en el artículo anterior produce la inhabilidad del candidato. El mismo efecto producirá la aceptación del puesto respectivo, luego de postulado.

A petición de parte, se podrá iniciar el procedimiento para la inhabilitación de los ciudadanos al amparo de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando tenga conocimiento y las pruebas del caso, sin perjuicio del derecho de impugnar, el cual podrá ser ejercido por el fiscal general electoral y por quienes consideren que se han violado estas disposiciones.

La persona que se postule como candidato a un puesto de elección popular no podrá ser designada ni ejercer, mientras mantenga su postulación, ninguno de los cargos señalados en el artículo anterior.

La postulación de un candidato en violación de esta prohibición conlleva un vicio de nulidad absoluta y el cargo quedará vacante en caso de que el candidato fuera proclamado ganador, quedando obligado, aun en el evento de que pierda, a devolver los salarios percibidos.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el Tribunal Electoral remitirá el expediente correspondiente a la Contraloría General de la República, a fin de que tramite el reintegro de los salarios percibidos desde la fecha en que el candidato debía renunciar al cargo público hasta el día de la celebración de las elecciones.

Las oficinas del Tribunal Electoral, en todos sus niveles y dependencias, funcionarán, en lo posible, separadamente de otras oficinas públicas, de modo que los servidores del Tribunal Electoral no estén sometidos a las influencias o presiones de otros funcionarios oficiales.

Queda prohibido a los servidores públicos, realizar actividades de propaganda y afiliación partidaria en su horario de servicio y utilizar la autoridad o influencia de sus cargos para servir intereses de determinados candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen. A su vez, les está prohibido obstruir el libre ejercicio de las actividades proselitistas o electorales que se realicen conforme a este Código.

Los servidores públicos no pueden valerse de su autoridad para que sus subalternos realicen actividades en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos.

Los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral serán imparciales y les está prohibida toda participación en la política, salvo la emisión del voto.

Los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo.

El órgano oficial para la promulgación de todos los actos inherentes a las funciones del Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral es el Boletín del Tribunal Electoral.

El Boletín del Tribunal Electoral podrá ser eventual o periódico. La composición, impresión, fecha de salida y distribución del Boletín Electoral estará a cargo de un funcionario del Tribunal a quien éste designe las funciones de Editor del Boletín.

Su publicación también se hará a través del sitio Internet del Tribunal Electoral.

Las normas y los actos mencionados en el artículo 33 de este Código, que sean publicados en el Boletín Electoral, en el sitio Internet del Tribunal Electoral. Tendrán los mismos efectos jurídicos que los publicados en la edición impresa.

De igual forma, deberán publicarse en el sitio Internet del Tribunal Electora todas las correcciones o aclaraciones realizadas en las publicaciones del Boletín Electoral. El Tribunal Electoral desarrollará los sistemas necesarios que garanticen el acceso, la conservación, la fidelidad y la seguridad de la versión electrónica del Boletín Electoral.

Los documentos insertos en el Boletín del Tribunal Electoral harán fe en cuanto a su contenido y a su fecha para todos los efectos legales señalados en este Código. Será responsabilidad especial del Tribunal Electoral cuidar de que el Boletín salga, a más tardar, a las dos de la tarde de la fecha inserta en el respectivo número.

Los interesados podrán imprimir, por sus propios medios, copias de los ejemplares del Boletín Electoral obtenidos por Internet, y solicitar su autenticación ante la Secretaría General o ante las Direcciones Regionales del Tribunal Electoral.

El Boletín del Tribunal Electoral podrá ser vendido al público por medio de suscripciones o en cualquier otra forma que el Tribunal juzgue conveniente.

Las publicaciones que deben hacer los partidos políticos relacionadas con sus convocatorias, postulaciones, impugnaciones y proclamaciones dentro de sus procesos internos, o para cualesquiera otros asuntos relacionados con ello, en lo que se requiera como requisito de validez, o de afectación a terceros, podrán hacerse de manera gratuita en el Boletín Electoral.

El Tribunal Electoral está facultado para tomar todas las medidas y disponer todas las erogaciones que demandare la publicación de su órgano oficial.

Los partidos políticos son organizaciones de interés público, con personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Electoral, constituidos por ciudadanos en goce de sus derechos políticos, en tomo a una declaración de principios, sin fines de lucro, cuyos recursos se administran con transparencia y se

rigen en cumplimiento de la Constitución Política y la ley.

Su objetivo permanente es participar activamente en la política nacional, expresando el pluralismo político, sin menoscabo del derecho a la libre postulación, para perfeccionar el Estado democrático y solidario de derecho que promueve la dignidad humana, la justicia social y el bienestar general.

Los partidos políticos son organismos funcionales de la Nación. En consecuencia, lucharán por la participación cada vez más creciente de los sectores nacionales en las decisiones políticas; por el respeto y participación de las diversas tendencias ideológicas; por el fortalecimiento de la forma republicana, representativa y democrática de gobierno; y por la defensa de la soberanía nacional basada en la tradición de lucha del pueblo panameño.

La organización y el funcionamiento de los partidos políticos se sujetarán a un régimen democrático que asegure la participación de sus miembros en las actividades partidarias, así como en los cargos administrativos y de dirección y en los acuerdos que se adopten.

La filiación político-partidista de los ciudadanos es información confidencial. Sólo será suministrada al interesado y al partido político respectivo, así como a las autoridades competentes, cuando ello sea conducente y según lo reglamente el Tribunal Electoral.

Son requisitos para constituir un partido político:

1. Presentar solicitud de autorización para la formación del partido suscrita, por lo menos, por quinientos ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos, de los cuales, al menos, veinticinco deben residir en cada provincia y diez en cada comarca.

2. Inscribir un número no menor de siete adherentes en el 40 %, por lo menos, de los distritos en que se divide el territorio nacional.

3. Inscribir un número no menor de diez adherentes en cada provincia y cinco en cada comarca, que podrán ser las personas a que se refiere el numeral 1 de este articulo.

4. Inscribir como adherentes un número de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos no inferior al 2% del total de los votos válidos emitidos en la última elección para presidente y vicepresidente de la República, según los datos oficiales del Tribunal Electoral.

Los partidos políticos en formación reconocidos como tales antes de la vigencia de esta norma se acogerán al nuevo porcentaje de firmas que se establece en este artículo para ser reconocido como partido político constituido.

Los partidos políticos deberán tener conforme a este Código, un nombre que los distinga, estatutos, declaración de principios, programa de gobierno y símbolo distintivo.

No se autorizará la formación de un partido que escogiere el nombre o símbolo distintivo, igual o parecido al de otros partidos inscritos o en formación o que se pudiere confundir con el de los mismos; ni con el nombre de personas vivas. Tampoco se admitirá el uso de los símbolos nacionales o religiosos.

Además de su símbolo distintivo, los partidos podrán utilizar banderas, escudos, himnos o emblemas los cuales, una vez presentados al Tribunal Electoral, no podrán ser utilizados por otro partido constituido o en formación.

El procedimiento para las objeciones será el establecido en los artículos 50 al 55 de este Código.

Para su reconocimiento, los partidos políticos deberán ajustar sus estatutos, declaración de principios y programa a las disposiciones del presente Código.

El grupo de ciudadanos en pleno goce de sus derechos políticos que, de conformidad con las disposiciones del presente Código, deseen formar un partido político, deberá elevar al Tribunal Electoral un memorial en papel simple, por el cual solicite la autorización correspondiente. El memorial se dirigirá al Magistrado Presidente del Tribunal y será presentado personalmente ante el Secretario General, por el representante provisional designado.

En el memorial se consignará lo siguiente:

1. Nombres, sexo, número de cédula de identidad personal, residencia y firma de los iniciadores.

2. Nombre del partido.

3. Descripción de su símbolo distintivo y si lo tuvieren, el de su bandera, escudo, himno y emblema.

4. Nombre, sexo, número de cédula del representante provisional y de las demás personas que integran la directiva provisional.

Con el memorial de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse lo siguiente:

1. El proyecto de declaración de principios.

2. El proyecto de programa de gobierno del partido, en relación con los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de la Nación.

3. El proyecto de estatutos de partido.

4. Un facsímil a colores del símbolo y si lo tuvieren, el de su bandera, escudo, himno y emblema y su descripción.

5. Certificados en que conste la residencia, de por lo menos, cincuenta de los iniciadores del partido político en cada provincia y veinte en cada comarca, expedidos por los respectivos Corregidores, por los Alcaldes o por los Sahilas o Caciques.

Tan pronto como el Secretario General del Tribunal Electoral reciba la solicitud de que tratan los artículos anteriores, procederá a examinar la misma y la documentación que la acompaña para determinar si está en orden y completa. En caso contrario, la devolverá al interesado para su corrección y aportación de la documentación que falte.

A más tardar ocho días hábiles después de la fecha en que se reciba la solicitud, si está en orden y completa, el Tribunal Electoral dictará una resolución en la cual ordenará que se dé aviso público de su contenido.

Este aviso se publicará dos veces en el Boletín del Tribunal Electoral y por tres días consecutivos, por lo menos en un diario de circulación nacional.

El aviso público de que trata el artículo anterior deberá contener:

1. Nombre del partido.

2. Facsímil y descripción de un símbolo distintivo.

3. Nombre, número de cédula u residencia habitual del representante provisional y de las demás personas que integran la directiva provisional.

Hasta ocho días hábiles después de la última publicación en el Boletín del Tribunal Electoral, el Fiscal Electoral y cualquier ciudadano o partido político legalmente reconocido o en formación podrá objetar la solicitud de que tratan los artículos anteriores, mediante escrito presentado al Tribunal Electoral por intermedio de apoderado legal.

Cualquier ciudadano podrá examinar la documentación presentada por el partido en formación y solicitar, a su costa, las copias que estime necesarias, con el objeto de promover las oposiciones que creyere procedentes.

Si el Tribunal Electoral hallare fundadas una o varias objeciones o encontrare de oficio objeciones a la solicitud, procederá de la siguiente manera:

1. En los casos de defectos de forma en los requisitos exigidos en los artículos 48 y 49 de este Código, se concederá un plazo hasta de quince días ordinarios a los interesados para que corrijan la solicitud.

2. En los casos contemplados en los artículos 45,46 y 47 se dará traslado a los solicitantes para que dentro de 15 días hábiles subsanen la falla.

Si los iniciadores del partido no presentan oportunamente las correcciones a que se refiere esta disposición, se entenderá desistida la solicitud y se ordenará su archivo.

Cuando al recibo de las solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos el Tribunal Electoral observare que en una misma fecha o, a más tardar, ocho días hábiles después de la publicación de que trata el artículo 51, se presenten dos o más solicitudes para la formación de partidos políticos, con iguales o similares nombres o símbolos distintivos o que pudieren confundirse, el Tribunal Electoral, antes de decidir el asunto, hará comparecer a una audiencia al Fiscal Electoral y a los representantes provisionales de los partidos políticos en formación de que se trate. En la audiencia se aportarán las pruebas que estimen necesarias las partes interesadas y el Fiscal Electoral.

Para decidir el Tribunal tomará en cuenta los antecedentes y actividades partidarias de los grupos de peticionarios.

Los peticionarios cuya solicitud fuere negada podrán presentar una nueva solicitud para la inscripción del partido.

Si no encontrare objeciones, o una vez allanadas éstas, el Tribunal Electoral dictará resolución motivada en la que adoptarán las siguientes medidas:

1. Autorizará a los iniciadores del partido político para que procedan a formarlo.

2. Declarará abierto el periodo de inscripción de miembros del partido.

3. Ordenará la entrega a los Registradores Electorales de los Libros de Registro de Inscripción Electorales en todo el país y los instruirá para que presten al partido en formación la protección y facilidades que sean del caso.

4. Reconocerá como representantes provisionales a las personas que ostenten dicha calidad, según la solicitud del Partido en formación.

5. Para los efectos del número de adherentes exigidos para la conformación de un partido político, las firmas de los iniciadores de éste deberán ser contadas como parte del total.

La inscripción de adherentes para la formación de los partidos políticos se hará durante todo el año en las oficinas y lugares que el Tribunal Electoral designe para tal efecto.

En los años en que deban celebrarse elecciones generales o consultas populares y en los meses previos a éstas, el Tribunal Electoral podrá suspender las inscripciones de adherentes o miembros en los libros de los partidos políticos en formación y en los legalmente reconocidos.

La inscripción de los adherentes de un partido político en formación se hará de conformidad con las normas del Capítulo Séptimo de este Título.

La inscripción de un partido político en formación en uno o más distritos, o en todo el país, cuando el partido haya alcanzado la cuota necesaria se cerrará permanentemente a solicitud de su representante provisional.

La solicitud de cierre de inscripción en uno o más distritos se presentará personalmente ante el Tribunal Electoral, el Director Provincial de Organización Electoral o el Registrador o Registradores Electorales respectivos; y ante el Tribunal Electoral cuando el cierre se solicite en toda la República.

El Registrador Electoral, conforme a las instrucciones de la Dirección General de Organización Electoral, pondrá un aviso en su despacho en el cual comunicará a fecha de cierre de las inscripciones, firmará la diligencia de rigor, dejará constancia en el libro de las inscripciones alcanzadas y lo remitirá de inmediato a la Dirección General de Organización Electoral.

Sólo el representante legal del partido, de conformidad con los procedimientos estatutarios, solicitará la suspensión temporal y reanudación de las inscripciones. Estas inscripciones podrán hacerse en los libros utilizados durante la formación del partido, previa constancia de tal hecho, o bien en libros nuevos especialmente destinados para tal efecto.

Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para impugnar de que trata el artículo 81 o de la decisión de todas las impugnaciones presentadas, la directiva provisional del partido en formación que hubiera reunido la cuota de inscripción procederá a:

1. Celebrar la convención o congreso constitutivo del partido, en la cual deberán aprobarse en forma definitiva su nombre, distintivo, estatutos, declaración de principios y programas, así como bandera, escudo, himno y emblema, si los tuvieran, y se designarán los primeros directivos y dignatarios nacionales del partido.

2. Solicitar ai Tribunal Electoral, una vez celebrada la convención o congreso, que declare legalmente constituido el partido.

Para la celebración de la convención o congreso constitutivo de un partido en formación y su reconocimiento legal como partido político, se tomará como válida la cantidad de miembros inscritos que certifique la Dirección Nacional de

Organización Electoral una vez se haya cumplido con la cuota establecida en el numeral 4 del articulo 43. No será motivo de impugnación la disminución posterior de la cantidad de adherentes.

Aún cuando hubiere impugnaciones pendientes de decisión, el partido podrá proceder a celebrar su convención o congreso constitutivo, si aquellas no inciden en la cuota mínima de miembros exigida por este Código

La solicitud de que trata el numeral 2 del artículo 62, la formulará el representante legal designado por el partido y se hará mediante memorial que se presentará ante la Secretaria General del Tribunal Electoral, personalmente o por medio de apoderado legal. En el memorial se comunicará al Tribunal los nombres de las personas que integran los organismos directivos del partido y el número de inscripciones obtenidas. Con el memorial deberá acompañarse una certificación en la cual conste que el partido inscribió la cifra de miembros exigida, un ejemplar debidamente autenticado del acta final de la sesión celebrada por la convención o congreso en que se aprobó la declaración de principios, el programa y los estatutos del partido, los cuales deberán transcribirse en la misma.

El Tribunal Electoral dará inmediatamente traslado de la solicitud por tres días hábiles al Fiscal Electoral y dispondrá hasta de treinta días ordinarios para decidir mediante resolución si reconoce o no la existencia legal del partido por reunir éste los requisitos que exige el presente Código. La resolución que reconozca la existencia legal del partido ordenará su inscripción en el libro de Registro de Partidos que para tal efecto se llevará en el Tribunal Electoral.

Para mantener su condición de partido en formación éste debe inscribir un número de adherentes al menos igual al diez por ciento de la cuota mínima necesaria para su reconocimiento en cada uno de los períodos de inscripción siguientes a aquel en que inició sus inscripciones. Si el partido no cumple con lo anterior, al finalizar el período respectivo el Tribunal Electoral ordenará, de oficio o a solicitud de cualquier ciudadano y sin más trámite, la cancelación de la solicitud y de las inscripciones, y el archivo del expediente, mediante resolución que se notificará al representante provisional del partido y que se publicará en el Boletín del Tribunal Electoral.

También se procederá en la forma dispuesta en el artículo 66, cuando el partido político en formación no inscriba el porcentaje de adherentes de que trata dicho artículo, o no realice su convención o congreso constitutivo, en el plazo que señala el artículo 62.

Un partido político o podrá mantener su condición de partido político en formación durante más de cinco años, contados a partir de la declaratoria de tal condición por parte del Tribunal Electoral.

Los partidos políticos en formación estarán sujetos a las siguientes reglas:

1. Podrán ejercer los derechos previstos en los numerales 3, 4, 5, 8, 9 y 12 del artículo 97. Para manejar los ingresos que reciban para su funcionamiento, abrirán una cuenta corriente única en el Banco Nacional de Panamá (cuenta única de formación) en la cual depositarán los fondos correspondientes a las contribuciones que reciban en apoyo a su constitución y consolidación como partido político. Los fondos así depositados se utilizarán exclusivamente para tales fines. El Tribunal Electoral certificará al Banco Nacional de Panamá la condición de partido en formación para efectos de la apertura de dicha cuenta. La apertura y el funcionamiento de esta cuenta quedarán sujetos a los términos, condiciones y cargos que establezca el Banco. Los partidos políticos en formación están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su formación y funcionamiento, las que serán auditadas por el Tribunal Electoral.

   Las cuentas únicas de formación serán cuentas de carácter temporal, es decir, serán cerradas automáticamente por el Banco Nacional de Panamá una vez el Tribunal Electoral certifique el reconocimiento formal como partido o el no cumplimiento de los requisitos para ser reconocido como tal.

   En caso de que se reconozca como partido político, deberá abrir una nueva cuenta bancaria (cuenta única de funcionamiento) en el Banco Nacional de Panamá y cumplir con los requisitos y formalidades que exige dicha entidad

   bancaria para la apertura de cuentas de partidos políticos.

2. Tendrán las obligaciones establecidas en los numerales 1,2,3 y 6 del artículo 98 de este Código.

3. Podrán elegir nuevos directores y dignatarios provisionales, con las obligación de hacer la comunicación correspondiente al Tribunal Electoral.

4. Les serán aplicables las prohibiciones contempladas en el artículo 100 de este Código.

5. Podrán reformar sus proyectos de estatutos, declaración de principios, programa, símbolo y distintivos.

6. Su convención o congreso constitutivo deberá sujetarse a las normas de este Código sobre convenciones o congresos, así como a lo que para la misma se disponga provisionalmente en su proyecto de estatutos.

7. Formular las impugnaciones a que se refieren los artículos 53 y 80 de este Código.

Los cambios en la directiva provisional, los estatutos, declaración de principios, programa de gobierno, nombre, símbolo y distintivos de un partido político en formación, se sujetarán a lo dispuesto en los artículos 50 al 55 y 107 de este Código y podrán adoptarse por los iniciadores y por los adherentes legalmente inscritos en el partido.

El desistimiento de la solicitud de autorización para inscribir sólo puede aprobarlo la mayoría de los iniciadores del partido. Para desistir en un proceso de inscripción ya comenzado se requiere acuerdo mayoritario de los iniciadores o de los adherentes ya inscritos en el partido.

Las inscripciones de miembros o de adherentes de partido político constituido y en formación se efectuarán en las oficinas distritoriales de la Dirección Nacional de Organización Electoral.

No obstante, a solicitud de cualquier partido político, la Dirección Nacional de Organización Electoral autorizará que se realicen inscripciones fuera de las oficinas, siempre en presencia de registradores del Tribunal Electoral, para garantizar la autenticidad del registro y asegurando o garantizando la integridad de los registradores.

Las inscripciones de miembros o de adherentes de partidos políticos constituidos o en formación se efectuarán a través de los procedimientos establecidos por el Tribunal Electoral, ya sea por libros estacionarios, móviles o por medios electrónicos aprobados por este, en cualquier lugar, siempre que se encuentren presentes los funcionarios del Tribunal Electoral.

En caso de inscripciones en medios electrónicos con medios

biométricos, se podrá obviar la presencia del registrador del Tribunal Electoral y la expedición de la constancia de la inscripción.

La inscripción legal de los miembros de un partido político se hará en los libros de registros de inscripciones del Tribunal Electoral, por los registradores electores o sus auxiliares.

Los libros de registro de inscripción de miembros tendrán la forma y dimensiones que determine el Tribunal Electoral y en el lugar destinado a cada inscripción deberá reservarse espacio suficiente para consignar el nombre legal completo, el número de cédula de identidad personal, el sexo, la residencia, la fecha y hora de la inscripción y la firma o huella digital de miembro inscrito y del Registrador Electoral.

Los libros de cada partido serán identificados y numerados consecutivamente, con una codificación que tendrá dígitos para la provincia, el distrito centro de la provincia y el número correspondiente al libro. En caso de requerirse más de un libro para un distrito, se le asignará el número siguiente en la numeración y así sucesivamente.

Los libros utilizados para la inscripción de miembros durante el período de formación, podrán utilizarse cuando el partido esté reconocido, siempre que se deje la constancia respectiva en cada libro.

Para inscribirse como miembro de un partido político, el ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos se apersonará ante un registrador electoral y le manifestará verbalmente, su deseo de inscribirse en el partido de su preferencia. Le presentará su cédula de identidad personal y declarará, bajo gravedad del juramento, los detalles a que se refiere el artículo anterior.

A solicitud escrita de partido político se requerirá, además, para que proceda la inscripción, la presentación por el ciudadano de un formulario de inscripción expedido por el partido, que contendrá los mismos requisitos a que se refiere el artículo anterior y que se entregará al Registrador Electoral. Este formulario será suministrado por el partido y se presentará, previamente, al Tribunal Electoral para su aprobación.

Seguidamente, el Registrador Electoral llenará en el libro respectivo la inscripción del ciudadano y hará que éste firme su inscripción en el espacio previsto para dicho fin. Finalmente le entregará al ciudadano, si éste la solicita, una certificación donde consten los datos de su inscripción.

El Tribunal Electoral entregará a los partidos políticos certificaciones en las cuales conste la identificación de los miembros inscritos en cada libro.

Sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 58, los partidos políticos legalmente reconocidos podrán iniciar la inscripción de sus nuevos miembros, tan pronto se encuentre ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral que les otorgó su reconocimiento.

El proceso de inscripción se hará durante todo el año, en las oficinas y lugares que el Tribunal Electoral designe para tal efecto.

Son atribuciones de los Registradores Electorales, en materia de inscripción de miembros de los partidos, las siguientes:

1. Ejercer las funciones inherentes a su cargo dentro de su jurisdicción y cumplir con todas las comisiones que les encarguen los funcionarios y corporaciones electorales de mayor jerarquía.

2. Coadyuvar en la elaboración y la actualización del Registro Electoral dentro de su jurisdicción.

3. Recibir, guardar, custodiar y atender los libros de registro de inscripción de miembros de los partidos y asignarlos a los registradores electorales auxiliares para inscribir cuando hubiere necesidad.

4. Devolver los libros de inscripción a la Dirección General de Organización Electoral cuando se encuentren llenos; cuando se cierre la inscripción a solicitud del representante provisional del partido o cuando hubiere concluido el período anual de inscripción.

5. Dar posesión de sus cargos a los registradores electorales auxiliares que designe el Tribunal Electoral, sin perjuicio de que los mismos tomen posesión ante superiores jerárquicos.

6. Inscribir en los libros de registro de inscripción de miembros de un partido a los ciudadanos que deseen hacerlo.

7. Recibir, inscribir e iniciar la tramitación de las renuncias de los miembros de los partidos políticos, así como guardar, custodiar y atender los libros de registro de renuncias de inscripciones.

8. Prestar apoyo y facilidades a los iniciadores de los respectivos partidos.

9. Prestar sus servicios durante las horas hábiles de cada día y también durante los días y horas no hábiles que determine el Tribunal Electoral.

Los Registradores Electorales Auxiliares coadyuvarán con el Registrador Electoral en todas las labores señaladas en el artículo anterior y procederán a realizarlas por sí solos cuando hayan sido comisionados por este último para que efectúen dichas labores.

Todo ciudadano es libre de inscribirse en cualquier partido en formación o legalmente reconocido, así como de renunciar, de forma expresa o tácita, en cualquier momento, a su condición de miembro.

La renuncia será expresa cuando el ciudadano manifiesta que renuncia a su condición de miembro de un partido constituido o en formación, independientemente de si se inscribe o no en otro partido; y será tácita, en los casos en que el ciudadano se inscriba en otro partido político constituido o en formación, sin haber renunciado previamente al que estaba inscrito. En ambos casos, el ciudadano deberá presentar ante un Registrador Electoral, con su cédula de identidad personal, y le suministrará, bajo gravedad de juramento, los detalles necesarios para la respectiva diligencia.

En los casos de renuncia expresa el registrador entregará una copia de la renuncia al ciudadano.

Las renuncias expresas se realizarán exclusivamente en las oficinas del Tribunal Electoral.

Sin perjuicio del derecho de renuncia y del derecho de inscripción a que se refiere el artículo anterior, cuando se trate de partidos políticos en formación, el ciudadano sólo podrá inscribirse en un partido durante cada periodo anual de inscripción de miembros, salvo que el partido en el cual se inscriba desista de su solicitud.

La Dirección Provincial de Organización Electoral cancelará, en los libros de registro de inscripción de miembros, las inscripciones de adherentes en los partidos políticos en formación o legalmente reconocidos, cuando se produjere renuncia del partido.

Lo mismo se hará en los casos de expulsión de miembros de un partido.

Cualquier ciudadano podrá solicitar dicha cancelación al Tribunal Electoral, si éste no la hubiere practicado de oficio.

Durante el periodo de inscripción de miembros en un partido en formación y hasta cinco días hábiles después de cerrado permanentemente en todo el país o de expirado el período anual en que se obtuvo la cuota de inscripciones, según el caso, cualquier ciudadano o partido político legalmente reconocido podrá impugnar ante el Tribunal Electoral la inscripción de uno o más miembros del partido político en formación.

Igualmente dentro del año siguiente a la inscripción de un ciudadano como miembro de un partido político legalmente reconocido, el Fiscal Electoral o cualquier ciudadano o partido político legalmente reconocido podrá impugnar la inscripción.

Desde el inicio del período de inscripción de una partido y hasta 30 días hábiles después de finalizadas las inscripciones en todo el país o de vencido el período anual de inscripción durante el cual el partido obtuvo la cuota necesaria para su reconocimiento, el Fiscal Electoral podrá impugnar cualquier inscripción ante el Tribunal Electoral si encontrare que hubiere mérito para ello.

Cuando un ciudadano alegue que ha sido inscrito falsamente en un partido político, procederá a elevar personalmente una impugnación por escrito al Director Nacional de Organización Electoral, pidiendo que se anule dicha inscripción y declarando, bajo gravedad de juramento, que los hechos que alega son ciertos.

En estos casos, se dará traslado de la solicitud, por dos días hábiles, al representante legal del partido en el cual aparece la inscripción impugnada y al Fiscal Electoral. Vencido el término del traslado, el Director Nacional de Organización Electoral verificará las inscripciones pertinentes y decidirá sin más trámite, notificando a las partes por edicto que se fijará en lugar visible de dicha Dirección.

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se desfije el edicto, las partes pueden apelar ante los Magistrados del Tribunal Electoral. Una vez ejecutoriada la resolución respectiva, se cumplirá lo que ella dispone.

Son nulas las inscripciones de adherentes en partido políticos constituidos y en formación, en los siguientes casos:

1. Por ser falsos los datos de identificación.

2. Haberse inscrito el ciudadano antes en otro partido en formación durante el mismo período anual de inscripción, salvo que el partido en el cual se inscribió primero desista de su solicitud de inscripción como partido político.

3. Haberse inscrito el ciudadano más de una vez en el mismo partido. En este caso, sólo se mantendrá como válida la primera inscripción.

4. No estar la persona inscrita en pleno goce de sus derechos de ciudadanía, estar sujeta a interdicción judicial, o tener impedimento constitucional o legal para inscribirse.

5. Haberse efectuado la inscripción en libro distinto del que legalmente corresponda, o por persona sin facultad legal para efectuarla.

6. Haberse efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave.

7. No existir la persona inscrita.

8. Por ser falsa la inscripción.

En el caso del numeral 8 del artículo anterior, el afectado podrá impugnar en cualquier tiempo la inscripción.

En ningún caso el trámite de las impugnaciones interrumpirá el curso de las inscripciones.

En los casos contemplados en el artículo 83, con excepción del numeral 6, no será necesaria la impugnación, y el Tribunal Electoral, en cualquier tiempo y sin más trámite, puede proceder de oficio a su anulación.

Cuando la causa de nulidad de la inscripción constitutiva delito electoral o falta administrativa, mientras no prescriba la acción correspondiente, en la resolución pertinente se ordenará también la cancelación de la inscripción. Si se tratara de delito común, el Tribunal hará la cancelación de oficio una vez tenga conocimiento de la ejecutoria de la sentencia respectiva, cualquiera que sea el tiempo en que ésta se dicte.

Todo partido político constituido procederá de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los miembros y se regirá por sus estatutos, que una vez reconocidos por el Tribunal Electoral, tendrán fuerza de Ley entre sus afiliados.

Los partidos políticos son autónomos e independientes y no podrán ser intervenidos, ni fiscalizados en su régimen interno por ningún órgano y dependencia del Estado, excepto por el Tribunal Electoral en el manejo de los fondos que provea el Estado para sus gastos en los procesos electorales y en los demás términos que establece este Código.

Los partidos políticos podrán solicitar al Tribunal Electoral orientación y capacitación en materia de organización y procesos electorales internos. Del mismo modo, podrán solicitar que se les brinde cooperación en la organización de sus convenciones, elecciones primarias e internas, en los términos que se acuerde con sujeción a la autonomía e independencia de los partidos políticos.

Los organismos del partido acatarán y cumplirán las instrucciones, órdenes y decisiones de los superiores en jerarquía, siempre que éstos no interfieran o mermen las atribuciones propias que les asignen los estatutos y reglamentos.

Los estatutos del partido deben contener:

1. Nombre del partido.

2. La descripción del símbolo distintivo.

3. El nombre de los organismos del partido, sus facultades, deberes y responsabilidades.

4. La denominación y número de sus directivos y dignatarios.

5. Las normas sobre formación y administración de su patrimonio.

6. La forma de convocar a sesiones sus organismos, que en todo momento garantizará lo dispuesto en el articulo 94.

7. La forma en que convocarán las convenciones del partido y forma de elección de los delegados de estas.

8. Los mecanismos para elegir las autoridades intemas.

9. La determinación de las autoridades del partido que ostentarán su presentación legal.

10. Los deberes y derechos de sus miembros.

11. Las normas sobre Juntas de Liquidadores y el destino de los bienes del partido en caso de disolución.

12. Las formalidades que se observarán para la elaboración y archivo de las actas de modo que se garantice la autenticidad de su contenido.

13. Las causales de revocatoria de mandato y el procedimiento aplicable, su fuera el caso.

14. La forma de elección del Defensor de los Derechos de los miembros del partido, y la descripción de las atribuciones generales del Defensor.

15. La creación y conformación de la Secretaría de la Mujer o su equivalente, como parte de la estructura del partido, con las facultades que este Código, su reglamento y los estatutos del partido le confieren.

16. Las demás disposiciones que se estimen necesarias, siempre que se ajusten al presente Código y sus normas reglamentarias.

Las normas que se adopten en cumplimiento de lo señalado en el

numeral 8 del artículo anterior deberán:

1. Crear una autoridad dentro del partido, que tendrá bajo su cargo la dirección del proceso eleccionario interno y la coordinación con el Tribunal Electoral de las actividades partidarias para escoger sus candidatos.

2. Identificar la autoridad del partido encargada de decidir las impugnaciones que se presenten, así como las instancias dentro del partido que deben agotarse antes de poder recurrir ante el Tribunal Electoral.

3. Establecer un calendario electoral, el cual deberá contener:

   a. La convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación escrito de circulación nacional, por tres días, dirigida a todos los miembros del partido, en la que se señale la fecha de cierre de libros de inscripción de miembros cuando aplique, para establecer el Padrón Electoral que utilizará el partido en esa elección.

   b. Un periodo para recibir postulaciones, un periodo donde se den a conocer las postulaciones presentadas, un periodo para impugnarlas y un periodo para publicar las postulaciones en firme para efecto de las elecciones.

4. Garantizar que el día de las elecciones internas exista, por lo menos, una mesa de votación en cada circunscripción. El Tribunal Electoral, en coordinación con el partido político respectivo, establecerá las condiciones en las circunscripciones que sean inferiores a quinientos electores.

   En caso de que existan vacíos legales en las disposiciones que regulan los procedimientos de las elecciones primarias o internas de cada partido político, se recurrirá a las normas de este Código referentes a elecciones generales, así como al

   reglamento de elecciones vigente a la fecha, en lo que resulten aplicables.

Los organismos del partido se reunirán en sesiones ordinarias en os casos que establece la Ley y además en los casos y con la periodicidad que dispongan los estatutos del partido.

Si la autoridad del partido encargada de la convocatoria no procede a realizarla oportunamente, por los menos el veinte por ciento de los miembros del respectivo organismo podrán solicitar la convocatoria y, si expresa o tácitamente no se accediese a la misma, los peticionarios podrán hacerla directamente. Para estos efectos, se entiende como negativa tácita de la solicitud el no decidir sobre las misma dentro de los cinco días ordinarios siguientes a su debida presentación.

Las sesiones extraordinarias de los organismos del partido serán convocadas de acuerdo con sus estatutos y, además, cuando así lo pidan por escrito, con especificación del objeto:

1. La mayoría de los miembros principales del directorio respectivo.

2. La tercera parte de los miembros principales del respectivo organismo.

3. El diez por ciento de los miembros inscritos en el partido en la circunscripción de que se trate.

La convocatoria a sesiones extraordinarias se hará por medio del presidente del respectivo organismo, quien deberá citar a la reunión dentro de las tres semanas siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud.

De no convocarse la reunión, dentro del plazo anterior, los solicitantes podrán convocarla directamente, para lo cual publicarán un anuncio en un diario de la localidad por tres días consecutivos. La reunión extraordinaria se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la última publicación.

Cuando se trate de la Convención, Asamblea o Congreso Nacional, si de manera expresa o tácita se niega la solicitud de convocatoria, los peticionarios presentarán la impugnación correspondiente al Tribunal Electoral para que éste decida sobre la procedencia o no de la convocatoria. Si la resolución del Tribunal es favorable a la convocatoria, los peticionarios podrán proceder a efectuar directamente la misma, conforme al procedimiento señalado en el párrafo anterior.

Los partidos políticos podrán importar libre de impuestos artículos de propaganda partidaria con sus respectivos distintivos que no se produzcan en Panamá, previa certificación del Ministerio de Comercio e Industrias.

Los partidos políticos podrán importar libres de derechos de introducción y demás gravámenes equipos informativos y mobiliarios de oficina.

Los partidos políticos son asociaciones con personería jurídica y, en tal condición, tienen los siguientes derechos:

1. Adquirir y tener en propiedad bienes muebles e inmuebles y administrar y disponer de los mismos.

2. Realizar actos y contratos de acuerdo con el derecho común.

3. Intervenir en la vida del Estado mediante la activa participación cívica de los ciudadanos, la capacitación de sus afiliados para que intervengan en la vida pública y la selección de sus mejores hombres para el ejercicio del gobierno.

4. Realizar actividades proselitistas y campañas políticas, sin otras limitaciones que aquellas señaladas en la Constitución Política.

5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Constitución Política y conforme a lo dispuesto en este Código, realizar reuniones bajo techo o al aire libre de cualquier índole, desfiles, manifestaciones y otras actividades proselitistas, así como asambleas, convenciones o congresos de sus respectivos organismos.

6. Reformar sus estatutos, su declaración de principios o su programa.

7. Modificar o cambiar su nombre, símbolo y distintivos.

8. Fijar y recibir las cuotas de sus miembros.

9. Recibir herencias, legados y donaciones.

10. Formar coaliciones o alianzas y acordar su fusión o su disolución.

11. Sancionar disciplinariamente o expulsar a sus miembros en los casos y con las formalidades previstas en los estatutos, siempre y cuando se les garantice el debido derecho de defensa.

12. Difundir libremente su doctrina y programas y desarrollar las acciones tendientes a su organización y fortalecimiento.

13. Recibir los subsidios del Estado de conformidad con el Capítulo Primero del Título V de este Código.

14. Utilizar los medios de comunicación social que el gobierno central administre.

    El Tribunal Electoral reglamentará el ejercicio de este derecho.

15. Realizar campañas de afiliación interna de miembros, sin que estos se consideren como inscritos para los efectos del Tribunal Electoral.

16. Los demás derechos reconocidos por este Código y otras leyes.

Son obligaciones de los partidos políticos

1. Acatar, en todos sus actos, la Constitución Política y las leyes de la República.

2. Respetar la participación en la actividad política de todas las tendencias ideológicas.

3. Proceder de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus miembros y regirse por sus estatutos.

4. Reno ar sus organismos o autoridades de dirección con la debida anticipación, de manera que, al vencimiento del playo de cada uno de los nuevos integrantes, puedan asumir sus funciones en la fecha que le corresponde. El incumplimiento de esta obligación conlleva la suspensión del financiamiento público a partir de la fecha en que se venza el plazo de los delegados a la convención o congreso nacional, siempre que sus reemplazos no hayan tomado posesión.

5. Instruir a sus miembros sobre todo lo concerniente a lo dispuesto en este Código y sus Reglamentos.

6. Coadyuvar con el Tribunal Electoral en la formación del Censo y Registro Electoral, y procurar que se comuniquen al Tribunal cualquier cambio de residencia que haya efectuado alguno de sus miembros.

7. Comunicar al Tribunal Electoral sobre cualquier alianza, coalición o fusión que acuerde con otros partidos políticos ya reconocidos.

8. Llevar un juego completo de libros de contabilidad, debidamente registrados en el Tribunal Electoral, y conservar todos los comprobantes que respalden los ingresos recibidos del financiamiento público y los gastos ejecutados contra dicho financiamiento. El Tribunal Electoral pondrá a disposición de la ciudadanía en general el libre acceso a toda información por cualquier método disponible, de conformidad con lo establecido en la Ley 6 de 22 de enero de 2002.

9. Comunicar al Tribunal Electoral la sede principal del partido, que será su domicilio legal y cualquier cambio de la misma.

10. Comunicar al Tribunal Electoral, dentro de los treinta días siguientes, la expulsión de cualquiera de sus miembros.

11. Establecer los procedimientos sumarios, las instancias y los plazos para el agotamiento de la vía interna, con lo que se permitirá a los afectados a recurrir al Tribunal Electoral La decisión del partido quedará ejecutoriada en un plazo de dos días hábiles, una vez notificada la decisión de última instancia.

12. Establecer el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la participación femenina en los cargos directivos internos del partido y en las postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.

13. Establecer los procedimiento para hacer efectiva la capacitación y participación de las juventudes inscritas en el partido, en los cargos directivos internos y en las postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes.

14. Establecer el procedimiento para la rendición de cuentas en lo interno del partido sobre el uso de los fondos que reciben del financiamiento publico y privado, así como de las decisiones que asumen cada uno de sus órganos.

15. Cumplir las demás obligaciones que surjan de este Código o de sus normas reglamentarias.

Los partidos políticos podrán postular candidatos a todos los puestos de elección popular, sin perjuicio de la postulación libre de acuerdo con lo que determina este Código.

Se prohíbe a los partidos políticos:

1. Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros por razón de raza, sexo, credo religioso, cultura o condición social; y

2. Adoptar decisiones que contravengan las disposiciones de este Código o de sus reglamentos.

La convención, congreso o asamblea nacional de un partido político se reunirá ordinariamente en los casos y con la periodicidad que dispongan los estatutos del partido. Sus reuniones extraordinarias se convocarán con especificación de su objeto, además de los casos previstos en los estatutos, por decisión del Directorio Nacional.

En las convenciones que celebren los partidos políticos, tendrán derecho a participar directamente, o a estar representado indirectamente por los delegados, de acuerdo con sus estatutos, todos los miembros legalmente inscritos en el partido y que sean residentes en la respectiva circunscripción. En las convenciones los delegados deberán ser elegidos directamente por los miembros legalmente inscritos en el partido y que tengan residencia en la circunscripción que sirve de base para la representación.

En las convenciones nacionales, los delegados podrán escogerse a nivel de provincia, circuito, distrito o corregimiento o de circunscripciones partidarias inferiores y, en las comunales, a nivel de corregimiento o de circunscripciones partidarias inferiores.

En las primarias partidarias tendrán derecho a participar todos los miembros legalmente inscritos a la fecha señalada en la convocatoria a las elecciones y que sean residentes en la respectiva circunscripción.

No obstante, lo dispuesto en el articulo anterior, los estatutos del partido podrán disponer que los delegados a las convenciones provinciales, distritoriales o comunales sean los miembros directivos del partido a nivel distritorial, del corregimiento o de las organizaciones de base en este último, según sea el caso siempre que se den los siguientes requisitos:

1. Cuando se trata de convenciones provinciales o en un circuito electoral, que los delegados a las convenciones sean el conjunto de los directorios distritoriales, incluidos en el respectivo circuito electoral.

2. Cuando se trate de convenciones distritoriales, que los delegados a las convenciones sean el conjunto de los directorios comunales.

3. Cuando se trate de convenciones comunales, que el partido tenga en el corregimiento varias organizaciones de base y que los delegados sean el conjunto de los directorios de dichas organizaciones.

4. Que en los casos a que se refieren los numerales 1 y 2 de este artículo, el partido tenga organizaciones de base en todos los corregimientos del distrito o circuito electoral respectivos.

5. Que en todos estos casos al elegir los directivos expresamente se les otorgue la representación para participar como delegados a las convenciones provinciales, distritoriales o comunales que se celebren, como máximo, dentro de los tres años siguientes.

Los directorios del partido en un corregimiento deberán tener un mínimo de tres miembros y los directorios provinciales y comarcales un mínimo de cinco.

Los directorios nacionales, distritoriales o en otras circunscripciones tendrán el número de miembros que señalen los estatutos.

Los miembros de los directorios y los demás directivos y dignatarios deberán pertenecer al partido, ser residentes en la circunscripción de que se trate y se designarán mediante convenciones nacionales, provinciales, comarcales, de circuito electoral, distritoriales, comunales o según sea el nivel del directorio u organismo directivo. Cada directorio tendrá el número de suplentes que determinen los estatutos del partido.

Los miembros y dignatarios de los organismos partidarios, cuyo periodo haya expirado, continuarán ejerciendo su cargo hasta que sean reemplazados y el reemplazo haya sido aprobado por el Tribunal Electoral.

Los cambios en los estatutos, declaración de principios, programa, nombre, símbolo y distintivos de un partido legalmente reconocido, deberán comunicarse mediante memorial al Tribunal Electoral, para su aprobación por resolución motivada.

Tales cambios deberán ser aprobados en congreso, asamblea, convención nacional, de los miembros legalmente inscritos del partido y para su aprobación por el Tribunal Electoral se seguirán los trámites que tiene señalados este Código en los artículos 50 y 55, sobre oposiciones e impugnaciones para la formación de los partidos.

Una vez agotados los procedimientos, las instancias y los plazos internos para decidir reclamos e impugnaciones, los cuales no excederán de treinta días calendario, todo miembro legalmente inscrito en un partido puede impugnar ante el Tribunal Electoral los actos y las decisiones internas del partido que fuesen violatorios de la Ley o de sus normas reglamentarias, de sus estatutos y de sus reglamentos.

Las impugnaciones ante el Tribunal Electoral deberán presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se agote la vía interna.

Las impugnación se promoverá personalmente o por apoderado legal, mediante memorial dirigido al Magistrado Presidente del Tribunal Electoral y presentado personalmente ante la Secretaria General del Tribunal Electoral. En este ultimo caso, el memorial deberá ser remitido de inmediato a la Secretaria General del Tribunal.

A solicitud de parte interesada, el Pleno del Tribunal Electoral podrá decretar medidas cautelares dentro de los procesos internos de los partidos políticos, así como de sus congresos, convenciones o similares.

Se decretará la medida cautelar sin audiencia del partido político y se fijará una caución suficiente para responder por los posibles perjuicios resultantes.

Las medidas cautelares aplicables en la jurisdicción electoral son:

1. Diligencia exhibitoria.

2. Suspensión de actos.

3. Testimonios prejudiciales.

4. Inspecciones judiciales.

Los partidos políticos pueden celebrar reuniones al aire libre o bajo techo, desfiles y manifestaciones públicos y otros actos de propaganda, con arreglo a la Ley. La notificación a la autoridad correspondiente será firmada por la persona que ejerza la representación legal del partido a nivel nacional, provincial, en el Distrito o por la que se designe para el caso.

Los partidos políticos podrán formar alianzas temporales para todos o algunos de los cargos de elección popular, sin que ello altere su organización interna.

Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de conformidad con su estatuto y, si estos no lo contemplan, de acuerdo del Directorio Nacional o la Convención Nacional mediante votación secreta.

Las alianzas que hayan acordado los partidos políticos deberán

formalizarse, durante el mes de diciembre del año anterior a las elecciones, mediante memorial presentado ante la Secretaria General del Tribunal Electoral por sus representantes legales o por apoderado legal.

El Tribunal Electoral ordenará, mediante resolución, las anotaciones pertinentes en el Libro de Registro de Partidos Políticos, sin perjuicio de impugnaciones que puedan presentarse. La resolución se publicará en el Boletín del

Tribunal Electoral y, por lo menos, en un diario de circulación nacional.

Adicional al memorial, se deberá presentar un documento o acta que contenga:

1. La base programática de la alianza y las finalidades de esta. las cuales serán publicadas en el Boletín del Tribunal Electoral, por lo menos, en un diario de circulación nacional.

2. La certificación del Tribunal Electoral que señale que la aprobación de la alianza por los partidos políticos se hizo respetando el voto secreto.

3. El consentimiento escrito de los candidatos ganadores en primarias, cuya proclamación esté en firme.

Es potestativo de los partidos políticos fusionarse, disolviendo su identidad y organización anteriores y constituyéndose en un solo partido.

La fusión de dos o más partidos será acordada por las respectivas convenciones, congresos o asambleas nacionales ordinarias o extraordinarias, por no menos de las dos terceras partes de los miembros presentes.

La fusión será comunicada al Tribunal Electoral dentro de los treinta días hábiles siguientes, mediante memorial que firmarán los representantes legales de los partidos que se fusionan y además por el representante legal que fuere designado por el partido que resulte de la fusión.

Si por la fusión se adoptaren nombre, estatutos, declaración de principios, programas o símbolos distintivos que difieran de los que tenían los partidos que se fusionan, se seguirá el procedimiento señalado en los artículo 50 al 55 de este Código.

Si los acuerdos se ajustaren a las normas de este Código, el Tribunal Electoral ordenará mediante resolución las anotaciones pertinentes en el Libro de Registros de Partidos Políticos.

Las inscripciones de los miembros de los partidos fusionados subsistirán para el partido que resulte de la fusión, salvo el caso de renuncia.

Los partidos políticos se extinguirán en los siguientes casos:

1. Por disolución voluntaria.

2. Por fusión con otros partidos.

3. Por no haber obtenido un número de votos superior al 2% del total de los votos válidos emitidos en las elecciones generales para presidente, diputados, alcaldes o para representantes de corregimientos, la que le fuera más favorable.

4. Por no haber participado en dos elecciones generales seguidas.

Para los efectos del numeral 3 del artículo anterior se tomará en cuenta, para la subsistencia del partido, la votación que le sea más favorable.

Si un partido político no obtuviera, en ninguna de las elecciones previstas en el numeral 3 del artículo 114, por lo menos, el 2 % de los votos válidos emitidos, o no participara dos veces en ninguna de ellas, el Tribunal Electoral dictará una resolución en la cual declarará extinguida la personería jurídica del partido, cenará el expediente y ordenará su archivo y la anotación respectiva en el Libro de Registros de Partidos Políticos.

El Tribunal Electoral hará pública, tan pronto la concluya, la auditoría realizada a los fondos públicos puestos a disposición del partido político que se extinga.

Los partidos pueden disponer libremente de sus bienes en caso de disolución. Si por haberse constituido el partido antes de la vigencia de este

Código no existiere disposición estatutaria al respecto, al acordar su disolución voluntaria el partido político deberá determinar el destino que se dará a su patrimonio una vez satisfechas todas sus obligaciones, para lo cual deberá designar una Junta de Liquidadores.

El partido político conservará su personalidad jurídica para los efectos de su liquidación, hasta por el año siguiente a su disolución. Ejercerá la administración la Junta de Liquidadores prevista en los estatutos o la que se designe conforme a este artículo.

Cuando la disolución de un partido se deba a las causas previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 114 y los estatutos no contuvieren disposiciones sobre el destino que en tal aso deba darse a sus bienes, el Tribunal Electoral designará como administradores del patrimonio del partido a sus últimos directores, con el objeto de que procedan a la liquidación correspondiente.

Si dentro del año siguiente a su declaratoria de extinción se presentare, por miembros anteriores de partido extinguido, una nueva solicitud de formación para un partido igual, a solicitud de su Junta Organizadora, el Tribunal, previa caución, la designará administradora del patrimonio del partido extinguido, hasta que el nuevo partido logre su reconocimiento o su petición sea denegada. El nuevo partido que solicite el traspaso de patrimonio adquirirá los bienes, derechos y obligaciones del partido extinguido.

Vencido el término de un año sin que se hubiere presentado la nueva solicitud o cuando ésta fuera denegada y una vez efectuada la liquidación en un término no mayor de un año, el activo neto que queda pasará al Estado.

Si en el caso revisto en los párrafos anteriores se presentaren varias solicitudes, se procederá conforme dispone el artículo 56 de este Código, con preferencia a la solicitud presentada por sus últimos directivos.

Se crea el Consejo Nacional de Partidos Políticos como organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral. El Consejo Nacional de Partidos Políticos estará integrado por un representante principal y dos suplentes de cada partido político constituido, designado por el representante legal del partido.

El Consejo Nacional de Partidos Políticos será convocado por el Tribunal Electoral o por las dos terceras partes de sus miembros. El Consejo Nacional de Partidos Políticos conocerá de todos los asuntos que le someta a su consideración el Tribunal Electoral y los que propongan sus miembros.

Se reconoce el Foro Ciudadano Pre Reformas Electorales como organismo de consulta permanente del Tribunal Elecoral, según lo reglamente.

El Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales será convocado durante los procesos de consulta del Tribunal Electoral para las reformas al Código Electoral y cuando este lo estime conveniente.

Se reconocen el Foro Nacional de Juventudes de Partidos políticos y el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos como organismos de consulta permanente del Tribunal Electoral, según lo reglamente.

Ambos foros serán convocados cuando el Tribunal Electoral lo estime conveniente.

El Tribunal Electoral podrá reglamentar la convocatoria de otros organismos de consulta permanente de diversos sectores de la sociedad interesados en los temas electorales.

Se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como

organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, con el fin de asistirlo en la preparación de un proyecto de ley cada cinco años para seguir perfeccionando este Código.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales estará integrada por miembros con derecho a voz y voto.

Otras entidades que se registren ante el Tribunal Electoral, con fundamento en el reglamento que se dicte para el funcionamiento de la Comisión, tendrán derecho a voz solamente.

La Comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada integrante deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la representatividad por género.

El reglamento interno y todas las decisiones de la Comisión serán aprobados por mayoría de votos.

Con la finalidad de fortalecer la transparencia, libertad, honradez y eficacia del proceso electoral, se instituye la figura del observador electoral nacional e internacional, que será reglamentada por el Tribunal Electoral.

El Tribunal Electoral constituye la máxima autoridad electoral y ejercerá las funciones que le confiere el Artículo 143 de la Constitución Política, así como las previstas en su Ley Orgánica, siempre y cuando no se contravenga ninguna disposición de esta Ley Electoral y se respeten integralmente las garantías del debido proceso de la Ley en cada una de las controversias que se susciten ante el mismo.

Todas las instituciones públicas están obligadas a colaborar con el Tribunal Electoral para el mejor cumplimiento de sus funciones durante los procesos electorales, la inscripción de los hechos vitales y actos relativos al estado civil, el período de inscripción de partidos políticos, la cedulación de los ciudadanos, la actualización del Registro Electoral, la elaboración de las listas electorales y la distribución y divulgación del Registro Electoral.

A más tardar noventa días antes de la fecha de la consulta popular, los ministerios y las entidades autónomas y semiautónomas deberán entregar al Tribunal Electoral la lista de su flota de transporte, así como la de sus conductores. El Tribunal Electoral verificará la información, y los Directores Regionales de Organización Electoral comunicarán, con treinta días calendario de anticipación, a los respectivos Directores Provinciales de los ministerios y entidades autónomas y semiautónomas, cuales son los vehículos y conductores requeridos a fin de que sean proporcionados en el lugar, el día y la hora indicados por el Tribunal Electoral.

Ocho días antes del día de la consulta popular y hasta tres días después de cerrada la votación, los ministerios y las entidades autónomas y semiautónomas tienen la obligación de poner a disposición del Tribunal Electoral toda la flota de transporte que sea necesaria para realizar eficientemente la consulta popular.

El concepto de flota de transporte incluye automóviles, lanchas, barcos, aeronaves y cualquier otro medio de transporte que sea útil para trasladar personas o carga, con sus respectivos equipos de comunicación, operadores y conductores.

En virtud de la autonomía que le otorga el artículo 142 de la Constitución Política, el Tribunal Electoral será autorizado para establecer el costo de los servicios que presta y para administrar tanto los fondos que recauda y los que el Órgano Ejecutivo deba poner a su disposición, de acuerdo con la Ley de Presupuesto General del Estado, los cuales serán asignados al Tribunal Electoral mensualmente, según sus necesidades.

Las acciones de personal, tales como nombramientos, destituciones, ajustes saláriales, sobresueldos y ascensos, que realicen el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, así como los cambios en sus estructuras de puestos, solamente requerirán para su trámite una resolución motivada de Sala de Acuerdos o de la Fiscalía Electoral según el caso, siempre que las partidas estén incluidas en el respectivo presupuesto, y que el monto del aumento o de la creación de posiciones nuevas, esté financiado con disminuciones o eliminación de puestos.

Tales decisiones se enviarán al Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento, y a la Contraloría General de la República para su registro y pronta incorporación a la planilla correspondiente.

Cuando el Tribunal Electoral tenga urgencia evidente, que le impida seguir los trámites ordinarios de la contratación pública, la cual será declarada por resolución motivada de la Sala de Acuerdos, podrá arrendar, contratar servicios y adquirir materiales y equipos directamente, para las labores inherentes a sus funciones, incluyendo las de Registro Civil, Cedulación, Padrón Electoral y la organización y celebración de elecciones y referendos.

Los vehículos autorizados y a órdenes del Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, debidamente identificados, no estarán sujetos, para su movilización, a controles o restricciones de circulación de ninguna otra entidad del Estado, tanto en horas como en días laborables o no laborables, salvo por orden de autoridad competente del Órgano Judicial y de la Fiscalía Electoral.

El Tribunal Electoral podrá proporcionar orientación y capacitación en materia de organización en procesos electorales internos, de cualesquiera organismo, instituciones o personas jurídicas de derecho público o privado, a solicitud de éstas y con absoluto respeto a la autonomía de su régimen interno.

El Tribunal Electoral desarrollará y ejecutará programas

permanentes de educación y capacitación cívica-electoral, dirigidos al sistema educativo oficial y particular, así como a la población en general, tomando en cuenta la diversidad intercultural de los pueblos, con el objetivo de promover los valores democráticos de una manera integral. El Ministerio de Educación, las universidades oficiales, las universidades particulares y las organizaciones de la sociedad civil coordinarán con el Tribunal Electoral para hacer efectivo este

mandato. Para tales propósitos, el Tribunal Electoral creará un instituto o centro especializado.

En el costo de toda consulta popular, el Tribunal Electoral determinará las sumas necesarias para cubrir el pago de horas extraordinarias en que tiene que incurrir el personal de planta del Tribunal y de la Fiscalía Electoral.

El pago de horas extraordinarias se hará desde la convocatoria al proceso electoral y hasta que se declare cerrado.

Así mismo, la remuneración por trabajos extraordinarios podrá exceder en cada mes, del cincuenta por ciento (50%) del sueldo, en aquellos casos en que se justifique. Esta norma excluye a los Magistrados y al Fiscal Electoral.

El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán importar libre de derechos de introducción, impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios, tasas y demás gravámenes, los automóviles, equipos y materiales que sean necesarios para su funcionamiento, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente para sus fines.

Se crea un Cuerpo de Delegados Electorales con carácter ad honórem, de libre nombramiento y remoción por el Tribunal Electoral, con el fin de que lo asista en su responsabilidad constitucional y legal de garantizar la libertad, la honradez y la eficacia del sufragio popular.

El cuerpo de Delegados Electorales tendrá el número de delegados y la estructura que determine el Tribunal Electoral.

El Cuerpo de Delegados Electorales tendrá las siguientes funciones.

1. Actuar como amigables componedores en los conflictos que encuentran en el desempeño de sus funciones.

2. Velar por el cabal cumplimiento de las órdenes y medidas que acuerde el Tribunal Electora, tendientes a que las consultas populares y las actividades internas de los partidos políticos, a petición de estos, se desarrollen en condiciones de orden y libertad irrestrictas.

3. Servir como representantes directores de los Magistrados del Tribunal Electoral ante los Gobernadores, los Alcaldes, los Corregidores, los Regidores y los miembros de la Fuerza Pública, en todo lo relativo a la vigilancia de la consulta popular respectiva.

4. Comunicar al Tribunal Electoral los actos de desobediencia de alguna autoridad a sus instrucciones y presentar las pruebas pertinentes.

5. Disponer los que estimen oportuno y conveniente para que las reuniones, los mítines políticos, las manifestaciones o los desfiles que organicen los partidos políticos y candidatos, previa comunicación a la autoridad correspondiente, se celebren sin ser perturbados por personas o grupos adversos, y sin confrontaciones que puedan ser causa de desórdenes públicos.

En el desempeño de sus funciones, los Delegados Electorales mantendrán en todo momento la más absoluta neutralidad política y portarán una credencial que los identifique como tales.

Para ser delegado se requiere:

1. Ser ciudadano panameño, mayor de 18 años de edad

2. No haber sido condenado por la comisión de delito común o electoral

3. No haber sido miembro de partido político, en formación o constituido.

El Cuerpo de Delegados Electorales es de carácter permanente, y formarán parte de él quienes, a juicio del Tribunal Electoral, se hagan acreedores a ese nombramiento.

El Tribunal Electoral reglamentará la utilización de los medios de comunicación social que el gobierno administre, para que los partidos políticos, en igualdad de condiciones, puedan utilizarlos.

Estos medios podrán utilizarse para difundir propaganda, programas de opinión pública, debates y cualquier evento político.

El Tribunal Electoral podrá utilizar los tiempos en los medios de comunicación del Estado, que no sean utilizados por los partidos.

Los partidos políticos gozarán de una línea telefónica sin cargos para llamadas locales, incluyendo llamadas a teléfonos celulares, en una sede permanente que tengan establecida en las cabeceras provinciales. En estas sedes partidarias, gozarán además de un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de electricidad.

Parágrafo: Esta norma es de orden público e interés social y tiene carácter retroactivo.

Los partidos políticos podrán importar libre de derechos de introducción y demás gravámenes hasta cinco vehículos de trabajo hasta de una y media tonelada y de pasajeros hasta de treinta plazas y cinco sistemas de amplificación de sonido o de comunicación, cada cuatro años. En caso de que algunos de los vehículos o estos equipos sufra un desperfecto mecánico irreparable, comprobado antes de los cuatro años, previa certificación al Tribunal Electoral, el partido político afectado podrá solicitar la importación de otro vehículo o de estos equipos para reemplazarlos. Los vehículos no podrán ser vendidos sino después transcurridos cuatro años de uso y mediante el pago de los impuestos de importación que en ese momento se causen como vehículos usados. Los vehículos a que se refiere este artículo deberán portar los distintivos del respectivo partido.

Corresponderá al Tribunal Electoral asegurar la efectividad de las normas de este Capítulo, cuyo incumplimiento sancionará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 419.

La campaña electoral es el conjunto de actividades organizativas y comunicativas que realizan los partidos y candidatos a puestos de elección popular y procesos internos de los partidos políticos en un periodo determinado, que busca informar, movilizar y persuadir al electorado, con el propósito de captar sus simpatías, poniendo en conocimiento sus antecedentes y las propuestas de gobierno o políticas públicas que desarrollarán en caso de resultar electos.

La inscripción de adherentes en partidos políticos y la recolección de firmas de adherentes para candidatos por libre postulación quedan excluidas del concepto de campaña.

Las campañas electorales comprenden las siguientes actividades y quedan sujetas a las normas del presente Título:

1. La propaganda electoral.

2. Otras actividades de campaña, como:

a. La movilización, transporte y alimentación para caravanas.

concentraciones y actividades de promoción del candidato o partido.

b. La alimentación de los representantes en las corporaciones

electorales.

c. El reclutamiento y capacitación de su personal.

d. Otras actividades para la promoción del candidato o partido.

Las campañas electorales comprenden las actividades descritas en el artículo anterior y quedan sujetas a las normas del presente Título.

Las campañas electorales solo serán permitidas durante los sesenta días calendario previos a una elección general o una consulta popular, y dentro de los cuarenta y cinco días calendario previos a las elecciones internas partidarias.

El Tribunal Electoral ordenará la remoción inmediata de cualquier propaganda o suspensión de cualquier actividad de campaña que viole las disposiciones de este Título.

En caso de elecciones parciales los términos serán reglamentados por el Tribunal Electoral.

Se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que se difúndan en cumplimiento del concepto de campaña electoral.

Esta difusión y uso comprende:

1. Los medios de comunicación:

   a. Canales de televisión, tanto abiertos corno cerrados, por satélite o microondas.

   b. Ifmisoras de radio.

   c. Prensa escrita.

2. Internet, redes sociales y cine.

3. Centros de llamadas a través de telefonía fija o celular.

4. Las demás formas de hacer propaganda, entre otras, volantes, vallas, afiches y artículos promocionales.

   La propaganda electoral no esta sujeta a censura previa ni al pago de ninguna tasa, gravamen o impuesto, nacional o municipal. Esta exoneración incluye el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios.

Las radioemisoras y televisoras otorgarán a todos los candidatos y partidos un beneficio único, igual y lineal de 20% de descuento en las tarifas de compras regulares publicadas por cada medio al 31 de diciembre del año anterior a su aplicación.

Cada partido político podrá seleccionar, de manera exclusiva, una agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos, quienes recibirán los servicios indicados en el artículo siguiente.

Los partidos políticos que hayan formalizado una alianza electoral podrán seleccionar la misma agencia.

Los candidatos por libre postulación en circunscripciones mayores de cinco mil electores también podrán contratar una agencia de publicidad para pautar propaganda con el linanciamiento público del que dispongan.

La diferencia entre el linanciamiento público preelectoral que le corresponda a los candidatos por libre postulación y el que tenga derecho a recibir el candidato del partido político que menos linanciamiento reciba para la misma circunscripción

podrá ser cubierta con el linanciamiento privado dentro de su respectivo tope de campana.

La propaganda electoral en los medios de difusión identificados en los numerales 1. 2, 3 y 4 del articuio 198 solo podrá ser contratada con cargo al linanciamiento público preelcctoral para el cargo de presidente de la República. En los cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, además de contratar mediante el linanciamiento público, se podrá utilizar hasta un 30% del linanciamiento privado.

Los otros tipos de propaganda podrán ser cubiertos con el linanciamiento privado, dentro del tope del respectivo candidato.

Las agencias de publicidad seleccionadas por los partidos políticos prestarán a los candidatos los servicios siguientes:

1. Asesorar a los partidos políticos en la elaboración de su estrategia de campaña electoral y comunicar al Tribunal Electoral los desembolsos mensuales programados del monto asignado al partido.

2. Llevar un control de las pautas de cada candidato para que ninguno se exceda de su tope de gasto. En caso de rebasar un tope, no se reconocerá el gasto excedido a la agencia de publicidad, sin perjuicio de las sanciones previstas respectivas.

3. Contratar y supervisar a satisfacción del candidato la producción de las piezas publicitarias.

4. Contratar con los medios las pautas de cada candidato.

5. Monitorear el cumplimiento de las piezas publicitarias, mediante las herramientas disponibles en la República de Panamá.

6. Facturar mensualmente al Tribunal Electoral la inversión publicitaria ordenada. Con la presentación de la facturación mensual, la agencia entregará una declaración jurada en la que da fe de la veracidad de la información y de que las pautas han sido en efecto transmitidas o publicadas y los gastos facturados, según el caso, por el respectivo medio.

Las agencias de publicidad que deseen proveer los servicios

previstos en este Capitulo deben estar registradas ante el Tribunal Electoral, para lo cual deberán aportar los documentos siguientes:

1. Certificación del Registro Público, con vigencia no menor de tres meses a la fecha del registro, en la que conste el nombre del representante legal, directores, dignatarios y actividad.

2. Dirección donde opera, sus teléfonos, correo electrónico y persona de contacto.

3. Certificado o Aviso de Operación en el que conste que la empresa cuenta, por lo menos, con un año de operaciones en su respectiva actividad.

4. Paz y salvo de la cuota empleado-empleador emitido por la Caja de Seguro Social.

5. Paz y salvo de impuestos emitido por la Dirección General de Ingresos.

6. Estados financieros auditados al año anterior a la fecha del registro.

7. Escrito en el que el representante legal sustenta la capacidad y experiencia de la agencia para prestar los servicios requeridos, respaldado en referencias de clientes.

El registro debe efectuarse, a más tardar, dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición del decreto reglamentario de las elecciones.

Toda propaganda debe llevar la autorización escrita, tanto del que pauta como del beneficiario de esta, asumiendo las responsabilidades electorales, civiles y penales que se puedan derivar de ella.

Cuando el que pauta es una agencia de publicidad, esta deberá obtener la autorización escrita de su cliente y del beneficiario.

Es responsabilidad del medio obtener estas autorizaciones antes de divulgar la propaganda, y cada cuña debe expresar o contener, como parte de ella, la identidad de la persona responsable.

Es prohibido:

1. Que las personas naturales o jurídicas, sea a título propio o por cuenta de terceros, contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos.

2. Que los medios de comunicación acepten pautas para propaganda electoral en violación de lo dispuesto en este artículo.

3. Que los medios de comunicación donen pautas n tiempo para propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos.

Los medios de comunicación social sólo serán responsables en caso de divulgar propaganda electoral anónima, presumiéndose que es de su propiedad, y por no haber obtenido el nombre y la firma de la persona responsable de la propaganda, en el evento de que se exijan responsabilidades por un presunto afectado. Igual responsabilidad les cabe a las imprentas con relación a la impresión de propaganda electoral.

Para el caso de vallas, dicha responsabilidad le cabe a la empresa publicitaria que alquila el anuncio como arrendadora o permite el uso a través de cualquier medio.

El Tribunal Electoral promoverá que la propaganda electoral propicie la exposición, desarrollo y discusión, ante el respectivo electorado, de programas y acciones tendientes a resolver los problemas nacionales o comunitarios, según sea el caso. De igual manera, promoverá que el contenido de la propaganda electoral esté inspirado en el fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica del pueblo.

El Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de dos debates televisados entre todos los candidatos presidenciales. El primero se llevará a cabo dentro de los treinta días siguientes al cierre de postulaciones y el segundo, a más tardar quince días arifes de la elección, los cuales serán transmitidos en cadena nacional sin costo alguno por parte de los medios.

El Tribunal Electoral podrá realizar debates para lodos los cargos de elección popular en las distintas circunscripciones electorales. A su vez, los electores de las distintas circunscripciones podrán organizar y promover estos debates, ios cuales serán coordinados por el Tribunal Electoral.

La propaganda electoral queda sujeta a las prohibiciones siguientes:

1. El uso de los símbolos de la Nación, de conformidad con ti artículo 6 de la Constitución Política.

2. El uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos.

3. El uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el articulo 577 del Código de la Familia.

4. La propaganda sucia, entendiendo por ella la que olenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveraciones de conductas ilegales que no sea hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atente contra las leyes,

   durante el desarrollo del proceso electoral de una elección primaria o general.

   Los candidatos y/o su equipo de campaña fundamentarán sus

   propuestas omitiendo, durante el liempo de campaña, material denigrante, calumnioso e injuriante contra algún candidato.

5. Que se divulgue toda propaganda electoral a través de los medios de comunicación, sin estar respaldada por la firma y las generales de una persona responsable, para los fines electorales, civiles y penales correspondientes. En el caso de personas jurídicas, deben estar respaldadas por la firma del representante legal o su apoderado.

6. Que se destruya, quite, remueva, tape o altere toda piopaganda electoral, sin autorización previa del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral.

Desde los tres meses previos ai día de la elección, se prohíbe la propaganda o publicidad estatal y de gobiernos locales en todos los medios de comunicación social, incluyendo la de los contratistas del Estado, para promover avances o culminación de obras, salvo las excepciones que se detallan a

continuación y que deben ser previamente autorizadas por el Tribunal Electoral:

1. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional, como campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de periodos de clases y conmemoración de un día por disposición legal.

2. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiere informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habilitación de vías alternas.

3. Convocatoria a actos por mandato legal.

Se exceptúan de esta prohibición al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General Electoral y otras instituciones públicas cuyos servicios requieran de publicidad para realizar sus anuncios y publicar información de cualquier índole a la ciudadanía, las cuales deberán registrarse previamente en el Tribunal Electoral para la autorización correspondiente.

Queda prohibida la colocación de propaganda electoral fija,

incluyendo pegar, pintar o empapelar en los lugares siguientes:

1. Las oficinas, dependencias, edificios y monumentos públicos.

2. Los pasos elevados vehiculares y peatonales, sus estructuras públicas y áreas adyacentes.

3. Las cáselas para usuarios del transporte público y casetas de peaje.

4. Los coliseos, canchas y centros deportivos públicos.

5. Los sitios de interés histórico y cultural.

   6 Los hospitales, asilos, centros educativos y de cultos religiosos

7. Los postes y tendidos eléctricos y telefónicos.

8. Las servidumbres públicas, incluyendo, pero no limitado, a las aceras, cordones e isletas.

9. En las señales, semáforos y leyendas de tránsito que están en las carreteras, calles o caminos.

10. En los zampeados públicos o áreas públicas.

11. En los árboles, palmas, arbustos o cualquier otro lugar en el que se vea afectado el sistema ecológico o el medio ambiente.

12. En aquellos lugares que, de cualquier manera, obstruyen la visibilidad mínima o pongan en peligro la seguridad vehicular o peatonal.

13. En todo inmueble de propiedad particular, sin la previa autorización escrita de sus propietarios, administradores u ocupantes.

    La propaganda electoral impresa deberá ser elaborada, preferentemente, con materiales reciclados o biodegradables. Además, no se podrá entregar propaganda durante el periodo establecido en el artículo 293.

Es competencia exclusiva del Tribunal Electoral, a través de las Direcciones Regionales de Organicación Electoral, ordenar la remoción de la propaganda electoral a que se refiere el artículo 197-C.

Si se realizan actos de campañas violando la ley electoral y sus reglamentaciones, se sancionará según corresponda:

1. Al medio, con multa diaria de diez veces el valor comercial de la respectiva propaganda.

2. Cuando se trate de propaganda electoral fija, con multa según lo dispone el artículo 412.

La Fiscalía Electoral o cualquier ciudadano, sin necesidad de representación legal, podrá denunciar ante la respectiva Dirección Regional de Organización Electoral, la colocación de propaganda política fija en los lugares prohibidos, establecidos en el articulo 203. El denunciante deberá indicar la ubicación exacta de la propaganda.

Comprobada la veracidad de la denuncia, el respectivo Director Regional del Tribunal Electoral, ordenará la remoción inmediata de la propaganda infractora e impondrá la sanción que indica el articulo 413.

El procedimiento para el trámite al que se refiere el artículo anterior será el siguiente:

1. Para admitir la denuncia, se deberán detallar las generales del denunciante, así como la ubicación exacta y la descripción de la propaganda electoral afectada.

2. De ser posible, el denunciante aportará las generales de los responsables de los daños.

3. Admitida la denuncia, el respectivo Director Regional del Tribunal Electoral, ordenará el inicio de las investigaciones correspondientes. En caso de ser identificados el denunciado o los denunciados, se les concederá un término de dos días hábiles para que presenten sus descargos y aportes pruebas.

4. Si no se pudiera identificar a los autores materiales de la colocación de la propaganda, se le dará traslado a los candidatos que aparecen en ella.

5. Vencido el término de pruebas, el Director Regional emitirá resolución motivada, contra la cual solo procederá el recurso de apelación ante el Director Nacional de Organización Electoral.

La Fiscalía General Electoral o quien se considere afectado por la difusión de una propaganda electoral podrá presentar personalmente o mediante apoderado legal, la denuncia respectiva ante el Tribunal Electoral, quien conocerá privativamente de las violaciones en los términos aquí previsto con la facultad de ordenar la suspensión provisional de la propaganda que ha sido demandada por violatoria de la ley electoral.

Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral, el Tribunal electoral y la Fiscalía General Electoral sesionarán permanentemente para acoger las denuncias respectivas, tomando las medidas necesarias a íin de agilizar el trámite de estas.

Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e injuria cometidas en propaganda electoral se exigirán ante la jurisdicción penal y ordinaria.

En el caso del numeral 2, 3 y 4 del artículo 202, solo se permitirá la denuncia interpuesta por la persona afectada.

Desde la convocatoria al proceso electoral, los precandidatos y candidatos no podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos so pena de ser inhabilitados conforme al procedimiento que establece el artículo 28, se exceptúan a los que ejercen cargos de

elección popular.

Sin perjuicio del derecho de informar, reportar y/o comunicar, los medios de comunicación identificados en el artículo 198 no podrán difundir propaganda electoral a favor o en contra de ningún candidato o partido, durante el periodo comprendido en el artículo 293.

Dentro de los presupuestos del Tribunal Electoral, destinados a los procesos electorales, se incluirá una partida especial para la limpieza de la propaganda electoral, como parte del costo de toda elección. Al efecto, el Tribunal Electoral, coordinará sus acciones con los municipios respectivos, para que, en un término no mayor de treinta días después de cerrado el proceso electoral, se proceda a limpiar la propaganda electoral.

Los partidos políticos están obligados a registrar las contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento, las que serán auditadas por el Tribunal Electoral. Estas contribuciones serán depositadas en cuentas únicas de funcionamiento en el Banco Nacional de Panamá.

Los recursos del financiamiento público poselectoral que reciban los partidos políticos también serán manejados, exclusivamente, en cuentas bancarias con el Banco Nacional de Panamá, según lo reglamente el Tribunal Electoral.

Toda persona natural o jurídica que pretenda realizar encuestas, análisis, pronósticos o estudios similares con el objeto de publicarlos o divulgarlos por cualquier medio, y cuyo fin sea reflejar las preferencias políticas o electorales de la población, deberá registrarse previamente y actualizar el registro anual en el Tribunal Electoral, para lo cual deberá aportar los documentos siguientes:

1. Lista del personal profesional con idoneidad para hacer los diseños y análisis estadísticos que requiere una encuesta, con una carta de aceptación de cada uno de ellos en la que conste, que trabajan o están a disposición de la empresa para hacer encuestas, así como la lista del personal administrativo que proveerá los servicios de apoyo. La idoneidad de los profesionales deberá ser debidamente sustentada con títulos académicos no inferiores a licenciatura en áreas afines a las encuestas públicas, como estadísticas, psicología, sociología, ciencia política y mercadotecnia, con mínimo de un año de experiencia en la elaboración de encuestas.

2. Copia simple del Aviso de Operación.

3. Copia de su último estado financiero, del año anterior a la solicitud del registro, debidamente auditado por un contador público autorizado, que ponga en evidencia que el solicitante tiene liquidez y solvencia financiera.

4. Dirección donde opera la empresa encuestadora, los números de teiéronos y correo electrónico.

5. Estudios previos sobre preferencias políticas o electorales, que haya realizado la empresa solicitante o su personal técnico.

6. Certificación del Registro Público, con vigencia no menor de tres meses, en la que conste el nombre del representante legal, directores y dignatarios y actividad.

7. Lista de accionistas debidamente certificada por el tesorero.

8. Declaración jurada en la que haga constar sus clientes.

9. Declaración jurada de no conflicto de interés entre el que realiza la encuesta y el beneficiario.

Cuando la encuestadora tenga su sede en el exterior y ejecute su labor a través del personal subcontratado en la República de Panamá, además de los requisitos antes señalados, deberá consignar una fianza de garantía por un valor de

veinticinco mil balboas (B/.25 000.00). Dicha fianza podrá constituirse en efectivo, on títulos de crédito del Estado, en fianzas emitidas por compañías de seguros o mediante garantías bancadas o en cheque certificado o de gerencia.

La fianza deberá emitirse a favor del Tribunal Electoral de Panamá y de la Contraloría General de la República, la cual será depositada en esta última y deberá mantenerse vigente durante lodo el proceso electoral.

Para el caso de encuestas que se hacen a la salida del recinto de votación (exitpoll), se exceptúan de este requisito a las entidades nacionales y los organismos internacionales acreditados como observadores del proceso electoral, según los reglamentos del Tribunal Electoral, así como a los centros de investigación de las universidades oficiales o particulares, siempre que el Consejo Académico y la Rectoría avalen la actividad.

Al momento de la divulgación, las encuestadoras deberán poner el título "Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados”.

Para el caso del registro de la encuestadora, la Dirección Ejecutiva Institucional del Tribunal Electoral al recibo de la información y de la documentación referida realizará una inspección a las instalaciones de la empresa y rendirá un informe al Pleno, el que se pronunciará sobre el registro o no de esta, en un termino de diez días hábiles.

Para que una encuesta política pueda ser divulgada o publicada por cualquier medio, deberá destacar como parte integral y para que pueda ser evaluada por la ciudadanía, la siguiente ficha técnica:

1. La persona natural o jurídica que realizó la encuesta

2. La persona que ordenó y es responsable del pago de la encuesta.

3. El tipo de procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales.

4. El tamaño de la muestra

5. Las preguntas que se formularon

6. El universo geográfico y el universo de población

7. La técnica de recolección de datos utilizada

8. La fecha o periodo de tiempo en que se efectuó el trabajo de campo

9. El margen de error calculado.

La ficha técnica que señala el artículo anterior deberá ser entregada a la Dirección Ejecutiva Institucional del Tribunal Electoral para que se expida la certificación de registro de esta, dentro de las veinticuatro horas siguientes al recibo conforme de la documentación.

El estudio solo podrá ser publicado una vez registrada la ficha técnica en el Tribunal Electoral. No obstante, si este no se pronunciara dentro del plazo expresado, la encuesta podrá ser publicada.

Una copia de los resultados de la encuesta deberá ser entregada por el interesado al Tribunal Electoral, dentro de los tres días.

Para la divulgación de sondeos en línea o informales que realicen los medios de comunicación en muestras estadísticamente no representativas, no se requerirá el registro establecido en los artículos 210, siempre que expresen de forma destacada que es un estudio no científico.

Todo medio de comunicación está obligado a requerir al solicitante, antes de proceder a la publicación de la encuesta, la constancia de que cumple con el registro y la ficha técnica previstos en los artículos 210 y 211.

La información y la documentación exigidas en los artículos 210 y 211 deberán ser entregadas a la Dirección Ejecutiva Institucional, mediante memorial dirigido al Magistrado Presidente, debidamente firmado por el interesado. El memorial también podrá ser remitido a través de correo electrónico, previa inscripción ante la Dirección Ejecutiva Institucional con el fin de que se le proporcione un certificado digital emitido por el Tribunal Electoral, para respaldar el uso de una firma electrónica y avalar la presentación y el registro respectivo.

Las encuestas políticas no podrán publicarse ni divulgarse, dentro de los veinte días calendario anteriores a las elecciones.

Las encuestas políticas que se hacen a la salida del recinto de votación el día de las elecciones, solamente podrán divulgarse o publicarse tres horas después de la hora oficial de cierre de la votación.

Las personas que pretenden llevar a cabo este tipo de encuestas, deberán comunicarlo al Tribunal Electoral a más tardar cinco días antes del evento electoral, suministrar la información exigida en el artículo 211 y, a más tardar tres días después, deberán entregar al Tribunal Electoral una copia de los resultados de la encuesta. La divulgación de este tipo de encuestas, también deberá destacar, como parte integral, la información exigida por el artículo 211.

Cuando la propaganda política o electoral contenga información obtenida por cualquier método de recolección de datos para la medición de la preferencia electoral, el responsable de la publicación debe cumplir con las normas contenidas en este Capitulo.

El Tribunal Electoral no es responsable por el contenido de las encuestas o los sondeos políticos o electorales.

Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del proceso electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de la función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso.

El fuero electoral penal es la garantía procesal que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos, los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces para que no puedan ser investigados, detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa del Tribunal Electoral, salvo en caso de flagrante delito.

Se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en que en una investigación surjan méritos para responder judicial, policiva o administrativamente, siempre que se trate de casos que involucren la imposición de pena de arresto.

El fuero electoral penal tendrá vigencia:

1. Para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos legalmente constituidos: desde la convocatoria al proceso electoral respectivo y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación del evento.

2. Para los candidatos:

   a. Elecciones internas o primarias: desde que quede en firme su postulación y hasta quince días después de la ejecutoria de la proclamación en la elección en que participe.

   b. Elecciones generales o parciales: desde que quede en firme su postulación en el Tribunal Electoral y hasta quince días después de la ejecutoria de la proclamación en la elección en que participe.

3. Para los candidatos por libre postulación: desde que quede ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral que les autoriza el inicio del trámite de recolección de firmas y hasta quince días después de la ejecutoria de la

   proclamación en la elección en que participe. Para los precandidatos que no logren calificar como candidatos, el fuero termina quince días después de cerrado el periodo para inscribir adherentes.

4. Para los funcionarios electorales:

   a. Para los designados en una mesa de votación, junta de escrutinio o centro de votación por el Tribunal Electoral, por los partidos políticos y candidatos por libre postulación, en procesos organizados por el Tribunal Electoral o por los candidatos o lista de ellos, en procesos organizados por los partidos políticos, ya sean elecciones internas o primarias: desde el momento en que reciban sus credenciales y hasta quince días después del evento electoral.

   b. Para el resto de los funcionarios enlistados en el artículo 136 desde la apertura del proceso electoral respectivo y hasta la ejecutoria de la última proclamación del evento electoral.

5. Para enlaces: desde quince días antes del evento electoral y hasta quince días después de este.

El fuero electoral penal se pierde en los casos siguientes:

1. Cuando la persona sea detenida o arrestada en flagrante delito.

2. Cuando exista renuncia por parte del aforado, ya sea ante el Tribunal Electoral o ante la autoridad que ventile el caso.

3. Cuando por cualquier circunstancia pierda el cargo que lo hace beneficiario del fuero.

4. Cuando el aforado no lo invoque en la primera comparecencia ante la autoridad y, en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito en el término de diez días hábiles siguientes a la fecha en la que lo adquirió.

5. Cuando es levantado por el Tribunal Electoral.

Es causal de nulidad del proceso la violación del fuero electoral penal.

A solicitud de parte interesada, el Tribunal Electoral o la autoridad competente dentro de cada partido, según el tipo de elecciones de que se trate, expedirá las certificaciones necesarias para dar fe de los ciudadanos que se encuentran amparados por fuero electoral penal. Las certificaciones solicitadas deberán expedirse en un término no mayor de cinco días hábiles.

La convocatoria y apertura de los procesos electorales, tanto para las elecciones primarias como para las elecciones internas y para las elecciones generales, corresponden al Tribunal Electoral.

La convocatoria a elecciones generales se hará un año antes del día de la elección.

El Tribunal Electoral decretará la apertura del proceso electoral cuatro meses antes de la celebración de las elecciones.

El proceso electoral concluirá cuando así lo declare el Tribunal Electoral al cenar el Plan General de Elecciones.

Durante el proceso electoral el Tribunal Electoral tomará todas las medidas necesarias con el objeto de que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones de la Constitución y de este Código que garantiza el sufragio.

El Tribunal Electoral establecerá el calendario electoral y adoptará todas las medidas necesarias para que las elecciones se efectúen dentro de los plazos establecidos.

Las elecciones para Presidentes y Vicepresidentes de la República, Diputados, diputados al Parlamento Centroamericano, Alcaldes, Concejales y Representantes de Corregimiento, tendrán lugar el primer domingo de mayo del año en que deban celebrarse. Si el primer domingo de dicho mes fuese el primer día del mes, las elecciones se efectuarán el domingo siguiente. Las mismas se realizarán de conformidad con lo que establece el presente Código.

Los Alcaldes y sus suplentes serán elegidos en todos los distritos, por un período de cinco años que coincidirá con el período presidencial. Los mismos requisitos para Concejal serán aplicables para las postulaciones de Alcaldes y sus suplentes.

El Tribunal Electoral reglamentará el Código Electoral para asegurar esta elección.

Seis días antes del día de las elecciones, y hasta la proclamación del Presidente de la República, el Organo Ejecutivo pondrá a órdenes del Tribunal Electoral, la Fuerza Pública para los fines exclusivos de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular.

El Órgano Ejecutivo continuará al mando de la Fuerza Pública para todo lo relativo a la defensa nacional, la conservación del orden público y la protección de la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que estén bajo su jurisdicción, sin que el cumplimiento de estas responsabilidades sea una excusa para interferir con la neutralidad político-partidista que debe mantener dicha Fuerza durante el proceso electoral.

Los candidato a Presidente y Vicepresidentes de la República, a Diputados al Parlamento Centroamericano, a Diputados, a Alcaldes, a Concejales y a Representantes de Corregimientos, sean principales o suplentes, además de cumplir con los requisitos de la Constitución Política y no estar comprendidos dentro de las inhabilidades señaladas por ésta, no deben encontrarse dentro e los impedimentos que establece el artículo 27 de este Código.

Los candidatos a presidente y vicepresidente de la República deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Ser panameño por nacimiento.

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad para la fecha de la elección.

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más. mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

4. No estar comprendido dentro de los impedimentos o condiciones de inelegibilidad señalados en los artículos 192 y 193 de la Constitución Política.

5. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establece el articulo 27 de este Código.

Los candidatos a diputados principales y suplentes deberán

cumplir los requisitos siguientes:

1. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización, con quince años de residencia en el país después de haber obtenido la naturalización.

2. Ser ciudadano en ejercicio.

3. Haber cumplido, por lo menos, veintiún años de edad para la lecha de la elección.

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos, un año inmediatamente anterior a la postulación. Cuando se trate de postulación por el partido político, por lo menos un año antes de la fecha en que quede en firme su postulación a lo intemo del partido político y, en el caso de

   candidato por libre postulación, de la fecha en que quede en firme la resolución de admisión de la postulación ante el Tribunal Electoral.

6. No estar comprendido dentro de las prohibiciones que establece el artículo 27.

Para postularse como candidato a principa! o suplente de alcalde, concejal o representante de corregimiento se requiere:

1. Ser ciudadano panameño por nacimiento o haber adquirido en forma definitiva la nacionalidad panameña diez años antes de la fecha de la elección.

2. Haber cumplido dieciocho años de edad.

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia.

4. Ser residente de la circunscripción electoral correspondiente, por lo menos, un año antes de la fecha de la elección.

5. No estar comprendido dentro de las prohibiciones que establece el artículo 27.

El período de residencia a que se refiere el numeral 3 del artículo anterior puede entenderse en un Corregimiento del Distrito o sucesivos períodos en varios Corregimientos del mismo.

El período de todos aquellos candidatos que resulten electos por votación popular, se iniciará el mismo día en que tome posesión el Presidente o la Presidenta de la República.

Los Concejales que se elijan adicionalmente a los Representantes de Corregimiento de un Distrito, comenzarán su período el mismo día en que se instale el Consejo Municipal, después de las elecciones respectivas.

Para los efectos de la residencia de que tratan los artículos anteriores no afectará el período de residencia el traslado temporal dirigido a la realización de estudios, misiones oficiales, servicios laborales, así como fuerza mayor, trabajo, negocios o salud, si el candidato ha mantenido la permanencia de su residencia en el Circuito Electoral, o en el Distrito o Corregimiento respectivo.

Los candidatos a Diputados, a Alcaldes, a Concejales y a Representantes de Corregimientos, deben mantener su residencia en el circuito electoral, distrito o corregimiento respectivo durante el proceso electoral.

Toda postulación a puesto de elección popular podrá ser impugnada, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva publicación en el Boletín del Tribunal Electoral, por el Fiscal Electoral, o por cualquier ciudadano o partido político, mediante escrito presentado al Tribunal Electoral.

Los candidatos sólo podrán ser impugnados por razón del requisito de residencia si no tienen el tiempo requeridos, según el cargo a que aspiran. La impugnación por razón del lugar de residencia, deberá hacerse dentro del plazo señalado en el artículo 25 del Código Electoral, salvo que, por razones imputables al Tribunal Electoral, el candidato postulado no haya aparecido en el Padrón Electoral Preliminar en el lugar por el cual se postula. En este evento, podrá ser impugnado cuando salga publicada la postulación.

Para que una demanda de impugnación de postulación pueda ser admitida, es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Describir los hechos que configuran la causal de impugnación.

2. Explicar cómo los hechos configuran la causal invocada.

3. Acompañar las pruebas que se posean, o bien aducir las pertinentes.

4. Consignar fianza, de la siguiente manera:

a) Si se trata de una postulación para representante de corregimiento concejal, doscientos balboas (B/.200.00).

b) Si se trata de una postulación para alcalde, quinientos balboas (B/500.00).

c) Si se trata de una postulación para diputado, mil balboas (B/.1,000.00).

d) Si se trata de una postulación para presidente y vicepresidentes, cinco mil balboas (B/.5,000.00).

La Fiscalía Electoral queda exenta de consignar fianza.

Admitida la demanda, se correrá traslado de ésta por un término de dos días hábiles, al Fiscal General Electoral, en caso de que no sea la parte impugnada, y al apoderado judicial que tenga registrado en el Tribunal Electoral el respectivo partido político o candidato independiente.

En la contestación de la demanda, la parte impugnada deberá presentar y/o aducir las pruebas de descargo y formular las alegaciones que estime convenientes.

Vencido el término de contestación de la demanda, se fijará la fecha en que se celebrará la audiencia. Esta no podrá posponerse, aun en el evento de que no comparezca ninguna de las partes.

También se incorporarán en el expediente las pruebas aducidas por las partes.

tan pronto sea posible e independientemente de la práctica de pruebas en la audiencia.

La resolución que da traslado de la contestación, la que fije la fecha de la audiencia y aquella que resuelva la impugnación, serán notificadas mediante edicto que permanecerá fijado por cuarenta y ocho horas, en los estrados tanto de la Secretaría General del Tribunal Electoral como de la Fiscalía General Electoral. En todo caso, las notificaciones o traslados al Fiscal General Electoral, se harán personalmente.

Contra la resolución que ponga fin al proceso de impugnación de las postulaciones y de elecciones podrá interponerse el recurso de apelación.

Para cada proceso electoral, todo partido político y todo candidato independiente deberá registrar, en la Secretaria General del Tribunal Electoral, el nombre, domicilio y demás generales del apoderado judicial que asumirá su representación en los procesos de impugnación de postulaciones y de elecciones, a más tardar un mes después de la apertura del proceso electoral.

Los apoderados judiciales deberán contar con una dirección en el lugar sede de la Secretaría General del Tribunal Electoral, para recibir las notificaciones que correspondan.

Si el apoderado judicial a quien deba darse el traslado, no fuere hallado en su oficina, habitación o lugar designado como domicilio, en las horas y días establecidos en el artículo 474, el notificador del Tribunal entregará en su segunda visita, copia de la resolución respectiva a cualquier persona presente en esa dirección o la fijará en la puerta, y dejará constancia de este hecho en el expediente. Dos días hábiles después de la entrega o fijación, se considerará surtido el traslado.

En caso de no contar con apoderado judicial registrado, el traslado de la demanda se surtirá por edicto, fijado por el término de veinticuatro horas en la Secretaría General del Tribunal. Desfijado el edicto, la parte contará con el término de dos días para contestar la demanda respectiva.

Durante el periodo de inscripción de adherentes y hasta cinco días ordinarios después de cerrado el mismo, el Fiscal General Electoral, cualquier ciudadano, partido o candidato o el representante de éstos, puede impugnar la inscripción por cualquiera de las siguientes causas:

1. Que no existiere la persona inscrita o fueren falsos los datos de identificación.

2. Que el ciudadano impugnado se hubiere inscrito anteriormente con el mismo o con otro candidato durante el mismo proceso electoral.

3. Que el adherente no estuviere en pleno goce de los derechos ciudadanos o estuviere sujeto a interdicción judicial.

4. Que se haya efectuado la inscripción mediante solo, violencia o error grave.

5. Que se haya efectuado la inscripción por persona sin facultad legal para hacerla.

6. Que sea falsa la inscripción.

7. Que no sea residente del Corregimiento o Distrito respectivo o que el nombre del adherente no se encontrase en la lista del Registro Electoral Provisional respectivo o no pudiese comprobar su oportuna inscripción en el Registro para los efectos de su inclusión en el último Registro Electoral Actualizado.

La impugnación deberá presentarse ante la Dirección Regional de Organización Electoral, o ante el registrador distrital electoral, para que este la remita de inmediato a la Dirección Regional de Organización Electoral, que decidirá en primera instancia. Con el escrito de impugnación se aportarán las pruebas documentales y las declaraciones juradas, si se tuvieran. Cumplido lo anterior, se dará traslado al afectado por cinco dias hábiles para que presente su contestación y

contrapruebas.

En e! caso de tratarse de adherenles de una candidatura por libre postulación presidencial, la impugnación se surtirá ante la Dirección Nacional de Organización Electoral y se le dará traslado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral.

El funcionario competente decidirá en los siguientes diez días ordinarios.

I.os magistrados del Tribunal Electoral conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones interpuestas contra las decisiones así emitidas.

Cada vez que se admita una postulación se publicará en el Boletín del Tribunal Electoral un aviso relativo a dicha candidatura.

Este aviso contendrá el nombre del o de los candidatos y sus suplentes, la circunscripción dentro de la cual se hace la postulación y el nombre del partido político o la indicación de que se trata de candidatos por libre postulación.

El Tribunal Electoral publicará por una sola vez en periódicos de circulación nacional diaria y en el Boletín del Tribunal Electoral, los nombres de los candidatos postulados a Presidente y Vicepresidente de la República, los candidatos principales y suplentes a Diputados, a Concejales y a Representantes de Corregimientos.

Esta publicación se hará una vez haya vencido el plazo para la impugnación de candidaturas o hubiesen sido decididas todas las impugnaciones. La publicación puede hacerse en forma simultánea o separada para cada clase de elección.

Tan pronto concluya el trámite de postulaciones e impugnaciones, el Tribunal Electoral ordenará imprimir inmediatamente las boletas únicas de votación, que deben usar los electores para emitir su voto.

Las boletas únicas de votación son el medio por el cual el sufragante expresa su voto por los candidatos del partido o por aquellos de libre postulación, de su preferencia.

Se usará una boleta única de votación para cada tipo de elección que se celebre en la fecha que determina el articulo 223.

En cada boleta se incluirán todos los nombres de los candidatos postulados para los respectivos cargos.

Fn la boleta única de votación aparecerán las postulaciones de los partidos políticos en el orden en que estos fueron reconocidos y, si hubiera candidatos por libre postulación, aparecerán seguidamente en el orden igualmente determinado mediante sorteo, con las mismas condiciones que se concedan a los candidatos de partidos políticos, lo cual incluye los distintivos de identificación, como foto, logo y color asignado indistintamente. En los casos en que los candidatos no cuenten con los distintivos untes señalados, el Tribunal Electoral utilizará la foto del candidato que aparezca en la base de dalos del Registro de Cedulación En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, se colocarán los nombres de los candidatos en el orden en que hayan sido postulados internamente por la autoridad competente del partido o por la lista de libre

postulación.

Por solicitud del candidato o del partido postulante, el Tribunal Electoral podrá incluir en la boleta única de votación, además del nombre completo de los candidatos, el apodo por el cual son usualmente conocidos.

Las boletas se mantendrán bajo la custodia y responsabilidad del Tribunal Electoral mientras llega el momento de enviarlas a las mesas de votación.

El Tribunal Electoral imprimirá suficientes boletas de votación para que no falten en ninguna mesa y adoptará las providencias del caso para mantener reservas adecuadas de estas boletas en las cabeceras de provincias y distritos para suplir oportunamente cualquier falta que ocurriere.

El escrutinio general en las elecciones para Presidente y Vicepresidentes de la República se efectuará en la Junta Nacional de Escrutinio, que tendrá su sede en la ciudad de Panamá.

La corporación electoral de que se trate, y solamente cuando se haya escrutado la totalidad de las Mesas de Votación y de los votos emitidos en cada una de ellas, deberá proclamar a los candidatos que hayan resultado electos para los cargos correspondientes, a más tardar veinticuatro horas después de finalizado el escrutinio mencionado.

En ningún caso, la corporación electoral de que se trate podrá abstenerse de hacer la proclamación correspondiente, sin perjuicio de las demandas de nulidad o de proclamaciones, conforme se establece en este Código.

Junta Nacional de Escrutinio proclamará como Presidente y Vicepresidente de la República, a los candidatos que aparezcan en las boletas que hubiesen obtenido el mayor número de votos. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos.

En las boletas de Presidente y Vicepresidentes de la República no surtirá efectos la raya.

En caso de empate se hará una nueva elección entre los candidatos empatados.

Las Juntas de Escrutinio de Circuito Electoral tendrán a su cargo el escrutinio general de los votos depositados en cada Circuito. Tendrán su sede en la cabecera de uno de los distritos del respectivo Circuito. En las Comarcas se ubicará la sede en la cabecera de uno de los Corregimientos. El Tribunal Electoral señalará la sede que corresponda.

Las Juntas Distritoriales de Escrutinio tendrán a su cargo el escrutinio general de los votos depositados en cada distrito para concejales.

Tendrán su sede en la cabecera de] respectivo Distrito.

Las Juntas de Escrutinio de Circuito Electoral proclamarán candidato electo, en los circuitos que elijan a un solo lDiutado, al candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos entre los candidatos postulados en el respectivo circuito.

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos obtenidos por esos partidos, pero en todo caso la curul se le asignará al partido donde está inscrito el candidato proclamado. Si el partido donde está inscrito el candidato proclamado desaparece por no alcanzar el porcentaje establecido en la Ley, la curul se asignará al partido que mayor cantidad de votos aportó al candidato proclamado.

Si el candidato no está inscrito en ninguno de los partidos que lo postuló, la curul se asignará al partido que mayor cantidad de votos le aportó al candidato proclamado.

En estos dos últimos casos el Diputado queda sometido a los estatutos del partido al que se le asignó la curul.

Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a dos o más diputados, las Juntas de Escrutinio de Circuitos Electorales proclamarán a los candidatos electos de conformidad con las reglas siguientes:

1. El número total de votos válidos depositados en el circuito por todos los electores se dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. El resultado de esta división se denominará cociente electoral.

2. El numero total de boletas únicas de votación obtenidas por cada lista de candidatos se dividirá por el cociente electoral, y el resultado de esta operación será el número de candidatos que le corresponde elegir al partido que hubiera lanzado la lista de que se trata o lista de libre postulación respectiva.

3. Si quedaran puestos por llenar para completar el número de ciudadanos que han de elegirse, se adjudicará uno a cada una de las listas restantes que hayan obtenido un número de boletas únicas de votación no menor de la mitad del cociente electoral en el orden en que dichas lisias hayan obtenido boletas únicas de votación. Los partidos o listas de libre postulación que hayan obtenido el cociente electoral no tendrán derecho al medio cociente.

4. Si aún quedaran puestos por llenar, se adjudicaran a los candidatos más votados, una vez aplicado el cociente y medio cociente.

Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos por cada candidato en todas las listas en que hayan sido postulados, pero en todo caso la curul se asignará al partido al cual pertenece el candidato, teniendo

presente que un partido solo podrá obtener una sola curul por residuo.

Cuando un partido o lista por libre postulación tenga derecho a uno o más puestos de diputado en un circuito plurinominal, se declararán electos principales y suplentes les candidatos que en tal calidad hayan obtenido mayor cantidad de votos.

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará cuando deban elegirse varios concejales en un distrito.

Si hubiere empate en el número de votos obtenidos, se celebrará una nueva elección entre las listas o candidatos empatados, si fuere necesario hacerlo para adjudicar los puestos de Diputados. En esta nueva elección, solo podrán sufragar los electorales que estuvieron en el Padrón Electoral del respectivo circuito electoral al momento de la elección general.

La Junta Distritorial de Escrutinio proclamará como Concejales a los candidatos que hubiesen obtenido el número mayor de votos entre los candidatos postulados en el respectivo Distrito. Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán por parte de la Junta Distritorial de Escrutinio, todos los votos obtenidos por los partidos de que se trate.

Cuando se trate de la elección de dos o más Concejales se aplicarán las reglas del artículo 326, con la consideración en este caso de las listas de candidatos independientes.

Si se produjera empate en la votación celebrada en un distrito, se celebrará una nueva elección entre las listas o candidatos empatados, en la cual solo podrán sufragar los electores que estuvieron en el Padrón Electoral del respectivo distrito al momento de la elección general.

El escrutinio general de las votaciones para representantes de corregimiento, principales y suplentes, se hará en las juntas comunales de escrutinio del corregimiento respectivo.

Las juntas comunales de escrutinio tendrán su sede en la cabecera del corregimiento o donde lo determine el Tribunal Electoral.

Las Juntas Comunales de Escrutinio proclamarán como candidatos electos a los que hubiesen obtenido el mayor número de votos entre los candidatos postulados en el respectivo Corregimiento. Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos obtenidos por los partidos de que se trate.

Si se produjere empate en la votación celebrada en un corregimiento, se celebrará una elección entre los candidatos empatados, en la cual solo podrán sufragar los electores que estuvieron en el Padrón Electoral del respectivo corregimiento al momento de la elección general.

El día señalado para las elecciones, la Junta Nacional de Escrutinio, las Juntas de Escrutinio de Circuitos Electorales, las Juntas Distritales y Comunales de Escrutinio, se reunirán por derecho propio, desde las dos de la tarde, con el objeto de recibir los resultados de las diferentes mesas de votación y procederán al escrutinio general que a cada una le corresponde.

La reunión de la junta será de carácter permanente, desde el momento que se inicie hasta que termine el escrutinio con la proclamación de los candidatos que hayan resultado electos conforme al presente Código. Cuando se hayan interpuesto demandas de nulidad de la totalidad de las elecciones o de las proclamaciones, la validez de ambas quedará sujeta a la decisión final del Tribunal Electoral.

A medida que se reciban las actas de las diferentes mesas de Votación se procederá a sumar el resultado de cada una de ellas, para obtener el total de los resultados nacionales, de circuito electoral, distritoriales o comunales, según la elección de que se trate.

Una vez terminado el escrutinio de las actas, el Presidente de la Junta Nacional de Escrutinio o de la respectiva Junta de Escrutinio de Circuito Electoral, o de la Junta Distritorial o Comunal de Escrutinio pregonará el resultado del escrutinio y hará la proclamación de los candidatos elegidos.

De los resultados e incidencias del escrutinio se hará un acta en la cual, además se dejará constancia de las reclamaciones, protestas y recursos formulados por los partidos, los candidatos o sus representantes, así como de las decisiones de la Junta y los recursos que presenten sus miembros que no estén de acuerdo con aquellas.

Cada partido o lista de candidatos por libre postulación tiene derecho a una copia autenticada del acta.

Toda elección o proclamación podrá ser impugnada mediante

demanda de nulidad por los candidatos o partidos afectados y el fiscal general electoral.

El término elección incluye las consultas populares, como el referéndum y el plebiscito con sus respectivas proclamaciones de resultados. En este caso quedan legitimados para demandar las personas reconocidas por el decreto reglamentario

del Tribunal Electoral.

Toda demanda de nulidad a que hace referencia el artículo anterior, deberá estar basada en alguna de las siguientes causales:

1. La celebración de elecciones sin la convocatoria previa del Tribunal Electoral o en fecha distinta a la señalada, de conformidad con los términos descritos en el presente Código.

2. Que el cómputo de los votos, consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales, contengan errores o alteraciones.

3. La constitución ilegal de la junta de escrutinio o de las mesas de votación.

4. La no instalación de la mesa, la instalación incompleta que impida el desarrollo normal de la votación y la suspensión del desarrollo de la votación.

5. La falta de materiales indispensables para el desarrollo de la votación. Son materiales indispensables aquellos sin los no se puede dar certeza sobre la voluntad popular, tales como las boletas de votación, el padrón electoral, las actas y las urnas. El Tribunal Electoral los establecerá para cada elección.

6. La elaboración de las actas correspondientes a la junta de escrutinio o a las mesas de votación, por personas no autorizadas por este Código, o fuera de los lugares o términos establecidos.

7. La alteración o falsedad del padrón electoral de mesa o de las boletas de votación.

8. La violación de mesas o la violencia o amenaza ejercida sobre los miembros de la mesa o de la Junta de Escrutinio, durante el desempeño de sus funciones.

9. La celebración del escrutinio o de la votación en lugar distinto al señalado por el Código y el Tribunal Electoral.

10. La iniciación de la votación después de las doce mediodía, siempre que sufraguen menos del cincuenta por ciento de los electores inscritos en el padrón electoral de la mesa respectiva.

11. La ejecución de actos de violencia o coacción contra los electores, de tal manera que se les hubiera impedido votar u obligado a hacerlo contra su voluntad. Se considera igualmente un acto de coacción las entregas, por si

    mismo o por interpuestas personas, de dádivas, donaciones, regalos en efectivo o en especie y simulación de rifas, con el propósito velado o expreso de recibir respaldo en votos.

12. Que el acta correspondiente, no haya incluido, en el escrutinio, la totalidad de las actas de mesa de votación dentro de la circunscripción de que se trate.

13. El cierre de las mesas de votación antes del tiempo estipulado, violando las normas que la reglamentan.

14. Si desde la apertura del proceso electoral se violentan los derechos y prohibiciones establecidos en la Constitución Política y en el presente Código incidiendo en sus resultados.

15. El haberse excedido los topes de gastos establecidos en el artículo 190-H.

Todo candidato proclamado enfrentará solamente un proceso de impugnación en su contra. En el evento de que exista más de un demandante, las demandas se acumularán en un solo proceso, aunque los hechos no sean los mismos.

Para que las causales de impugnación, descritas en los numerales 2 al 15 del artículo 339, sean procedentes y la demanda admisible, deberán ser de tal magnitud que afecten el derecho de los candidatos que hubieren sido proclamados.

La declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección, con fundamento en el numeral 1 del artículo 339 de este Código, conlleva la celebración de nuevas elecciones de conformidad con la Ley.

En los casos de los numerales 2 al 14 del artículo 339 de este Código, solamente se celebrarán nuevas elecciones cuando se afecte el derecho de los candidatos proclamados y en aquellas mesas donde proceda.

En el evento de que no haya habido proclamación, el Tribunal Electoral comunicará de este hecho al Fiscal General Eectoral, para que interponga la acción necesaria, a fin de iniciar un proceso que permita determinar judicialmente lo ocurrido.

Este proceso se surtirá de conformidad con el procedimiento establecido para las nulidades de elecciones y, en el fallo, el Tribunal Electoral ordenará que se subsane el vicio comprobado para que se lleven a cabo las proclamaciones de rigor. El traslado, en estos casos, se dará al presidente de la Junta de Escrutinio respectiva y, en su defecto, a su suplente, o a algún otro miembro de la junta, en su orden. Si otras personas impugnan, se acumularán sus acciones con la del Fiscal General Electoral. Estas otras personas deberán designar un solo apoderado que las represente. Si no lo hiciesen, el Tribunal Electoral lo hará por ellas.

La demanda de nulidad de elección o de proclamación deberá interponerse desde la proclamación y hasta tres días hábiles después de la publicación de ésta en el Boletín del Tribunal Electoral.

Interpuesta una demanda de nulidad en tiempo oportuno, podrá ser corregida o modificada mientras no venza el término para interponerla.

Para que la demanda de nulidad de elección o de proclamación pueda ser admitida, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes:

1. Describir ios hechos que configuran cada una de las causales, por separado.

2. Identificar la causal o causales en que se fundamenta la demanda, citando los numerales específicos del artículo 339.

3. Explicar cómo los hechos configuran la causal o causales invocadas.

4. Acompañar o aducir pruebas pertinentes. Para el caso del numeral 15 del artículo 339 sera necesario presentar algún elemento indiciario.

5. Consignar las fianzas siguientes:

a. Para representante de corregimiento, dos mil balboas (B/. 2.000.00).

b. Para alcaldes de distrito, diez mil balboas (B/.10 000.00).

c. Para diputados, veinticinco mil balboas (B/.25 000.00).

d. Para presidente de la República, cincuenta mil balboas (B/.50 000.00).

El monto de la fianza es independiente de la cantidad de candidatos impugnados. La Fiscalía General Electoral quedará exenta de consignar fianza.

Parágrafo. La caución garantizará el pago de costas y gastos que fije el Tribunal Electoral. Los daños y perjuicios se determinarán mediante incidente, el cual se iniciará dentro de los treinta días siguientes a la terminación del proceso.

Admitida la demanda, se aplicará el mismo procedimiento establecido para la impugnación de postulaciones en los artículos 267, 268, 270, 271, 272 y 273.

Los candidatos proclamados electos que no fueron impugnados

recibirán sus credenciales sin esperar los resultados del proceso de impugnación.

No se extenderán credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por:

1. Incumplimiento en la entrega del informe de ingresos y gastos privados previstos en los artículos 190-F y 190-G.

2. Procesos de nulidad que estén pendientes de decisión por el Tribunal Electoral.

El hecho de que una demanda de nulidad de elecciones sea rechazada al considerar su admisibilidad o desestimada al decidirse el fondo, en nada afecta la responsabilidad penal que pueda establecerse a través del respectivo proceso penal electoral.

El Tribunal Electoral, después de haber decidido todas los demandas de nulidad instituidas por este Código, entregará a los candidatos ganadores sus respectivas credenciales.

El Tribunal Electoral procederá a la entrega de credenciales en actos especiales, una vez se hayan efectuado las proclamaciones correspondientes y no hubiese impugnaciones de las mismas pendientes de decisión o hubiese expirado el término para promoverlas.

Se podrá impugnar por los partidos o candidatos afectados, dentro de los dos días siguientes, la entrega de credenciales a candidatos distintos de los que resulten de las proclamaciones. También podrá impugnarse de la misma manera la entrega de las credenciales si se hace antes de que resulte procedente hacerlo.

El plazo para impugnar correrá a partir de la publicación de un aviso especial por lo menos en un periódico de circulación nacional diaria; se publicará igualmente en el Boletín del Tribunal Electoral.

Se celebrarán elecciones parciales en los siguientes casos:

1. Cuando se produzcan empates.

2. Cuando por cualquier motivo no se hayan celebrado elecciones en una o más mesas de votación, siempre que tales mesas afecten el resultado de la elección;

3. Cuando por cualquiera de las causas previstas en este Código, se hubiera declarado la nulidad de las elecciones en una o mas circunscripciones o mesas de votación, siempre que tales mesas afecten el resultado de la elección.

4. Cuando el cargo haya quedado vacante por ausencia absoluta del principal y el suplente, salvo que falte menos de un año para que se venza el periodo.

El Tribunal Electoral procurará efectuar simultáneamente, en las circunscripciones respectivas, las elecciones por razón de empate, no celebración o nulidad. En todo caso, la elección se hará en la totalidad de las mesas no válidas de la circunscripción electoral, según el cargo a elegir.

Para que se celebren las elecciones parciales conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 352 será necesario:

1. Que el número de votantes registrados en la Mesa o Mesas de Votación, sea suficiente para cambiar el resultado de la elección de que se trate en la respectiva circunscripción electoral o sea suficiente para determinar la subsistencia legal de un partido. Para estos efectos, se entiende que se puede cambiar el resultado aún en el caso de que un partido o candidato, para que ello ocurra, deba recibir el total de los votos de los electores registrados.

2. Que una vez decretada la nulidad, el o los partidos o candidatos afectados soliciten al Tribunal Electoral la nueva elección dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que declare tal nulidad y, en el caso de no celebración de las elecciones, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha originalmente señalada para la misma.

El Tribunal Electoral publicará en el Boletín del Tribunal Electoral y en periódicos de circulación nacional diaria los avisos relativos a las resoluciones que declaren la nulidad parcial de las elecciones.

En los casos a que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo 352 sólo se celebrará la clase de elección que resulte procedente conforme al artículo 354.

Las elecciones se celebrarán con arreglo a las normas de este Título.

Cuando se convoquen elecciones parciales por pérdida de la representación, el Tribunal Electoral ajustará los plazos del calendario electoral en la forma en que resulte necesaria para que la elección se celebre según dispone la Ley 19 de 1980. Así mismo, dictará normas especiales para la actualización del Padrón Electoral en la circunscripción. correspondiente.

Cuando de conformidad con la Constitución Nacional deba llamarse a los electores a referéndum, éste se realizará de acuerdo con las normas del presente Código, en lo que resulten aplicables.

Si la mayoría de los votos válidos resultan afirmativos, el referéndum entrañará la ratificación del tratado o convenio correspondiente o la aprobación de las reformas constitucionales, según sea la consulta popular. En caso contrario, el referéndum tendrá corno efecto la no ratificación del tratado o convenio o la desaprobación de las reformas.

El Tribunal Electoral convocará a referéndum nacional en los casos previstos en la Constitución Política y, a esos efectos, expedirá la reglamentación correspondiente, tomando en cuenta las disposiciones del Código Electoral en lo que resulten aplicables.

La solicitud para convocar a una Asamblea Constituyente Paralela podrá ser formalizada por el Órgano Ejecutivo, previa ratificación de la mayoría absoluta del Órgano Legislativo; por el Órgano Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros; o por iniciativa ciudadana, la cual deberá estar acompañada por las firmas de, por lo menos, el veinte por ciento (20%) de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

El mecanismo de recolección de firmas será reglamentado por el Tribunal Electoral y los peticionarios dispondrán de un termino de seis meses para ello.

Cumplidos los requisitos para convocar a una Asamblea

Constituyente Paralela, por cualquiera de las formas previstas en el artículo anterior, el Tribunal Electoral convocará la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de seis meses.

La elección de constituyentes se realizará de acuerdo con la reglamentación que expida el Tribunal Electoral de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política.

El Acto Constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente Paralela será publicado en el Boletín del Tribunal Electoral dentro de los cinco días hábiles siguientes, y sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral, en un periodo no menor de tres meses ni mayor de seis meses, contado a partir de la fecha de su publicación.

En cumplimiento de la Ley 2 de 1994, por la cual se ratificó el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, la República de Panamá elegirá, por votación popular, a veinte diputados centroamericanos, cada uno con su respectivo suplente personal, de conformidad con las reglas y procedimientos establecidos en este capítulo.

Para postularse como candidato principal o suplente a diputado al Parlamento Centroamericano, se requiere cumplir con los requisitos que la Constitución Política y este Código exigen para ser postulado como diputado de la República, con la excepción de que el año de residencia será aplicable al territorio nacional.

Las postulaciones se harán colocando a los candidatos en orden numérico, a fin de que los electores voten por una lista nacional cerrada, y las cumies se asignarán de conformidad con lo establecido en el artículo 383.

Cada lista nacional contendrá hasta veinte candidatos, en su orden, postulados a nivel del país como un circuito nacional. Los electores votarán directamente por la lista de su preferencia, seleccionando la casilla del partido o candidato presidencial por libre postulación correspondiente en la boleta para presidente y vicepresidente. El Tribunal Electoral colocará, en un lugar visible de cada centro de votación, cada una de las listas postuladas.

La elección de los diputados centroamericanos se llevará a cabo el mismo día de la elección de presidente y vicepresidente, y los ciudadanos que resulten electos durarán cinco años en el ejercicio de sus cargos, para lo cual

lomarán posesión de conformidad con lo establecido en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y su reglamento.

Las cumies de los diputados centroamericanos se asignaran a cada partido o candidato presidencial por libre postulación que haya postulado candidatos, mediante la aplicación del sistema de representación proporcional, que se establece en este articulo, con base en los votos obtenidos poi cada partido y candidato presidencial por libre postulación.

Solo participarán en la asignación de cumies los partidos que hayan subsistido y candidatos por libre postulación que hayan obtenido el mínimo de 2% de los votos válidos.

Para la asignación de cumies se procederá así:

1. El porcentaje de votos válidos, obtenido por cada partido y candidato presidencial por libre postulación en la elección de presidente y vicepresidente, será dividido entre un cociente electoral fijo de cinco para obtener el número de curules que les corresponde a cada uno. Dentro de la lista de cada partido o candidato presidencial por libre postulación, las

   curules se asignarán a los candidatos en el orden en que fueron postulados.

2. En el evento de que aún quedaran curules por asignar, se adjudicará una por partido o candidato presidencial por libre postulación entre los que tengan mayor número de votos y no hayan obtenido ninguna curul.

3. Si después de haber aplicado el procedimiento anterior quedaran curules por asignar, estas se adjudicarán a los partidos o candidato presidencial por libre postulación más votados a razón de una por partido o candidato presidencial

   por libre postulación.

La asignación de curules de diputados centroamericanos y las respectivas proclamaciones, estarán a cargo de la Junta Nacional de Escrutinio, tan pronto concluya el escrutinio y la proclamación del presidente y vicepresidentes de la República.

Se sancionará con pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de uno a dos años, a los que:

1. Coarten el derecho de libre inscripción y de renuncia de un partido legalmente constituido o en formación.

2. Paguen, prometan pagar, reciban dinero o cualquier otro tipo de objetos materiales, por inscribirse o renunciar de un partido legalmente constituido o en formación.

3. Alteren las inscripciones efectuadas en los libros de los partidos legalmente constituidos o en formación.

4. Falsifiquen inscripciones de miembros de un partido político o partido en formación, o las obtengan mediante engaño.

5. Impidan o dificulten a un ciudadano postularse u obtener, guardar y presentar personalmente su cédula y otros documentos requeridos para el ejercicio del sufragio.

6. Violen, por cualquier medio, el secreto del voto ajeno.

Se sancionará con veinticinco a trescientos sesenta y cinco díasmulta y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años a quienes:

1. Se hagan pasar por otro y firmen una hoja de adhesión o autentiquen adhesiones falsas, con el propósito de inscribir una postulación indebidamente.

2. Se inscriban como adherentes a una postulación sin tener derecho, o a cambio de dinero u objetos materiales.

3. Alteren las inscripciones efectuadas en los libros de adherentes de candidatos de libre postulación.

Se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y

suspensión de los derechos ciudadanos c inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de uno a tres años a las personas que:

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, violencia, intimidación o cualquier otro medio.

2. Sustraigan, retengan, rompan o inutilicen la cédula de identidad personal de uno o más electores o las boletas con las átales deben emitir el voto, con el objeto de interferir o impedirles el libre ejercicio del sufragio.

3. Ejerzan coacción u obliguen a los servidores públicos o a los empleados de empresas privadas, mediante la elaboración de listas, amenazas o presiones de cualquiera naturaleza, a asistir o a realizar trabajos para candidatos o partidos en determinada actividad partidista.

4. Abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en contra de determinados candidatos en el proceso electoral o de las organizaciones que los postulen, u obstruyan el libre ejercicio de las actividades proselitistas o electorales que se realicen conforme a este Código.

5. Despidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su cargo o puesto de trabajo, público o privado, a una persona que opte por un cargo de representación popular, desde el momento que quede en firme su postulación hasta sesenta días después de la entrega de credenciales.

6. Incumplan la orden de reintegro emanada del Tribunal Electoral, de conformidad con el artículo 278.

7. Ordenen el cierre total o parcial de una oficina pública para que los funcionarios que en ella laboran lleven a cabo actividades partidistas, destinadas a favorecer o perjudicar a un determinado candidato o partido político. Si no hubiera ninguna orden escrita para el cierre total o parcial de

la oficina pública, el funcionario de más alta jerarquía de la respectiva dependencia será el responsable por el delito establecido en este numeral.

Se sancionará con pena de prisión de ocho meses a cuatro años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por dos a cinco años, a los funcionarios electorales que:

1. Suspendan o alteren ilegalmente el curso de la votación.

2. Obstaculicen en forma grave el ejercicio del sufragio.

Se sancionará con pena de presión de seis meses a un año o con cincuenta a doscientos días-multas y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a dos años, a los que indebidamente rehúsen expedir el certificado de residencia, o expidan certificado de falsa residencia, a un aspirante a candidato o a cualquier ciudadano que lo requiere para los fines electorales.

Se sancionará con multa de cien a trescientos balboas, al empleador o al funcionario que impida a un trabajador o a un servidor público, designado como miembro de una corporación electoral, ya sea como funcionario del Tribunal Electoral, representante de partido político o candidato por libre postulación, cumplir a cabalidad con sus funciones o adoptare represalias contra el mismo.

Se sancionará con pena de arresto de diez días a tres meses o multa de cincuenta a quinientos balboas a:

1. Los concurrentes a cualquier acto electoral que perturbe el orden.

2. Las personas que penetren a algún recinto electoral con armas u objetos semejantes.

3. Las autoridades o agentes de la autoridad que nieguen el auxilio solicitado por los funcionarios electorales o intervengan de cualquier manera para dejar sin efecto las disposiciones de las autoridades electorales.

4. Los funcionarios públicos que dificulten o nieguen el cumplimiento de lo establecido en los artículos 123 y 124.

Se sancionará con multa de cincuenta a cien balboas, a los funcionarios electorales que incurran en culpa o negligencia leve en el cumplimiento de su deber, conforme lo establezca el reglamento del Tribunal Electoral.

Se sancionará con veinticuatro (24) horas de arresto conmutable y con multa de veinte a quinientos balboas, el miembro de una corporación electoral nombrado por el Tribunal Electoral que, sin excusa válida, no asista al acto de instalación, o a las sesiones de la misma.

Se sancionará con el comiso del arma y objeto similar y con multa de diez a doscientos cincuenta balboas a quienes violen las prohibiciones señaladas en el artículo 290 de este Código.

El director y subdirector nacional, los directores regionales de organización electoral, el presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, los presidentes de las Juntas de Circuito Electoral de Escrutinio y de las Distritales y Comunales de Escrutinio, los presidentes de las mesas de votación y los delegados electorales, durante el ejercicio de sus funciones y durante el proceso electoral, podrán ordenar arresto hasta por dos días por la desobediencia y falta de respeto de que fueran objeto, con excepción de lo previsto en el articulo 218-B.

El afectado podrá solicitar, al funcionario de policía correspondiente, la conmutación del arresto a razón de diez balboas (B/.10.00) por cada día.

Se sancionará con multa de cien balboas (B/.100.00) a mil balboas (B/.1.000.00) a las personas responsables de que se nieguen o violen las facilidades electorales previstas en el artículo 191.

Se sancionará con multa de cien balboas (B/100.00) a mil balboas (B/1000.00)a los que violen las prohibiciones previstas en los artículos 289 y 293.

Se sancionará con multa de cincuenta a mil balboas, a quienes:

1. Se suscriban como adherentes de más de una candidatura de libre postulación.

2. Se inscriban como adherentes más de una vez, con el mismo candidato o partido en formación.

3. Se inscriban en más de un partido en formación, en el mismo período anual de inscripción de miembros.

4. Promueven impugnaciones temerarias.

Parágrafo. En los casos de inscripción múltiples en partidos, contemplados en los numerales 2 y 3, se sancionará, además, con inhabilitación para inscribirse en partido político en formación o legalmente reconocido, por un período de dos a cinco años.

Se sancionará con multa de cincuenta a quinientos balboas, a quienes ejerzan el sufragio en contravención a lo establecido en el numeral 1 del artículo 9 de este Código.

Serán sancionadas con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a mil balboas (B/.1 000.00) y el decomiso o remoción de la propaganda política fija las personas o candidatos que violen las disposiciones establecidas en el articulo 203.

Serán sancionadas con multa de cincuenta a mil balboas y el decomiso, suspensión o remoción de la propaganda, las personas que violen las disposiciones contempladas en el Capítulo Tercero del Título V de este Código, sobre propaganda electoral con excepción de lo establecido en el articulo 203 sobre propaganda política fija.

La sanción que quepa a los medios de comunicación social e imprentas, en los casos aquí contemplados, consistirá en multa de mil a diez mil balboas.

Las personas y los medios de comunicación que violen lo dispuesto en los artículos 210, 211, 211-C, 215 y 216 serán sancionados con multa de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00) a cincuenta mil balboas (B/.50 000.00). Si hay reincidencia, el monto de la sanción se duplicará.

De igual manera, a petición de parle y siguiendo el debido proceso, se sancionará a las personas naturales y jurídicas que elaboren encuestas de opinión manipuladas o alteradas. En caso de reincidencia, se inhabilitarán para elaborar sondeos de opinión en el siguiente lomeo electoral.

El representante legal de una entidad pública y el medio de

comunicación que divulguen propaganda estatal dentro los tres meses anteriores a una elección serán sancionados con multa de dos mil balboas (B/.2 000.00) a diez mil balboas (B/.10 000.00), sin perjuicio de la suspensión inmediata de la propaganda.

Serán sancionados con multa de mil a veinticinco mil balboas, los candidatos y partidos políticos que violen el articulo 190.

El Director y Subdirector General, los Directores Electorales Provinciales y Distritales de Organización Electoral, el Presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, los Presidentes de las Juntas de Circuito Electoral de Escrutinio y las Distritales y Comunales de Escrutinio, Los Presidentes de las Mesas de Votación y los Delegados Electorales, durante el ejercicio de sus funciones y durante el proceso electoral, podrán ordenar el arresto, hasta por dos días, por la desobediencia y falta de respeto de que fueren objeto. Queda a salvo, en todo caso, lo dispuesto en el Artículo 143.

El afectado podrá solicitar, al funcionario de policía correspondiente, la conmutación del arresto, a razón de diez balboas por cada día.

Se sancionará con multa de cien a mil balboas a las personas

responsables de que se nieguen o violen las facilidades electoniles previstas en los artículos 191, 192 y 193.

En lo referente a tentativa, agravantes, atenuantes, causas de justificación, imputabilidad, complicidad y encubrimiento se aplicará lo dispuesto en el Código Penal.

La acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera:

1. Para los delitos electorales, a los tres años.

2. Para las faltas electorales, a los dos años.

3. Para las faltas administrativas, al año.

El plazo de prescripción se interrumpirá:

1. Para los delitos electorales desde la formulación de la imputación.

2. Para las faltas electorales y faltas administrativas desde el inicio de la investigación.

Cuando se trate de hechos ya ocurridos que antes de la vigencia de este Código constituían delitos comunes y que en virtud de sus normas se definen como delitos electorales, mantendrán su competencia los tribunales ordinarios, pero en todo caso se aplicará la pena que resulte más favorable.

Los partidos políticos quedan sujetos a las sanciones morales que le aplique el Tribunal Electoral, cuando así lo disponga el presente Código.

Impuestas las sanciones previstas en este Código para los responsables de inscribirse en un mismo partido político constituido o en formación a cambio de bienes materiales, pago o promesa, o de instigar tales inscripciones, cuando resulten sancionados más de cien ciudadanos en el primer caso , o más de cinco ciudadanos como instigadores en el segundo, se sancionará al respectivo partido político mediante publicación de un aviso pagado de página entero en los diarios que ordenará el Tribunal Electoral y que será del siguiente tenor:

El Tribunal Electoral, comunica a la ciudadanía, de conformidad con el artículo 426 del Código Electoral que el pasado (fecha), quedó ejecutoriada la sentencia por medio de la cual se determinó que los ciudadanos:

Nombre Cédula Fecha de la Falta Fecha de Sentencia

Miembro(s) del Partido ( nombre del partido), cuyo símbolo del partido) resultó( arón) o culpable (s) en procesos penales electorales, por violación a las disposiciones contempladas en el articulo 385, numeral 2, del Código Electoral, es decir, por inscribirse en el partido por pago, promesa de pago, recibir dinero o cualquier otro tipo de bienes materiales por la inscripción en el partido.

Este mismo aviso se publicará nuevamente diez días antes de las elecciones generales. El costo de estas publicaciones será cargado al subsidio estatal que le corresponda al partido.

En los casos en que la fiscalía General Electoral investigue a un miembro de un partido político o activista de este por los hechos denunciados de pago o promesa de pago de dinero o cualquier tipo de bienes materiales u oferta de trabajo a cambio de la inscripción o renuncia en un partido político, lo pondrá en conocimiento de este último para los fines procedentes.

Parágrafo. Los procesos en los que el partido coadyuve con la sanción de los infractores no serán considerados para los efectos del articulo 426.

Este Título regula el modo como deban tramitarse y resolverse los procesos y otros asuntos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Electoral y a los funcionarios electorales.

Los procesos sólo podrán iniciarse a petición de las partes, salvo los casos en que se autorice que se promuevan de oficio.

Cada persona o partido político con interés legítimo, puede hacerse parte en el proceso o en las demandas de nulidad de las elecciones.

Los procesos ante los Magistrados del Tribunal Electoral son de única instancia y los que se tramiten ante sus funcionarios subalternos admiten dos instancias.

El impulso y la dirección del proceso corresponden al Tribunal o a funcionario competente quien cuidará de su rápida tramitación sin perjuicio del derecho de defensa de las partes y con arreglo a las disposiciones de este Título.

Promovido el proceso o trámite, el Tribunal o funcionario competente tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo en lo que dependa directamente de las partes.

Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el Tribunal o funcionario competente hará uso de sus facultades para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta e ineficaz.

El Tribunal o el funcionario competente tomarán todas las medidas que sean necesarias para lograr la mayor economía procesal.

Al proferir sus decisiones el Tribunal o el funcionario competente deben tener en cuenta el objeto de los procesos o asuntos electorales que sean elevados a su conocimiento. Con el mismo criterio deben interpretarse las disposiciones del presente Código.

Las dudas que surjan en la interpretación de las disposiciones de este Título y sus normas complementarias, deberán aclararse mediante la aplicación de las normas constitucionales y los principios generales del derecho procesal.

Cuando se establezcan formas o requisitos para los actos procesales, sin que se señale que la omisión o desconocimiento de dichas formas o requisitos hacen el acto nulo o ineficaz, el Tribunal o el funcionario le reconocerán valor o eficacia, siempre que la forma adoptada logre la finalidad perseguida por la Ley.

Los actos del proceso prescrito por la Ley para los cuales no se establezca una forma determinada, los realizará el Tribunal o el funcionario respectivo, quienes dispondrán que se lleven a cabo con la menor formalidad posible, de manera adecuada al logro de sus fines.

Todo acto facultativo y oficioso puede ser instado por las partes. Sin embargo, el Tribunal no estará obligado a pronunciarse.

Cualquier error o defecto , en la identificación, denominación o calificación de la acción, pretensión, incidente, recurso, acto o negocio de que se trate, no es impedimento para que se acceda a lo pedido, de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara.

El Tribunal o el funcionario competente deben darle a la solicitud, impugnación, recurso o incidente, el tramite que le corresponde, cuando el señalado por la partes está equivocado.

En los procesos electorales no hay lugar a imposición de costas, salvo en los siguientes casos:

1 . Cuando el procedimiento se sigue sin que el demandante comparezca, habiendo sido notificado personalmente.

2. Cuando el vencido hubiese negado hechos evidentes de la demanda que, según se desprenda de autos, hubiera debido aceptar al contestar aquéllos.

3. Cuando la parte hubiese presentado documentos falsos o testigos falsos.

4. Cuando no se rindiera prueba alguna para acreditar los hechos de la demanda o los incidentes impuestos, exceptuando los casos en que se trate de puntos de puro derecho

5. Cuando se advierta ejercicio abusivo, malicioso o negligente, del derecho de gestión.

6. Cuando se declare la caducidad de la instancia en contra de la parte demandante.

La resolución que establezca la condena en costas o el pago de los gastos incurridos en el procedimiento, presta, en cuanto a ello, mérito ejecutivo; y su cumplimiento, presta, en cuanto a ello, mérito ejecutivo; y su cumplimiento podrá exigirse ante la jurisdicción ordinaria correspondiente, de acuerdo con la cuantía

El reparto de los negocios a los Magistrados y su sustanciación se harán de acuerdo con las normas del Código Judicial aplicables a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en los que no sean contrarias a este Código y sus leyes complementarias y las normas especiales que por reglamento establezca el Tribunal Electoral.

Al efectuar los repartos, se separarán los asuntos administrativos de los de carácter jurisdiccional y de los que conozcan en grado de apelación.

Cualquier partido o candidato a afectado podrá hacerse parte en las impugnaciones en partidos políticos constituidos o en formación, de candidaturas, de adherentes a candidaturas, de proclamaciones y de entrega de credenciales, así como en las demandas de nulidad de las elecciones.

El interesado se constituirá parte mediante escrito que se presentará en cualquier tiempo, pero en ningún caso se retrotraerá la actuación. En las impugnaciones de adherentes a candidatos de libre postulación se aplicará lo dispuesto en el artículo 530, en cuanto al cuanto al plazo de que dispone el adherente afectado por la impugnación.

En todo lo que no esté previsto en este Título se aplicará supletoriamente el Código Judicial , de forma ajustada a la naturaleza de los asuntos que corresponde decidir a la jurisdicción electoral.

El Tribunal Electoral conocerá privativamente de todos los procesos y reclamaciones electorales, salvo los casos en que la Constitución Nacional, este Código y leyes especiales dispongan expresamente lo contrario.

Dentro de la ejecución del Plan General de Elecciones, existirán jueces electorales con jurisdicción en todo el territorio nacional, que deberán cumplir los mismos requisitos que los jueces penales electorales. Estos jueces serán

nombrados y removidos por unanimidad del Pleno del Tribunal Electoral.

Los jueces electorales tendrán conocimiento en primera instancia sobre las controversias siguientes:

1. Las impugnaciones ai Padrón Electoral Preliminar.

2. Las que se originen en los partidos politicos producto de los procesos de selección de candidatos a cargos de elección popular.

3. Las impugnaciones a las postulaciones a cargos de elección popular.

4. Las inhabilitaciones de candidaturas al amparo del artículo 28.

5. Las demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones.

Parágrafo: Cuando no estén en funciones los jueces electorales, estos casos serán de conocimiento del Pleno del Tribunal Electoral.

A las competencias establecidas en el articulo anterior, les será aplicable el piocedimiento respectivo previsto en este Código.

Las sentencias que se dicten con ocasión de los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo anterior admiten recurso de apeiación ante el Pleno del Tribunal Electoral.

Los Directores Provinciales y Comarcales de Organización Electoral conocerán de las controversias e, impugnaciones a que se refiere el capítulo quinto del titulo vi de este código

El Tribunal Electoral ejercerá su potestad reglamentaria mediante decretos. En el ejercicio de sus funciones administrativas dictará los acuerdos, las resoluciones y los resueltos que sean necesarios.

Además de las resoluciones administrativas, el Tribunal Electoral dictará resoluciones jurisdiccionales en los asuntos que tengan este carácter.

En lo referente a la admisión de postulaciones, de solicitudes de autorizaciones para formar partidos políticos, de autorización para inscribir miembros de partidos en formación o de adherentes a candidaturas, de reconocimiento de partidos y demás asuntos relativos a partidos políticos, el Tribunal Electoral o el funcionario competente actuarán por medio de resoluciones administrativas numeradas. Lo mismo se hará si la petición es desestimada.

La impugnaciones a que haya lugar se tramitarán por separado y revestirán la forma que corresponda a las resoluciones jurisdiccionales. Mientras no se hayan decidido no se adoptará la resolución administrativa numerada a que se refiere el párrafo anterior si la impugnación pendiente incide en aquélla.

Las inscripciones referentes a los nacimientos de que trata el artículo 88 de la Ley 31 de 25 de junio de 2006; marginales, cancelaciones de inscripciones o de marginales y las reinscripciones y demás asuntos de que debe conocer el Registro Civil y decidir por resolución, se autorizarán mediante resoluciones administrativas numeradas. Del mismo modo se procederá cuando se conozca por los Magistrados en grado de apelación.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a las resoluciones que dentro de su competencia se dictan en la Dirección General de Cedulación.

Las resoluciones jurisdiccionales pueden ser:

1. Proveídos, cuando son de mero obedecimiento y por disponerlo expresamente la Ley se ejecutorían en forma instantánea.

2. Providencias, se limitan a disponer sobre el trámite de la actuación;

3. Autos, deciden una cuestión incidental o accesoria del proceso; y

4. Sentencias, deciden las pretensiones o el fondo del proceso.

En la Secretaría General o en el despacho inferior correspondiente se dejará copia autenticada de las resoluciones administrativas, de los autos y de las sentencias, las cuales serán foliadas y encuadernadas anualmente.

Las resoluciones administrativas y las jurisdiccionales indicarán la denominación del Tribunal o del Funcionario que las expida, se firmarán en el lugar y la fecha en que se pronuncien, expresados en letras, y concluirán con la firma del o los y Magistrados y del Secretario General o, cuando fuere el caso, del funcionario que las expida. Las resoluciones administrativas numeradas que dicte el Tribunal expresarán, además, en su parte resolutiva, que el Tribunal las expide en uso de sus facultades constitucionales y legales.

Los autos serán motivados y expresarán los fundamentos jurídicos pertinentes con cita de las disposiciones legales aplicables al caso. Las providencias indicarán el trámite que se ordene y el plazo que se fije para el mismo.

Las sentencias se dictarán de conformidad con las reglas siguientes:

1. Se expresará sucintamente la pretensión formulada o los puntos de materia de la controversia.

2. Se hará una relación de los hechos comprobados que conciernan a la cuestión que se resuelve; y referencia a las pruebas que obran en el expediente y que sirven de base para estimar probados los hechos.

3. Se darán a continuación las razones y fundamentos legales que se estimen pertinentes, con cinta de las normas respectivas.

4. se indicará que se dictan administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

5. Se indicará el recurso que contra la sentencia tenga el afectado y el plazo para interponerlo.

La infracción de cualesquiera de estas reglas no es causa de nulidad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

Todo auto o sentencia debe expresar claramente con claridad lo que resuelve.

En las sentencias se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de las pretensiones objeto el proceso, ocurrido después de haberse promovido el mismo, siempre que el hecho esté debidamente probado.

Las resoluciones jurisdiccionales se ejecutorían por el solo transcurso del tiempo.

Una resolución queda ejecutoriada o firme cuando no admita dentro del mismo proceso ningún recurso, ya porque no proceda o porque no haya sido interpuesto dentro del término legal.

Cuando la apelación se conceda en el efecto devolutivo, se cumplirá la resolución para el solo propósito que continúe la tramitación y sin perjuicio de lo que decida el superior. En el caso de revocatoria, quedará sin efecto lo hecho en virtud de la resolución revocada.

Cuando se trate de imponer la sanción de que se trata el artículo 398, la resolución deberá ser motivada y copia de la misma se enviará de inmediato al Recaudador de Ingresos respectivo, a fin de que éste la perciba a nombre del Tesoro Nacional.

Si la misma no se paga dentro de los tres días siguientes a su imposición, se convertirá en arresto a razón de un día por cada diez balboas, sanción que hará cumplir el Alcalde del Distrito correspondiente.

Las notificaciones a las partes se harán siempre por medio de edicto, salvo en los casos expresamente exceptuados. El edicto contendrá la expresión del proceso o asunto en que ha de hacerse la notificación la fecha y la parte resolutiva de la providencia, auto o sentencia. Se fijará el día siguiente de dictada la resolución y su duración será de veinticuatro horas. El edicto se agregará al expediente con expresión del día y hora de su fijación y desfijación.

Desde la fecha y hora de la desfijación, se tendrá hecha la notificación.

Los edictos llevarán una numeración continua y con copia de cada uno de ellos se formará un cuaderno que se conservará en la Secretaría General o en el despacho respectivo.

Se notificará personalmente:

1. La resolución en que se dispone el traslado de cualquier demanda o impugnación.

2. El auto que decreta la anulación de procesos.

3. La resolución en que se cite a una petsona para que rinda declaración de parte o para reconocer un documento.

4. La resolución por la cual se ponga en conocimiento de una parte el desistimiento del proceso de la contraparte, así como la pronunciada en caso de ilegitimidad de la personería, a la parte mal representada o a su representante legítimo.

5. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes o más.

6. La sentencia de primera o dé única instancia, salvo en este último caso la que decide la reconsideración.

7. La resolución en que se decrete apremio corporal o sanciones pecuniarias al afectado.

8. Las resoluciones que admiten o rechacen las postulaciones para presidente y vicepresidente de la República.

9. Las resoluciones a que se refieren los artículos 51, 57 y 65.

10. Las resoluciones que decidan asuntos de jurisdicción voluntaria o una solicitud presentada, mediante memorial, relativa a inscripciones o anotaciones en el Registro Civil.

11. Las resoluciones previstas en los artículos 567 y 568.

12. Las demás expresamente establecidas en la ley.

Las notificaciones personales se practicarán haciendo saber la resolución a aquellos a quienes deba ser notificada, por medio de una diligencia en que se expresará en letras, el lugar, hora, día, mes y año de la notificación.

Esta será firmada por el notificado o por un testigo, si aquél no pudiere o no quisiere firmar, así como por el Secretario General o, en los demás casos, el funcionario que hace la notificación, quien debajo de su firma anotará el cargo que ocupa. En todo caso de notificación personal se dará copia de la resolución que se notifique.

El Secretario General o el Director respectivo podrán encomendar a un empleado del Tribunal y bajo su responsabilidad, las notificaciones personales que ellos no puedan practicar por sí mismos, autenticándolas en la forma indicada en el artículo anterior.

Las citaciones serán hechas por los empleados que se designen o por los interesados autorizados por el Secretario General o el Director respectivo, quienes podrán pedir el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario.

Si las partes lo solicitan, el Secretario General y los Directores respectivos tienen obligación de notificar personalmente las resoluciones que deban hacerse saber en otra forma, siempre que no se haya efectuado la notificación de la respectiva resolución.

Puede asimismo hacerse la notificación personal aún después de fijado el edicto y antes de su desfijación.

Las providencia y medidas que se dicten o adopten en el curso de las audiencias y diligencias, se considerarán notificadas el día en que éstas se celebren, aunque no haya concurrido una de las partes.

Cuando una parte tenga constituido apoderado en el proceso, se harán a éste las notificaciones respectivas a no ser que la ley disponga que se hagan a la parte misma.

Cuando tuviere varios apoderados; la notificación podrá hacerse a cualquiera de ellos.

El Secretario General y los Directores respectivos estarán asimismo obligados, cualquiera que sea el apoderado que solicite un expediente para su examen, a notificarle las resoluciones de todos los procesos que estén pendientes de notificación personal y en los cuales actúe dicho apoderado.

Los partidos políticos, los candidatos, las partes y sus apoderados y quienes eleven cualquier petición que deba decidirse mediante resolución que requiera notificación personal, tiene obligación en todo tiempo de poner en conocimiento del Tribunal cuál es su oficina, casa o lugar donde ejerzan en horas hábiles, durante el día, su industria o profesión u otro lugar que designen para recibir notificaciones personales. Esta designación la harán los candidatos desde que designen para recibir notificaciones personales. Esta designación la harán los candidatos desde que se presente la postulación, los partidos al hacer su solicitud de autorización para inscribir y en los demás casos desde que se eleve la petición, se presente la impugnación o demanda o, en el caso de la parte contraria, en el primer escrito que dirija al Tribunal sea contestación de traslado o no, o en la primera prevención, intimación o notificación que se le haga.

Las señas domiciliarias del apoderado se darán en el poder o el tiempo de presentarlo.

Tanto el apoderado principal como el sustituto al ejercer el poder deberán señalar oficina en el lugar sede del Tribunal o Dirección respectiva para los fines de las notificaciones personales que deban hacérseles y para los indicados en el artículo siguiente, así como su dirección postal.

Si el apoderado omite señalar el lugar en que deban hacerse las notificaciones personales en la sede del Tribunal o Dirección respectiva, se le requerirá que así lo haga mediante notificación personal de la respectiva resolución. Si se abstuviere de suministrar la dirección exacta dentro de los dos días siguientes, se le harán las notificaciones en los estrados hasta que haga la designación. El Secretario o el Director respectivo dejarán constancia de esto en el expediente.

La resolución que se dicte es irrecurrible.

Si la parte que hubiere de ser notificada personalmente no fuere hallada en horas hábiles en la oficina, habitación o lugar designado por ella, en dos días distintos, el servidor del Tribunal o de la Dirección respectiva fijará en la puerta de dicha oficina o habitación el edicto relativo a la resolución que debe notificarse y dejará constancia en el expediente de dicha fijación, la cual será firmada por el Secretario General o por el Director con el servidor público y un testigo que la haya presenciado. Dos días hábiles después de tal fijación queda hecha la notificación y ella surte efectos como si hubiere sido hecha personalmente.

Los documentos que fuere preciso entregar en el acto de la notificación serán puestos en el correo el mismo día de la fijación del edicto, circunstancia que se hará constar con recibo de la respectiva Administración de Correos.

Las citaciones a las partes se harán por medio de notificaciones con arreglo a este capítulo. Las de testigos, perito y auxiliares de la justicia, así como en los demás casos expresamente previstos en la ley, lo serán por telegrama, correo recomendado, órdenes, boletas u otros medios semejantes, según las circunstancias; y, en casos de urgencia, por teléfono dejando el Secretario o el Director respectivo, informe de la diligencia.

Si el demandado o afectado por la impugnación se hallare fuera del distrito en que tenga su sede el Tribunal o la Dirección respectiva en el territorio de la República, se le notificará el traslado de la demanda o impugnación por medio de exhorto o despacho enviado al Juez de Circuito o Municipal o al Director Regional o al Registrador Electoral Distritorial, según donde se encuentre el demandado, remitiéndole copia de ella y de los documentos que con la misma se hubieren presentado, requiriéndolo para que comparezca a estar a derecho en el proceso y a contestar la demanda en el término de diez días.

Si el demandado o afectado por la impugnación estuviera en país extranjero, el exhorto o despacho se dirigirá por conducto del Órgano Ejecutivo y de los agentes diplomáticos o consulares de Panamá o de una nación amiga, observándose las prescripciones del derecho internacional. En este caso se dará traslado al demandado o afectado para que la conteste en un término de veinte días, con apercibimiento de la ley.

Es potestativo de la parte demandante o impugnante hacer que se cite al demandado ausente en el extranjero para que comparezca a estar a derecho en el proceso, por medio de exhorto o por medio de edicto emplazatorio.

En el último caso, el término del emplazamiento será de veinte días.

Las formalidades de que tratan los artículos anteriores para la notificación de la demanda y para la práctica de cualquier otra diligencia que deba surtirse en el extranjero, no serán aplicables respecto de las naciones con quienes se haya acordado un procedimiento distinto.

Las notificaciones personales y las citaciones se podrán hacer entre las seis de la mañana y las diez de la noche, incluso en días inhábiles.

Cuando haya de surtirse la notificación personal de una demanda, impugnación o solicitud, se procederá conforme a las siguientes reglas:

l. Si se trata de partidos políticos en formación o legalmente constituidos o de candidatos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 468.

2. Si se trata de una persona de la cual el Tribunal conoce la residencia o lugar de trabajo o se le haya informado y hubiere verificado que es cierta la información, pero no lograre hacer la notificación personal, se procurará dejar noticia de que se requiere su presencia y se le emplazará por medio de edicto que permanecerá fijado en un lugar visible del Tribunal, por el término de diez días.

3. Si se ignorase su paradero, el o los demandantes, impugnantes o solicitantes, deberán jurar personalmente o por escrito presentado por ellos mismos, que en efecto desconocen su paradero. Hecho el juramento se emplazará por edicto como se indica en el numeral 2 de este artículo.

4. Si la persona no fuese encontrada en el lugar que se indica en la demanda, impugnación o solicitud, previo informe secretarial o del Director respectivo, se le emplazará por edicto en la forma expresada en el numeral 2 de este artículo.

En los casos a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, desde que se fijo el edicto se publicará copia de él en el Boletín del Tribunal Electoral y en un periódico de la localidad, si lo hubiere, o en uno de circulación nacional, durante cinco días, preferiblemente consecutivos. Si a pesar de este llamamiento no compareciere el demandado o afectado, transcurridos diez días desde la última publicación en el periódico, se le nombrará un defensor con quien se seguirá la tramitación.

Cuando haya varias personas interesadas en un proceso y sean notificadas personalmente o emplazadas por edicto de conformidad con lo dispuesto en los precedentes artículos, se seguirá el proceso con los que comparezcan y se seguirá en estrados con los que no lo hagan, si han sido notificados personalmente; o se les nombrará un defensor para los que lo hayan sido por medio de edicto emplazatorio.

Si algunos de los interesados se presentaré durante el proceso, se le admitirá como parte en el estado en que se encuentre la causa, sin alterar su curso; y le perjudicará o aprovechará lo actuado hasta entonces.

Los defensores que se nombren en los casos expresados en los artículos anteriores están obligados a oponerse a las pretensiones de la parte contraria a sus defendidos, negando lo pedido, los hechos y el derecho invocado por aquélla y son responsables para con sus representados en los mismos términos que los apoderados. El defendido quedará obligado a pagar el valor de la defensa y también los gastos que se suministren al defensor para la secuela del proceso.

El demandante o impugnante está obligado a dar al defensor lo necesario para dichos gastos y si no lo hiciere se suspenderá el curso del proceso. Si por este motivo la suspensión se prolongara por un mes o más, se decretará la caducidad de la instancia.

En todo caso en que la parte excuse una notificación personal manifiestamente, o no quiera o no sepa firmar, el Secretario General o el Director respectivo o el servidor público comisionado se hará acompañar de un testigo, quien firmará la diligencia, anotándose así en el expediente, con expresión de la fecha, lo que se tendrá por notificación para todos los efectos legales.

Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo o en otra forma se manifiesta enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal.

El apoderado que deseara examinar un expediente y tuviera pendiente alguna notificación personal que directamente le atañe a él mismo, deberá previamente notificarse de la respectiva resolución. En este caso, el Secretario o Director le requerirá que se notifique y si no lo hiciera dejará constancia de ello en el expediente, con expresión de la resolución pendiente de notificación y procederá a hacerla por edicto en los estrados del Tribunal.

El mismo procedimiento se seguirá en cualquier caso en que el apoderado rehuyere una notificación personal sobre la cual le haya hecho requerimiento el Secretario.

En el acto de la notificación no se admitirá al notificado otra manifestación que la de apelación, reconsideración, allanamiento, desistimiento, la ratificación de lo actuado, la renuncia de trámites y términos u otro acto de igual naturaleza. Puede también hacerse nombramiento de vocero, depositario, perito testigo, actuario, o de cualquier otro cargo y la aceptación o no de esas designaciones.

Las partes o sus apoderados pueden constituir de palabra o por escrito, voceros para los actos que deban surtirse verbalmente o para diligencias específicas. Si por escrito los constituyen, lo harán por medio de un memoria! que pueden presentar los mismo voceros.

Lo dispuesto en este capítulo es sin perjuicio de lo que en procedimientos especiales se disponga expresamente sobre el modo de hacer las notificaciones.

Las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en este Código son nulas y se hará acreedor el Secretario o funcionario que las haga o tolere a una multa de cinco a cincuenta balboas que le impondrá el Tribunal Electoral con la sola constancia de la notificación ilegalmente hecha.

Será igualmente responsable de los daños y, perjuicios que con ello haya causado. Sin embargo, siempre que del expediente resultara que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces, pero el Secretario o el funcionario respectivo no quedarán relevados de su responsabilidad.

La petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente.

Sirven como prueba los documentos, la confesión, el juramento, la declaración de parte, la declaración de testigos, la inspección judicial, los dictámenes periciales, los informes, los indicios, los medios científicos y cualquier otro medio racional que sirva a la formación de la convicción del juzgador o funcionario competente, siempre que no estén expresamente prohibidos por la ley, ni violen derechos humanos, ni sean contrarios a la moral o al orden público.

Puede asimismo emplearse calcos, reproducciones y fotografías de objetos, documentos y lugares, así como grabaciones de cualquier clase.

Es permitido, para establecer si un hecho puede o no realizarse de determinado modo, proceder a la reconstrucción del mismo. Si el Tribunal o el funcionario competente lo considera necesario, puede procederse a su registro en forma fotográfica o electromagnética.

En caso de que así conviniera a la prueba, puede también disponerse la obtención de radiografías, radioscopias, análisis hematológicos, bacteriológicos y la práctica de cualquier experimento científico.

Las pruebas se apreciarán según las reglas de la sana crítica, sin que esto excluya la solemnidad documental que la ley establezca para la existencia o validez de ciertos actos o contratos.

Es la decisión que expondrá razonadamente el examen de los elementos probatorios y el mérito que les corresponde.

El Tribunal o funcionario competente practicará personalmente todas las pruebas; pero si no la pudiere hacer por razón del territorio o la distancia, comisionará a un Juez o a los respectivos Directores Regionales o a los Registradores Electorales Distritoriales.

Los Magistrados podrán comisionar, además al Secretario General o a un funcionario de la Dirección de Asesoría Legal.

Las pruebas deben ceñirse a la materia del proceso y son inadmisibles las que no se refieren a los hechos afirmados y no admitidos, así como las legalmente ineficaces.

El Tribunal o funcionario competente puede rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley notoriamente dilatorios o propuestos con el objeto de entorpecer la marcha del proceso. También puede rechazar la práctica de pruebas obviamente inconducentes o ineficaces.

Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que les son favorables.

No requieren prueba los hechos afirmados por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho; y el derecho escrito que rige en la Nación y en los Municipios.

Los hechos claramente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa, no requieren pruebas.

Las presunciones establecidas por la Ley sustancial sólo serán admisibles cuando los hechos en que se funden estén debidamente acreditados.

Las presunciones podrán desvirtuarse mediante prueba en contrario, salvo las de derecho.

No habrá reserva de las pruebas. El Secretario General o el Director respectivo deberá mostrar a cualquiera de las partes, siempre que lo solicite, las pruebas de la contraria y también las que se hayan evacuado a petición de la solicitante.

Siempre que se pida como prueba de reconocimiento de una cosa por peritos, el cotejo de firma u otras diligencias semejantes; la parte a quien pueda afectar esa prueba tiene el derecho de presenciar su práctica y debe ser previamente citada; pero, si no concurre, no se suspenderá la diligencia.

Si la prueba no lograre recibirse completa en la comparecencia, se señalará día y hora para una nueva.

Las pruebas, para que sean apreciadas en el proceso, deberán solicitarse, practicarse o incorporarse a éste dentro de los términos u oportunidades señaladas en este Código.

Sin embargo, serán consideradas en la decisión las pruebas incorporadas en el expediente que se hayan practicado con intervención de las partes ya vencido el término probatorio, siempre que hayan sido ordenadas por resolución ejecutoriada.

Se podrán considerar en la decisión las pruebas practicadas con intervención de las partes en los casos en que se declare la nulidad de lo actuado sin que el vicio que causó la nulidad haya ocurrido en la práctica de pruebas. Del mismo modo, podrán utilizarse en el proceso las pruebas practicadas con intervención de las partes en un proceso anulado y cuya práctica no haya incidido en la declaratoria de nulidad.

En toda actuación que se adelante en el Tribunal Electoral, ya sea ante los Magistrados o ante los respectivos Directores, los mismos están obligados a practicar todas las pruebas que sean procedentes para verificar las afirmaciones de las partes, lo que resulte de las otras pruebas y para aclarar puntos oscuros o dudosos.

En los procesos contenciosos la práctica de pruebas decretadas de oficio se dispondrá en el período probatorio, antes o durante la audiencia o antes de fallar.

La práctica podrá decretarse y practicarse en el curso de una diligencia o bien decretarse para que se efectúe con posterioridad; en ambos casos se entenderá hecha la notificación correspondiente a todas las partes que debían concurrir a la diligencia.

En los asuntos de jurisdicción voluntaria o en los cuales no hay oposición de parte, la práctica de pruebas se ordenará en el momento en que el Tribunal o el funcionario competente lo estime conveniente.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará cuando los Magistrados conozcan en grado de apelación.

La resolución que se dicte es irrecurrible. En los procesos la respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes, para que concurran a la diligencia si así lo estimen conveniente.

El Tribunal o el funcionario competente debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente.

El Tribunal, el Director respectivo o el comisionado, si lo cree conveniente y con conocimiento de las partes, podrá practicarse pruebas en días y horas inhábiles y deberá hacerlo así en casos urgentes.

Cuando se pidan pruebas que deban practicarse en el extranjero, se suplicará su diligenciamiento a una autoridad judicial del respectivo país, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

También se podrá comisionar a un cónsul panameño para la práctica de tales pruebas.

Lo anterior es sin perjuicio de lo que se estipule en Tratados o Convenios Internacionales.

En los casos de inscripción de nacimientos a que se refieren el artículo 88 de la Ley 31 de 25 de julio de 2006, una vez presentada la solicitud se tomarán las declaraciones de que trata dicho artículo.

La solicitud debe estar firmado por los padres de la persona cuyo nacimiento se solicita inscribir o los mismos rendirán declaración en la cual reconocen el hecho de la paternidad y la maternidad respectiva.

Sin el consentimiento o declaración afirmativa del padre no se podrá hacer la inscripción en la cual consta el nombre del padre, salvo el caso de matrimonio existente al momento del nacimiento.

En caso de ausencia de la madre se hará el emplazamiento correspondiente. En caso de fallecimiento de uno o ambos padres, una vez acreditada tal circunstancia, se procederá conforme dispone el artículo 545.

El padre o la madre podrán oponerse a la inscripción del nacimiento. Manifestada oposición por el padre, si no existía matrimonio, se procederá según el tercer párrafo del artículo anterior. Si la que se opone es la madre, sólo se hará la inscripción si media sentencia del Tribunal competente.

Derogado (Ley 27 de 10 de julio 2007).

Formulada oposición por terceros y acreditado su interés legítimo, la Dirección Nacional del Registro Civil, se abstendrá de efectuar la inscripción hasta que haya sentencia favorable de los Tribunales correspondientes.

Sin perjuicio de las acciones judiciales que corresponda, la inscripción del nacimiento realizada conforme al artículo 88 de la Ley 31 de 25 de julio de 2006, podrá ser impugnada de oficio o por cualquier persona con interés ante la Dirección General del Registro Civil.

La jurisdicción penal clectorai es la facultad de administrar justicia en asuntos de naturaleza penal electoral, ejercida a través de las instancias creadas y organizadas por la Constitución Política y la ley, y comprende el conocimiento y

juzgamiento de los delitos penales electorales previstos en este Código.

La investigación y el juzgamiento de los delitos penales electorales se surtirán de conformidad con las normas dispuestas en este Código y supletoriamente con el Código Procesal Penal.

La jurisdicción penal electoral será ejercida por:

1. El Pleno del Tribunal Electoral, que:

   a. Ejerce competencia privativa para el juzgamiento, en única instancia, de los delitos penales electorales en que se vinculen a funcionarios con mando y jurisdicción nacional.

   b. Conoce de las apelaciones contra las decisiones de los jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento.

2. Los jueces de garantías penales electorales: encargados del control de la legalidad de los actos de investigación que adelantan ias fiscalías electorales y que afectan o restrinjan los derechos fundamentales del imputado.

3. Los jueces de juicio penales electorales: encargados del juzgamiento de las personas acusadas de haber cometido un delito penal electoral.

4. Los jueces de cumplimiento penales electorales: encargados de velar por la ejecución, suspensión o reemplazo de las penas impuestas por la comisión de delitos penales electorales.

Para el ejercicio de lá jurisdicción penal electoral en el Tribunal Electoral y sus juzgados, se establece la organización siguiente:

1. En el Primer Distrito Jurisdiccional, habrá dos jueces de garantías y un juez de juicio, con sede en la ciudad de Panamá.

2. En el Segundo Distrito Jurisdiccional, habrá un juez de garantías y un juez de juicio, con sede en la ciudad de Santiago.

3. En el Tercer Distrito Jurisdiccional, habrá un juez de garantías y un juez de juicio, con sede en la ciudad de David.

A nivel nacional, habrá un juez de cumplimiento, con sede en la ciudad de Panamá, que estará encargado de velar por la ejecución, suspensión o reemplazo de las penas impuestas por el Pleno del Tribunal Electoral y por los jueces de garantías y de juicio penales electorales.

En los procesos de única instancia que se ventilen ante el Pleno del Tribunal Electoral uno de los magistrados ejercerá las funciones de magistrado de garantías y será reemplazado por su suplente en el juicio como parte del Pleno.

En la República de Panamá habrá tres Distritos Jurisdiccionales:

1. El Primer Distrito Jurisdiccional integrado por las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Daricn y Colón y las comarcas de Kuna Yala, Runa de Wargandi, Kuna de Madungandi y Emberá Wounaan.

2. El Segundo Distrito Jurisdiccional integrado por las provincias de Cocié, Herrera, Los Santos y Veraguas.

3. El Tercer Distrito Jurisdiccional integrado por las provincias de Chiriquí y Bocas del Poro y la comarca Ngabc-Buglé.

En cada Distrito Jurisdiccional habrá Juzgados de Juicio y de Garantías Penales Electorales, permanentes o temporales, que determine el Pleno del Tribunal Electoral, justificados con base en la necesidad del servicio. En ejercicio de esta facultad, el Pleno del Tribunal Electoral creará y determinará la nomenclatura de los Juzgados Penales Electorales y requerirá las partidas correspondientes en el presupuesto de funcionamiento de la Institución.

La Fiscalía General Electoral también designará a los fiscales electorales, con base en las necesidades del servicio y a la organización de la justicia penal electoral, para que actúen ante los Juzgados de Juicio y de Garantías Penales Electorales correspondientes.

Cada Juzgado de Juicio y de Garantías Penal Electoral estará a cargo uc un juez principal y su respectivo suplente, quienes serán designados por el Pleno del Tribunal Electoral sin periodo fijo, gozarán de estabilidad en el cargo y solo podrán ser removidos por causas expresamente previstas en la Ley de Carrera Electoral. Mientras no exista la carrera electoral que garantice a los jueces su estabilidad, para su remoción será necesario el voto unánime de los tres magistrados.

Los suplentes llenarán las faltas temporales y absolutas de los principales, mientras se llenen las vacantes.

Esta norma será aplicable a los jueces de cumplimiento penales electorales.

Para ser juez de juicio, de garantías y de cumplimiento penal electoral se requiere:

1. Ser panameño.

2. Haber cumplido treinta años de edad.

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

4. Tener diploma de Derecho y poseer certificado de idoneidad expedido por la Corle Suprema de Justicia para ejercer la profesión de abogado.

5. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años o haber desempeñado por igual lapso un cargo público para el cual la ley exige tener diploma de Derecho y certificado de idoneidad para ejercer la profesión de abogado.

La comprobación de la idoneidad la hará el interesado en el Tribunal Electoral antes de la toma de posesión del cargo.

Es competencia de los jueces y magistrados de garantías penales electorales pronunciarse sobre el control de la legalidad de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado, así como elevar la causa a juicio, dictar sobreseimiento o cualquier otra medida procesal. Además, conocerán:

1. De todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la investigación, salvo las excepciones previstas en el Código Procesal Penal.

2. De la admisión o inadmisión de las peticiones de pruebas anticipadas y de su práctica.

3. De la admisión o inadmisión de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía General Electoral, las fiscalías electorales, el defensor y el imputado.

4. Del procedimiento directo.

5. Las demás causas que determine la ley.

Es competencia de los jueces y del Pleno del Tribunal Electoral, cuando ejerzan funciones de tribunal de juicio, conocer de las acusaciones que versen sobre los delitos penales electorales y que lleguen a la etapa de juicio.

Son funciones del juez de cumplimiento:

1. Velar por la ejecución de las penas y las medidas de seguridad.

2. Velar por el cumplimiento, el control y la supervisión de las penas para que sea efectivo el régimen impuesto en los procesos suspendidos a prueba, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de cualquier subrogado penal.

3. Las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena y las medidas de seguridad, velando que se respeten los derechos fundamentales del sancionado y no se restrinja más allá de lo establecido en la sentencia.

4. Las demás funciones que le establece el Código Procesal Penal.

Los procesos penales electorales que se hayan iniciado antes del 2 de septiembre de 2016 se regirán por las normas vigentes a la fecha de su iniciación.

Parágrafo: Los procesos penales electorales a que hace referencia este articulo pasarán a conocimiento de los jueces de juicio.