Incentivos a la inversión en la República de Panamá

Autor:Ángel Urquizu Cavallé
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universitat Rovira i Virgili
Páginas:33-216
 
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1. La constitución panameñaLa Constitución Política de la República de Panamá de 1972, ajustada a los Actos Reformatorios de 1978, al Acto Constitucional de 1983, a los Actos Legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994, y al Acto Legislativo 1 de 2004 (tomando como referencia el Texto Único publicado en la Gaceta Oficial 25176 del 15 de noviembre de 2004), recoge los fundamentos básicos que rigen la inversión en Panamá:• Igualdad ante la Ley de panameños y extranjeros (art.20)1.• La propiedad privada está garantizada (art. 47)2.• Los impuestos y contribuciones deben estar establecidos en la Ley (art. 52)3.• El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares (art. 282)4.• El Estado vela por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados (art. 298)5.No obstante, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:• Se autoriza la expropiación de propiedades privadas por motivos de utilidad pública o de interés social mediante juicio especial e indemnización (art. 48)6.• Aunque el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; el Estado las puede orientar, dirigir, reglamentar, reemplazar o crear, según las necesidades sociales, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país (art. 282)7.• El Estado puede intervenir en toda clase de empresas para hacer efectiva la justicia social (art. 284)8.• La mayor parte del capital de las empresas privadas de utilidad pública que funcionen en Panamá debe ser panameña, salvo excepciones (art. 285)9.• Las personas naturales o jurídicas extranjeras y las nacionales cuyo capital sea extranjero, en todo o en parte, no pueden adquirir la propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de 10 kilómetros de las fronteras panameñas (art. 291)10.• Restricciones al comercio al por menor para extranjeros (art. 293)11.• Posibilidad de restricciones al comercio al por mayor para extranjeros (art. 294)12.• Prohibición de monopolio en el comercio y la industria (art. 295)13.• La explotación del juego sólo puede realizarse por el Estado Panameño (art. 297)14. 2. El régimen de estabilidad jurídica de las inversionesPor medio de la Ley 54, de 22 de julio de 1998, de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá (G.O. 23593), se dictan Medidas para la Estabilidad Jurídica de las Inversiones en Panamá15.2.1. Protección a la inversiónEl Estado Panameño promueve y protege las inversiones efectuadas en el país, en todos los sectores de la actividad económica, previstos en la Ley 54, y en cualquiera de las formas empresariales o contractuales acordes con la legislación nacional16.Para estos efectos, se considera inversión, la disposición de capitales, en di-nero o en facilidades crediticias, bienes de capital o la transferencia de activos destinados a la producción efectiva de bienes y servicios, en concordancia con las actividades establecidas en la Ley17.Los inversionistas extranjeros y las empresas en que estos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política y la Ley, incluyendo lo referente a la libertad de comercio e industrias, de exportación e importación. Igualmente, se les garantiza a dichos inversionistas, la libre imposición de los recursos generados por su inversión, la libre repatriación del capital, dividendos, intereses y utilidades derivados de la inversión, así como la libre comercialización de su producción18.El derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros no tiene más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política y la Ley19.Los derechos de propiedad intelectual e industrial de los inversionistas extranjeros, se sujetan a las mismas regulaciones dispuestas para los inversionistas nacionales20.2.2. Ámbito de aplicación del régimen de estabilidad jurídicaEl régimen de estabilidad jurídica se otorga a las personas naturales o jurídicas de derecho privado, nacionales o extranjeras, que realicen inversiones dentro del territorio panameño para desarrollar las siguientes actividades: turísticas, industriales, agrícolas, de exportación, agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación, zonas libres comerciales y de petróleo; telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y ferrocarrileros; de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos, y toda acti-vidad que apruebe el Consejo de Gabinete, previa recomendación del Ministerio de Comercio e Industrias21.Para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley, el inversionista debe realizar la inversión de conformidad con lo establecido en el plan de inversión que se presente para tal efecto, estar debidamente inscrito en la entidad encargada de promover y fiscalizar dicha inversión, si fuere el caso, y cumplir las demás obligaciones exigidas a los inversionistas en la Ley22.Dicha entidad, previa solicitud del interesado, debe certificar la existencia de la inversión y enviar copia de ella al Ministerio de Comercio e Industrias que, en un término de 60 días, debe decidir sobre la inscripción o no de la inversión en el Registro, mediante resolución motivada23.En todos los casos de actividades cuya inversión no requiera de inscripción ante una entidad encargada de promoverla y fiscalizarla, el inversionista, para poder acogerse a los beneficios de la Ley 54, debe solicitar a laDirección Nacional de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio e Industrias (identificada con las siglas DINADE), la autorización para el registro correspondiente, que podrá ser aceptado o negado por dicha Dirección24.De todos modos, no pueden acogerse al régimen de estabilidad jurídica25:1. Las personas naturales o jurídicas que, mediante resolución o sentencia dictada por una autoridad o tribunal nacional o extranjero, estén condenadas o lleguen a ser condenadas por delito en materia tributaria o aduanera; las que tengan deudas liquidas, exigibles e impagas de carácter fiscal, o cuando se encuentre en firme una decisión judicial o administrativa que declare tal incumplimiento en materia aduanera, impositiva o de seguridad social.2. Las personas naturales condenadas o que lleguen a ser condenadas por tribunal nacional o extranjero, por cualquiera de los delitos a los que se refieren los artículos 255, 257, 258, 260, 262, 263A, 263B, 263C, 263CH, 263E y 263G del Código Penal, referentes a los delitos relacionados con drogas, lavado o legitimación de dinero; las personas jurídicas en que aquellas actúen como directores, dignatarios o apoderados; los condenados por los delitos contemplados en los artículos 190, 197, 265 y 267 del Código Penal, respectivamente, que guardan relación con los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos públicos y privados.Para estos efectos, deber existir una condena judicial ejecutoria, la que declare a dichas personas penalmente responsables26.2.3. GarantíasLa persona natural o jurídica que lleve a cabo inversiones en las actividades y cumpla con las obligaciones requeridas en la Ley, goza de los siguientes beneficios por un plazo de 10 años27:1. Estabilidad jurídica de manera que, en el evento de dictarse nuevas disposiciones que puedan variar los derechos adquiridos por la Ley 54, estas no afecten su régimen constitutivo, salvo que medien causas de utilidad pública o interés social.2. Estabilidad impositiva en el orden nacional, por lo cual queda sujeta únicamente al régimen vigente a la fecha de su registro ante el Ministerio de Comercio e Industrias. Los impuestos indirectos se entienden excluidos de la estabilidad tributaria contemplada en este número.3. Estabilidad tributaria en el orden municipal, de modo que los cambios que pudieran producirse en el régimen de determinación y pago de los impuestos municipales, solo puede afectar las inversiones amparadas en la Ley 54 cada 5 años.4. Estabilidad de los regímenes aduaneros que se derivan de las Leyes especiales, cuando ellas se otorguen para situaciones de devolución de impuestos, exoneraciones, admisión temporal y otros similares28. 5. Estabilidad en el régimen laboral en cuanto a las disposiciones aplicables al momento de la contratación, conforme lo establecen las Leyes panameñas y los convenios y acuerdos internacionales sobre esta materia, suscritos por la República de Panamá.Para estos efectos, la DINADE debe remitir a las entidades públicas y municipales correspondientes, copia del registro inscrito, para que conste como prueba a favor del inversionista29.Si durante la vigencia del régimen de estabilidad jurídica de las inversiones, se produjera el vencimiento de cualquier exoneración o modificación de los impuestos nacionales que formen parte del régimen impositivo garantizado, el inversionista debe tributar el impuesto correspondiente de acuerdo con el régimen vigente al momento de su inscripción en la DINADE, salvo que la modificación obedezca a razones de utilidad pública o interés social30.Si se produjera la derogatoria de cualquiera de los impuestos que formen parte del régimen impositivo garantizado, mediante su sustitución por un nuevo impuesto, el inversionista pagará el nuevo impuesto hasta por un monto que anualmente no exceda la suma que le hubiese correspondido pagar bajo el régimen impositivo así derogado31.Las exoneraciones y sus plazos vigentes se rigen por las normas legales que las otorgan32.Además, en cualquier momento, los inversionistas inscritos en la DINADE pueden optar, una sola vez, por acogerse al régimen impositivo aplicable al resto de las inversiones no amparadas bajo la Ley 54. En tal caso, dicho régimen constituye, para el inversionista, el nuevo marco establecido, el cual se mantendrá sin modificación, salvo que medien causas de utilidad pública o de interés social, por el término que reste...

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